lunes, 7 de septiembre de 2009

Costa Rica: Estado laico


Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

1) El Estado es, fundamentalmente, una construcción histórica colectiva. En lo esencial, constituye el resultado dinámico de la interacción conflictiva de las fuerzas sociales. Por ello, es efectivamente cierto que el Estado tiene un sello de clase, en cuanto su diseño estructural principalmente responde a los intereses de la clase o clases dominantes.

En ese sentido, el Estado no es “democrático” en abstracto y, la verdad, logra serlo solo si los pueblos –es decir, las clases y grupos sociales subalternos o de alguna manera pospuestos o explotados- impactan y logran influencia significativa en el diseño y funcionamiento de ese Estado, de forma tal que logren acercarlo a las realidades de ese pueblo; hacerlo responder a sus necesidades y demandas y abrirlo al escrutinio y la participación ciudadana efectiva.

2) Es cosa cuanto menos extraña el que Estado tenga religión. Esta es asunto de fe que las personas –cada persona- lleva en su fuero íntimo. Usted cree en Jesús o en Alá o Sibú o es judío o budista o quizá es persona agnóstica o atea. Pero, encima, es posible que usted viva su fe –caso de tenerla- de una forma particular. Basta observar las múltiples variantes del cristianismo y la diversidad de formas como distintas personas viven una misma religión. Es, pues, un asunto muy personal. Entonces ¿cómo podría el Estado tener religión?

3) No obstante lo anterior, lo cierto es que hay estados –por ejemplo el de Costa Rica- que, por ley, tienen una determinada religión. Y aunque resulte extraño, en todo caso es asunto que sí podemos comprender, ya que así como el Estado es en mayor o menor grado clasista o democrático según sea la evolución de las fuerzas sociales que lo impactan e influyen, igual puede ocurrir que en la sociedad haya intereses de suficiente peso que hagan que, en determinado momento histórico, al Estado se le ponga una particular etiqueta religiosa. Eso ha ocurrido en Costa Rica, donde, como sabemos, y por muchos años, las jerarquías de la Iglesia Católica han comido en la misma mesa que las oligarquías (con alguna excepción honrosa, como la de Monseñor Sanabria).

4) Y, sin embargo, no todas las personas en Costa Rica somos católicas, lo cual plantea una flagrante contradicción. Porque se supone que, en principio, ciudadanas y ciudadanos gozamos de un estatus de igualdad ante la ley. Bien sabemos que eso es mera ficción y que, en un Estado signado por la dominación clasista y penetrado por los roles y jerarquías del patriarcado, usted resulta “más igual” o “menos igual” según que, por ejemplo, usted tenga dinero o no lo tenga, o según que sea hombre o mujer. Pero el caso es que cuando el Estado es católico, incluso la igualdad formal ante la ley desaparece. Porque dependiendo de que usted sea persona católica o no lo sea, así será su posición dentro de ese Estado católico. Y ello se evidencia con claridad en cuanto se constata que el Estado costarricense contribuye al sostenimiento financiero de la Iglesia Católica ¿Cómo justificar el que yo, que no soy católico, deba pagar impuestos que van a parar a las arcas de esa institución religiosa? Siendo la religión algo del ámbito puramente personal, el sostenimiento de las respectivas organizaciones religiosas debería ser responsabilidad de las personas que practican esa religión y de nadie más.

5) Más importante aún es entender que la sociedad costarricense actual se ha vuelto más compleja y heterogénea, y que esa diversidad se manifiesta no solo en materia religiosa, sino también en muchos otros ámbitos de la vida en sociedad. El catolicismo sigue perdiendo feligresía, pero, además -y quizá más relevante- acontece que porciones importantes y crecientes de la población ha elegido formas de vida que no corresponden con los patrones que tanto el catolicismo oficial como el evangelismo conservador prescriben y exigen. Ello se visibiliza, por ejemplo, en la enorme variedad de formas de familia que hoy existen. Entre estas, encontramos -en pleno retroceso y descomposición- la familia patriarcal tradicional que, por cierto, es la única forma de familia que el conservadurismo religioso –católico y evangélico- acepta oficialmente. Otras formas de familia van ganando creciente importancia: desde la mujer sola que cría a sus niños o niñas, a los hombres y mujeres que después de divorciarse, vuelven a casarse y forman hogares donde se acogen a sus propios hijos como a los de la otra persona. Ello por citar solo algunos casos, ya que las variantes se multiplican. Y si entendemos como familia la reunión de un grupo de personas que se aman y acompañan en una relación de mutuo respeto y solidaridad, sin la menor duda tendría que reconocerse que las parejas del mismo sexo también son una familia. O al menos así sería si en esta sociedad primara cierta racionalidad básica y un mínimo de justicia y equidad, en vez de esa ética del odio que promulga el conservadurismo religioso en boga.

6) ¿Qué deberíamos hacer, como colectivo social, frente a estas realidades? ¿Cómo debería procederse desde el punto de vista de nuestro sistema jurídico e institucional? Podría mantenerse el status quo, tal cual lo promueven las jerarquías católicas y el conservadurismo evangelista. Su fórmula está dominada por el odio y la más violenta ignorancia. Se reduce a una condenatoria generalizada y una cruzada moralista intolerante e intransigente. Ello se hace claro con especial crudeza cuando a las parejas del mismo sexo se les quiere condenar al ostracismo al negárseles todo reconocimiento legal. El asunto se extiende a otros ámbitos -de la educación sexual al control de la natalidad- en todos los casos con nefastas consecuencias sociales y humanas. La influencia del catolicismo conservador sobre las estructuras del Estado es cosa que, como sabemos, cuenta con la complicidad de ciertos pastores evangélicos, y refuerza los contenidos de discriminación y exclusión existentes en nuestra Constitución y leyes (cosa refrendada por la Sala IV a propósito del matrimonio homosexual, y reiterada de continuo en la forma cruel como se trata a una mujer que ha sido violada). A su vez, toda esta carga discriminatoria y excluyente se consolida en el tanto nuestro Estado sea católico.

7) Pero mantener este estado de cosas lleva a la sociedad costarricense a un callejón sin salida muy peligroso, porque ello implica invisibilizar –al nivel de las leyes y la institucionalidad estatal- situaciones perfectamente reales presentes en nuestra sociedad. Se trata de gente de carne y hueso, en general buenas personas, con cualidades y defectos como cualesquiera otras. Pero acontece que, sin embargo, viven de otra forma, distinta de cómo lo quisiera la moral prejuiciada y discriminatoria de ciertos obispos y pastores ¿Qué hacer entonces? ¿Encerrarlas en un campo de concentración o enterrarlas en lo más profundo del océano Pacífico? La verdad es que la única salida civilizada y democrática es concederles estatus pleno como ciudadanas y ciudadanos de este país.

8) Se trata de un proceso de reconstrucción jurídica e institucional del Estado costarricense que, en lo posible, lo democratice y lo ponga a tono con las realidades sociales, mucho más complejas, de la Costa Rica actual. En ese contexto, la reforma constitucional encaminada a establecer el carácter laico del Estado constituye un paso aún insuficiente, pero sí necesario para dar vigencia plena a los principios de igualdad ante las leyes, libertad de conciencia y libertad en materia religiosa.

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Bolivia: La lucha por el cambio

Antonio Peredo Leigue

Finalmente, a regañadientes, los opositores, formaron un frente. Se presentarán a las elecciones del 6 de diciembre en una sola bolsa. Su pretensión es lograr el mayor número de parlamentarios para continuar, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la guerra sucia que comenzaron hace ya cuatro años.

Sin un programa de principios, sin un plan de gobierno, con el absurdo intento de volver al pasado, quieren debilitar al gobierno de Evo Morales y destruir la revolución que se inició en Bolivia el 22 de enero de 2006. ¿Por qué? No es que sean anticomunistas, anticastristas o antichavistas; no es que sean todo eso junto, agregando su obsecuencia a Washington. Al fin y al cabo, tal explicación, daría un cierto sentido doctrinario a la posición que asumen. Es mucho más simple: actúan en función de mezquinos intereses personal y, específicamente, monetarios. Lo dijeron ellos mismos, cuando se acusaban mutuamente de rehusarse a formar el frente que ahora, en forma apresurada, han armado de modo grotesco.

Cuando este gobierno, que es gobierno del pueblo, inició sus funciones, heredó un país que estaba en la ruina. Las cifras lo dicen: el presupuesto aprobado para 2006 calculaba, de principio, un déficit de 4%; las reservas en moneda extranjera apenas alcanzaban a 1.600 millones de dólares; las exportaciones apenas pasaban 2.000 millones de dólares, en tanto que las importaciones superaban esa cifra; la deuda externa llegaba a los 5.000 millones y, cada vez que subía el precio del petróleo, la economía nacional se estremecía. Hay otras cifras, pero esas son suficientes.

Evo Morales y su entorno calculaban que necesitarían 3 años para equilibrar la economía nacional. Sabíamos, como lo sabía todo el pueblo, que la riqueza del país iba a parar a las cuentas de las transnacionales; los grupos de poder nativos recibían comisiones. Se enriquecían sin importarles que Bolivia se desmorone. Se necesitaban 3 años para salir del desastre y entonces, recién entonces, comenzar a construir.

Al finalizar aquel primer año, la situación había cambiado de forma tan espectacular, que todos los índices superaban las mayores expectativas. ¿Qué ocurrió ese año? El mensaje inicial fue de austeridad e, inmediatamente después, la recuperación de la riqueza generada por los hidrocarburos. Si no recuerdan, entre mayo y octubre de 2006, las petroleras entregaron al Estado el 82% de sus ingresos y, ¿saben qué?, con el 18% que les quedaba, tenían ganancias.

Era evidente que, el ataque de los defensores del status quo, se desbordaría por ese frente. Atacaron a YPFB, la empresa estatal del petróleo que habían descalabrado con el esquema neoliberal, al mismo tiempo que usaban los recursos que recibían prefecturas y alcaldías opositoras, en organizar campañas sucias, alimentar grupos de delincuentes, propiciar actos vandálicos y, por supuesto, seguir enriqueciéndose.

