viernes, 11 de septiembre de 2009

Crisis económica y mercado de las armas

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Brasil está comprando equipamiento bélico (de Francia) por un valor cercano a los 12 mil millones de dólares. El gasto incluye un submarino nuclear y aviones de combate.

Con esta masiva compra de equipamiento bélico a Francia, Brasil se convierte en uno de los principales compradores de armas en el ámbito de los países en vías de desarrollo, al mismo tiempo que se refuerza como la mayor potencia militar de la región. 

Brasil no obstante, para ser potencia regional debe entrar en la liga mayor de las viejas potencias, por lo tanto se debe comprometer cada vez más con la alianza transatlántica que es una forma subsidiaria de representar el colonialismo e imperialismo tradicional. 

Brasil no se “arma” para equilibrar el poderío de EEUU. Al contrario, Brasil se corona como el embajador de las potencias occidentales en la región como su poder subrogante. 

Hay que considerar que Estados capitalistas con ejércitos poderosos, son en la práctica las elites del poder armadas hasta los dientes, y Brasil es un ejemplo de una elite que no ha cedido su poder como lo puede comprobar el Gobierno de Lula diariamente. 

No es una incógnita que Brasil aspire a ser potencia bélica. Es una crónica anunciadísima a partir del semi colapso de la Trilateral, con el fin del poder de la Ex URSS. La alianza transatlántica ya no da más en su esfuerzo por controlar un mundo desprogramado a partir del fin de la bipolaridad americano-soviética. Brasil es exactamente lo que necesita esa alianza para recuperar el control total de zonas estratégicas claves en el hemisferio occidental. 

Francia a su vez, comienza a competir como el segundo vendedor de armas a los países en vías de desarrollo. Rusia no recupera aún su nivel de ventas de 2007. 

La carrera armamentista no cede a pesar de la crisis económica mundial. Esta operación representa más de un 25 % del valor total de venta de material bélico a los países en vías de desarrollo en 2008. 

Preocupante y vergonzoso. Hay dinero para reforzar la capacidad bélica mientras el mundo en vías de desarrollo enfrenta una de las peores crisis de alimentos post Segunda Guerra Mundial, como señalan los informes de la FAO en 2008. 

Según un informe del Congreso de EEUU (2008), los principales compradores de la venta de armas en el mundo son países en vías de desarrollo. 

El principal vendedor es EEUU con ventas por U$S 37.8 mil millones en 2008 representando el 68% del mercado, cuyos principales clientes están en Asia y el Medio Oriente. 

La venta a los países en vías de desarrollo ascendió en 2008 a 42 .2 mil millones de dólares, un nivel levemente superior a las ventas en 2007 que alcanzó 41 .1 mil millones, pero igualmente se sitúan bajo un clima de advertencia de una crisis económica. 

Una gran proporción de las ventas de armamento de 2008, responde a procesos de negociaciones y convenios iniciados antes de la crisis económica de 2008, aunque se consolidan y se sellan cuando esta crisis comenzaba a estallar. 

Es natural que el complejo proceso de compra y venta de armas en los países, no pueda estar sujeto a los vaivenes bruscos de la economía y allí reside precisamente el principal problema. 

Hay una prerrogativa en el sistema bélico de las naciones que lo hace funcionar como el sistema paralelo por excelencia en la estructura del Estado. Es la seguridad estratégica de las naciones, y al constituir el eslabón más protegido de una supuesta democracia con participación ciudadana, se transforma en el problema que ningún sistema político ha resuelto. ¿Dónde está la política? ¿Donde están los políticos? 

Seguramente sustentando el sistema paralelo de la guerra, o recogiendo dividendos en el carrusel musical del poder. 

El proceso de compra de armas con las cifras expuestas se llevó a cabo en medio de la gestación de la crisis económica, y continuó mientras se hacía más aguda. En algunos frentes de opinión y análisis se advirtió, aunque prevaleció la lógica de la protección bélica del estado. 

El lucrativo mercado de las armas de los países no se detuvo en 2008, exhibiendo una cifra de US$ 55.2 mil millones, no obstante una reducción de un 7.6% respecto a 2007. 

En un corte transversal, se percibe la incapacidad de los países con poderío bélico menor, para equilibrar el poderío militar de los EEUU. En cada región, se observan a los Estados concentrados en su poderío militar -en algunos casos de carácter nuclear-, estimulando un tipo de relaciones internacionales sobre determinadas por la variable bélica. 

