viernes, 28 de agosto de 2009

Colombia y la 'movilidad' militar de Estados Unidos en América del Sur y África


Gustavo Herren (especial para ARGENPRESS.info)
 
La distribución geográfica de las bases y puestos militares estadounidenses en los distintos países, sigue un patrón general dentro del contexto mundial. Marca 'caminos' hacia las áreas de interés estratégico para Washington, donde se generará hostilidad e inestabilidad continua. Por estas rutas podrá haber alta movilidad aérea, terrestre o naval con flujos significativos de tropas, armas, municiones, vehículos de combate, y demás pertrechos y suministros desde el mismo territorio continental de EEUU. Tal es el caso de Colombia.

El concepto militar de Operaciones de Movilidad se refiere al movimiento rápido de personal, materiales y fuerzas militares hacia o desde un teatro de operaciones y dentro del mismo por rutas aéreas, marítimas y terrestres. Deberá incluir capacidad para realizar tareas de transporte en gran escala (como las de Irak y Afganistán por ejemplo), de manera que resultará crucial construir en el mediano-largo plazo la red de infraestructura necesaria para un despliegue rápido masivo de fuerza militar (en horas o días), hacia áreas de interés donde pueden esperarse situaciones de conflicto intenso, y para mantener durante toda su evolución el flujo de pertrechos para soporte de la plaza. Se comprende la importancia vital que tiene la elección de las de rutas en sí.
 
Según el documento 'Global En Route Strategy' (1) publicado en 2009 por el Comando de Movilidad Aérea (AMC) (2), América del Sur está siendo incluida en la llamada 'estrategia de ruta global' con dos objetivos: Alcanzar la estrategia de compromiso regional y asistir con la movilidad en el camino hacia Africa. 
 
Y agrega, los últimos documentos Estrategia para la Seguridad Nacional de EEUU (NSS), Estrategia para la Defensa Nacional (NDS) y Estrategia Militar Nacional (NMS), proveen los lineamientos para la estrategia de 'Movilidad' de los EEUU. También enfatizan que la naturaleza de sus compromisos y obligaciones es global, por ello el NDS afirma que '...Los EEUU requieren libertad de acción en los espacios globales comunes y acceso estratégico a importantes regiones del mundo para encontrar sus necesidades de seguridad nacional.' La Guerra contra el Terrorismo Global ha planteado nuevas preguntas sobre la validez de la actual movilidad y los sistemas de ruta.
 
Hacia fines de la administración de George W. Bush (2008) fue activado el Comando de Combate Africa (USAFRICOM), uno de los 6 en que EEUU ha divido militarmente al mundo (incluido Rusia, China y la Antártida). Para asegurar la 'estabilidad y la seguridad' en Africa, el Pentágono anticipa un significativo aumento de las operaciones de movilidad en el continente, es decir espera conflictos bélicos de envergadura, para lo cual necesita construir una robusta infraestructura para transporte pesado. Al respecto, el comandante del USAFRICOM, General Ward manifestó: '...El transporte inter e intra-continental es tan importante hoy, como cuando estemos establecidos y en posición que nos permita liderar las actividades que ayuden a asegurar la estabilidad, como opuestas a la justa reacción ante una crisis.' 
 
Actualmente en Africa, el Pentágono no cuenta con suficiente infraestructura para soportar transporte aéreo estratégico, pero la administración Obama continúa con el proceso de vigorosa acometida militar iniciada por G.W. Bush, a pesar de la enfática posición de la mayoría de los líderes de los gobiernos locales de que no aceptarán bases militares extranjeras permanentes. Sin embargo, no hacen referencia a las denominadas 'localidades expedicionarias' (es decir posiciones a largo de la ruta, sin presencia militar permanente donde todo el mantenimiento, reabastecimiento de combustible y la capacidad de puerto es provista según requiera la misión y el personal desplegado). De todos modos, EEUU ya ha plantado una punta de lanza en la Somalia Francesa con la base aérea permanente de Camp Lemonier en Djibouti. Hacia mediados de 2000, con la iniciativa de los secretarios de Defensa Donald Rumsfeld y luego Robert Gates, el Pentágono proyectó sus fuerzas hacia Africa con el pretexto del terrorismo internacional, aunque en realidad respondía a una política exterior dirigida hacia sus hidrocarburos, recursos estratégicos y al importante avance de China en el continente (3). 
 
La base aeronaval de Gran Bretaña en Isla Ascensión (el Pentágono no tiene problemas con su uso), vuelve a ocupar una posición geoestratégica esencial en el Atlántico Sur, en especial para el acceso aéreo al oeste y sudoeste de Africa desde el territorio continental de EEUU (CONUS) (4). Pero como la distancia a Ascensión desde una de sus principales bases aéreas localizada mas hacia al sudeste (Charleston, en Carolina del Sur) está mas allá del rango sin reabastecimiento de combustible de un C-17 (5), se hacia escala en la isla Antigua (GB). El USSOUTHCOM está gestionando instalar mas localidades CSL (en realidad bases militares) para escala y reabastecimiento, en Cayenne (Guayana Francesa) y también intenta en Recife (Brasil), aunque Brasilia se muestra reacia a los acuerdos necesarios, y Recife está justo fuera del rango del C-17 respecto de la base Charleston. 
 
Es decir, con la ruta CONUS-Antigua-Ascensión-Oeste de Africa, un C-17 puede alcanzar desde EEUU la región del Golfo de Guinea que una de las áreas de su principal interés en Africa. Las otras son el Sahara y Sahel al Norte, y el Cuerno de Africa en el Este. 
 
Respecto a América del Sur, tampoco fue hasta ahora posible para Washington lograr un compromiso estratégico para realizar potenciales tareas de transporte aéreo militar de envergadura. Hasta hace poco el Pentágono había definido la 'seguridad' para la región focalizándose en el narcotráfico, lo cual no requiere de infraestructura para grandes operaciones de movilidad. Pero esta estrategia ha sido modificada, al respecto el documento del Comando de Movilidad Aérea (AMC) señala: '...Recientemente, el Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM) se ha interesado en establecer una localidad en América del Sur que podría ser usada en operaciones anti-narcóticos y también como posición desde la cuál se puedan ejecutar operaciones de movilidad. Consecuentemente, con la asistencia del AMC y el USTRANSCOM, el USSOUTHCOM ha identificado Palanquero, en Colombia (campo aéreo German Olano (SKPQ)), como una localidad de seguridad cooperativa (CSL). Desde esta localidad, casi la mitad del continente puede ser cubierta típicamente por una aeronave de transporte C-17 sin reabastecimiento de combustible. Si el reabastecimiento fuera factible en el destino, un C-17 podría cubrir el continente entero, con excepción de la región del Cabo de Hornos en Chile y Argentina... Hasta que el USSOUTHCOM establezca un plan de compromisos para un teatro mas robusto, la estrategia de colocar un CLS en Palanquero debería ser suficiente para el alcance de la movilidad aérea en el continente sudamericano.' 
 
Lo cuál indica que, como la distancia entre la base militar Palanquero y Ascensión está en el límite de la autonomía punto a punto del C-17 (3500 millas náuticas), las futuras operaciones de movilidad están dirigidas hacia Sudamérica mas que hacia Africa, es decir la ruta CONUS-Palanquero define las actuales áreas de interés para EEUU a saber: Cuenca del Orinoco y Amazonia Oeste, (que entran en el rango de ida y vuelta sin reabastecimiento del C-17). 
 
Es más, la cesión por el gobierno de Colombia de la base aérea de Palanquero con el estatus para proveer movilidad a las fuerzas estadounidenses (al mismo nivel que Antigua y Aruba), representa un cambio en la relación de Washington hacia América del Sur. Inicia la construcción de la infraestructura regional para intervenir con un despliegue masivo y rápido para la guerra regular en caso de conflicto por recursos u otros. Esta capacidad para proyectar fuerzas, amplifica la amenaza directa y el poder de disuasión convencional de EEUU sobre la región. 
 
Así como en la región occidental de Africa, los reservorios de hidrocarburos sobre el Golfo de Guinea son áreas de disponibilidad energética estratégica para EEUU, también los son los reservorios atlánticos frente a Brasil. En ambos casos, la isla Ascensión resulta un puesto clave. Pero teniendo en vista los avances de China y Rusia en América del Sur en cuanto a países capitalistas y que en la región austral existen en su medida recursos energéticos y de interés estratégico para EEUU, y movimientos sociales para poder presentar como narcoterrorismo, Washington está trabajando activamente para lograr localidades hacia el extremo sur, mediante acuerdos con los países, incluso contratos comerciales de cooperación y con aeropuertos comerciales para soporte y abastecimiento de aeronaves. 
 
Parte de la arquitectura y distribución de bases militares de EEUU en América del Sur, se basa en la Estrategia Global de Ruta (En Route) que el Comando de Transporte (USTRANSCOM) está elaborando desde 2007, para acceso global y distribución de infraestructura (GAIA) (5), que toma en cuenta el concepto de espectro completo (full spectrum), y en el caso aéreo cubre desde la operación mínima de aeronaves, movimientos de pasajeros y carga, hasta el otro extremo de máxima capacidad de flujo para transporte pesado. 

En la nueva estrategia la ruta no es visualizada en función de sus puntos como localidades individuales, sino como un sistema interdependiente. Es decir, un sistema de varias rutas diseñadas para servir a distintas áreas de interés, pero que se soportan mutuamente, tal que el suministro a los combatientes en un área de interés puede continuar por las rutas alternativas, lo cual requiere de una red de bases militares con potencial de interacción. Se estima que la estrategia tendrá aplicación entre 2015 y 2025 (tomando en cuenta la velocidad del avance tecnológico, entre otros). 
 
En los criterios para determinar la posición geográfica de las bases en América del Sur, el Pentágono no solo considera las operaciones de movilidad intra-continental sino también la inter-continental, en cuanto al potencial transporte pesado de elementos bélicos desde el mismo territorio continental de EEUU, en este caso hacia Africa (si bien por razones organizativas y operativas EEUU dividió al planeta en distintos Comandos de Combate, éstos pueden operar en forma 'unificada' en este caso el USSOUTHCOM, el USAFRICOM y el USTRANSCOM). 
 
Por otro lado, la Estrategia Militar Nacional (NMS) de 2005, cambió el concepto de sobrellevar dos teatros de grandes guerras (MTW) simultáneas, al de la estrategia nombrada como 1-4-2-1+, que consiste en: primero defender el territorio continental de EEUU, operar dentro y desde 4 regiones de avanzada, sobrellevar 2 campañas solapadas, sobrellevar decisivamente una única campaña y (el +) conducir un número limitado de contingencias menores.