Los años 2007 y 2008 persistieron en su campaña sucia. De diversas formas, tras ellos, estaba la embajada de Estados Unidos de Norteamérica. Retirado el embajador y expulsada la DEA, abiertamente Washington con Bush a la cabeza. Pero debieron convencerse que, este gobierno, era y es más fuerte de lo que esperaban. 

2009 es el año de las definiciones. Derrotados en el referendo revocatorio, quedaron obligados a reconocer la nueva Constitución ampliamente apoyada por el pueblo y, en consecuencia, sancionar la ley electoral transitoria. Así, en diciembre, Evo Morales y Álvaro García serán reelegidos y se instalará la Asamblea Legislativa Plurinacional, para renovar la legislación nacional.

Ahora bien. ¿A qué se oponen los grupos de poder que gobernaron hasta 2005? A esta formulación que da carácter a la nueva Bolivia. El primer artículo de la constitución que rige desde el 7 de febrero pasado, dice: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Esta es la formulación globalizadora que espanta a quienes se creyeron dueños eternos de nuestro país. 

Nos reconocemos, en nuestra Constitución, como Estado Unitario, no por la geografía, tampoco por ser una nación o tener una sola lengua, sino porque formamos una sociedad. Eso sostenemos al afirmar que somos un Estado Unitario Social, a lo que añadimos “de Derecho”; con esto significamos que esta unidad social se rige por principios establecidos en leyes y normas. Pero, por supuesto, al ser diversos, explicamos que somos un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, pues las leyes y las normas, son reconocidas en su diversidad, respetando el derecho y las formas de vida de todas las nacionalidades y pueblos que conforman esta sociedad. Pero la definición no estaría completa si no señalamos el carácter Comunitario del Estado que organizaremos de aquí en adelante. Recién entonces, ese artículo primigenio de la Constitución hace una pausa, para establecer los atributos que el pueblo le asigna a su Estado. 

Tal es la definición doctrinaria con la que, el pueblo de Bolivia, afirma su voluntad de terminar el poder de unos pocos para beneficio de las transnacionales y enriquecimiento de sus sátrapas. Ellos son los que han formado un frente electoral, con muy malas características. Un candidato que siempre ha sido perdedor acompañado por un político de viejo cuño que aguarda un juicio por la matanza del 11 de septiembre de 2008. 

Pero no es ese el problema mayor que tienen. Carecen de programa. Les costará mucho ensamblar los diferentes listados de promesas que han presentado al Órgano Electoral a título de programas de gobierno. Deben hacerlo en las próximas 48 horas. Asumiremos que pueden hacerlo y que, además, tengan a punto sus listas de candidatos. ¡Menuda tarea la que tienen entre este sábado y las últimas horas del lunes 7 de septiembre!

No es ese, sin embargo, el mayor esfuerzo que deberán hacer. Durante tres meses, con todo su pasado en contra, querrán convencer a las mujeres y los hombres de Bolivia, que ellos pueden hacer lo que no hicieron: que Bolivia sea una patria para todos, un país integrado al continente y un Estado respetado por todos los países. 

Foto: Bolivia - Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma. / Autor: ABI

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Legalización de las drogas: Un llamado a la apatía política (y un fraude)

Katerina Matsa (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

En la medida en que un número cada vez mayor de jóvenes de todos los países del mundo se vuelcan al uso de drogas psicotrópicas de todo tipo, se plantea la pregunta crucial: ¿qué hace que estos sensibles jóvenes jueguen a esta ruleta rusa, en una obsesión mortal que se repite diariamente con todos sus costos y que los lleva a perder su propia esencia humana a través de un doloroso proceso?

Muchas razones, que actúan en muchos niveles (psicológico, económico, político, social), empujan a los individuos más desesperados, usualmente durante la adolescencia temprana, a buscar una vía de escape a su insoportable rutina personal a través del uso de una droga psicotrópica, iniciándose con cannabis o alcohol, o con ambos. 

La búsqueda de experiencias nuevas y sensaciones intensas, imitar a sus pares, la curiosidad, el fácil acceso a las drogas, la atracción de lo prohibido y lo peligroso, la necesidad de provocar al conservadurismo de la familia y la sociedad: todos estos factores pueden jugar un papel para que el o la joven decidan consumir una droga. Pero para que una persona se vuelva adicta no es suficiente con probar. Se necesita consumir sistemáticamente la droga, en un proceso que tiene sus raíces en la necesidad imperativa de "escapar" de una realidad insoportable (personal, familiar y social), la cual es una fuente de malestar que lo condena a una vida sin sentido. En estas condiciones, las drogas funcionan como "un vehículo de escape", que aparece como "una solución" a sus problemas insolubles. Por lo tanto, la decisión personal de consumir drogas es producto de un impasse,! de la incapacidad de la persona para encontrar alguna otra salida para su crisis, cayendo progresivamente en la adicción como un modo de vida definitivo. 

El consumo de drogas y la adicción se han convertido en una necesidad artificial (llamada "neonecesidad" por los psicólogos). Desde este punto de vista, la adicción parece una caricatura de la evolución de la civilización humana en dirección de la construcción de "neonecesidades" en lugar de las necesidades humanas reales, es decir: del desarrollo de su potencial, de su creatividad y de la comunicación interactiva con el otro, humano y naturaleza. 

Como plantea Marx en los Grundrisse, en tanto el dinero es la necesidad imperativa que funciona como coagulación de todas las relaciones humanas, las necesidades de muerte dominan los deseos y necesidades de vida. Una necesidad de vida es la necesidad de interacción, de comunicación con los otros (no sólo de información sino, sobre todo, de experiencias), de creación colectiva dentro del devenir social. Sólo en este contexto puede desarrollarse la personalidad humana, integrada y sentimentalmente madura, para poder lograr su autonomía como ser social, para llegar a constituir la individualidad social libre de la sociedad comunista. La autonomía y la libertad personal sólo pueden existir dentro de una comunidad liberada, a través de la emancipación humana universal y la más alta conciencia de la necesidad natural y de su trascendencia histórica. 

La "neonecesidad" de droga – una necesidad compulsiva, artificial y que consume al individuo– , viene a destruir toda otra necesidad y deseo, bloqueando la comunicación de experiencias con otros seres humanos, condenando al consumidor de drogas al extrañamiento del otro y al de su propio yo, de sus propios sentimientos, de la capacidad de expresar su potencial en la vida social y cultural, de buscar y encontrar el verdadero significado de una vida completa como sujeto en la historia. 

El efecto de la droga perturba la conexión necesaria entre el sujeto y el mundo objetivo, el diálogo necesario entre el ser humano y la naturaleza. Frena la necesaria acción social, no sólo durante el momento de consumo de la droga. Es un proceso de cambio del funcionamiento del individuo en el mundo, un proceso de total extrañamiento y destrucción de la subjetividad.

En el presente período histórico, con el individualismo, el consumismo, el cinismo, el pesimismo y el extrañamiento que conforman las principales características de la decadente civilización capitalista, reproducidas por la ideología dominante, el proceso de subjetivización y socialización de una persona está bloqueado, ya que el lazo social humano ha perdido todo significado y está quebrado. Este proceso de aniquilación se convierte en fuente de un inmenso dolor físico, que torna al individuo vulnerable, inseguro y dependiente de sus padres o de los otros importantes, viviendo en un estado de continua chatura, insatisfacción y un sentimiento de vacío interior que persiste psíquicamente, incluso si el individuo consume grandes cantidades de bienes de todo tipo. 

El consumo de drogas representa su continua búsqueda de todo lo que falta en su vida, de toda fuente de satisfacción, de todos los medios de liberarla o liberarlo del sufrimiento, el dolor y la soledad. Las drogas, fetichizadas desde los medios masivos de comunicación y la narcocultura dominante, se presentan como la "salida" de una realidad infernal en lo personal, familiar y social. Toman gradualmente el lugar de "todo lo que importa" en esta vida miserable. Un sustituto artificial que reemplaza a la vida con su simulacro y, más allá, a la militancia política con la apatía política y la indiferencia social, evitando toda forma de lucha contra la pobreza, el desempleo, la represión, la inequidad social y la miseria. El síndrome a-motivacional, característico del consumo continuo de cannabis, es un ejemplo del aspecto político del problema, pues d! a forma a una vida alejada de cualquier tipo de interés en la política y en la vida real. Esta es una cuestión crucial para una juventud que enfrenta problemas vitales como el desempleo, la pobreza y la agresión. Vivir en el mundo artificial de las drogas permite que las clases dominantes tengan el camino libre para tomar cualquier medida de austeridad y violar todos los derechos democráticos, políticos y sociales de la juventud sin temer reacciones serias. Pero además del aspecto político del problema, está el aspecto económico. Las drogas son una fuente de inmensa riqueza, una mercancía que los capitalistas desean ver ingresar al mercado capitalista. 

Por esta razón, Milton Friedman, el Papa del neoliberalismo y mano derecha de Pinochet, realizó una campaña junto al semanario conservador británico, The Economist, a favor de la legalización de las drogas. Lo que importa para la clase dominante es el sagrado mercado capitalista y sus leyes. La legalización de las drogas, según Friedman, transformará a las drogas en una mercancía como cualquier otra, con las consiguientes ganancias legales y los consiguientes impuestos legales. 

Lo que se omite en este argumento es que se trata de una mercancía tan particular, con tanta demanda desde todas las zonas del mundo, que es imposible controlar la poderosa economía en negro que funciona codo a codo con la economía legal. 

El ejemplo más obvio es el tamaño inconmensurable del mercado negro de cigarrillos en todo el mundo, totalmente imposible de controlar. En relación al conocido argumento de que la legalización involucra sólo drogas para consumo personal, hay dos cuestiones cruciales a plantear: en primer lugar, en casi ningún caso se consume una droga sola. El principal fenómeno de nuestra época es el consumo de múltiples drogas (politoxicomanía). ¿El consumo de cuántas drogas se legalizará? ¿En qué cantidad? Segundo, una parte constitutiva del proceso de consumir drogas es el acto de iniciación, el acto de intercambiar. "Consumo personal" existe sólo cuando alguien se inicia en el consumo, durante un muy breve período, ya que toda droga psicotrópica se caracteriza por la necesidad de aumentar continuamente la dosis personal ! (lo que científicamente se conoce como "tolerancia"), lo que lleva al consumidor a buscar inevitablemente dosis mayores, así como otras drogas para lograr un efecto de "estupefacción".