El internacionalismo multilateral e integracionista, seriamente dañado con la invasión a Irak en 2003, aún no recupera las bases de confianza, elemento central en las relaciones internacionales, mientras el derecho internacional mantiene su estado embrionario y carente de poder, con un ejemplo cúspide: la demora en ratificar el Tribunal Penal Internacional. 
 
En buena medida, el voluntarismo que promueve un criterio global de bien común, y los movimientos sociales con un foco específico en la paz y el desarme nuclear, han sido cooptados en la agenda del poder. Se privilegia el comercio mientras no se ha incrementado el esfuerzo político para construir instrumentos que promuevan la integración y la cooperación. Por el contrario, se observa una reafirmación de los nacionalismos y la protección exacerbada. 

Al comprar más armamento, se confirma la disminuida confianza de los estados en los organismos internacionales y sus instrumentos. Mientras se constata una intensa economía global, no existe la misma predisposición parta obtener una paz y un orden global de seguridad con sentido humano. Por donde se observe, hay una tendencia a la tensión y a resolver los conflictos con posiciones de confrontación y de guerra. 

Es así que en medio de la peor crisis económica desde la recesión de 1929, después de una dolorosa Segunda Guerra Mundial, con varias guerras posteriores como en Corea, Vietnam, Balcanes, Medio Oriente, India-Pakistán, Irak y Afganistán (2001-2009) entre otras, para reajustar supremacías y equilibrios, las armas continúan siendo el gran negocio del sistema paralelo generado. 

El concepto de acción preventiva está instaladísimo, y el corte histórico que ha producido la exacerbación ideológica del neoconservadurismo, obliga a que la formulación política determine que el hoy y el mañana sean los elementos más constitutivos del sentido del poder. Legados, enseñanzas, el nostálgico historicismo, no forman parte de la filosofía política actual y pertenecen a los museos, si es que pertenecen a algo. 

El espacio del poder bélico está apto para las mezclas de asociaciones entre Estados en las formas más insospechadas con la sola función de proteger el capital transnacional. Brasil con su ambición más reciente de potencia, así como la más antigua de Irán, forman el “menú fusión” de una nueva manera de “cocinar” el poder internacional.

Foto: Brasil - Los presidentes Nicolas Sarkozy, Francia, y Luiz Inácio Lula da Silva antes del desfile de 7 de setiembre en la Explanada de los Ministerios en Brasilia. / Autor: Wilson Dias - AGENCIA BR

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El Estado: Objetivo ineludible de la revolución

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

La ideología neoliberal capitalista vino a imponer la necesidad de desmontar el poder del Estado en función de los intereses y reglas del mercado globalizado, regido por las fuerzas económicas transnacionales, en particular, de las asentadas en territorio estadounidense.

Esto logró que en algunas naciones se procediera a privatizar aquellos servicios públicos y empresas básicas que eran patrimonio del Estado, procediendo a despojarlo de muchas de sus funciones, lo cual hizo que empeorar la situación social y económica de los ciudadanos, creyéndose erróneamente que la inversión privada extranjera aumentaría los niveles de bienestar, en una proporción similar a los disfrutados en las grandes potencias capitalistas industrializadas. De tal suerte, el Estado pasó a ser controlado por el mercado, quedando relegado a un segundo plano el Estado de bienestar social que fuera erigiéndose paulatinamente desde mediados del siglo XX y, junto con él, las necesidades populares: salud, educación, vivienda, agua, electricidad, tierras, sustentabilidad ambiental, entre otras igualmente vitales e importantes. 
 
Pero, a medida que el neoliberalismo económico se perfilaba conquistador en las naciones del mundo, especialmente en nuestra América -con un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que subordinaría totalmente la economía hemisférica a la de Estados Unidos- fue surgiendo al mismo tiempo una corriente en ascenso de resistencia popular (movilizada espontáneamente en la mayoría de los casos, sin dirección política definida, como acaeció en Venezuela el 27 de febrero de 1989); al principio como focos aislados, pero que, gracias a las mismas telecomunicaciones controladas por las transnacionales, terminó articulándose de modo solidario y con algunas concepciones más o menos comunes en todos los continentes del planeta, conformando una heterogénea resistencia al capitalismo neoliberal que, luego, adquirió un matiz político y antiimperialista hasta convertirse prácticamente en política de Estado con algunos gobiernos latinoamericanos de tendencia progresista y/o revolucionarias. 
 