La reactivación del USAFRICOM en combinación con la oportuna Guerra contra el Terrorismo Global, y la instalación de las bases estadounidenses combinadas en Colombia, sugiere que Africa y la región septentrional de América del Sur podría ser vista como dos de las campañas de guerra, que requerirán una capacidad significativa de movilidad militar.
 
Notas:
1) 'Global En Route Strategy', Air Mobility Command (AMC), AFRICOM Symposium March 31 to April 2, Air University, Maxwell AFB, AL, 2009. El documento fue referido en la reunión extraordinaria de UNASUR (28/8/09) como 'Libro Blanco'.
2) El Comando de Movilidad Aérea (Air Mobility Command (AMC)) es un componente del Comando Unificado de Transporte de los EEUU (USTRANSCOM).
3) Lawson Letitia 'U.S. Africa Policy Since the Cold War', Strategic Insights VI, January 2007, Center for Contemporary Conflict, Naval Postgraduate School.
4) CONUS : Continental United States (Territorio continental de Estados Unidos).
5) Sin perder generalidad se toma como referencia el C-17 Globemaster, que es una aeronave militar a reacción de gran tamaño para transporte de carga, hasta 77 toneladas (puede trasladar tanques Abrams M1 por ejemplo), y también tropas (del orden de 200), con un alcance máximo sin reabastecimiento de combustible de 2000 millas náuticas (unos 3700 Kilómetros) en un vuelo de ida y vuelta, y del orden de 3500 mn (6500 Km) su rango de punto a punto. Opera en pistas de 900 m de longitud.
6) GAIA: Global Access and Infrastructure Assessment.

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La Operación Cóndor sigue vigente…


Ernesto Carmona (REVISTA TRICONTINENTAL, especial para ARGENPRESS.info)

La Operación Cóndor –llamada también Plan Cóndor u Operativo Cóndor– fue un esquema multinacional de eliminación de dirigentes de la izquierda suramericana ideado y ejecutado por Estados Unidos y las dictaduras del Cono Sur de América (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que alcanzó su clímax en la década de 1970. Pero sigue vigente y multiplicada claro que con otros nombres y en diferentes latitudes.

Cóndor introdujo y multiplicó en la región episodios tan crueles como el secuestro y asesinato en París del dirigente marroquí Mehdi Ben Barka, uno de los organizadores de la Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966, quien pereció en 1965 en una criminal operación de inteligencia en la capital francesa. (1) Pareciera que todo esto pertenece al pasado, pero los grandes medios informativos ocultan que Estados Unidos lleva a cabo una suerte de Nueva Operación Cóndor planetaria, con secuestros, ejecuciones secretas, centros de tortura ilegales como Guantánamo y prisiones clandestinas flotantes y en tierra firme en diferentes lugares del mundo.

Cóndor practicó secuestros y asesinatos “estilo Ben Barka” en todo el Cono Sur, e incluso sus tentáculos a menudo llegaron más lejos, como en el bombazo al automóvil del ex canciller y ex ministro de defensa del Dr. Salvador Allende, Orlando Letelier del Solar, muerto por orden de Augusto Pinochet el 21 de septiembre de 1976, en Washington DC, en las narices de la Casa Blanca, la CIA y el FBI. El asesino principal fue el estadounidense Michael Townley, quien manufacturó el ingenio explosivo electrónico secundado por un equipo de terroristas de origen cubano como Dionisio Suárez Esquivel y los hermanos Ignacio y Guillermo Novo Sampoll, entre otros secuaces de Luis Posada Carriles, quienes gozan hoy de libertad e impunidad para fraguar más crímenes. (2)

Sólo en Buenos Aires, la Operación Cóndor secuestró, dio muerte y/o desapareció a notables personalidades exiliadas en Argentina, como el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia muerto el 2 de junio de 1976 por órdenes del dictador Hugo Bánzer Suárez, y cuyos restos debieron trasladarse a México para recibir allí honras fúnebres. Otra víctima fue el ex comandante en jefe del ejército chileno bajo Salvador Allende, general Carlos Prats González, asesinado por bomba el 30 de septiembre de 1974 junto a su esposa Sofía Cuthbert, por orden del dictador Augusto Pinochet. La bomba fue instalada por el mismo individuo que dio muerte a Letelier, el agente CIA-DINA (Dirección Nacional de Inteligencia de Chile) Michael Townley. Pero la Operación Cóndor también secuestró, trasladó secretamente de un país a otro, torturó y exterminó a numerosos dirigentes de menor relevancia, e incluso simples militantes políticos, como los uruguayos Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw, entre muchos más.

Cóndor también dio cobertura mediática a asesinatos secretos cometidos en Chile por la DINA, que dirigía Manuel Contreras, un militar cercano a Pinochet hoy preso, como ocurrió con 119 hombres y mujeres detenidos y desaparecidos cuyo trágico destino fue “blanqueado” en 1975 por dos publicaciones de prensa –revista Lea de Buenos Aires y diario O Día de Curitiba, Brasil– como si se hubieran matado entre ellos mismos, en un falso enfrentamiento de facciones chilenas rivales “en las pampas argentinas”. Esta diabólica invención conocida como “El Caso de Los 119” involucró a medios de prensa –grandes diarios, estaciones de televisión, radios y agencias informativas internacionales– y a periodistas chilenos que publicaron la falsa “noticia” y participaron en la farsa, llamada “Operación Colombo”, un montaje de Cóndor que fue divulgado como un hecho auténtico en todo el mundo.

Masacre de latinoamericanos

También en Buenos Aires, por instrucciones del entonces presidente de Uruguay Juan María Bordaberry, los agentes Cóndor secuestraron el 18 de mayo de 1976, y más tarde asesinaron, al senador y periodista uruguayo Zelmar Raúl Michelini Guarch, plagiado simultáneamente con su amigo Héctor Gutiérrez Ruiz, ex presidente de la Cámara de Diputados de su país, cuyos cadáveres fueron hallados juntos el 21 de mayo. El 17 de mayo de 2002, la revista uruguaya Brecha publicó testimonios hasta entonces desconocidos que describen una reunión entre Bordaberry, sus ministros de Interior y Defensa, los tres comandantes en jefe y un coronel argentino, en que se acordó la muerte de Michelini y de Gutiérrez. (3) 

Margarita Michelini, hija del senador, fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, recluida en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti y trasladada después en secreto a Uruguay, junto con otros 21 ciudadanos uruguayos. Margarita estuvo desaparecida cuatro meses, hasta que fue “blanqueada” y procesada por la justicia militar uruguaya ante la presión internacional. Su hermano Rafael Michelini, hoy senador (2005-2010) del Frente Amplio de Uruguay, al dar su testimonio – en 2002– en una causa que investigó el Plan Cóndor en Argentina, reveló ante el juez Jorge Urso que en octubre de 1976 el entonces coronel uruguayo Nino Gavazzo apareció en su casa para mostrarle que en el asiento trasero de su automóvil estaban con vida su hermana Margarita y su marido, Ricardo Altuna. 

El senador Michelini hijo aseguró también que el ex presidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) le reveló que María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del periodista y escritor argentino Juan Gelman, casada con su hijo Marcelo Gelman, fue secuestrada con su esposo en Buenos Aires cuando tenía 8 meses de embarazo. Trasladada clandestinamente a Uruguay, María Claudia dio a luz en cautiverio, pero los militares se apoderaron de la criatura y la madre fue asesinada después por policías uruguayos. La nieta de Juan Gelman, que nació en 1976, finalmente fue encontrada por su abuelo cuando tenía 23 años. El 5 de junio de 2000 se conoció el resultado de una prueba ADN que permitió el cambio legal de su identidad, de “María Macarena Tauriño Vivian” a María Macarena Gelman García, hija de Marcelo y de María Claudia. El cuerpo de Marcelo Gelman apareció en Argentina en los años 80, cuando regresó la democracia. Todo esto ocurrió cuando gobernaba por el dictador Jorge Rafael Videla.

En su declaración ante el juez Urso, el hoy senador Michelini explicó que, además de los 22 uruguayos que fueron trasladados en julio de 1976 desde Orletti a Montevideo, entre septiembre y octubre del mismo año otros 27 ciudadanos de ese país salieron del mismo encierro bonaerense, a cargo del represor Aníbal Gordon, hacia un centro clandestino del Servicio de Inteligencia y Defensa (SID) de Uruguay, al otro lado del Río de la Plata. Reveló que tras la fuga de dos detenidos que provocó el cierre de Orletti, Gordon le pidió a Gavazzo que retuviera en Uruguay a cinco ciudadanos argentinos, entre ellos a Beatriz Saes, quien pudo haber estado embarazada. El senador reveló también que el ex jefe del ejército argentino Martín Balza, en un encuentro que sostuvieron en 1995, le reconoció que hubo coordinación entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70 y le aseguró que Zelmar Michelini no era un “blanco” de los represores argentinos pero que “debió haber una zona liberada para que se actuara con la impunidad con la que se actuó”. (4)

Más víctimas de Cóndor

Otra víctima chilena de esta operación transnacional fue el sociólogo chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón, dirigente del MIR apresado y torturado en Asunción, Paraguay, en 1975, y trasladado secretamente a Chile, donde fue visto por otros detenidos que sobrevivieron en el campo de exterminio de Villa Grimaldi, en Santiago, convirtiéndose hasta hoy en detenido desaparecido, cuyos restos jamás aparecieron. Otro chileno que sufrió una suerte parecida fue Edgardo Enríquez Espinoza, tercer hombre en la jerarquía del MIR y hermano del asesinado secretario general, detenido en 1975 al salir de una reunión en Buenos Aires. En esta acción de la Policía Federal argentina y agentes del Departamento Exterior de la DINA chilena, fueron detenidos la joven brasileña Regina Marcondes, también desaparecida, y varios otros chilenos del MIR. Enríquez fue trasladado sucesivamente a los campos de concentración argentinos El Olimpo, Campo de Mayo y a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), todos en Buenos Aires.

La dictadura chilena jamás admitió la detención de Enríquez, pero la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión Rettig, basada en documentos y testimonios fidedignos concluyó que el cautivo –quien gozaba de la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)– fue trasladado a Villa Grimaldi en Santiago. Esta convicción se fundamentó en un documento confidencial de la DINA dirigido a su servicio exterior con sede en Buenos Aires, que la Comisión pudo examinar, donde se señala que en fecha 23 de diciembre de 1975, o sea cuatro meses antes de su captura, la DINA ya tenía tendido el cerco alrededor del dirigente del MIR y de varios de sus colaboradores y ordena a sus agentes en el extranjero “su traslado a Chile, después de capturarlos”. Otro testimonio dio fe ante la Comisión de que efectivamente existió un mensaje por télex que dio por cumplida la misión.