Al hablar de acción psicotrópica, debemos hacer hincapié en que la mayoría de los casos de adicción se ven precedidos por el uso simple y sistemático de la droga, ya que la adicción no es una enfermedad en el sentido médico del término. Constituye un fenómeno social multifactorial, que crea determinado modo de vida, de pensamiento, de funcionamiento y de comportamiento. 

Si tomamos el ejemplo de Holanda, donde el consumo personal de cannabis está permitido en lugares especiales (los 'coffe-shops'), podemos observar claramente la impasse de la aplicación de un status de legalización de las drogas. Es bien sabido que Holanda se ha transformado en el mayor mercado de drogas (heroína y cocaína) de Europa. Más aún, quizás el consumo de cannabis se encuentre bajo control, pero el consumo juvenil de otras drogas psictrópicas como las anfetaminas (éxtasis, etc.) ha aumentado. Y finalmente, pero no menos importante, Holanda es un país en el que la política de "un instrumentalismo gerencial", que otorga la mayor importancia a los costos y a la eficiencia, es al mismo tiempo una política de estricto control social por parte de las autoridades, que colocan bajo la vigilancia de los servicios sociales a los inmigrantes, la juventud, las familias "problemáticas" y a todo "sospechoso" de desviación de cualquier tipo, con el fin de "normalizar" el comportamiento de acuerdo a las "reglas sociales" de esta sociedad unidimensional en crisis. 

¿Vale la pena luchar por este tipo de vida? 

Además, el uso de toda droga, inclusive de las "blandas" como el cannabis, puede producir problemas psiquiátricos serios (inclusive de tipo psicótico). Es interesante que la junta editorial del conocido diario británico The Independent se haya disculpado el año pasado con sus lectores por haber realizado durante muchos años una campaña a favor de la legalización de las drogas, mientras que la investigación científica demostró que el uso sistemático, incluso de drogas "blandas", está interconectado en la mayoría de los casos con trastornos psiquiátricos. 

Indudablemente, es peligroso e incluso catastrófico plantear como contrapropuesta a la legalización, la desastrosa y reaccionaria política de penalización. Pero es igualmente peligrosa la lógica que subyace a la política de despenalización y legalización. Es la lógica "gerencial" de un complejo fenómeno social que se expande en un contexto de malestar social generalizado, que tiene sus raíces en la actual crisis social y cultural del capitalismo. Lo que se presenta como "radical" es, en realidad, muy conservador, porque propone medios legales para "escapar" a las contradicciones sociales y conservar la apatía social y política. En nombre de los "derechos individuales" y particularmente bajo el pretexto del "derecho a disponer libremente de tu cuerpo", la falacia neoliberal y/o centroizquierdista oculta un problema con raíces profundamente sociales y lo manipula para introducir un mecanismo de control social de los oprimidos en condiciones de crisis sistémica, al mismo tiempo que cultiva el individualismo y la apatía, la adaptación al status quo. 

Contra la reaccionaria política de penalización y represión de los adictos, así como contra la manipulación liberal y demagógica del problema social de la adicción a las drogas mediante su legalización y perpetuación en beneficio del dominio capitalista, necesitamos una política realmente radical y emancipatoria, de comunidades terapéuticas basadas en una filosofía revolucionaria y una práctica de liberación social, apoyada por un gran movimiento social y popular contra el sistema capitalista, responsable de generar la presente tragedia humana, que incluye la tragedia de nuestros hermanos y hermanas atrapados en la adicción a las drogas.

Nuestra experiencia de dos décadas de lucha continua en la comunidad terapéutica de "18 ANO", en el Hospital Estatal de Salud Mental de Attica, brinda señales optimistas en esa dirección. 

Katerina Matsa es Psiquiatra, directora de la Unidad de Drogadependencia "18 ANO" del Hospital Estatal de Salud Mental de Attica, Atenas, Grecia. Katerina Matsa es miembro del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Grecia.

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Tarifas: Ni justas ni razonables

Hugo Palamidessi (MORENO)

La suspensión transitoria del cobro de aumentos en las facturas de los consumidores residenciales de gas y luz, ha sido un triunfo de la movilización de usuarios y vecinos, respaldados por el Movimiento contra el Tarifazo.

En él jugaron un papel determinante la Federación de Trabajadores de Energía (FeTERA), las asociaciones de defensa del consumidor -como Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), el Centro de Educación del Consumidor (CEC) y otras – e innumerables organizaciones gremiales y vecinales. También contribuyeron a hacer retroceder al tarifazo, una cantidad de pronunciamientos judiciales de amparo que, respondiendo a los recursos interpuestos por esas organizaciones y Defensores del Pueblo que, en determinadas jurisdicciones, obligaron a suspender el cobro y prohibieron el corte del suministro por falta de pago.

Claro que el retroceso ha sido ´táctico´: el gobierno se ha apresurado en argumentar que los aumentos desmedidos son el resultado de ´errores´ inducidos por mala información originada en las empresas, y que sólo se vería afectado por los aumentos un porcentaje pequeño de los consumidores. Y también se anunció que se confeccionarán nuevas facturas y que los cargos especiales -por el PUREE en las facturas de electricidad, y para financiar la importación de gas- serán subsidiados por el Estado (pero sólo en este bimestre un 100%, y en el de setiembre-octubre en un 70%, todo a un costo aproximado de 500 millones de pesos).

O sea que en octubre estaríamos nuevamente frente al tarifazo pleno. Y sería, en este sector de los servicios públicos, una nueva vuelta de tuerca en la política de preservar los intereses de las grandes empresas. Esto se refleja en que, en el conjunto de la economía, los subsidios anuales del Tesoro han crecido desde unos $3.300 millones hasta $31.000 millones, entre 2005 y 2008. El Gobierno Nacional –enfrentado a crecientes dificultades financieras este año– no quiere ya sostener los subsidios, y pretende ahora transferir de golpe a los consumidores de gas y luz parte de esa carga que, en el sector energético, creció de unos $1.900 millones (2005) hasta $16.000 millones (2008)

Desde los comienzos del proceso de privatización -con la sanción de los Marcos Regulatorios: leyes 24.076 (1992) para el gas, y 24.065 (1991) para la electricidad- las tarifas de esos servicios fueron arbitrariamente distorsionadas, característica que luego fue acentuada por los incumplimientos y violaciones de leyes y cláusulas de los contratos, con la anuencia de las autoridades nacionales .

Como el transporte y la distribución de gas por redes y de la electricidad se consagraron como “servicios públicos”, los marcos regulatorios –y las numerosas resoluciones que los complementan y modifican- fueron fijando las pautas y cuadros tarifarios En el caso del gas, se trasladan directamente a la tarifa los aumentos del precio del gas ´en boca de pozo´(originalmente fijado por ENARGAS, fue librado a la oferta y demanda a partir de 1994), a los que se suman los cargos por el transporte y la distribución. Para la electricidad, las tarifas resultan del precio mayorista desregulado que pagan las distribuidoras en el Mercado Eléctrico Mayorista, sumado al peaje por el transporte -en alta tensión y la distribución troncal- y a los costos de la distribución.

Antes del traspaso de las empresas estatales al capital privado, los valores tope que se establecieron para las tarifas fueron aumentados significativamente (en el caso gas, un 30% en promedio entre marzo de 1991 y enero de 1993). Los valores fijados al principio fueron luego reajustados periódicamente a través de renegociaciones contractuales, violando lo establecido por la Ley de Convertibilidad y tomando como índices precios de EEUU que, por entonces, experimentaban una inflación muy superior a la de Argentina (En el lapso 1995-2001, el Indice de Precios al consumidor fue de –1,1% en Argentina y del 18,4% en EEUU).

Al mismo tiempo la reglamentación vigente fijaba que dichos valores tope debían ser reajustados cada cinco años para trasladar –en beneficio del consumidor– los aumentos de productividad que experimentaran las empresas. Pero en la evaluación hecha en 1998 para las tarifas del gas (no se hizo entonces para la electricidad) se escatimó esa compensación, ya que el Enargas estimó el índice de productividad de las empresas distribuidoras, en el quinquenio 1993-1997, en un 0,9% anual aproximadamente, mientras que las tasas promedio de rentabilidad de las mismas eran del orden del 11%; para las transportistas el índice estimado fue del 5 al 6% anual, mientras la tasa de rentabilidad había sido cercana al 40%. Además las empresas se beneficiaban con deducciones a las contribuciones patronales, a la seguridad social, y con la supresión de diversos impuestos y aranceles.

Si los marcos regulatorios manifestaban querer establecer “razonabilidad tarifaria” y “riesgo empresario”, los resultados estaban a la vista: por un lado teníamos sectores empresariales cada vez más concentrados, rentabilidades ´garantizadas´ -muy superiores al promedio del resto de las empresas nacionales- prórroga de concesiones, condonación de multas por incumplimientos de inversiones. Por el otro, cuadros tarifarios regresivos –en los que las tarifas residenciales de bajo consumo eran mucho más altas que las de alto consumo y aumentaban más que las industriales– indexaciones ilegales, todo en pago de servicios de calidad cada vez más deficiente.

A fines de 2001, como consecuencia de la crisis y el cambio de gobierno, se dictó la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Cambiario (Ley 25.561) que, además de terminar con la convertibilidad peso-dólar, estableció la derogación –con efecto a partir de abril
de 1991– del ajuste periódico de tarifas, en función de la inflación de EEUU o cualquier otro índice. La ley también sentó las bases para que se decretara, meses después, la realización de un proceso de renegociación de los contratos y la creación de una Comisión ad-hoc, y la autorización al Poder Ejecutivo para “...regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores...” (art.13).

La norma apuntaba a la recomposición tarifaria, teniendo en cuenta “ 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.” (art 9).

Pero en la realidad, el poder del lobby de las empresas concesionarias impulsó diversos mecanismos para conseguir retrasar y desvirtuar el proceso de renegociación, a la par que sus beneficios eran aumentados por fuera del marco legal original: prórrogas sucesivas del plazo otorgado a la Comisión de Renegociación (a través de varios decretos y de la ley 25.790); ´adecuaciones transitorias´ del régimen tarifario (en contra de la legislación vigente, a cuenta de las futuras renegociaciones y tomando como índices los precios internos, en una etapa de alta inflación), obstáculos a la operatoria negociadora (se creó la Uniren, ente específico para las renegociaciones pero se dificultó el accionar de las audiencias públicas que promovían la participación de los usuarios: su aporte fue ignorado, y finalmente se abandonaron).