Aún con este leve, pero significativo declive del neoliberalismo económico en nuestra América, su propuesta de modificar -de uno u otro modo- las estructuras del Estado burgués-liberal tendría que retomarse y repensarse en función de los cambios políticos, económicos, sociales, culturales y militares que han de producirse en beneficio del pueblo, suponiendo un cambio estructural enmarcado en lo que sería el poder popular y el socialismo, sin ningún resabio reformista del pasado. Por eso, cualquier tentativa dirigida a permitir el ejercicio de la democracia participativa y, con ella, la posibilidad de llevar a cabo una revolución socialista bastante amplia y popular, tendrá como objetivo ineludible el control y la transformación radical del Estado, ya que su concepción secular responde a los intereses de las clases dominantes en detrimento de los intereses de las mayorías populares. 
 
Todo eso debe cambiar, pero exige de los nuevos gobernantes progresistas y/o revolucionarios una voluntad política que trascienda el marco de sus funciones oficiales, capaz de abordar audazmente el problema del poder, horizontalizándolo, haciendo al pueblo co-partícipe de ello en una primera etapa, pero siempre apuntando al objetivo matriz de la revolución socialista de darle todo el poder al pueblo; si no, carecería de todo rasgo y contenido realmente socialistas y revolucionarios. Esto, incluso, podría impulsarse de forma combinada, articulando la práctica revolucionaria de los movimientos sociales y las gestiones del gobierno hasta que los primeros estén en capacidad de asumir, de acuerdo a su evolución y dinamismo sin pausas, las funciones que a este último compete, lo que marcará un antes y un después definitivo respecto a la vigencia del Estado como órgano rector de nuestra sociedad. “El nuevo Estado -como bien lo advirtiera Kléber Ramírez en su obra Venezuela: la Cuarta República (o la total transformación del Estado)- debe dirigir el desarrollo de la democracia de abajo a arriba, comenzando por hacer que todas las comunidades se hagan responsables de su propia gestión, eligiendo ellas mismas sus autoridades administrativas, elaborando y jerarquizando sus planes autogestionarios, en fin, desarrollando todo su potencial de responsabilidad”; cuestión que ahondaría de mejor modo la práctica democrática, erradicando la perniciosa división existente entre gobernantes y gobernados (amén de la lucha de clases), tan característica del capitalismo y de la democracia representativa.

Imagen: “El Leviatán” de Thomas Hobbes.

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El FMI y Terrabusi-Kraft, un bocado amargo para el “progresismo”

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Volver al fondo

El ministro de economía, Amado Boudou, recorre aceleradamente el camino que lo lleva al llamado “financiamiento internacional”, que en pocas palabras, no significa otra cosa que la vuelta al FMI. Para esto, ha entrado fervientemente en una política de gestos de buena voluntad hacia los organismos internacionales, que empezó por reuniones reservadas con los capitostes del fondo y que continúo con un canje de bonos que el “mercado”, ahora exultantemente kirchnerista, aplaude a rabiar ya que da garantías de que el país no caiga en default (cesación de pagos), por lo menos por este año. 

Boudou da una muestra de generosidad sin límites a los bonistas, al incrementar los intereses y las compensaciones por todo el capital paralizado durante el tiempo en que el Indec mentía sobre los índices inflacionarios. 

El acercamiento desembozado del kirchnerismo a los “buitres” con respecto a la deuda externa, implica un cambio de política y una rendición ante los hechos. Toda la perorata de las negociaciones “dignas que confrontan con los fondos buitres” se fue por el caño y se inaugura el tiempo de las nuevas relaciones carnales, esta vez, “nac & pop”. 

El “mercado” acabó por creerle a Cristina que los títulos se pagarán a rajatabla y que la Argentina honrará sus compromisos externos, empezando por pagarle al Club de París.

Dos simples hechos, marcan lo que para el kirchnerismo es la profundización del modelo surgido como mandato de las elecciones de junio: el primero es que los Kirchner se han vuelto soldados disciplinados de las políticas de Obama (la cumbre del Unasur es una muestra más que evidente) porque su primera y única preocupación está en la conservación de la gobernabilidad; la segunda, es la visión de una oposición patética, que no está en condiciones de unificar una política coherente de vista a la crisis que se abre y que da pocas garantías para el mantenimiento de un buen clima de negocios. El kirchnerismo puede ser un caos, pero lo será siempre en menor grado que el que rodea a la oposición que lo enfrenta. 