La obra de Martín Almada

Cóndor ha sido el tema central de numerosos libros e investigaciones periodísticas que a través de más de dos décadas han dibujado esta monstruosa actividad transnacional. Muchas personas han participado en esta tarea, pero un hombre clave ha sido el abogado paraguayo Martín Almada, detenido y torturado por la policía paraguaya en 1974 junto con su esposa, la profesora Celestina Pérez de Almada. Tras perder a su cónyuge, que pereció en la tortura, Almada consagró su vida a los derechos humanos y llegó a descubrir en 1992 lo que hoy se conoce como el “Archivo del Terror” de Paraguay, una valiosa documentación, media tonelada de papeles oficiales sobre Cóndor. Años más tarde, siguiendo otra pista, en 2005 dio con el “Archivo del Terror II”, en Formosa, Argentina, otro tesoro documental de origen paraguayo, mantenido en depósito apenas al otro lado del río Paraguay. Por su labor, el abogado recibió el Premio Nóbel Alternativo de derechos humanos en 2002.

Almada llegó a la conclusión de que "hay más de 120 paraguayos desaparecidos en Argentina" por ordenes del dictador Alfredo Stroessner. “Hay miles de familias destrozadas que todavía no pueden elaborar sus duelos. No es el pasado lo que divide a los paraguayos sino la falta de justicia. Sin justicia el pasado es un doloroso presente”. Cuando el abogado estuvo detenido, reconoció entre sus captores a militares de otros países latinoamericanos. También supo de la prisión del chileno Jorge Fuentes y del argentino Amílcar Santucho.

El abogado paraguayo obtuvo un documento en que Manuel Contreras, siendo jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, le agradeció a Pastor Coronel, Jefe del Departamento de Investigaciones de Paraguay, la "cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la misión que debió cumplir mi personal en la hermana Republica del Paraguay”, es decir, la recepción física "secreta e ilegal” del prisionero político chileno Fuentes, apresado en territorio paraguayo en compañía del argentino Amílcar Santucho, quien sobrevivió pero falleció en 1995 (Documento 00022F 0152, 25 de septiembre de 1975, Archivo del Terror).

Almada descubrió documentos demostrativos de que Contreras, siendo jefe de la DINA, invitó en octubre de 1975 al entonces jefe de Policía de Paraguay, general Francisco Britez Borges, a asistir a la fundación de la Operación Cóndor, en un cónclave secreto que ya hoy es la famosa reunión multinacional de inteligencia efectuada en Santiago de Chile entre el 25 noviembre y el 1º de diciembre de 1975, para estructurar la red Cóndor, según consta en el documento 00022F 0153 del Archivo del Terror de Paraguay.

Teoría y práctica "Cóndor"

Contreras, quien ostentaba entonces el grado de coronel, acompañó a la invitación un "paper" con sus propuestas "teóricas" para conformar la red Cóndor, a saber: "a) Fundamentos, b) Proposición, c) Países participantes, d) Sede del sistema y visión general, e) Esquema orgánico propuesto, f) Mecánica de consulta, f) Programa general, g) Programa de trabajo, h) Informaciones para los asistentes e i) Clave (Documentos 00022F 0155 al 00022F 0165). Según otro papel del Archivo del Terror descubierto por Almada (Documento 00022F 0154, Asunción, 6 de noviembre de 1975), el portador de la invitación y plan de trabajo represivo fue el coronel chileno de aviación Mario Jahm, sub director de la DINA, quien se entrevistó con el Jefe de Policía de la Capital, general Francisco Britez Borges.

Fuentes Alarcón, llamado por sus amigos "El Trosko Fuentes", fue trasladado a Chile como si fuera un objeto. Almada citó el Informe 00048 F 19999, del 6 de junio de 1975, en que Francisco Bogado F., director de Políticas y Afines de Paraguay,"remitió al coronel Juan Ramón Escobar, comandante de la Guardia de Seguridad, al prisionero político chileno". En otro papel del Archivo del Terror (Documento 00021F 1532, 12 de abril de 1976), el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del ESMAGENFA II, Departamento FF.AA., expresa lo siguiente (Pedido de Búsqueda No 11/76): "Se tiene conocimiento que el gobierno alemán habría aceptado oficialmente el ingreso a dicho país de los extremistas Amílcar Latino Santucho y Jorge Fuentes Alarcón. Sobre la liberación de los mismos, habrían presionado al gobierno de la Republica del Paraguay, las organizaciones internacionales de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas". 

El defensor paraguayo de derechos humanos le hizo saber al juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Pinochet y a Contreras, que "según Informe No 267, del 12 de septiembre de 1978, llegó a Asunción el general Héctor Orozco Sepúlveda, Director de Inteligencia del Estado Mayor General de Chile". Por lo tanto, razonó el jurista,"en merito a las pruebas que arrimo pido la ampliación del Sumario Criminal involucrando en el expediente a los generales chilenos Augusto Pinochet y Manuel Contreras, autores morales y materiales del ‘Operativo Cóndor’. Proveer de conformidad será un acto de estricta justicia". 

La Escuela de las Américas II

Almada, junto a otros luchadores por los derechos humanos, hoy está empeñado en que desaparezca la nueva versión de la Escuela de las Américas, un centro clave de formación de torturadores de la Operación Cóndor. Establecida en Panamá en 1946, la fatídica SOA (por su sigla en inglés), fue trasladada a Fort Benning, Georgia, en 1984, donde actualmente funciona con otro nombre. Las protestas contra esta escuela del crimen provienen también de ciudadanos estadounidenses decentes, entre otros la organización SOA Watch. El jurista Almada está pidiéndole al gobierno de Fernando Lugo que Paraguay cese de enviar soldados a la escuela de asesinato y tortura del ejército estadounidense que funciona en Georgia bajo el nombre de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHINSEC por su sigla en inglés), con sucursales en El Salvador y Perú. Habría que exigir lo mismo a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.

El WHINSEC prepara personal de seguridad latinoamericano en las mismas “asignaturas” de “contra insurgencia” que la Escuela de las Américas, bajo el pretexto de la lucha contra el narco tráfico. Entre los 60.000 graduados de la SOA están los responsables de la Operación Cóndor y de los mayores crímenes contra los derechos humanos en América Latina, como Hugo Bánzer Suárez de Bolivia, Leopoldo Galtieri y Roberto Viola de Argentina, sólo para citar algunos. En 1996 el Pentágono fue forzado a abandonar los manuales de entrenamiento en torturas y ejecuciones de la SOA que sus graduados de nivel inferior aplicaron en el asesinato del arzobispo Óscar Romero, de El Salvador, y la masacre de 900 civiles en EL Mozote, en ese mismo país 

En un intento por desviar las críticas públicas y desasociar a la escuela de su reputación, la SOA fue rebautizada en 2001 como WHINSEC. El nombre fue cambiado por el departamento de Defensa (Pentágono) para lograr autorización para una partida presupuestaria en el año fiscal 2001 e impedir que los opositores de la SOA aprobaran una legislación que habría desmontado la escuela. El cambio del nombre fue decidido cuando la Cámara de Representantes estuvo a punto de abrir una investigación del Congreso, perdida por apenas diez votos. 

Crímenes aquí y ahora…

Pero hoy asistimos a una gigantesca Operación Cóndor de nueva factura que se expande a nivel planetario. Existen evidencias de que la CIA utiliza como prisión secreta para sospechosos a una base aérea de EEUU en la isla británica Diego García y trabaja con el gobierno de Londres para impedir el regreso de los habitantes originales que fueron forzados a abandonarla a fines de los años 60. El general estadounidense jubilado de cuatro estrellas Barry McCaffrey ha indicado que Diego García fue utilizada para detener a sospechosos de terrorismo. Las mismas denuncias provienen de un senador suizo, del relator especial para la tortura de la ONU, de detenidos anteriores y de la organización no gubernamental de derechos humanos Reprieve, del Reino Unido, que ha dedicado varios años a investigar las misteriosas detenciones en prisiones secretas. 

El ministerio de Relaciones Exteriores británico continúa apelando ante la Alta Corte por la expulsión ilegal de los 2.000 residentes originales de Diego García. EEUU ha dicho que si permiten su regreso los isleños presentarían un “riesgo inaceptable” a su base. Solamente han reconocido que en 2002 hubo dos vuelos que transportaron detenidos a Diego García.

Abundan, además, las denuncias de que EEUU opera “prisiones flotantes” secretas que mantienen a un número desconocido de prisioneros de su guerra secreta antiterrorista. Según abogados de derechos humanos, EEUU también ha intentado encubrir el número y el paradero de estos detenidos. Reprieve denunció más de 200 nuevos casos de aprehensión desde 2006 y advirtió que Washington pudo haber utilizado hasta 17 naves de la marina de guerra como “prisiones flotantes” desde 2001, entre otras el USS Bataan, USS Peleliu, USS Ashland, USNS Stockham, USNS Watson, USNS Watkins, USNS Sister, USNS Charlton, USNS Pomeroy, USNS Red Cloud, USNS Soderman, USNS Dahl; MV PFC William B Baugh, MV Alex Bonnyman, MV Franklin J Phillips, MV Louis J Huage Jr, MV PFC William B. Baugh y al MV James Anderson Jr. Los detenidos fueron interrogados a bordo de estos buques y luego derivados a otras naves, a menudo sin revelar ubicaciones, afirma la denuncia. 

Reprieve también dio a conocer su preocupación por las actividades del navío USS Ashland en Somalia, a principios de 2007, en un supuesto esfuerzo por capturar a terroristas del al-Qaeda. En ese tiempo más de un centenar de personas fueron secuestradas por fuerzas somalíes, etíopes y kenyanas, en una operación sistemática que incluyó interrogatorios a cargo de individuos considerados miembros del FBI y de la CIA. Por su propia admisión, el gobierno de EEUU actualmente mantiene a por lo menos a 26.000 personas detenidas sin juicio en prisiones secretas y la información sugiere que hasta 80.000 han pasado “a través del sistema” desde 2001. El gobierno de EEUU está comenzando a ser urgido para que entregue listas de nombres y a informar sobre el paradero de todos esos detenidos. (5)
También existen informes de que la administración Bush operó un “anillo ejecutivo de asesinatos” que rendía cuentas directamente al vicepresidente Dick Cheney. Bajo el presidente Bush, las operaciones militares especiales de asesinato fueron realizadas en muchos países –no sólo en Iraq y Afganistán, sino también en América Latina y alrededor del mundo– pero los sicarios no hablaban con los embajadores ni con el jefe de la estación local de la CIA. Sólo buscaban a la gente de una lista, la encontraban, la mataban y se marchaban.