Como ejemplo particular en el caso del gas y la electricidad, en abril de 2002, poco después que el Ministerio de Economía dictara una resolución estableciendo que ningún organismo estatal podía adoptar decisiones que afectaran los precios y tarifas de los servicios públicos, otra resolución del mismo ministerio exceptuó al ENRE y al ENARGAS de lo establecido en la anterior, permitiendo los ajustes estacionales de precios mayoristas de gas y la luz. Y pocos días después la Secretaría de Energía autorizaba un aumento de las tarifas eléctricas a las distribuidoras Edesur, Edenor y Edelap.

Ya a partir del año 2004, cuando ya se hizo inocultable la llegada de la crisis y se aceleró el deterioro de los servicios –llegaron pronto los cortes de luz y las restricciones en el uso de gas– el Gobierno congeló las tarifas residenciales, buscando la tranquilidad de los usuarios, pero siguió incrementando las tarifas industriales.

Durante todo este período la presión del lobby empresario –para aumentar las tarifas y recuperar las rentabilidades de la década de los ´90 –llegó a proferir amenazas (en algunos casos cumplidas): de declararse en quiebra algunas empresas; de abandonar la concesión; de incumplir (aun más!) las inversiones; de denunciar ante el CIADI incumplimientos por parte del Gobierno; de impulsar la intermediación –léase presión– de gobiernos extranjeros y de los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial).

Estas son apenas algunas muestras –tomadas sólo alrededor de la evolución de los marcos tarifarios– del proceso de consolidación del poder del oligopolio de las grandes empresas extractoras de hidrocarburos y las prestadoras de los servicios públicos, de las cuales participan ahora –como socios o testaferros– capitalistas argentinos, funcionales para las estrategias de lobby.

La connivencia y las debilidades de todos los gobiernos que se sucedieron en las últimas dos décadas, allanaron el camino hacia la crisis actual, que se expresa en que: las empresas ya no quieren seguir si no recuperan los márgenes más amplios de utilidades de que gozaron en años anteriores, a su vez el Gobierno no puede sostener el nivel de subsidios con el que ha venido apuntalando este llamado “modelo”, y, ante todo, la mayoría de los ciudadanos-usuarios no queremos –ni podemos– asumir el pago de tarifas injustas e irrazonables para ayudar a resolver la controvertida situación.

¿Para qué evocar toda esta historia de maniobras de las grandes empresas y de las acciones de gobierno que han sostenido sus privilegios a costa del erario público? ¿La cuestión urgente no es impedir que sean los ciudadanos, especialmente los más pobres, quienes paguen la cuenta de la política subsidiadora? Sí, y el primer paso fue frenar el tarifazo, y si eso ya se logró transitoriamente con la suspensión de los recargos, evidentemente habrá que impedir que se repongan, el PUREE –que es un aumento encubierto, puesto que ya está comprobado que es ineficaz en promover el ahorro de energía– y el cargo para fondear la importación de gas, incluído inconstitucionalmente en las tarifas. Y si tenemos que discutir una adecuación de las tarifas –y tendrá que ser con la participación activa de los ciudadanos– la razón indica que para hacerlo responsablemente debemos conocer las cifras reales de los costos de producción de las empresas prestadoras, y de sus beneficios, y la justicia indica que las tarifas deben resultar accesibles a los usuarios pobres, o que sean ellos los que resulten debidamente subsidiados a través de una ‘tarifa social’.

Pero es necesario recapitular todas las irregularidades con las que se ha ido emparchando el modelo privatizador, que ha terminado por convertirse en un perverso aparato subsidiador de los capitales, sin ninguna de las ‘ventajas’ que una vez prometió el ”modelo”. Creemos que enfrentar esas medidas ilegales para revertirlas e impedir que se repitan o se reciclen, puede ser el mejor comienzo para llegar a reformular a fondo la estructura de los servicios públicos, y a recuperar el patrimonio nacional de los recursos energéticos.

Hugo Palamidessi es Director del INFOMORENO.

Notas: 
1) C.Lozano – “El costo de los regímenes de promoción económica en la Argentina actual”. IDEF-CTA, 2009.
2) Las consideraciones sobre la evolución de las tarifas están basadas en Daniel Aspiazu- “Las Privatizaciones en la Argentina”- OSDE,CIEPP,Miño y Dávila edit. 2003, y en diversos trabajos publicados por ese autor y otros investigadores del Area de Economía y Tecnología de FLACSO-Sede Argentina.
3) Al día de hoy la ley 24065 ha sufrido 256 modificaciones y la ley 24076, 419. (www.infoleg.gov.ar)
4) Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA), "Informe de Riesgos, de Mediano y Largo Plazo (2004/07)", Buenos Aires, enero de 2004. La administradora enumeraba las dificultades que ya enfrentaba el sector eléctrico, señalando su dependencia de la oferta de gas. Ver comentarios en INFOMORENO Nº 34, 24-02-2004.

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Argentina: La baja en el horizonte de reservas hidrocarburíferas. El lobby empresarial y su eco mediático

Omar Cruz (OPS)

La baja en el horizonte de reservas hidrocarburíferas según el diario Río Negro.

El domingo 30 de agosto, bajo el título “¿La producción de petróleo y gas en estado terminal?”, el diario Río Negro publicó una nota consignando la alarmante caída registrada en los niveles de extracción de petróleo y gas en la provincia de Neuquén. Según este medio, lo más preocupante es “el derrumbe que muestran las reservas comprobadas (…) con caídas del 61% en petróleo y 60% para el gas durante el período 1999-2009”. El artículo es contundente a la hora de presentar datos estadísticos de la Secretaría de Energía: “(a nivel nacional) la retracción que se observa en las reservas comprobadas son del 18% y 46% respectivamente”.

Cabe aclarar que los decretos Nº 1055, 1212 y 1589, firmados en los albores del gobierno de Carlos Saúl Menem, crearon un mercado libre de petróleo, es decir, otorgaron la libre disponibilidad y exportación del crudo a las empresas operadoras. Diego Mansilla, economista del grupo Moreno, señala que, gracias a este nuevo sistema, “las empresas pasaron a controlar las reservas de hidrocarburos sin que el Estado pueda siquiera conocer a ciencia cierta la cantidad de reservas que tiene el subsuelo (…) las reservas son informadas por las empresas mediante una declaración jurada que no es controlada ni auditada por el gobierno” (1). Razonablemente podríamos permitirnos dudar de las estadísticas publicadas, no por sospechar que tal descenso es ficticio sino porque su magnitud puede ser utilizada por las operadoras como herramienta de presión y prenda de negociación.

Más adelante la nota sostiene que, a raíz de la caída en las inversiones y los ritmos de extracción, desde el 2003 hasta la fecha, el fisco de Neuquén “perdió algo más de 3.200 millones de dólares (…) por la intervención que realizó el Estado sobre los mercados de exportación e interno”. Luego remata: “está claro que la fuerte caída que se está observando en la actividad hidrocarburífera no es un problema sólo de Neuquén. La continuas políticas desacertadas del gobierno central a partir del 2003 determinaron que las inversiones se paralizaran”.

La crítica de Río Negro busca la profundización del modelo vigente. Desde el año 2002 buena parte de los ingresos del Estado Nacional proviene de las retenciones aplicadas a la exportación de hidrocarburos, en 2007 promulgó la resolución 394, estableciendo una alícuota de retención del 45% mientras el precio internacional del barril se ubique entre 45 y 60,9 dólares. En caso de superar dichos valores, la fórmula establece 42 dólares por barril para el exportador y la diferencia será la retención. Precisamente todo el lobby petrolero -que incluye gobernadores, sindicalistas, operadoras y medios de comunicación- busca desde hace semanas la derogación, o en su defecto, la modificación de la resolución 394/07 (2).

De esta forma las más beneficiadas serían las operadoras, que se quedarían con la parte del león, una vez descontado el magro 12% que reciben las provincias en concepto de regalías. Lógicamente, al acoplar el precio interno del crudo al internacional, se resentiría la economía argentina en su conjunto, y sobre todo los sectores populares, que pagarían “dolarizada” la tarifa de servicios públicos, combustibles y transporte.

La baja en el horizonte de reservas se utiliza, lisa y llanamente, como herramienta de chantaje para obtener mayores beneficios. Río Negro sostiene “que importantes empresas multinacionales ligadas a la actividad (han) tomado la decisión de salir en forma ‘ordenada’ del país ya que no les (resulta) atractivo invertir en la Argentina. La decisión está tomada y difícilmente tenga vuelta atrás”. El desplazamiento del Estado Nacional como propietario del dominio, extracción, autoridad concedente, fiscalizadora y policial a manos de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), operado en profundidad durante la década del ’90, constituye algo inédito a nivel mundial. Por tal motivo cuesta mucho imaginar condiciones más ventajosas para la inversión de las operadoras.

Sin duda el artículo en cuestión calla lo que no le conviene: únicamente se toma como referencia el período 1999-2009. Sin embargo la caída del horizonte de reservas data de la implementación del modelo -fines de los ’80, principios de los ’90- que ahora se pretende profundizar. Al concebir al petróleo como commodity exportable, y colocarlo en manos de multinacionales y el capital concentrado nacional, primó el afán de lucro y la concreción de ganancias inmediatas y seguras por sobre su valor de uso; es decir, su capacidad para satisfacer las necesidades energéticas de vastos sectores de la población. De esta manera no resulta llamativo que en los últimos 20 años lo invertido en extracción haya superado ampliamente a la parte del capital destinada a la prospección.

El diario presenta la siguiente estadística como inapelable: “en 1988 las empresas realizaron 103 pozos exploratorios en todo el país; en 1998 bajaron 75 y el año pasado se hicieron sólo 39 pozos”. Sin embargo olvida aclarar que en 1988 la única empresa que invertía en exploración genuina era la estatal YPF, y que, luego de su privatización las demás operadoras se limitaron a explorar zonas donde, por prospecciones anteriores, se sabía que existía petróleo en condiciones de ser explotado. Sólo así se explica que la tasa de efectividad general de la exploración haya pasado de un “normal” 20-25% a un extraordinario 97%.