Finalmente Kirchner tuvo su plebiscito y el capital internacional voto por él.

Las recetas que exige el fondo son las convencionales: ajustes de gastos sociales, inflación contenida vía “enfriamiento de la economía”, superávit fiscal vía una mayor presión impositiva y tarifazos, congelamiento de salarios. Medidas todas antipopulares, pero que intentan resolver la crisis de financiamiento capitalista descargando el mayor impacto sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. 

Junio, surgió como respuesta a esta crisis, se sabía que estas medidas debían ser aplicadas antes de fin de año y se necesitaba un proceso electoral que las avale, por eso se adelantaron las elecciones. El problema estaba en ver quien las aplicaba, si un gobierno desgastado ante los ojos de la opinión pública o una oposición renovada a partir de hacerse con las banderas derechistas que dejaron un año de presión sojera. La oposición superó la prueba de los votos, pero de ninguna manera pudo superar los aspectos prácticos que la consolidarán como una fuerza política confiable frente a la decadencia kirchnerista, por eso el imperialismo opto “por el malo conocido” y el matrimonio presidencial recuperó la ofensiva política.

Binario y sincrético, la etapa del progresismo

El umbral de expectativa de los seguidores “progresistas” a las políticas del gobierno es cada vez más bajo. El problema con estos sectores es que están inundados de una ideología posibilista y de un oportunismo sin límites. Toda la complejidad de la doctrina centroizquierdista se resume en el desarrollo de la consigna de “es lo que hay”, que lleva la marca de la resignación y la impotencia de una centroizquierda timorata y quebrada, cuyo ánimo predominante es la integración al Estado. 

“Las cosas no son lo mejor, ni siquiera son buenas, pero son las posibles”. Esto habilita cualquier tipo de estafa y contrabando “apoyando lo que está bien y criticando lo que está mal”. Frente a las iniciativas oficialistas, la mayor parte de los referentes denominados kirchneristas críticos, no hacen otra cosa que subordinarse acríticamente a los caprichos del poder; es decir, sin tener en cuenta la orientación general que toman las políticas del gobierno tanto en el plano interno como en el externo. La insistencia de que “a la izquierda de Kirchner y Cristina no hay nada” actúa como tesis que termina por justificar esta subordinación. 

El pensamiento centroizquierdista, perdido de toda complejidad intelectual por sus agachadas oportunistas ante el oficialismo, se vuelve binario, esto es, se resuelve entre dos términos: Kirchner o la derecha; democracia o golpe; ley de medios o Clarín; Cristina o el campo y así sucesivamente. 

Poco importa que todos los días aparezcan elementos que esclarecen sobre la orientación proimperialista de su gobierno y que inclusive las “grandes contradicciones” como las llaman, sean una manifestación ostensible de esta política antipopular; la centroizquierda crítica encontrara siempre algún elemento del cual colgarse, para ver en el kirchnerismo “la representación más sabia del progresismo argentino”. Ahora han encontrado ese elemento en la “antimonopólica ley de medios”, que ampliará la posibilidad de expresión de las telefónicas y otros grupos vinculados al kirchnerismo. La paradoja del centro izquierda es tan brutal que estos defensores de la “libertad de expresión” son capaces de censurar y de tildar de derecha todo otro razonamiento que se muestre independiente en el enfrentamiento entre Clarín y Telecom. 

¿Qué dirán ahora, estos acérrimos defensores del progresismo antioligárquico oficialista, cuando sale a la luz que el gobierno engordo con un subsidio de 10 millones de pesos a lo propietarios de un feed lot de Carlos Casares? ¿Qué dirán ahora, los que se dicen defensores de los pibes del conurbano, cuando Daniel Scioli saca una ley provincial que permite a la policía brava bonaerense la “retención de jóvenes sospechosos de haber tomado alcohol” sin que hayan cometido ningún otro delito? ¿Cómo actuarán para defender los derechos del consumidor, cuando el gobierno se apresta a asentar un golpe mortal a los salarios congelados incrementando las tarifas, al servicio del acuerdo con el fondo? 

Posiblemente, como siempre, seguirán defendiendo la libertad de expresión para no decir nada.

Pero el pensamiento centroizquierdista tiene otra característica, es sincrético, en el sentido de hacer confluir posturas enfrentadas en una sola razón. 