La unidad especial de asesinatos actuó bajo el Comando de Operaciones Especiales fuera de su sede de Florida. Una de las unidades que trabajan protegidas por el paraguas de este Comando se conoce como Joint Special Op-JSOC, un grupo especial de elite conocido también como “Unidad Negra”, que entre su personal posee asesinos formados en el Navy Seals de la marina y en la Delta Force del ejército. Las blancos, o víctimas, fueron ordenados a través de la oficina del vicepresidente Cheney. El autor de la denuncia, Seymour Hersh, de The Nation, no sabe si el grupo de asesinato todavía continúa actuando bajo de presidente Obama.(6)

La Operación Cóndor sigue potencialmente latente. Los nuevos centros estadounidenses contra los derechos de los ciudadanos del mundo, como Guantánamo, las prisiones flotantes en buques de la marina de guerra de EEUU que deambulan por los mares del planeta o las cárceles secretas habilitadas clandestinamente incluso en Europa son manifestaciones contemporáneas de una gigantesca Neo Operación Cóndor. Al igual que en la Escuela de las Américas de Panamá, la mojigatería o hipocresía de EEUU no permite torturar en su propio territorio “para no violar la ley”, sino que la exporta y globaliza. La amenaza Cóndor, por lo tanto, sigue latiendo…

Notas:
1) En el secuestro y posterior asesinato participaron los servicios de inteligencia de Francia (al parecer, sin conocimiento del entonces presidente Charles de Gaulle) y del Mossad israelí. El luchador fue torturado y asesinado en presencia del entonces ministro del interior de Marruecos, general Muhammed Oufkir, quien después fue también ministro de defensa del rey Hassan II …pero murió por órdenes de su propio amo, después de un fallido intento de golpe y asesinato acaecido el 16 de agosto de 1972. El general apareció muerto por la espalda, acribillado a balazos, pero la versión oficial aseguró que se había quitado la vida. Para la conexión del Mossad y la inteligencia francesa ver Mossad, la historia secreta, de Gordon Thomas, 528 pp, sello Byblos, 2005. El capítulo sobre Ben Barka puede leerse en http://books.google.cl/books?id=khOBhxFzuzwC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=oufkir+ben+barka&source=bl&ots=MC-5fD2KY1&sig=Shm0EHDTYnHhdS3kMETeXhWezhY&hl=es&ei=uyg1Sp7_LaqxtgfsgYn5Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA162,M1
2) El fiscal estadounidense Eugene Propper, quien investigó el asesinato de Orlando Letelier por cuenta del departamento de Justicia de EEUU, escribió en colaboración con Taylor Branch el libro Laberinto (Laberynth, Penguin Books, Nueva York, 1983, 623 pp), que contiene los primeros antecedentes conocidos sobre la Operación Cóndor y constituye una verdadera enciclopedia sobre las acciones de terrorismo promovidas por EEUU con agentes de origen cubano, tales como Luis Posada Carriles y Orlando Bosh Ávila, entre muchos otros.
3) Página 12, sábado, 18 de mayo de 2002 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5276-2002-05-18.html
4) Para mayor información sobre “el capítulo uruguayo” de Cóndor, ver http://www.pvp.org.uy/oliveracondor.htm
5) Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010, de próxima aparición.
6) “Secret US Forces Carried Out Assassinations in a Dozen Counties” Democracy Now! March 31, 2009 http://www.democracynow.org/2009/3/31/seymour_hersh_secret_us_forces_carried

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno (sobreviviente de la Operación Cóndor en Buenos Aires, Argentina, en 1974, cuando aún se llamaba “Convenio Sudamericano de Policía”).

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México: El informe presidencial. Respuesta anticipada


Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

El próximo martes es el Día de Informe y todo sigue como si nada. ¡Ay los viejos tiempos que nunca volverán! Cómo olvidar aquellos tiempos de escolapio y el estruendoso ¡Ahh! cuando nos anunciaban el obligado asueto para que todos escucháramos al tlatoani informando al pueblo de los grandes logros de su gestión gubernamental.

Desde principios de agosto el país entraba en una especie de vigilia; la política se paralizaba para no distraer al Señor Presidente que, en la sobriedad de su despacho en Palacio Nacional, se encerraba para elaborar la pieza oratoria más importante del año. En los mentideros acostumbrados por los políticos se hablaba en voz baja y se especulaba sobre posibles cambios en el gabinete o el espaldarazo al que se perfilaba para la sucesión presidencial. Todos los actores políticos se preparaban para organizar los contingentes de sus adeptos para formar la valla que enmarcara, con vítores y confeti, el recorrido presidencial de palacio a la cámara y de regreso, se competía por la notoriedad. 

Luego el tradicional “besamanos” con su larga fila de aspirantes a una sonrisa del señor. Al día siguiente, las fuerzas armadas refrendaban su lealtad al Comandante Supremo y, posteriormente, los gobernadores de los estados hacían lo propio. Los periódicos duplicaban su volumen para dar cabida a las inserciones pagadas (al doble de precio) con las felicitaciones al señor. Todo era miel sobre hojuelas ¡Ay qué tiempos aquellos, señor Don Simón!

Pero todo eso se acabó. El “señor presidente” duerme el sueño de los justos. Hoy sólo queda el “pinche espurio”. El informe escrito se envía con algún mensajero y se realizan comparecencias de los secretarios para hacerse locos ante las comisiones de las cámaras. Ya ni siquiera sirve el informe para registrar la estadística; la mendacidad ramplona lo hace deleznable. En vez de rendirse cuentas se cuentan cuentos; puros cuentos. Los presidentes siempre han mentido, pero los de antaño mentían con sabiduría, lograban cierta verosimilitud. Los de ahora, especialmente los dos panistas, simplemente mienten sin que les dé vergüenza.

Abordo el tema con anticipación por dos razones: la primera, porque la próxima semana va a ser más interesante lo que suceda en la reunión de la UNASUR en Buenos Aires, que se avocará al asunto de la presencia militar yanqui en Colombia; y la segunda, porque así me aseguro una cierta exclusividad periodística, dado que la semana próxima, entre tanta mentada como se va a provocar, mi humilde artículo quedaría perdido en la espesura. 

Felipe Calderón, alias “el espurio2” insiste en el engaño de que la crisis nos viene de afuera y que sólo hay que saber sortear sus embates, mientras que allá afuera resuelvan sus problemas. Según su criterio no hay nada que cambiarle al modelo económico vigente, en todo caso, sería para profundizar en las reformas estructurales, principalmente en materia laboral y fiscal, para acelerar sus beneficios. Tal parece que el “pelele” se quedó anclado en la guerra fría, aquella del “cristianismo sí, comunismo no” que se traducía en un silencioso “yanquis sí, rusos no”. Conforme a ello, todo lo que viniera del imperio gringo se recibía sin chistar, por el simple hecho de servir de barrera para contener el fantasma del imperio soviético, identificado en la diabólica persona de Fidel Castro Ruz. Para los efectos actuales, la traducción sería “FMI sí, independencia no” y el que se dice presidente lo asume dogmáticamente sin percatarse de que el mundo entero está gestando, no sin sobresaltos, la recuperación de la soberanía de los estados. Sólo así me explico la terca insistencia en las fórmulas que originaron la actual crisis que, para el caso de México, es la misma desde hace más de veinte años. 

Para el mundo ha quedado claro que el mercado no es capaz para generar bienestar en la población; por el contrario, en su libre juego, sólo es capaz de producir miseria. Fecal está aferrado en buscar la solución en las inversiones extranjeras; para ello sacrifica toda norma que implique justicia social y económica, en términos de ofrecer el mayor atractivo para los inversionistas, incluida la mano de obra esclava. Para los tecnócratas lo importante es ser competitivos, sea para ganar en la puja por más inversiones transnacionales o para exportar bienes y servicios al menor costo; consideran que el mercado para lo producido en el país está del otro lado de la frontera; del mercado interno se hacen cargo las importaciones. Eso ya tronó. Los propios gringos, abanderados del libre mercado, ya corrigieron y emprenden la tarea del desarrollo endógeno con su lema: buy american. En América Latina, con la vergonzosa excepción de México, Colombia y Perú, todos los gobiernos se afanan en la procuración del nacionalismo económico, sabedores del rotundo fracaso de la fórmula globalizadora.

El famoso informe presidencial, ya desprovisto del glamour de antaño, debiera ser un ejercicio de verdadera rendición de cuentas, para ello sería indispensable exigir responsabilidad al informante. No puede ser que sólo sea otra muestra de propaganda mendaz. 

Autor foto: Presidencia México

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Ecuador: Poderes en pugna


Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

La Asamblea Constituyente del Ecuador, en una más de sus utopías por la transformación, dispuso se auditen las concesiones de frecuencias de radio y televisión otorgadas en los últimos 13 años, como mecanismo para crear las condiciones más adecuadas para: 

- Tender a la erradicación de las ilegalidades, tráfico de influencias y corrupción presente en los procesos de gestión del espectro; 

- Reconocer y explicitar el discrimen que contra los medios comunitarios contiene la legislación del período en análisis; 

- Establecer los grados de concentración de la propiedad en los medios de comunicación;

- Disponer de recomendaciones para la estructuración de la Ley de Comunicación que de acuerdo a la Constitución vigente debe aprobarse hasta el mes de octubre del año en curso; y, 

- Establecer las participaciones de los grupos y entidades financieras, de los accionistas, directivos y representantes legales en los medios de comunicación.

En esos objetivos ordenó se constituya una Comisión Auditora, la que estaba obligada a entregar un informe en el plazo de 180 días. Comisión conformada por Decreto Ejecutivo Nº 1445 de 20 de noviembre del 2008.