No caben dudas respecto de lo desacertada que ha sido la política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en materia hidrocarburíferas (3). En 2003 -con la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 546- y en 2006 -con la sanción de la ley 26.197- se puso fin a las “zonas grises” presentes en la legislación argentina, otorgando a las provincias todas las prerrogativas que eran competencia exclusiva del Estado Nacional y consolidando el modelo neoliberal de explotación de los hidrocarburos (4).

El nudo gordiano, según Río Negro, es que Argentina resulta una plaza poco atractiva para la inversión privada; lo dice a secas, no hace una memoria de todos los beneficios otorgados al sector en las últimas dos décadas. Desde esas páginas se demanda, entre líneas, estímulos del Estado. Nuevamente se propone el problema como solución.

Referencias:
1) Mansilla, Diego: Hidrocarburos y política energética. Ediciones del CCC, Bs. As., 2007, pág. 37.
2) Ver Combustibles: las provincias en rojo, el aumento que viene en http://opsur.wordpress.com/2009/08/19/combustibles-las-provincias-en-rojo-el-aumento-que-viene/
3) El entonces presidente fue una de las cabezas visibles de la Ofephi, como gobernador de Santa Cruz durante la década del ’90, y uno de los primeros lobbystas de la privatización de YPF.
4) Las “zonas grises” derivaban, principalmente, de la contradicción entre la ley 17.319/67, según la cual “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional”, y la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 124 sostiene que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.


OPS: Observatorio Petrolero Sur

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El veto presidencial a ley de protección de glaciares y el fraude de la Barrick en Pascua-Lama

Mario Cafiero - Javier Llorens

Introducción a la denuncia penal efectuada ante el juez Federal Martínez Giorgi.

"¿Ustedes quieren que vayamos todos presos?" por evadir retenciones

¿Que tendrá que ver el hielo de los glaciares con las famosas retenciones?, se preguntará quien lee estas líneas. Pero en el opaco mundo de los grandes negocios vinculados con el Estado, generalmente nada es lo que aparenta. 

¿Recuerdan la película de Lupi - Aristarian de fines de la dictadura militar "Tiempo de revancha", en la que una multinacional minera volaba montañas enteras en su mina de cobre, y el secreto del negociado era que... no había cobre? Esa parece ser la tecla alrededor del proyecto minero de oro y plata de Pascua - Lama de la Barrick, ubicado en la cima de los Andes, en San Juan, en la frontera con Chile.

El secreto de la montaña

En el lado chileno está PASCUA, una de las minas de oro y plata diseminados más grande del mundo. Pero está en la región de Atacama, donde el agua escasea enormemente, y vale mas que el oro. ¿Que hizo la Barrick entonces? Afortunadamente encontró que el filón de Pascua chileno supuestamente cruzaba un poquito la frontera argentina en LAMA. Y apareció así el "proyecto binacional" de la Barrick Gold de Pascua - Lama, que es el primero en su tipo en el mundo.

En Lama argentina no sabe muy bien si hay, y cuanto hay, de oro y plata, pero si hay glaciares, periglaciares, y AGUA. Así Barrick solucionó su problema para poder explotar la mina chilena de Pascua, mediante establecer una servidumbre minera de aguas en el lado argentino de Lama. La Barrick no traspuso la frontera hacia Argentina buscando el oro ni la plata argentinos, sino el agua argentina. Con los enormes daños que eso significa en una minería practicada a cielo abierto, que para concentrar el mineral usa el agua mezclada con ácido sulfúrico, cianuro, y mercurio.

Pese ello los hermanos chilenos, que saben mucho de minería desde hace mucho tiempo, ya que viven de ella, impusieron sus condiciones. Que la tributación (por magra que sea por parte de estas codiciosas mineras) se haga conforme el origen del mineral. O sea a Chile. De tal manera el negocio -o negociado- de la Barrick en Pascua Lama, puede resumirse con la siguiente metáfora metonímica, narrada en nuestro lunfardo porteño.

Se trata de la instalación de un piringundín o prostíbulo ambiental, en las altas cumbres de los Andes, en el lado argentino junto la frontera con Chile, en donde solo trabajarán minas chilenas. En donde el cafishio y la madama, la Barrick chilena y argentina, respectivamente, que dependen directamente de un rufían que reside en Canada, la Barrick Gold, se llevaran puestas la parte sustancial de las ganancias. Y solo pagarán menguados tributos a Chile, por ser este el país de origen de las minas. 

Quedarán en consecuencia en nuestro país los extensísimos daños sanitarios y venéreos de ese proyecto ambiental prostibulario, que perdurarán por miles de años, en una zona de altísimo riesgo sísmico. Pero la gravedad del asunto no acaba allí, dado que para la instalación de ese firulo ambiental, inusitadamente se creó una extenso santuario o área liberada binacional, con pistas de aterrizajes incluidas, que quedara en la práctica bajo la exclusiva regencia del cafishio y la madama mencionados. 

Una imagen vale mas que mil palabras. En el portal de la Barrick http://www.barrick.com.ar/proyectos/pascua-lama-proyecto_instalaciones.php se puede ver claramente que la explotación minera en sí, se íntegramente realizará en Chile. Y que en Argentina se concretará íntegramente una peligrosísima y contaminante servidumbre minera de aguas, consistente en la concentración de los metales preciosos, mediante su flotación y lixiviación con cianuro, y refinación con mercurio, hasta obtener los codiciados lingotes de metal doré (mezcla de plata y oro cuya proporción solo constara en una declaración jurada de la Barrrick, pese a que el oro vale 60 veces mas que la plata). 

Sin embargo nuestro país no obtendrá ninguna ganancia o rédito de estas riesgosísimas y altamente contaminantes operaciones, porque violando la ley, se ha dejado expresamente establecido que los tributos a las ganancias, réditos, y las retenciones (derechos de exportación) de esa explotación minera, corresponderán íntegramente al país de donde se extrajo el mineral, con prescindencia de toda otra consideración. Pese a la sustancial transformación que sufrirán esos minerales en nuestro país, que en consecuencia deberían tributar retenciones según el Código Aduanero. 

¿Cómo se pudo llegar a esta absurda situación?

A principios de los '90, a la par que en Argentina se sancionaba una absurda ley de promoción de la gran minería, en la que prácticamente pagamos para que las multinacionales se lleven los metales nobles y preciosos, en Chile comenzó a verificarse la enorme magnitud del yacimiento de oro y plata de Pascua, que fue comprado por la Barrick, e incluso se encuentra hoy en litigio con otras mineras, con acusaciones de que se han corrido sus lindes. Ante la ostensible carencia de agua en Pascua para poder explotar el mineral, a principios de 1997 se firmó un protocolo adicional al Protocolo de Complementación Económica firmado entre Argentina y Chile, en el cual la Barrick proponía explorar Lama a los efectos de una posible explotación conjunta con Pascua.

En él se fijaron las bases de ese inusitado emprendimiento binacional: creación de una absurda Area de Operaciones liberada internacional, sin aduanas en la frontera entre Argentina y Chile, las que se instalarán en los accesos argentinos y chilenos a esa Area de Operaciones. Y tributación en función del origen del mineral. Como evidentemente ese protocolo adicional era insuficiente para legalizar esa enorme desmesura, a fines de 1997 se firmó un Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, que debía ser aprobado por el Congreso. A principios de 1998, pese a que el Congreso no había intervenido aún, por otro protocolo adicional se reglamentó minuciosamente el protocolo de principios de 1997, en cuanto al establecimiento de esa absurda Area de Operaciones binacional, y la forma de tributar a favor de Chile, el que fue prestamente ratificado por el presidente chileno Frei.

Pero como aparentemente el texto del Tratado Integración y Complementación Minera de fines de 1997, era aun insuficiente para legalizar tamaña desmesura de la Barrick, se hizo necesario la firma de un protocolo adicional al Tratado. Este se concretó dos años después, a mediados de 1999, en el que se introdujeron estipulaciones en relación a las servidumbres mineras y las características de las Areas de Operaciones, como para que pudiera entenderse que la Barrick quedaba cobijada bajo esa norma.

De esta manera en el 2.000 el Congreso aprobó el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, por ley 25.243. En forma casi simultánea a la sanción de la ley 25.250 conocida como "ley Banelco", por la coima que cobraron nuestros señores senadores, llevando ambas leyes la firma del secretario del Senado, el hoy arrepentido Mario Pontaquarto. Con este detalle se puede apreciar la calidad de esa ley.

Posteriormente en el 2004 nuestro canciller Bielsa firmó un nuevo protocolo adicional, para supuestamente adecuar el proyecto de Pascua Lama al Tratado de Integración Minera. Pero lo que en realidad hizo, fue dejarlo tal cual estaba desde el principio, consagrando definitivamente la instauración de la republiqueta Barrick en la cima de los Andes, eximiéndola a la par enteramente del pago de retenciones. Pese el enorme valor agregado en territorio argentino, donde se transformará químicamente una tonelada de roca molida chilena, en un gramo y medio de oro... chileno.
 
El veto a la ley de protección de glaciares y después

Seguidamente el trabajoso proyecto minero de Pascua Lama, pacientemente impulsado por la Barrick, se enfrentó con un imprevisto obstáculo. La sanción en el año 2008 de la ley de protección de los glaciares y periglaciares, que hacia prácticamente inviable a dicho proyecto, al menos en lo referido a Lama.

Sin embargo el veto salvador de nuestra señora Presidenta a fines del año pasado, supuestamente a pedido de gobernadores como el sanjuanino José Luis Gioja -gran impulsor de la Barrick- aventó prestamente dicha acechanza. Debe tenerse en cuenta que Santa Cruz, la provincia de origen de la Sra. Presidenta, fue la primera provincia que inauguró en la década del '90 la minería de oro y plata a cielo abierto en Argentina, con lixiviación de cianuro, con la mina Cerro Vanguardia. Y Anglo Gold, la inglesa australiana que explota esa mina, no solo no pagaba derechos de exportación (retenciones), sino que se las ingenió para, a la inversa, cobrar reintegros a la exportación, con el cuento que eran exportaciones desde puertos patagónicos.