Las políticas represivas del gobierno se resuelven para estos sectores detrás del velo del “progresismo” y de las diferencias de métodos con los trabajadores que luchan; aunque las balas de goma penetren la piel y la percutan provocando un ardor amargo, entre los trabajadores despedidos de Kraft-Terrabusi, los piqueteros de Caleta Olivia, los municipales cordobeses y jujeños, esto no altera el supuesto carácter progre que la centroizquierda le adjudica al oficialismo. 

La apelación al recurso represivo por parte del poder kirchneristas, debería desmentir de inmediato los argumentos de estos “demócratas”, pero parece que a ellos sí, las balas no les entran. Es un nivel de integración repugnante a las políticas del Estado. 
 
Apoyar la lucha o abandonarla por diferir con los métodos

Las supuestas diferencias de métodos con las protestas populares, no deberían, bajo ninguna circunstancia, servir de justificativo para la represión entre aquellos que se denominan integrantes del campo popular.

Rodolfo Daer, secretario general del gremio de la alimentación, declaró frente a la represión en la fábrica Terrabusi, que él tampoco “compartía los métodos” con los que los trabajadores luchan por la reincorporación a sus puestos de trabajo y con esto justificó no acercarse a la fábrica en conflicto. En realidad, Daer comparte los métodos de la patronal yanqui en contra de los trabajadores y espera su derrota en la lucha, para seguir adelante con los negociados con los empresarios de Kraft-Terrabusi.

¿Que diferencia a la centroizquierda prokirchnerista del gordo Rodolfo Daer? ¿Acaso la represión por parte de la infantería a obreros desarmados no sirve para cambiar la caracterización de un gobierno? 

El kirchnerismo esta enfrascado en una lucha intermonopólica donde ha tomado partido por las telefónicas; de conjunto la centroizquierda ha salido a saludar esta iniciativa considerando que los rasgos progresistas, con los que insisten en investir al kirchnerismo se vuelven tangibles en la lucha contra Clarín. “Ahí está vieron… este es un verdadero gobierno popular al que no nos cansaremos de apoyar”. Mientras tanto, otro monopolio desconoce las medidas de conciliación obligatoria y reprime con las fuerzas estatales a los trabajadores que luchan para defender su organización gremial y esto no aparece como prioridad en la agenda progre.

Progre… no progre

Ni la ley de medios ni Terrabusi, son un bocado dulce para la centroizquierda argentina. La primera, los muestra como censores sistemáticos a las opiniones que enfrenten a los monopolios en pugna, terminando objetivamente por defender los intereses de las telefónicas. La segunda, como defensores de un gobierno que se sostiene en las herramientas represivas en contra de la lucha popular.

La multinacional Kraft-Terrabusi, ha desconocido la legislación laboral argentina al no respetar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. El gobierno kirchnerista ha mandado las tropas a reprimir a los trabajadores, no a los empresarios ilegales. Otro gesto de buena voluntad para los acuerdos con el fondo. 

Mientras tanto, los referentes de la centroizquierda argentina siguen deshojando la margarita del “es progre… no es progre” de un gobierno abiertamente inclinado hacia la derecha.

Foto: Argentina - La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al gobernador bonaerense, Daniel Scioli. / Autor: Presidencia de la Nación

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Argentina: Terrabusi-Kraft: Resistencia, lucha y represión

Zula Lucero (INDYMEDIA)

El conflicto en la fábrica alimenticia se inició cuando la empresa, Kraft Foods Terrabusi, despidió a 160 trabajadores, incluido los integrantes de la Comisión Interna, varios delegados y tres miembros de STIA (Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación), en represalia a la exigencia de medidas sanitarias frente a la epidemia de la Gripe A, por parte de las y los trabajadores.

El 18 de Agosto el Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó la inmediata reincorporación de los 160 despedidos. La empresa de capitales Yankees no acató la medida, ni la intimación posterior que realizo el Ministerio de Trabajo.

El conflicto en la fábrica alimenticia se inició cuando la empresa, Kraft Foods Terrabusi, despidió a 160 trabajadores, incluido los integrantes de la Comisión Interna, varios delegados y tres miembros de STIA (Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación), en represalia a la exigencia de medidas sanitarias frente a la epidemia de la Gripe A, por parte de las y los trabajadores.

El 18 de Agosto el Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó la inmediata reincorporación de los 160 despedidos. La empresa de capitales Yankees no acató la medida, ni la intimación posterior que realizo el Ministerio de Trabajo.