La Comisión de Auditoría, a pesar de que inició sus actividades el 15 de diciembre, esto es un mes más tarde, entregó el informe al Presidente de la República Rafael Correa el 18 de mayo dentro del plazo previsto, así rcomo al Ministro de Coordinación de los Sectores Estratégicos Galo Borja y al Presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) Antonio García, como ordenaba el Decreto Ejecutivo antes mencionado . Sólo cabe preguntarse, entonces: ¿Cuáles han sido las modificaciones en la gestión del espectro radioeléctrico y el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador, que permitan apreciar modificaciones de importancia que apunten a la transformación de la situación reinante? La respuesta es simple y contundente: ninguna. Por el contrario, se han consolidado todos los vicios, se ha consagrado la desigualdad, se ha recurrido a todos los artificios, se han dilatado todas las acciones, se ha frustrado el cambio apetecido por todos quienes lucharon y luchan por modificar la insostenible situación presente. Ante ello, contrariamente a lo que hubiese sido nuestro deseo: puntualizar logros, acciones cumplidas y metas alcanzadas, debemos atenernos a precisar las razones para nuestra apreciación negativa expresada a forma de conclusión anticipada. 

1. La estrategia del statu quo

Los defensores del statu quo y los usufructuarios de todos los atropellos cometidos por el CONARTEL, incluyeron dentro de su estrategia dos objetivos: el deslegitimar el Informe de la Comisión para, con ello, evitar la aplicación de sus recomendaciones; y, posicionar la tesis sobre una supuesta inejecutabilidad del Informe. Esta estrategia contó con la participación activa, abierta en unos casos o soterrada en otros, de altos funcionarios del poder ejecutivo. Acompañadas, como es obvio, por quienes se saben culpables de todos los desafueros cometidos durante 13 años, puntualizados en forma detallada en el Informe de la Comisión.

Las razones que explican el posicionamiento de los funcionarios públicos del más alto nivel van desde la necesidad de defender intereses específicos en el sector de los medios de comunicación , encubrir sus conductas inconstitucionales, ilegales o antiéticas, o el servilismo propio de quienes han ascendido en la escala burocrática por razones políticas y no por méritos propios.

1.1. Estrategia para tratar de deslegitimar el Informe

La estrategia formulada desde las más altas esferas del poder ejecutivo para tratar de deslegitimar el Informe operó en dos momentos. En primera instancia, acudieron a los principales del CONARTEL para que se pronuncien sobre el Informe, conscientes de que estos habían sido observados en dicho informe por sus conductas pasadas . Las “observaciones”, por su inconsistencia constitucional y legal , determinaron que incluso quienes las auspiciaron las descalificaran. Los grandes medios de información, como era previsible, se hicieron eco sobre la sola base de enunciados generales difundidos por los principales de CONARTEL. Este propósito hizo aguas cuando se difundió el contenido del documento que contenía las observaciones a través de Ecuador Inmediato, medio que no sólo cumplió ese cometido sino además sumó su voz a la demanda de su aplicación para juzgar a quienes bien se conoce como usufructuarios de todas las arbitrariedades explicitadas en el Informe. Muchos otros medios asumieron una posición similar, entre los que debemos citar a Ecuadorradio.

Ante ello, los complotados de palacio avanzaron en un segundo paso: entregaron el Informe a FUNDAMEDIOS para que lo haga público, violando lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1445 emitido por el Presidente de la República . El objetivo previsto por los estrategas era evidente: pretendían deslegitimar el informe por acción de FUNDAMEDIOS y de los potenciales implicados. Lo percepción de los estrategas de palacio sobre una potencial parcialización de FUNDAMEDIOS a favor del sector privado fue totalmente equivocada. FUNDAMEDIOS, optó por la juzgar lo más objetivamente posible el informe, concluyendo que salvo pequeños equívocos, era contundente, pertinente y que sus recomendaciones deberían aplicarse. Posición expuesta por voz de sus principales directivos. Esta voz sumada a la de otros sectores y organismos que reclaman el cambio, la trasformación y el ataque a la corrupción imperante en la concesión de frecuencias de radio y televisión, imposibilitaron que los complotados logren su propósito. 

1.2. La supuesta inejecutabilidad del Informe

Frustrada la deslegitimación del Informe, la estrategia para defender el statu quo optó por plantear la inejecutabilidad del mismo. Para ello acudieron a tres elementos: sugerir la conformación de una Comisión Técnico-jurídica, que efectivamente se conformó; a los pronunciamiento del Contralor General del Estado sobre su potestad legal; y a la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Elementos que tuvieron como objetivos dilatar la difusión del Informe, incluir supuestos argumentos jurídicos sobre su ejecución y ratificar la posición de los grandes empresarios de los medios de información. Acciones que lograron su objetivo, como se explica inmediatamente. 

1.2.1 La Comisión técnico-jurídica

Altos funcionarios del poder ejecutivo sugirieron al señor Presidente de la República, como lo expresaron públicamente, la conformación de una Comisión Técnico Jurídica, encargada, supuestamente, de diseñar la estrategia legal a seguir para aplicar las recomendaciones del Informe, a pesar de que la Comisión de Auditoría había presentado ya varias alternativas estratégicas. Esta sugerencia aparentemente inocente, contribuyó a las pretensiones de deslegitimar el Informe, puesto que subrepticiamente se sugiero a la opinión pública que estaba encargada de realizar una auditoría del Informe de la Comisión para estudiar su consistencia y, consecuentemente, su procedencia o improcedencia. En esta campaña participaron tanto funcionarios públicos como los medios de información de propiedad de quienes fueron observados en el Informe.

Al interior del gobierno y a pesar de existir un informe preparado por Asesoría Jurídica de la Presidencia que señalaba sólo haber constatado ligeros errores –como fuera comunicado por el Asesor Jurídico de la Presidencia abogado Alexis Mera al Ministro Ricardo Patiño-, los funcionarios de alto nivel que sugirieron la conformación de esa Comisión, avanzaron en su propósito a través de sus abogados, los cuales pretendieron que la única vía legal era la aplicación de la lesividad establecido en el artículo 97 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, negando un hecho legal irrefutable: la posibilidad de aplicar el artículo 93 de la ERJAFE el que dispone: 

“Extinción de oficio por razones de legitimidad.- Cualquier acto administrativo expedíos por los órganos y entidades sujetas a éste estatuto deberá ser extinguido cuando se encuentre que dicho acto contiene vicios que no pueden ser convalidados o subsanados.

Los actos administrativos surgidos como consecuencia de decisiones de otros poderes públicos con incidencia en las instituciones u órganos sujetos al presente estatuto también deberán ser extinguidos cuando el acto contenga vicios no convalidables o subsanables.

El acto administrativo que declara extinguido un acto administrativo por razones de legitimidad tiene efectos retroactivos”. 

Cita a la que sólo vale adicionar que el artículo 94 establece: 

“Vicios que impiden la convalidación del acto.- No son susceptibles de convalidación alguna y en consecuencia se considerarán nulos de pleno derecho: 

a) (….)

b) Aquellos actos cuyo objeto sea imposible o constituya un delito; y,

c) Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos no se adecuen manifiestamente al previsto en la norma legal que se cita como sustento.

Tampoco son susceptibles de convalidación aquellos actos cuyo contenido tenga por objeto satisfacer ilegítimamente un interés particular en contradicción con los fines declarados por el mismo acto, así como los actos que no se encuentren debidamente motivados”

No obstante que en el Informe de la Comisión se concluye que existen evidentes indicios de acciones dolosas, que los presupuestos fácticos no se adecuan a lo previsto en la ley y que satisfacen intereses particulares en contradicción con los fines declarados en el mismo acto, los abogados de quienes sugirieron la conformación de la Comisión, lograron el propósito de convencer al Presidente de la República de que no era jurídicamente viable aplicar las recomendaciones del Informe, como lo advierte el abandono en el discurso presidencial de proponer a la opinión pública el Informe , así como la decisión de no publicarlo que impera hasta el momento, a pesar de haberse aprobado la publicación de 30.000 ejemplares .

1.2.2. Pronunciamientos del Contralor General del Estado 

El señor Contralor General de la Nación, quien mantiene innegables relaciones familiares con radiodifusores observados en el Informe , públicamente pretende que sólo procede aplicar las recomendaciones contenidas en el Informe Especial de Contraloría preparado para el período comprendido entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de mayo del 2005. Recomendaciones que de acuerdo al informe de cumplimiento elaborado por la propia Contraloría se habrían ya cumplido. Igualmente, señala que ha dispuesto que se realice un examen especial para el período enero del 2006 a diciembre del 2009.

Las declaraciones del señor Contralor coinciden plenamente con las posiciones de los directivos de AER nacional y del ex Presidente del CONARTEL doctor Jorge Yunda, cuando éstos expresaron, en el seno de la Comisión Auditora, que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Aseveración que determinaría que habiendo sido ya juzgados por la Contraloría no cabría un nuevo juzgamiento, por lo que la aplicación de las recomendaciones del Informe de la Comisión no deberían aplicarse. Posición que no procede puesto que la Comisión de Auditoría de la Concesión de Frecuencias de radio y Televisión no juzga, su obligación, como la de toda auditoría, no va más allá de determinar si los actos administrativos se atuvieron o no a las normas constitucionales, legales, reglamentarias, normas y procedimientos vigentes. En la carta de presentación del Informe Final de la auditoría efectuada por la Contraloría General del Estado al CONARTEL, el economista Vicente Hidrobo Rueda, Director de Auditoría 1, encargado, respecto a lo antes por nosotros afirmado expresa: “Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Generalmente Aceptadas Aplicables en el Sector Público y Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza rqazonable que la información y la documentación auditada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables”. Abundando en el borrado del Informe la Contraloría señala como objetivos del examen especial: 

“- Determinar la condición del control interno relacionado con los asuntos examinados

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas vigentes”

Sólo resta recordar entonces que a confesión de parte relevo de prueba.

El segundo argumento exhibido por el señor Contralor es que, supuestamente el Informe de la Comisión adolecería de errores e imprecisiones. Al respecto y visto que todas sus declaraciones han sido orales y nunca formuladas por escrito detallando los supuesto errores e imprecisiones, vale recordar las sabias palabras del doctor Luis Fradejas Sánchez -ilustre lingüista español-, quien afirmaba que el limitarse a hablar es una opción por la irresponsabilidad de la palabra que se echa al viento. Un alejarse de la responsabilidad de la palabra escrita que compromete. Enseñanza que debería obligar al señor Contralor a asumir la responsabilidad de la palabra escrita y, consecuentemente, precisar los supuestos errores e imprecisiones a las que se refiere en forma ligera, sin prueba alguna que respalde sus expresiones.

Aquí cabe informar que al pronunciamiento del señor Contralor, antecedió una diligente disposición para que se efectúe la auditoría a la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, la misma que concluyó sin ningún señalamiento, puesto que la Comisión manejó, durante todo el período de sus actividades, la suma de 165 dólares. Ni un centavo más. Ante tan adverso resultado el Contralor emitió una segunda disposición para que se efectúe un examen especial, el cual se halla en marcha. Esta y previsibles posiciones futuras se explican por sí solas. 