Por esa razón carga las preciadas barras de metal doré en un buque cualunque de cabotaje (como el pesquero que se hundió recientemente) y las lleva a Puerto Arenas, desde donde se reembarcan vía área para Santiago, y luego para Suiza. En la conflictiva cuestión de las retenciones, hay hijos (las empresas extranjeras) y entenados (los argentinos), pese que supuestamente debería ser a la inversa.

Finalmente hace pocas semanas el secretario de Hacienda Pezoa firmó con su émulo chileno un acuerdo complementario, que prácticamente confirma que todos los tributos los cobrará Chile, y exime parcialmente a la Barrick de pagar ganancias e IVA. A dicho acuerdo se opuso el subsecretario de Ingresos Públicos Cristian Modolo, exclamando airadamente "Ustedes quieren que vayamos todos presos". Modolo difícilmente vaya preso, dado que seguidamente renunció a su puesto. Pero seguramente otros que están por arriba de él, si existiera Justicia en Argentina, deberían terminar de esa manera.

La visión histórica y política

Los argentinos no deberíamos desconocer que la guerra del Pacifico que Chile inició a fines del siglo XIX contra Bolivia y Perú, se originó por una discrepancia impositiva registrada en la "zona económica compartida" de Atacama. Esta era propiedad de Bolivia y la había concedido a Chile, para que explotara el entonces valioso "nitro de Chile". En términos bélicos el "nitro de Chile" era el uranio de entonces, al ser la base para la fabricación de la dinamita, además de ser un fertilizante indispensable para hacer cultivables las agotadas tierras europeas.

Apoyada diplomática y militarmente por Gran Bretaña, dado que la marina chilena era prácticamente inglesa, y diplomáticamente por Estados Unidos; Chile se impuso bélicamente sobre Bolivia y Perú, y se apropió de los extensos yacimientos de nitrado de estos dos países, de los que Chile carecía. A partir de allí las mineras inglesas a través de Chile, monopolizaron mundialmente el "nitro de Chile", que era único en el mundo. Y las mineras norteamericanas se quedaron con Chuquicamata, que pasó a ser la mina de cobre a cielo abierto mas grande del mundo.

Esa geopolítica inglesa tenía a Malvinas como la base naval estratégica en el Atlántico Sur, para asegurar la vital ruta del nitro de Chile hacia Europa. Por esa razón la batalla naval de Malvinas de 1914, fue una de las mas importantes y cruentas de la Primera Guerra Mundial. En ellas las naves inglesas que quemaban petróleo argentino obtenido de Comodoro Rivadavia, masacraron y mandaron a pique a la anticuada flota del Admiral Graf Spee que operaba con carbón. Una segunda vuelta de ese enfrentamiento, fue la batalla del Río de la Plata que protagonizó el acorazado Admiral Graf Spee, en la Segunda Guerra Mundial, pero eso es ya otra historia. 

Con la geopolítica no se juega, eso lo sabe cualquier aprendiz de dirigente en el mundo. Pero no en Argentina, en donde supuestamente vivimos en la sociedad del "conocimiento", pese a que desconozcamos casi todo, principalmente las claves de nuestra realidad e historia. Un ejemplo notable lo dio nuestra Sra. Presidenta, que veto la ley de los glaciares, quién en la reciente cumbre del UNASUR para tratar la cuestión de las bases militares extranjeras, se olvidó enteramente de la megabase militar inglesa de Malvinas. Como si esta no existiera, y como si no estuviera allí para asegurar la explotación por parte del Reino Unido, del petróleo offshore que legalmente pertenece a Argentina. Por contrario Brasil propulsa enormemente sus fuerzas armadas, para defender su Amazonía y el petróleo que yace en su Atlántico Sur.

Así es como estamos, en lo que parece ser la interminable debacle de Argentina.

Reproducimos al pie la denuncia penal presentada ante el juez federal Martínez Giorgi, el 31 de agosto pasado, con el patrocinio del Dr. Ricardo Monner Sans. El documento también se puede leer o bajar en pdf en: http://proyectonacional.wordpress.com/novedades/

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Argentina: Que el árbol no tape el bosque

Victor Mendibil (ACTA)

La situación nacional sigue siendo compleja y la realidad contradictoria lo que nos obliga a profundizar el análisis y las perspectivas a futuro para acertar en una línea de acción que consulte los intereses del pueblo.

La situación nacional es compleja, entre la crisis económica –que no es sólo la global, sino que hay cuestiones ue son responsabilidades propias y locales-, los problemas sociales -la desocupación, el hambre, la infancia desprotegida, el abandono de nuestros mayores, etc.- y la falta de una alternativa de poder popular que tenga capacidad de hacerse cargo de los destinos del país, más allá de algunas experiencias políticas que asoman con una perspectiva importante.

La realidad se muestra contradictoria; por un lado, se producen hechos positivos como la disposición gubernamental de terminar con una ley de comunicación heredada de la dictadura (que resulta un avance en el proceso de democratizar la información, aunque no parece clara en su pretensión de acabar con los monopolios), asimismo se avanza en la televisación de esa fiesta popular que es el fútbol, se cumple un papel de gran significación democrática en contra del golpe en Honduras y otros aspectos que resultan loables, pero por otro no se toma el toro por las astas de los problemas fundamentales del país, en especial en de modificar la matriz distributiva de la Argentina y, prioritaria y urgentemente, acabar con el hambre.

Toda medida, incluso las positivas, resultan sin embargo distractivas si no apuntan a resolver estos problemas fundamentales.

Estas son tareas que no pueden esperar porque está en juego la salud y vida de nuestro pueblo (todos los días mueren decenas de niños por razones evitables). Y en eso no hay tiempo que perder porque la enfermedad y la desnutrición no nos dan tiempo ni tregua.

No hay futuro de que enamorarse si no se resuelve el problema del hambre y, por ello, proponemos, ya desde hace mucho tiempo, un ingreso universal para todos los menores de 18 años, que sea la base de partida para la resolución de ese flagelo y para ganar en dignidad de todos los argentinos.

Victor Mendibil es Secretario de Interior de la CTA Nacional.

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Tinieblas que se disipan

Hernán López Echagüe
 
Los militares latinoamericanos le brindaron a la palabra desaparición una magnitud desmesurada en nuestro vocabulario. Acaso ignoraban que, por sencilla derivación o consecuencia semántica, le estaban otorgando idéntico poder y tamaño a la palabra búsqueda. Desaparición remite a sombras, encierro y quietud; búsqueda, en cambio, a movimiento, intemperie, acción, y, como factible y lógica culminación, hallazgo.

En abril de este año, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Laura Isabel Feldman. Penny. Un grupo de tareas de la dictadura argentina la había secuestrado en febrero de 1978. Sus dieciocho años de edad causaban recelo, de modo que no podían menos que fusilarla y arrojar su cuerpo en alguna de las decenas de catacumbas que habían diseminado a lo largo del país. Militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, agrupación estudiantil del peronismo revolucionario.

Los sepultureros furtivos de la gran dictadura latinoamericana presumían tener el don de extinguir cuerpos. Pero la tierra y el mar no se cansarán jamás de devolverlos a la superficie, de rescatarlos del confinamiento. 

La búsqueda y la evocación no tienen fecha de caducidad. El hallazgo tampoco.

Los sepultureros furtivos la enterraron, apiñada con otros cuatro cuerpos adolescentes, en el cementerio de Lomas de Zamora. Fosa NN, desprovista de nombre, piel y aliento. Acta de defunción, pluma oficinesca: “Shock traumático agudo, por herida de bala”.

“De la violencia, de la verdadera violencia”, dice el escritor chileno Roberto Bolaño en el primer párrafo de su cuento El Ojo Silva, “no se puede escapar, al menos no nosotros, los nacidos en Latinoamérica en la década del cincuenta, los que rondábamos los veinte años cuando murió Salvador Allende”.

Penny nos aproxima un poco más al momento del relámpago. El instante en que el relámpago resquebrajó nuestro mundo y nos empujó al borde del despeñadero. 

Rayo de enajenación al que le sucedió un aguacero de violencia inaudita. En el día del relámpago de marzo de 1976, del cielo comenzaron a caer miserias y desventuras de toda naturaleza. Procesión de años vacíos en los que campeó la mudez, y el desdén y la resignación nos sumergieron en una vejez temprana, en el ocaso del deseo.

No puedo figurarme a Penny, su mirada cautivadora, sus hermosos rasgos de mujer aniñada, en apariencia quebradiza, sólo en apariencia, convertida en un manojo de huesos. Todavía hoy, al cabo de tanto tiempo, no puedo entender tanta cizaña, tanta sevicia.

Los ojos de Penny, los que ahora estoy contemplando, son una exhalación de presencia continua que nos ayuda a disipar un poco las tinieblas que la envolvían. Las tinieblas que todavía envuelven sus caras múltiples. La Penny uruguaya y chilena. La Penny peruana y brasileña. La Penny colombiana, paraguaya y ecuatoriana. Las Penny de este sur jodido que todavía debemos devolver a la superficie, rescatar del confinamiento.

El diez de septiembre, en el patio del colegio Carlos Pellegrini, Penny, que en agosto cumplió cincuenta años, se reencontrará con sus amigos, compañeros y familiares. Leo en el texto de la solicitada que habrán de publicar en estos días: “31 años después avanzamos un paso más contra la mentira y el ocultamiento y la salvaje represión que diseminó el terrorismo de Estado en la Argentina, cuyos efectos, lo podemos comprobar, no han concluido. 31 años después podemos despedirnos de Penny, que siempre estuvo en nuestros corazones y lo seguirá estando, velar sus restos, realizar la ceremonia y el duelo que impidieron y quisieron evitar”.

No es un decir. La búsqueda y la evocación no tienen fecha de caducidad. El hallazgo tampoco.
 
Publicado en Brecha, Montevideo, 4 de septiembre 2009.

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El origen del hambre

Susana Merino (APE)

Todos sabemos que el hambre es una sensación que nos alerta sobre la necesidad de ingerir alimentos, que nos permitan sostener no solo nuestra existencia física sino también espiritual, porque el deseo de comer es tan prioritario que ante él desaparecen todos los valores morales y su persistencia puede inducir a violar toda norma y a cometer hasta el más luctuoso de los delitos.