El 24 de Agosto, cuando los trabajadores intentaron ingresar a la fábrica, fueron reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos por la policía bonaerense. La empresa justifico el accionar policial aduciendo que fue en respuesta a agresiones de los obreros.

Uno de los integrantes de la comisión interna, Ramón Bogado, denunció -a una radio- la brutal represión: “los policías reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma tanto a los familiares que estaban fuera de la planta como a los obreros que se encontraban en el interior”.

La empresa mediante un comunicado intento explicar la presencia policial alegando que respondía a “órdenes emanadas de la Justicia, tendientes a proteger al personal del accionar violento y delictivo de este minoritario grupo de despedidos y así permitir que el establecimiento retome su normal funcionamiento".

Por su parte la Comisión Interna expreso: “La empresa Terrabusi Kraft ha difundido su posición, en la que pretende transformar un conflicto gremial en un conflicto penal, acusando a los trabajadores de “criminales”. Kraft pretende ocultar que es ella la que se encuentra en la ilegalidad, ya que no acata la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo el martes 19, que exige reintegrar a los despedidos a sus puestos de trabajo.” El 1° de Septiembre la Comisión Interna denuncio que la empresa ha alambrado los portones de ingreso, colocó cámaras en todo el perímetro interno de la fábrica y en las secciones y aumentó el número de policía interna amedrentando a las trabajadoras y trabajadores para que se retomen las tareas. “Hacemos responsable a la dirección de la empresa y al ministerio de Trabajo de la integridad física de todas las trabajadoras y trabajadores.”

El abogado de la Comisión Interna, Roberto Carpano, expresó al diario zonal La Autentica Defensa, refiriéndose a los hechos producidos el 4 de septiembre: “el monopolio norteamericano Terrabussi Kraft - Food, que se burla de las leyes argentinas y quiere castigar a sus trabajadores en un verdadero lock out patronal, ha declarado asueto, desalojando a los trabajadores del turno mañana y no permitiendo el ingreso al turno tarde. La empresa esta utilizando a la Fiscal Laura Capra, fiscal del Juzgado nº 1 de Talar de Pacheco.-Tigre para que ordene el desalojo de la planta…Asimismo hemos reclamado legalmente al Señor Juez de Garantías Ricardo José Costa del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Isidro a que rechace cualquier presión tendiente a vulnerar el legítimo derecho que tienen los trabajadores a defender su fuente de trabajo."

En la madrugada del lunes 7 de septiembre un fuerte operativo policial, impidió el ingreso del personal despedido a la empresa Kraft Foods-Terrabusi de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires.

En horas de la tarde, los trabajadores y trabajadoras, tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo y denunciaron que mediante la inacción del Ministerio de Trabajo se avala el accionar de la empresa: “El Ministerio de Trabajo claramente avala la postura de la empresa norteamericana que no quiere que los despedidos ingresen a la planta, lamentable papel del Ministerio de Trabajo de nuestro país, que no se pone colorado al ubicarse del lado de este monopolio de la alimentación. Más aun declara no tener ingerencia para hacer que la policía de la provincia que está dentro de la fábrica se retire.”

Entre las exigencias de la Comisión Interna esta el llamado a un paro nacional, en defensa de los derechos laborales y contra los despidos. Reincorporación de todos los despedidos. Pago de los salarios caídos, dentro de la conciliación obligatoria no acatada por la empresa y el inmediato retiro de la policía bonaerense de la fabrica.

Luego de vencida la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo este jueves 10 de septiembre, los trabajadores y trabajadoras de Terrabusi- Kraft junto a diferentes organizaciones sociales y políticas cortaron la Panamericana a alturas de Pacheco, primero a las 7 de la mañana y luego a las 14.30hs. Mientras tanto dentro de la planta los trabajadores y trabajadoras están en huelga general.

Manuel Pelayo, Integrante de la Comisión Interna, denuncio que la empresa Kraft Food quiere comprar Cadbury Stani y fusionar las empresas lo que significaría miles de despidos. Además exigió la intervención del gobierno nacional: “Debe intervenir el Estado Nacional, no puede ser que nos hayan reprimido dentro de la fabrica con balas de goma y palos. No somos delincuentes, somos trabajadores que luchamos por nuestros puestos de trabajo.”