¿Lo antes expresado, amerita y explica la posición del Contralor? Creemos que no. La razón de fondo radica en que el Informe de la Comisión señaló que el Informe de Contraloría antes citado, reemplazó la disposición de revocar concesiones contenida en el borrador del informe, por la revisión de las mismas, sin que se haya modificado ni una coma en la argumentación jurídica del borrador y sin que se hay aceptado ninguna prueba de descargo presentadas por los observados en el borrador. Si a ello se agrega que la sugerida revisión de las concesiones no se halla contemplada en la Ley de Radiodifusión y Televisión, y que las recomendaciones de un Informe de Contraloría deben atenerse estrictamente a lo estipulado en esa Ley y su Reglamento como lo ordena el derecho público, es evidente que al señor Contralor lo que preocupa es la innegable existencia de indicios de responsabilidad sobre el accionar de la Contraloría. Indicios que indujeron a que altos funcionarios del ejecutivo sugieran se analice el grado de responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios de esa dependencia. Esto explica la posición del señor Contralor, a lo que, por cierto, se suma las relaciones de parentesco antes mencionado.

1.2.3. Creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

El 13 de agosto del 2009, mediante Decreto Ejecutivo Nº 813-08-2009, el Presidente de la República creó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, entidad que asume, entre otras, las funciones de concesionar las frecuencias de radio y televisión. 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 9 el Presidente Correa designó al ingeniero Jorge David Glass Espinel, como Ministro del flamante Ministerio, vinculado familiarmente con el presidente de la Asociación de Canales de Televisión.

Aparte de la regresión teórico-práctica que se deriva de la prevalencia de la tecnocracia sobre la visión sociológica de la Comunicación, de la marcha contra corriente de lo que ocurre en este campo en países vecinos como Colombia, por ejemplo, es previsible que si el ingeniero Glass no supera los vínculos familiares y asume la posición crítica que le caracterizó como comunicador, es previsible que las recomendaciones del Informe de la Comisión no se ejecuten. Entonces el Ecuador contemplará el temporal triunfo de las fuerzas que en los más altos niveles del gobierno luchan por la impunidad, el mantenimiento de la situación vigente y de sus privilegios, así como el olvido de la historia de inconstitucionalidad, ilegalidad y abuso que fuera denunciado en el Informe de la Comisión. El futuro igualmente nos señalará si en la acción del Ministro Glass se circunscribe a los negocios de las telecomunicaciones o a la comunicación como hecho social principal e impostergable. 

A superar los inconvenientes citados en el presente acápite podría contribuir la extinción del CONARTEL, por su fusión con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL . Ello exigirá que su titular asuma las recomendaciones del Informe de la Comisión, rebase los planteamientos legales de sus asesores legales que reconocen una sola vía como quedó antes explicado y, principalmente, no considere elemento sine qua non para la toma de decisiones el aval del Contralor General de la Nación. Si no opta por la ruta sugerida la historia lo sancionará como uno más de los funcionarios que soterradamente abrogó por el mantenimiento incólume de la ignominia que se registra en la concesión de frecuencias de radio y televisión.

2. La estrategia de las fuerzas por la transformación

La estrategia de las fuerzas que apoyan la transformación en el sector de la comunicación, advertidas de los intereses que existen en el sector y del poder mediático, optaron por dos medidas: elaborar una estrategia político-jurídica que permita avanzar en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión y proceder a la entrega del Informe a la Fiscalía General de la Nación. 

2.1. Las estrategias político-jurídicas

Las reservas que se deben guardar por obvias razones y por la consecuencia que debe mantenerse con quienes plantean, desde el más alto nivel del Ejecutivo, en el presente punto nos limitaremos a enunciar las disposiciones impartidas y las alternativas estratégicas que, lastimosamente, parecen haber sido relegadas por la fuerza del grupo que defiende el statu quo igualmente desde las más altas esferas del poder ejecutivo. 

El Presidente de la República, el 18 de mayo del 2009, durante la entrega del Informe de la Comisión, consciente de los problemas políticos que se derivan del Informe así como del poder de los grandes medios de información, dispuso que se constituye un grupo de trabajo bajo la dirección del Ministro Ricardo Patiño, para que elabore la estrategia jurídico política que se considere más adecuada para aplicar las recomendaciones contenidas en el Informe.

En cumplimiento de ese mandato y bajo la dirección del Ministro Patiño se prepararon diversas versiones, las cuales fueron ampliamente discutidas y finalmente aprobadas. Será en este momento en que se inscribe la sugerencia de crear la ya comentada Comisión Técnico Jurídica, instrumento que igualmente concurrió para neutralizar la aplicación de la estrategia político-jurídica adoptada para la transformación.

La concurrencia de todos los elementos utilizados por las fuerzas del statu quo antes referidas, a los que se sumaron las acciones de distracción como las sanciones a TELEAMAZONAS, o la pretendida estructuración por parte del CONARTEL de una Comisión que determine una normativa para los contenidos de los programas televisivos a trasmitirse en evidente e innegable contradicción con el texto de la Constitución vigente, inclinaron, por hoy, la balanza a favor del statu quo, lo que sólo se explica en un gobierno en que la indecisión presidencial para sanear estas disputas desde el punto de vista ideológico político es ya una constante.

A todo lo dicho debemos agregar una realidad incontrovertible: un Presidente o cualquier funcionario de nivel que reacciona ante estímulos es fácil de manipular como lo sabe cualquier asesor o personas entrenadas en mover los hilos de la publicidad. No se diga los actuales entrenados en gobiernos con presidentes de similar personalidad. Quienes también saben que, con ello, el poder real se transfiere a quien hinca las espuelas, como hasta la fecha parece haber sucedido en el campo de las concesiones de frecuencias de radio y televisión.

2.2. Entrega del Informe de la Comisión a la Fiscalía General de la Nación

El arquitecto Galo Borja, Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, en postura que le honra, tanto por el respeto a las normas legales como por su respeto a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1445, ante pedido de la Fiscalía General de la Nación remitió el Informe de la Comisión. Es de esperar que el señor Fiscal General de la Nación demuestre una vez más su probidad e inicie todos los procesos que considere pertinente, si existen en el Informe los indicios que lo permitan. Este pronunciamiento seguramente contribuirá a la sanidad ética de la Nación. Y no sólo ello, servirán también para revelar a los opositores del cambio y castigar a los responsables de todos los procesos dolosos que deban ser juzgados y sancionados.

3. A forma de conclusión

No podemos terminar el texto de esta ponencia sin reconocer que sería un despropósito histórico, negar que el Presidente Rafael Correa confronta al poder mediático. Como también lo sería el no reconocer que ha generado un reordenamiento parcial del poder mediático, en la medida que ha robustecido la presencia del Estado en este esferas en las cuales el neoliberalismo le minimizó. Pero igualmente, sería falaz aseverar que la confrontación y el reordenamiento antes aludido significan por sí mismo y en sus alcances actuales una transformación profunda, estructural, como la que demanda la mayoría del pueblo ecuatoriano. 

Igualmente sería irresponsable cerrar de ojos el no denunciar que en el marco del reordenamiento del poder mediático, también se registra una acumulación de poder entre los grupos del cual forman parte personas miembros del círculo más cercano al Presidente Correa. Ruta que debe ser desmontada si no queremos que años luego la oposición señale el desarrollo y consolidación de una burguesía emergente en las filas de Alianza País, como ha ocurrido ya en Venezuela, en donde intelectuales venezolanos de especial valía, advirtieron sobre la emergencia de una burguesía en el entorno del Presidente Chávez, a la cual calificaron como burguesía bolivariana . 

En consecuencia, la encrucijada en la que se encuentra el Presidente Rafael Correa, no es otra que el detener su marcha forzada y limitarse a continuar confrontando y reordenando el poder en forma limitada, o, mantener el paso y avanzar en la transformación. 

Cuanto ayudaría a la trasformación que las palabras sabatinas se conviertan en acciones que reflejen fielmente tales pronunciamientos. Que permitan recordar que el Presidente Correa públicamente se refirió al Informe señalando que cuando este se haga público temblará el país de indignación ante tanto atropello. Como ayudaría que el Presidente Correa opte por definir posiciones que le permitan sanear su entorno, desde la perspectiva ideológica y política para que la transformación que el país demanda, avance incontenible, como corresponde en el actual momento histórico del Ecuador.

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Argentina: Finalmente la pobreza llegó a las primeras planas

Eduardo Lucita (LA ARENA)

Fue necesario que algunos de los principales referentes de la iglesia católica (Dios sabrá con qué objetivos políticos) y un Papa escandalizado, tomaran el tema de la pobreza para que ésta ocupara la primera plana de los medios gráficos y buena parte del aire radial y televisivo.

En ascenso

En los últimos meses esta columna se ocupó reiteradamente de la pobreza e indigencia en ascenso, también de la desocupación creciente. Ahora los datos aportados por el Observatorio Social de la UCA la han puesto en el centro del debate político. Esos datos señalan que en el primer semestre del año la pobreza pegó un salto significativo. Para estos observadores sería cercana al 40 por ciento de la población, alcanzando a 16 millones de personas. Esta estimación supera a las ya informadas por varias consultoras privadas, del orden del 30,5%, a las del IDEF-CTA, 33 por ciento. Por si algo faltara el ex presidente Kirchner la estimó, no se sabe con qué método o en base a qué datos, entre el 22 ó 24%. En cualquier caso todas las estimaciones superan a las del INDEC.

Es que los cálculos de la pobreza y la indigencia están en función de los valores de la Canasta Básica Total (conjunto de alimentos y servicios mínimos para la subsistencia de una familia tipo durante un mes) y de la Canasta Básica Alimenticia (comprende sólo alimentos) y estas a su vez se computan según la evolución del índice de precios al consumidor (IPC). Desde la intervención del organismo estadístico estatal, a principios del 2007, todos los datos oficiales están bajo sospecha y cada quién puede llegar a tener su propia estadística. Conviene señalar que en la determinación de la línea de pobreza no se contemplan las llamadas necesidades básicas insatisfechas como el acceso a servicios públicos esenciales (agua potable, sanitarios comunicaciones, salud, educación) o a una vivienda digna. 

El problema no es la pobreza

Consciente de ese galimatías la Presidenta de la Nación reconoció públicamente el problema de la pobreza -huelga decir que con estos datos se comprenden mejor los resultados electorales en el conurbano profundo de la Provincia de Buenos Aires- pero prefirió no entrar a discutir porcentajes, agregando que el problema no es la pobreza sino "... la inequidad social, cómo se distribuye el ingreso". 