Pero no me voy a referir al hambre individual, como manifestación física sino a esa generalización que alcanza a cada vez más importantes grupos de población y que ha merecido el calificativo de “Crimen”. Y en tal sentido quisiera reflexionar sobre las causas que llevan a la sociedad a cometer ese flagrante delito que ninguna autoridad, ninguna justicia manda como correspondería al banquillo de los acusados. Suele suceder en cambio que se condena a la víctima y no al victimario, diluyéndose el delito en responsabilidades difusas que nadie pareciera estar dispuesto a asumir. 

No he encontrado reflexión más sensata sobre las causas que originan en vastos sectores de población ese hambre colectiva que la de uno de los pensadores más lúcidos del siglo XVIII, el anglo-usamericano Thomas Paine.

Paine, nacido en Inglaterra, desarrolló sin embargo gran parte de su vida en los EEUU cuya independencia contribuyó a impulsar a través de sus escritos y principalmente el entre ellos titulado Common Sense fechado en 1776. Exactamente como lo anticipa su título, sus ideas arraigan en el sentido común (aunque a estar con Voltaire pareciera no ser demasiado común), la experiencia y la razón y desarrolla en su “Justicia agraria” los fundamentos de situaciones que siguen atravesando el tiempo y degradando a la humanidad. 

Decía Paine: “todo hombre, como habitante de la tierra, es un propietario colectivo de ella en su estado natural, no se sigue de ello que sea un propietario colectivo de la tierra cultivada. El valor añadido por el cultivo, una vez admitido el sistema, se convirtió en propiedad de quienes lo produjeron, o de quienes lo heredaron de ellos, o de quienes lo compraron. No tenía propietario originalmente. Mientras, por tanto, abogo por el derecho, y me intereso en el difícil caso de todos aquellos que han sido expulsados de su heredad natural por la introducción del sistema de propiedad de la tierra, igualmente defiendo el derecho del poseedor a la parte que es suya”

Es decir, aunque sus conceptos son claros, que Paine reconocía en todo caso el valor agregado que genera sobre el suelo el cultivo de la tierra, sin dejar de considerar que al ser ésta un bien finito no alcanzaría a ser distribuida por igual a todos los habitantes del planeta y que por lo tanto era necesario que quienes se veían beneficiados con su tenencia debían asumir la grave responsabilidad de compartir con sus contemporáneos el producto de la labor agraria a través de contribuciones pecuniarias establecidas y distribuidas por el poder público. 

Es decir que Paine proponía crear (con las eventuales “retenciones”, palabrita si las hay tan manoseada y vilipendiada hoy) un fondo nacional que permitiera “entregar a cada persona al cumplir los 21 años, 15 libras esterlinas como compensación parcial por la pérdida de su herencia natural y la suma de 10 libras anuales de por vida a todos los mayores de 50 años”.

Y agregaba Paine con cierta dosis de humor: “la propiedad de la tierra nació con el cultivo, ya que el primer estadio del hombre, fueron primero los cazadores, luego los pastores como lo atestigua la Biblia a través de Abraham, Isaac, Jacob, etc. A nadie se le hubiera ocurrido reclamar la propiedad de la tierra que pisaba y tampoco el Creador habría puesto un registro de terrenos de donde saliesen los primeros títulos de propiedad”.

Sin embargo las consecuencias de ese avance tecnológico y los que han venido sucediéndose hasta nuestros días no han redundado en beneficio del género humano sino solamente del privilegiado sector que primero se adueñó de las tierras y luego, como alguien dijo atinadamente, redactó el Código Civil. Ese monopolio territorial en suma ha desposeído a la mayor parte de los habitantes del planeta de su herencia natural, generando en gran medida la pobreza, la miseria y ese incalificable flagelo del hambre que debiera avergonzar como mínimo a cada uno de los seres humanos que casi sin inmutarnos y sin hacer nada para que se convierta en la preocupación básica de la sociedad, convivimos con él.

Deberíamos pensar con Eduardo Galeano si nos “¿Obliga el sentido común a aceptar estos dolores evitables? ¿Aceptarlos, cruzados de brazos, como si fueran la inevitable obra del tiempo o de la muerte?

Contrariamente creo que es precisamente el sentido común, por más pequeño, por menos desarrollado que fuere el que nos tiene que guiar, orientar, impulsar y decidir a encarar la solución definitiva de un mal que no es insoluble sino que debe ser asumido real y responsablemente por cada uno de nosotros ¿Cómo? Comenzando por enarbolar la ya aceptada consigna “El hambre es un crimen” al principio o al final de cada una de nuestras tareas cotidianas, al principio o al final de cada uno de nuestros escritos hasta que se nos haga carne y nos duela como si fuera nuestra propia hambre y seamos capaces de poner en juego todas nuestras fuerzas para saciarla.

Susana Merino es Editora del informativo semanal "El Grano de Arena" de ATTAC Internacional.

Autor imagen: APE

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El 7 de septiembre se conmemora el Día del Metalúrgico. Recrear la historia para escribir el futuro

Alberto Piccinini (ACTA)

El 7 de septiembre se conmemora el Día del Metalúrgico. La historia de los metalúrgicos es una crónica de lucha, esfuerzo y sacrificio.

Desde los tiempos iniciales con Fray Luis Beltrán fundiendo desde la nada las armas con que San Martín liberaría América, pasando por todas las gestas protagonizadas a los largo del siglo pasado para lograr las conquistas que hoy gozamos, hasta estos tiempos de incertidumbre donde volvemos a poner de manifiesto nuestra unidad de clase para no perder lo que tanto nos costó ganar.

Luego de tantos avatares y tantos compañeros caídos para lograr una vida digna para todos, nada nos complacería más que celebrar nuestro día con la satisfacción de los logros conseguidos.

Lamentablemente la crisis del capitalismo y la intención de los centros de poder de hacernos pagar esa crisis a los trabajadores, nos impiden pensar este momento como un festejo. Pero si es una ocasión que debemos utilizar para afianzar nuestra unidad y recrear en ella el ánimo de lucha y el compromiso de todos de no ceder en la defensa irrestricta de nuestros derechos.

Compañeros, debemos ser conscientes que sufrimos el embate de quienes, escudados en la excusa de la crisis mundial, quieren cercenar nuestras conquistas y borrar la memoria de los trabajadores.

Temen que desde la historia aflore el espíritu combativo y solidario que nos llevó a lograr condiciones dignas para todos los trabajadores y un justo reconocimiento a su labor. Temen nuestra conciencia y nuestra fuerza. Temen nuestros esfuerzos colectivos.

Y hacen bien por que no estamos dispuestos a ceder en uno solo de nuestros logros y mucho menos en la defensa que siempre hicimos de ellos.

Metalúrgicos, si bien los trabajadores argentinos no tenemos un presente para festejar si tenemos una historia para celebrar. Y es en esa historia donde nos paramos para convocarlos a todos a unirnos en éste, nuestro día, para avanzar hacia una lucha que nos permita recuperar en poco tiempo la certeza de una vida justa y digna para cada compañero.

Alberto Piccinini es Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica Villa Constitución (UOM-CTA).

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Argentina, Tucumán: Bussi está lúcido para afrontar otro juicio por delitos de lesa humanidad

PRIMERA FUENTE

En el informe que elevó el viernes pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, la médica psiquiátrica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mónica Santamaría, concluyó que Antonio Domingo Bussi conserva su “autonomía psíquica” y presenta un estado de conciencia “vigil”. Lo mismo sostuvo respecto a Cattáneo, Zimmerman, “El Tuerto” Albornoz y De Cándido, quienes serán juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía.

El ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi no tiene impedimentos mentales para someterse a un nuevo juicio oral y público. “Las facultades mentales de Bussi, en el momento del examen, se encuentran compensadas, siendo una persona que conserva la autonomía psíquica”. Esta fue la conclusión a la que llegó la médica psiquiátrica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mónica Santamaría, quien revisó al militar retirado en vistas al debate que se realizará en la provincia por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionó en la ex Jefatura de Policía.

A la misma conclusión llegó luego de revisar a los imputados Alberto Luis Cattáneo, Albino Mario Alberto Zimmerman, Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Luis De Cándido, quienes también fueron examinados por la médica forense según lo dispuesto por el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación para los acusados mayores de 70 años.

En el caso puntual de Bussi, de 83 años, Santamaría sostuvo que su estado de conciencia es vigil. “Comprende la situación que atraviesa y recuerda y evoca adecuadamente las circunstancias del juicio anterior, mostrándose colaborador con la cuestión procesal”, agregó en su informe oficial al que tuvo acceso primerafuente. La forense de la Corte revisó a Bussi el jueves pasado en su vivienda del Golf Country Club de Yerba Buena donde cumple arresto domiciliario, ya condenado a prisión perpetua en el primer juicio que se realizó el año pasado por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

Ahora, el informe está en manos del Tribunal Oral, integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, quienes en base a las conclusiones no vinculantes de la perito de la Corte, emitirán una resolución al respecto en vistas al próximo juicio, que según trascendidos se postergará para febrero de 2010, cuando estaba previsto para mediados de este mes.

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Argentina: Le llegó la hora a la Ley de radiodifusión de la dictadura

INDYMEDIA

La presentación en el Congreso del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que podría reemplazar el Decreto-Ley de Radiodifusión de la dictadura, ha puesto en la agenda de la sociedad el debate acerca de qué medios tenemos y qué medios aspiramos a tener como sociedad.

Este debate abierto es fruto de la lucha de años llevada a cabo por quienes no sólo construyen espacios de comunicación popular, alternativa y comunitaria desde el advenimiento de la democracia, sino que también resistieron al embate neoliberal. Desde estos espacios se acompaña la propuesta de una nueva ley que hable sobre medios democráticos, sobre comunicación no comercial, sobre desconcentración, sobre el derecho al acceso a la información; pero también se hacen críticas y se tienen diferencias sobre la propuesta. En un debate en que las polarizaciones son las que predominan vemos necesario colaborar a una discusión reflexiva y crítica al respecto.