Foto: Argentina, Conflictividad laboral – Movilización en la puerta de la fábrica de Kraft Food (Henry Ford y Panamericana). / Autor: PCR

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Seineldín, otro muerto impune

María Cristina Caiati (especial para ARGENPRESS.info)

Los medios de comunicación tienen la facultad de “vestir” a los muertos con atributos especiales; máxime si se trata de un uniformado que se ha destacado a lo largo de su “vida pública” con conductas por lo menos curiosas, aunque capaces de aggiornar una clara y consecuente ideología fascista.

Es el caso de Mohamed Alí Seineldin, que falleció a principios de setiembre, abatido por su corazón, muy lejos de un anhelado “teatro de operaciones” de guerra

Alguna vez, alguien con sabiduría en esto de profundizar en la psiquis humana, analizará la vocación histriónica -entendida ésta como tendencia a la teatralidad-, de los militares del Terrorismo de Estado; son incontables los ejemplos de efectivos castrenses y de seguridad que se disfrazaban para secuestrar y desaparecer gente, sin ir muy lejos; y no sólo por la necesidad de ocultar una conducta que ellos sabían, de antemano, ilegal, reprobable; sino fundamentalmente para divertirse con el sufrimiento de las víctimas.

Es en virtud de ese histrionismo que Seineldin quedó en el imaginario social, aún antes de su fallecimiento, como un militar de conducta, profundamente apreciado por sus subordinados en Malvinas; muy religioso, paño de lágrimas de una desairada ex primera dama.

¿Su golpismo y los muertos que produjo? No tienen importancia, purgó prisión por eso: pasó 13 años en una cárcel VIP; el consejo supremo de las fuerzas armadas le concedió “salidas laborales” de la prisión en Campo de Mayo: 8 horas diarias, de lunes a viernes; sus allegados le crearon entonces el cargo de “consultor” en la agencia de seguridad Fidei, con oficina en el barrio porteño de Flores. 

Su proverbial histrionismo le permitió disimular su larga, extensa trayectoria antes y durante el Terrorismo de Estado: fue nexo entre la Triple A y el ejército; participó en la represión del 20 de junio de 1973 en Ezeiza; figuró entre los legionarios argentinos que actuaron en Bolivia en tiempos del sangriento cuartelazo militar de los “generales de la droga”; en setiembre de 1980, con el grado de teniente coronel, jefaturizó el regimiento de caballería 25 en Chubut, en jurisdicción de la zona 5, área 53 subzona 532 que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires (partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Cnel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Cnel Pringles, González Chávez, Cnel Dorrego,Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, Patagones), y provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Con la apertura del período constitucional, el presidente Raúl Alfonsín lo designó agregado militar en Panamá, con influencia en toda América Central; corría 1984 y un grupo de militares argentinos, se había asentado en Tegucigalpa para ayudar a la contra nicaragüense en su cruzada contra la revolución sandinista y, de paso, para entrenar a los uniformados hondureños en esto de secuestrar, torturar y desaparecer opositores; de ello puede hablar con mucho fundamento Berta Oliva, una dirigente hondureña que perdió a su marido por aquellos años y que jamás dejó de reclamar -aún hoy, con el sangriento cuartelazo cívico-militar en ese desgraciado país- verdad y justicia.

Los oficiales argentinos instalados en Honduras, estaban encabezados por el coronel Osvaldo Ribeiro (a) Balita, hombre de “Inteligencia” del ejército con pedido de extradición cursado por la justicia francesa, por su participación en la desaparición forzada de europeos en el marco del Plan Cóndor, entre ellos el ciudadano franco-chileno Jean-Yves Claudet Fernández, el 1 de noviembre de 1975; como jefe de la “Inteligencia” del ejército argentino, Ribeiro trabajaba en colaboración con la policía militar de Pinochet. “Balita” estuvo detenido brevemente en Buenos Aires, en diciembre de 2002, después la impunidad lo protegió con su manto

Además de estas actividades, el grupo adquirió cierta notoriedad por haber “distraído” dinerillos que obtenía una facción del ejército del que formaba parte el ya fallecido Carlos Guillermo Suárez Mason (a) Pajarito, asociada a los grandes barones bolivianos de la droga, mediante la comercialización de sustancias psicotrópicas para financiar sus “actividades”; de esto puede hablar mucho y muy bien el paramilitar argentino, contador del Batallón de Inteligencia 601, Leandro “Lenny” Sanchez Reisse, hombre ligado al agente de inteligencia y paramilitar Raúl Guglielminetti (a) mayor Guastavino, con quien se desenvolvió en el marco de la Operación Cóndor desde Miami. En 1987, “Lenny” habló sobre estos temas ante la Comisión de Terrorismo, Narcotráfico y Operaciones Internacionales del Senado norteamericano.