La Presidenta ha acertado. El problema no es la pobreza pero, ¿es suficiente con señalar a la mala distribución del ingreso como responsable principal? ¿El gobierno no tiene nada que ver en esto o no acepta reconocer que es impotente para cambiar la relación de fuerzas sociales? Si es que así se lo propusiera.

Si después de seis años de crecimiento a tasas chinas, y no obstante una mejora real de los indicadores sociales en los primeros años de la administración kirchnerista, esos indicadores comienzan a deteriorarse rápidamente (destrucción de empleos, recrudecimiento de la pobreza y aumento del número de personas consideradas en "situación de vulnerabilidad") hay algo más que la inequitativa distribución del ingreso.

Asistencialismo

Al poner el acento en la inequidad de la distribución se oculta que la pobreza y la indigencia son producto de una relación social en el marco del sistema capitalista vigente. Prisioneros de esta caracterización los Estados y gobiernos -el fenómeno es mundial- sólo atinan a recurrir a las políticas impuestas por el Banco Mundial, definidas como "políticas sociales focalizadas". No son otra cosa que medidas asistenciales, en nuestro país toman la forma de planes de empleo transitorios, del plan familias, de subsidios a los microemprendimientos, entrega de bolsones de comida... o el recientemente anunciado "Cooperativismo social" destinado a crear 100.000 puestos de trabajo, en rigor trabajo estatal precarizado que aparecen como soluciones progresistas. Este asistencialismo trata de paliar las necesidades más urgentes del trabajador y sus familias, y son bienvenidos, pero hay que saber que son medidas de emergencia y en el fondo conservadoras porque no alcanzan para sacar -y en muchos casos las mantienen- de la exclusión de la producción y del consumo a millones de personas y son funcionales a las necesidades de la acumulación del capital en esta etapa histórica de la globalización.

En un mundo cada vez más interdependiente ha sido la apertura indiscriminada de los mercados, el mantener políticas exportadoras permanentes, que han impuesto la necesidad de mejorar sistemáticamente las condiciones de competitividad internacional: deterioro de las condiciones laborales, precarización, caída estructural de los salarios, informalidad, desocupación, prebendas impositivas al capital. Esta es la fuente de la pobreza actual en el mundo y también en el país.

El problema es la riqueza...

Aún en medio de la actual crisis de la economía mundial no se puede ocultar una realidad aparentemente contradictoria: los mayores niveles de pobreza y desigualdad en el mundo tienen su contrapartida en una fuerte acumulación de riquezas. Las 1000 personas más ricas del mundo atesoran una riqueza personal mayor a la de 600 millones de personas que viven en los países de menor desarrollo. El 5 por ciento de las personas más ricas del planeta se apropian de 114 veces los ingresos del 5 por ciento más pobre. Entre nosotros la desigualdad existente entre lo que recibe el 10% más pobre de la población y lo que se apropia el 10% más rico es de 31 veces. La desigualdad social es hoy la misma que en la crisis del 2001/2002. 

Pobreza paradojal es la categoría analítica creada por el economista Bernardo Kliksberg para explicar que la pobreza en la Argentina es "una pobreza en medio de la riqueza". El potencial productivo de nuestro país es "...excepcional y la dotación de recursos naturales es imponente". La explicación de esta paradoja está centralmente en la desigualdad, se produce tanta pobreza a pesar de tener tanta riqueza potencial.

La conclusión entonces surge sola, el problema no es la pobreza, tampoco la falta de equidad. Por el contrario son las desigualdades sociales que devienen del régimen de dominación y producción existente donde la riqueza para acumularse necesita de la expansión de la pobreza. No se trata de atacar la pobreza como propone el banco mundial sino lo contrario, atacar la riqueza para resolver efectivamente la pobreza. 

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI -Economistas de Izquierda.

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Ambulancias y exclusión

Néstor Sappietro (APE)

En la Villa 21-24 se desarrolla una obra maestra del desamparo.

Una nena de 12 años de la Escuela 12 de Barracas sufre un cuadro de asma severo.

Cinco llamadas al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que encuentran como toda respuesta que ningún profesional llegará al lugar “porque no hay garantía de seguridad”.

Una docente ensaya primeros auxilios para poder reanimar a la alumna. Otros maestros desesperados corren buscando una ayuda médica a la salita 8. Encuentran la misma respuesta. Los profesionales de la salud se niegan a llegar hasta la escuela.

Por último, dos médicos de la salita 35 se acercan hasta el Polo Educativo de Barracas con dos estetoscopios y una cámara aireadora... 

La nena repite el cuadro de asma con apneas y se decide trasladarla como sea.

Una camilla de madera improvisada por los docentes y un auto que aparece para llevar a la nena para ser atendida en el Hospital Penna, donde finalmente se estabiliza...

Las palabras, aunque hagan un esfuerzo descomunal, no alcanzarán nunca a describir la desesperación vivida en esas horas...

¿Cuál será el adjetivo preciso para transmitir la angustia de esos docentes?

¿Cómo narrar el ahogo que provoca la orfandad?

Un ahogo, sin dudas, más despiadado que el que produce el asma.

Nada que un cronista pueda escribir alcanzaría para expresar la desesperación de esos instantes en los que la vida y la muerte juegan su pulseada, mientras la impotencia no sabe hacia dónde de correr...

Las normas del reglamento escolar son comprensibles: “Los docentes deberían haber aguardado la llegada del SAME”. 

Las normas de quienes entendieron que una vida trasciende cualquier reglamento, terminaron imponiéndose luego de escuchar la sentencia inapelable de unos de los médicos que asistió a la escuela: “Si no se traslada, no sobrevive”.

Lo cierto es que la vida de los pibes no puede quedar en manos de la buena voluntad de los docentes.

Hace tres meses que el titular del SAME, Alberto Crescenti, anunció que las ambulancias iban a dejar de entrar a las villas “por las condiciones de inseguridad”... Esta advertencia aparece en una sociedad que sataniza a sus pobres a través de los medios de comunicación y encuentra a buena parte de su audiencia avalando esa estigmatización.

La primera pregunta que aparece desde la sensatez es ¿qué hizo, una vez conocido semejante anuncio, el gobierno de la ciudad?

La respuesta es nada. El responsable de garantizar el sistema de salud para todos los vecinos de la ciudad no hizo nada.

Sencillamente porque los pibes que viven en la villa no son visibles para el gobierno porteño. La angustia de los docentes tampoco es un tema de preocupación para Macri, eso quedó claro ante cada demanda del sector. 

Mientras tanto, Ctera y los curas villeros, reclaman contra la segregación y piden una audiencia urgente con el ministro de Salud de la ciudad Jorge Lemus, sin encontrar todavía respuesta.

Una vez más, la pobreza es causa de discriminación. 

Allí donde falta comida, trabajo, futuro... Allí, tampoco llegan las ambulancias.

Semejante indefensión debería despertar a fiscales y jueces dormidos entre papeles intrascendentes.

Semejante desamparo debería provocar la indignación de la misma sociedad que aparece implacable cuando se trata de juzgar a esos mismos pibes ninguneados y asechados por el más feroz de los desprecios.

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Argentina: Volver a Carrillo

Juan Carlos Giuliani (ACTA)

Mientras la crisis sanitaria se extiende y profundiza en todo el país y la clase política se llena la boca con promesas que se cumplen en tiempos oceánicos o directamente nunca se ejecutan, desde la Central de Trabajadores de la Argentina se impulsa la Campaña Nacional “Volver a Carrillo”.

La figura ejemplar del médico sanitarista santiagueño, que marcó un antes y un después en las políticas de Estado relacionadas con la salud y el bienestar de la población, preside con absoluta justicia esta iniciativa de rigurosa actualidad que se propone impulsar un nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.

Gripe A, Mal de Chagas, dengue, mortalidad materno-infantil, bronquiolitis, tuberculosis. La carencia de una política integral de Salud se paga con la muerte de miles de personas por año.

"Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo", afirmaba Carrillo, ministro de Salud durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Reconocía, además, que "frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas".

Reducir la Salud a un problema netamente médico ha sido el sagaz objetivo del pensamiento hegemónico existente en la Argentina para sostener el redituable negocio de la enfermedad, evitando, entre otras cuestiones, poner sobre el tapete el grave deterioro de la calidad de vida de nuestro pueblo.

Carrillo sostenía que “no hay pueblo sano sin justicia social”. Desde esa concepción resulta imprescindible generar nuevos modelos productivos que pongan freno a la concentración y extranjerización económica y a la depredación de nuestros recursos naturales, e implementar políticas públicas integrales que avancen en una distribución equitativa de la riqueza.

El último intento serio por establecer un Sistema Nacional Integrado de Salud data de 1973. Corrió por cuenta del doctor Domingo Liotta -célebre cardiocirujano que en 1969 realizó el primer transplante de corazón artificial-, quien fuera Secretario de Salud Pública durante el tercer gobierno de Perón.

El Sistema Nacional Integrado de Salud ideado por Liotta proponía integrar el Sector Público de Salud con el de la Seguridad Social. La propuesta generó numerosas resistencias de buena parte de la burocracia sindical y de la corporación médica.

El proyecto finalmente aprobado en el Congreso Nacional mantuvo muy poco del original. Además, su aplicación efectiva estuvo fuertemente condicionada por la inestabilidad política e institucional que azotaba al país en esos tiempos, previos al reinado del terrorismo de Estado. La dictadura militar de 1976 no titubeó en derogar de inmediato la ley propiciada por Liotta.

En la Argentina, a diferencia de otros países del mundo, además del Sistema de Salud Pública y del sustentado en la actividad privada, desde la década del ’60 existe el régimen de las Obras Sociales Sindicales. Sostener el sistema solidario de salud en manos de los trabajadores combatiendo y denunciando la corrupción con la que malversa el sistema el sindicalismo empresarial, implica no resignar una herramienta que, administrada transparentemente, brinda servicios médico-asistenciales a 13.000.000 de personas.

Mientras tanto, habrá que dar carnadura política y social al proyecto estratégico de sancionar un Sistema Universal de Salud que priorice los intereses populares y que revierta lo que ocurre actualmente donde del gasto en Salud (9% del PBI) sólo el 1,9% se invierte en el Sector Público.

“Volver a Carrillo” significa clavar la pica en Flandes para dar la disputa por un nuevo modelo de país, en el que la democracia sea compatible con la restitución de los derechos de ciudadanía de los que hoy se ven privados millones de compatriotas arrojados a la exclusión y al desamparo social. En este caso, el silencio no es salud.