Una de las voces que se ha levantado es la de la Red Nacional de Medios Alternativos quien considera como indispensable para democratizar el acceso a la comunicación la derogación del Decreto 527/05 del gobierno de Kirchner que entregó por una década más las licencias a los monopolios para que las continúen explotando.

Además, de la RNMA se declaró en su documento que “los medios comunitarios, populares y alternativos deben estar especialmente protegidos y su actividad específicamente promovida a los efectos de gozar de un ejercicio de la comunicación plenamente democrático. La garantía del ejercicio pleno de los derechos de los comunicadores comunitarios, populares y alternativos tiene que ser una obligación del Estado y esto tiene que quedar claro en la Propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Tal como citan varios documentos, el 33 por ciento destinado al sector público implica a un abanico muy amplio en el que los medios comunitarios, populares y alternativos no están específicamente contemplados, dejando en esta ambigüedad un signo de pregunta sobre quiénes podrían acceder efectivamente a esas licencias. Así lo aclara un documento de ANRED: “El otro tercio destinado a ONG's, sindicatos, universidades, organizaciones sociales, cooperativas, entre otros, es en realidad una abstracción en tanto no se defina cuál va a ser el criterio con el que se distribuirá el espacio, ni tampoco cómo se va a financiar. Es sabido que numerosas ONG's y cooperativas responden directamente a empresas privadas”. En este sentido, en su reciente sexto encuentro nacional, la RNMA expresó: “queremos la ley, con nosotros/as en ella”, donde apuntó como necesaria la “reducción del máximo de licencias permitidas para un mismo operador de 10 a 4, en todo el país. Exigiendo que la RNMA participe del debate en la/s Comisión/es en que sea tratado, como una garantía de transparentar el mismo ante los sectores directamente involucrados”.

Otro punto que es objetado, es la manera en la que se conforma la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, ente que tendría funciones trascendentales, entre ellas: garantizar la aplicación y cumplimiento de la ley, aprobar los proyectos de radiodifusión, garantizar la realización de los concursos para las licencias; fiscalizar, percibir y administrar los fondos, entre otras. Según lo planteado en el proyecto: “La conducción y administración (…) será ejercida por un Directorio integrado por CINCO (5) miembros designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL”; entonces el ente encargado de “administrar” la tarea comunicacional e informativa saldría directamente de la elección del Ejecutivo con la peligrosidad que implica el centralismo en estas decisiones.

Por último, es importante llamar la atención sobre la concentración que podría realizarse con la posibilidad latente de que una empresa monopolice la administración del triple play (servicio de Internet, teléfono, y cable). Que se haya ido marcha atrás respecto a la fusión de Cablevisión y Multicanal no significa que las grandes empresas, como el oligopolio Clarín, vayan a perder esta batalla tan rápido; y utilizarán todas las herramientas a su alcance.

En este sentido un comunicado de la CTA Córdoba aporta: “Las telefónicas no pueden competir en la provisión del servicio de triple play porque la regulación actual les impide dar televisión, lo que podría cambiar si prosperara el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsa el Gobierno”.

No quedan dudas que es necesaria la anulación de la ley de radiodifusión de la dictadura, pero en este discutir sobre la nueva propuesta es importante hablar sobre sus virtudes pero también advertir sobre sus peligrosidades.

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Bolivia: Evo Morales acusa a la USAID de financiar la campaña de los candidatos opositores

El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) financia y hace campaña electoral en las provincias para los ex prefectos Manfred Reyes Villa-Leopoldo Fernández, con miras a las próximas elecciones generales de 6 de diciembre.

"Quiero que sepan que para ese binomio Manfred-Leopoldo, USAID está haciendo campaña en las provincias", aseguró.

Fernández actualmente se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro en La Paz (sede de gobierno), acusado de ordenar la muerte de más de 15 campesinos de la amazonia boliviana, pero esa circunstancia no le impide ser candidato puesto que el proceso penal en su contra no ha concluido.

"Denunciaron los compañeros, dijeron que a uno de sus precandidatos electos por las organizaciones sociales, (USAID) fue a ofrecerle 10 mil dólares (para que vaya por la oposición en próximas elecciones)", puntualizó.

El mandatario boliviano hizo esas declaraciones en la radio estatal Patria Nueva, donde indicó que esa denuncia sobre USAID la dieron a conocer las mismas organizaciones sociales de las provincias.

Algunos ex presidentes dicen que no tienen dinero para hacer política, sin embargo, no se necesita dinero para hacer política, lo que se necesita es un programa y propuesta a favor del pueblo, aseguró el presidente.

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Chile: Logran un acuerdo para aumentar los recursos a la salud pública

El gobierno chileno, en conjunto con las municipalidades, lograron el domingo un acuerdo para aumentar los recursos destinados a salud pública, lo cual pone fin a las movilizaciones que se realizaron en el sector.

El presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, dijo que el acuerdo permitirá inyectar más de 60 millones de dólares a los consultorios del país.

Entre los puntos incluidos en el acuerdo aparece el aumento per cápita de las prestaciones de salud, equivalente a 10 por ciento.

El presidente de la comisión de salud de la asociación de municipios, Gonzalo Navarrete, valoró el acuerdo de positivo al señalar que "es más de lo que ellos habían presupuestado".

En general, dentro del sector público, los reajustes van a estar en alrededor de 5 por ciento en el tema de las prestaciones y aquí logramos que fuera 10 por ciento, manifestó Navarrete.

En caso de que los acuerdos no pueden concretarse por la vía administrativa antes del próximo 23 de septiembre, existe el compromiso de legislar en la materia, indicaron los dirigentes gremiales.

La semana pasada la Confusam comenzó una serie de protestas en demanda de mayores recursos para los servicios, situación que provocó dos paralizaciones de 48 horas en todos los consultorios públicos del país.

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Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor mundial de armamento a pesar de la crisis

RIA NOVOSTI

Estados Unidos afianzó el pasado año su posición de principal proveedor mundial de material bélico a pesar de la crisis económica global, escribe hoy el periódico The New York Times.

Washington se adjudicó en 2008 contratos por valor de 37,8 mil millones de dólares en materia de la exportación de armamento, lo que supera en 12,4 mil millones de dólares el resultado del año anterior y equivale al 68,4% del importe total de estas transacciones a escala global, consta en un informe elaborado por el Congreso de EEUU.

Los contratos más importantes de 2008 fueron la venta de sistemas antiaéreos estadounidenses a Emiratos Árabes Unidos, por 6,5 mil millones de dólares; suministro de cazas a Marruecos, por 2,1 mil millones de dólares; y la exportación de helicópteros de apoyo a Taiwán, por dos mil millones de dólares.

Italia se convirtió en la segunda exportadoras de armamento, al cerrar en 2008 contratos por valor de 3,7 mil millones de dólares. Rusia ocupa la tercera posición, con 3,5 mil millones de dólares.

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España estima un nuevo envío de otros 200 soldados a Afganistán

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estimó en 200 el envío de nuevos soldados españoles a Afganistán para reforzar la seguridad en el país asiático tras el aumento de la violencia en la zona.

"Enviaremos más tropas si es necesario y es probable que sea necesario. Es probable que la ministra de Defensa, además de informar sobre la situación, plantee en el Parlamento español el aumento de tropas en torno a 200 efectivos", indicó a la radio.

De esta forma, Rodríguez Zapatero confirmó el anuncio hecho por la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien indicó que si las condiciones de seguridad después de las elecciones de agosto pasado requieren un aumento de tropas, volverá a acudir al Congreso para solicitar un refuerzo del contingente español en Afganistán.

El aumento de las tropas que está en estudio podría ser mayor, según fuentes militares.

El Ministerio de Defensa se plantea prolongar el despliegue de los 450 militares que se integraron en la misión de forma temporal para la seguridad en las elecciones, mientras se maneja, según los expertos, que el contingente español pasaría de 780 soldados a más de 1.200.

Por último, el presidente del Gobierno destacó la necesidad de renovar un plan para la salida militar de Afganistán y en este sentido se comprometió a que se trate el asunto durante la presidencia española de la Unión Europea (UE) en 2010.

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Israel amplía sus asentamientos en Cisjordania

El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, autorizó hoy la construcción de 366 viviendas en los asentamientos en Cisjordania, por primera vez en seis meses de existencia del gobierno de Benjamín Netanyahu, informaron fuentes del departamento militar.

Según las fuentes, próximamente será autorizada la construcción de otros 84 apartamentos en los asentamientos en la misma región.

La prensa local interpretó esa decisión como un paso encaminado a apaciguar a las fuerzas de derecha en la coalición gobernante y como preludio a la moratoria parcial sobre la ampliación de asentamientos con objeto de reanudar el diálogo con los palestinos.

La ampliación de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados es el óbice principal para reactivar el proceso de paz en Oriente Próximo, suspendido tras la llegada al poder del gabinete de Netanyahu, y un factor irritante en las relaciones de Israel con EEUU.

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Irán: El presidente Mahmud Ahmadineyad considera cerrado el caso nuclear

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, se mostró dispuesto hoy a discutir con su homólogo estadounidense, Barack Obama, varios asuntos internacionales sin incluir en la agenda el programa nuclear de Teherán.

"Quisiera reiterar nuestra disposición a mantener el diálogo sobre asuntos internacionales en presencia de medios de prensa por ser ésta la mejor vía para resolver los problemas", dijo Ahmadineyad en una rueda de prensa en la capital iraní, citado por France Presse.

Al destacar que Teherán considera "cerrado su caso nuclear", el presidente de Irán se negó a "sostener las conversaciones sobre nuestros derechos incuestionables" (en energía nuclear) y al propio tiempo, se mostró dispuesto a mantener un diálogo "justo y lógico" con el sexteto (EEUU, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania) para arreglar la situación en torno al programa nuclear iraní.

"Irán planeó dos cosas: crear las posibilidades de usar la energía nuclear con fines pacíficos y prevenir el desarrollo de armas nucleares", indicó Ahmadineyad y explicó que se trata de una respuesta a la exigencia (del sexteto) de reanudar las conversaciones.

Anteriormente, Ali Ashgar Soltani, representante de Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica, anunció que en las posibles conversaciones con el sexteto de mediadores internacionales no se abordará la problemática nuclear iraní, puesto que "únicamente el OIEA puede inspeccionar las instalaciones nucleares de Irán".

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