Juan Carlos Giuliani es Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.

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Argentina, Córdoba: Limitar la protesta social

Guillermo Posada (ACTA)

Más de 50 dirigentes y activistas gremiales han sido detenidos y procesados en un año de ajustes en la Provincia y la Municipalidad de Córdoba. Algunos sindicatos señalan la intención de limitar futuras protestas. Una abogada de CTA denuncia al Superior Tribunal de Justicia por discriminarla y lo acusa de ser funcional a las automotrices en juicios laborales.

A 40 años del Cordobazo, la reacción del poder político y judicial local a las protestas de los sectores estatales más combativos ha sido contundente. Medio centenar de activistas gremiales han sido procesados –acusados de vandalismo- y tanto el ejecutivo provincial como el municipal instaron a la justicia a intervenir directamente en los conflictos. Algunos gremios implicados denuncian que forma parte de una operación política para instalar entre los trabajadores el temor a realizar nuevas protestas, en tiempos donde el ajuste financiero marca las políticas públicas cordobesas.

“El Ejecutivo cordobés predica que su objetivo es mantener la paz social pero actúa sobre las consecuencias y no en función de las causas que generan la reacción de los trabajadores. Quieren amedrentar”, señaló Oscar Mengarelli, secretario General de CTA Córdoba. En igual sentido se expresó Rubén Daniele, del Suoem, al quejarse de las detenciones de activistas de su gremio durante el reciente conflicto con el intendente Daniel Giacomino.

La pata judicial de la estrategia salió a la luz en agosto de 2008, cuando el fiscal Enrique Gavier ordenó detener, de noche y con personal del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía -como si de terroristas se tratase-, a 19 activistas gremiales que participaron en los incidentes en inmediaciones de la Legislatura en rechazo a la ley de ajuste previsional que impulsó el gobernador Schiaretti. El funcionario justificó el accionar, que la Constitución Nacional rechaza salvo en situaciones excepcionales, porque prevenía la fuga de los detenidos. En su momento hubo fuertes críticas a la actuación judicial, que recordó por el despliegue, las capuchas y la vehemencia con que se desarrolló, a la metodología de los grupos de tareas parapoliciales. “Todo estuvo controlado según la ley”, sostuvo el fiscal.

Pero Martín Fresneda, uno de los abogados de los procesados, acusó al gobierno de Córdoba de criminalizar la protesta social. “Hace uso de la Justicia para contener reclamos que la ineficiencia del Ejecutivo no logra realizar. Cuando los sectores entran en conflicto el gobierno no tiene solución. Desde la identidad histórica, y por lo tanto es de necios negarlo, la protesta tiene una matriz que refleja la angustia, el disgusto, la bronca. Pero al no poder conciliarla desde la gestión terminan pidiendo auxilio a la Justicia, que actúa funcionalmente al Poder Ejecutivo.

Nosotros recusamos al fiscal porque no tiene objetividad para investigar. Estas causas no pueden sacarse del entorno político. Tratan de aislarlas aunque se trata de acciones colectivas que generan desorden pero que no tienen como propósito la comisión de un delito, sino defender derechos fundamentales de la clase obrera que fueron groseramente afectado con la sanción de la ley de ajuste previsional”, reflexionó Fresneda.

Gavier entiende que los incidentes del año pasado fueron organizados colectivamente y con la intensión de intimidar a la población en general y así hizo el pedido de elevación a juicio. Pero La semana pasada el juez de control Gustavo Reinaldi rechazó el planteo y consideró que la forma en que quiere juzgar el fiscal a los gremialistas interpretación puede afectar el derecho de la manifestación colectiva. “Tampoco sería lícito ni deseable restringir derechos constitucionalmente amparados (como el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, de opinión, etc.) con el argumento de que generan contextos propicios para la comisión de delitos”, dijo el magistrado en su resolución.

Consecuencias del ajuste

Los dos conflictos que desataron la furia de los gremios estatales están relacionados con quitas de dinero que se realizaron a los trabajadores estatales en el marco de la debacle financiera que tienen inmersas las administraciones de Juan Schiaretti y Daniel Giacomino.

Los dos resolvieron mejorar las cuentas afectando los intereses de los trabajadores, cortando el hilo más delgado. Ya Rubén Daniele había avisado que lo ponían en un “callejón sin salida”, dando a entender que los sectores más combativos del Suoem pondrían toda su furia en las calles. “Parece que les rebajan los sueldos apropósito a los muchachos del Alto”, dijo en declaraciones periodísticas en medio del fragor del conflicto por los recortes de haberes con Giacomino.

Cuando los canales de diálogo están cerrados ante esa especie de desgracia del destino, como suelen presentarse los ajustes al ingreso de los trabajadores –discurso que remite al neoliberalismo más ortodoxo de los ’90-, surgen las marchas, los vidrios rotos, las bombas de estruendo, la represión policial y los procesos judiciales como corolario inevitable. “Nos obligan a discutir cómo sacamos a los compañeros de la cárcel, que es un consecuencia de los ajustes, en vez de negociar las causas que motivan las protestas”, se quejó Daniele.

No son pocos los gremialistas que en Córdoba han sido imputados por protagonizar protestas callejeras. Guido Dreizik, Secretario General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) también fue procesado por realizar un corte de media calzada de la avenida La Voz del Interior, donde el diario del mismo nombre tiene su sede, en el marco de una discusión salarial en junio de 2007. El matutino del Grupo Clarín lo acusó, junto a los dirigente gremiales más, de atentar contra la libertad de expresión porque detuvo durante un par de horas la salida de los camiones de la planta impresora.

“Ellos criminalizan porque es preventivo en función de generar temor a nuevas protestas. También genera la sensación que hay un arbitro que tolera que los trabajadores se quejen pero no que peleen. Con esa composición se le quita legitimidad a la protesta social y cumple con el mandato de poner en caja las relaciones sociales. No permite que la protesta pase los límites de la tolerancia e impide que crezca la movilización”, dice Dreizik.

Finalmente el dirigente fue sobreseído junto a los otros procesados, que debieron sin embargo sufrir la imputación durante un año y medio, lo que les impidió salir del país. Pasado el tiempo, y ante los nuevos procesamientos que se produjeron por las manifestaciones de los estatales, Dreizik analiza que en Córdoba “peticionar contra el Estado para obligarlo a cambiar políticas establecidas constituye un hecho subversivo”.

Demonizar a los gremios

Según se mire, los medios de comunicación hegemónicos alimentaron la demonización de los sectores obreros estatales. El domingo pasado el diario La Voz del Interior calificó en su editorial de ‘guerrilla urbana’ las protestas que derivaron en refriegas callejeras, parafraseando al Manhattan Institute instigador de la tolerancia cero. “La pregunta que todos se hacen es ‘hasta cuándo’”, reflexionó el importante matutino local, tomándose en serio la sátira de Diego Capusotto a los informativos reaccionarios de más bajo pedigree.

“La prensa cumple un rol fundamental para crear la idea del criminal social. Fue claro lo de La voz del Interior y Cadena 3. Así se legitima la represión ante los ‘vándalos que rompen la ciudad’, pero deja en un plano secundario las causas que originan el conflicto”, aseguró Tomás Di Toffino, procesado por las protestas de 2008 cuando los gremios rechazaron el ajuste al sistema provisional en la provincia. “Reflejan la palmera incendiada pero se olvidan de los derechos sociales que menoscabó la reforma de Schiaretti, perjudicando los jubilados y a los activos que se jubilen en el futuro”, señala el gremialista. Di Toffino asegura que no participó de los incidentes y que fue detenido en un claro mensaje sobre lo que les puede pasar a los que rechacen políticas de ajuste.

Más duro estuvo el Secretario General del gremio de prensa, Guido Dreizik, al afirmar que los medios cordobeses “reflejan lo que sus dueños quieren que reflejen. Son los grandes propagadores de la realidad virtual, nos quieren hacer creer que las políticas de los 90 son buenas. Son empresas ideológicas que constituyen el nuevo opio de los pueblos”.

Fiscal Gavier: “Actuamos con celeridad”

Algunas críticas señalan que su investigación apunta a criminalizar o judicializar la protesta social.

Creo que es un error de interpretación. La protesta tuvo muchos manifestantes de forma pacífica, pero han sido reprochados como hechos punibles aquellos casos donde deliberadamente importaron que la protesta tuviera un carácter violento e intimidatorio para la población.

La oportunidad de la elevación a juicio se produjo en medio del conflicto del Suoem con la municipalidad.

Esa es una apreciación. Nosotros actuamos con celeridad conforme al proceso.

Hubo críticas a la forma que se llevaron a cabo las detenciones el año pasado.

Es cierto que hubo controversias pero los allanamientos fueron realizados con ‘habilitación de hora’, regla constitucional que permite actuar así en algunos casos. Entiendo que este caso se ajustaba.

A pesar de ser empleados con trabajos fijos...

Si, igual así. Debo aclarar que tuvo control judicial.

Intervino también el Departamento de Inteligencia Criminal de la policía (cuerpo especial para delitos complejos) como si fueran delincuentes peligrosos...

Si, por la cantidad de detenciones que debían realizarse. No hay una unidad judicial que pueda hacer la cantidad de procedimientos simultáneos que hicimos.

Dos detenidos son hijos de desaparecidos y un procedimiento nocturno implica un trauma severo para las familias que debieron presenciar las detenciones...

Eso lamentablemente puede ser cierto. Pero en el caso puntual nosotros no podemos distinguir a las personas que se someten a proceso y en segundo lugar no teníamos conocimiento de esa situación. Son Tomas Di Toffino, de Luz y Fuerza, y José Luís Cordero, de Suoem. Sinceramente desconocía que tuvieran esa situación.

El caso de Di Toffino es público y notorio. Su padre fue un dirigente de Luz y Fuerza cercano a Agustín Tosco desaparecido en la dictadura...

Bueno yo tengo 40 años, no estoy al tanto de lo que sucedió en aquellos años duros.

¿Hubiese actuado distinto si lo hubiera sabido?

No. Tenemos que hacer una actuación objetiva.

La defensa dice que hace un abuso del instrumento jurídico con fines represivos...

No es así, llevamos adelante la investigación en aras de conocer la verdadera magnitud de los hechos, identificando a los responsables, en la absoluta certeza que los hechos han sido delictivos. El ministerio público lejos está de restringir el derecho a la protesta sino encauzarlos en forma pacífica con el objetivo de motorizar la paz social, los bienes del Estado y los particulares.

Estos hechos la desvirtúan.

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