No resulta fácil creer que el líder de los carapintadas -que murió con perfil bajo, según algunas crónicas periodísticas- haya desconocido estos avatares, detentando como lo hacía la agregaduría militar en Panamá, con influencia en Centroamérica. Hay que anotar también que en 1986, el entonces presidente de Panamá, general Manuel Noriega, lo contrató para que entrenara a su guardia personal en reprimir con eficacia a los opositores a su régimen.

De regreso a este generoso país, Seineldin fue ascendido a coronel, pese a las impugnaciones planteadas por los organismos humanitarios.

Figuran, entre sus últimas actividades -de acuerdo con declaraciones de un subordinado suyo, Gustavo Breide Obeid- acciones de apoyo y ayuda médica en localidades humildes de Santiago del Estero; muchos de los damnificados tradujeron esas actividades como maniobras respaldadas por un empresario de la salud, para proteger sus negocios y despejar de intrusos ciertos campos de esa sufrida provincia.

Un muerto ilustre para algunos; en realidad, otro muerto impune.

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RSE, maquillaje petrolero en Patagonia

Marc Gavaldá - Hernán Scandizzo (OPS)

Las empresas transnacionales han realizado en los últimos años grandes esfuerzos en generar una imagen de interés por el bienestar comunitario y preocupación por el saneamiento de los impactos resultantes de su actividad. Estas iniciativas, en respuesta a los cuestionamientos de las comunidades locales y movimientos sociales -o anticipándose a ellos-, se enmarcan en la estrategia de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también denominadas campañas de lavado verde cuando entran a escena con un discurso ambientalista.

Los nuevos enfoques de imagen corporativa sugieren que para que una empresa transnacional cumpla con éxito su objetivo de ser socialmente responsable debe cambiar de paradigma y pasar de un enfoque shareholder -donde la única prioridad es reportar el máximo de beneficio a los accionistas- a un enfoque multistakeholder -a partir del cual abre procesos de diálogo social con sus grupos de interés para recoger sus preocupaciones.

Los grupos de interés -conformados por accionistas, clientes, trabajadores, proveedores, gobiernos y comunidades locales- exponen sus inquietudes específicas -creación de valor de sus productos, lucha contra el cambio climático, seguridad de los empleados, gestión ética y transparente, diálogo y cooperación con la comunidad, desarrollo profesional de los empleados, derecho a la sindicalización, disminución de los impactos ambientales, defensa de los territorios indígenas, protección de la biodiversidad, mejores productos, mejor atención, seguridad en el suministro, etc.- que son consideradas por la empresa. Esta adaptará su visión y sus estrategias al objeto de afrontar de la mejor manera posible los retos planteados.

Dichos grupos pueden seguir el cumplimiento de estos objetivos/compromisos a partir de la ‘Memoria social y ambiental’ que, de forma voluntaria, hará cada año la empresa y será revisada por una auditora o consultora de prestigio que valida las afirmaciones que fundamentan el informe. Inversores y consumidores pueden decidir soberanamente qué productos consumir y dónde colocar sus ahorros a partir de la información volcada en las memorias.

Este es uno de los marcos teórico-prácticos en los que se fundamenta la RSE según empresas y gobiernos. En la práctica, el carácter de esos informes, redactados por la misma empresa y respaldados por entidades consultoras pagadas por ésta, carecen de credibilidad científica y se inscriben más bien en el campo de la publicidad, aunque intentan aparentar lo contrario. Cuando se aborda y profundiza en las contradicciones de esos informes de RSC afloran múltiples ejemplos donde la filantropía corporativa impone modelos exógenos de desarrollo en las comunidades donde quiere generar consenso. Por lo que se concluye que las inversiones sociales son entonces un instrumento para prevenir, ocultar o manipular las denuncias contra las empresas. (1)

“La ETN [empresa transnacional] está obligada a maximizar beneficios para los accionistas. Esta obligación de ganar dinero por encima de cualquier otra consideración significa que las ETN sólo pueden ser socialmente responsables si no son sinceras. Es altamente improbable que los beneficios sociales de la RSE estén por encima de las pérdidas que la misma compañía le genera a la sociedad desde otras áreas”. (2)

En Patagonia

Las prácticas de RSE no son nuevas en Patagonia, ejemplos de donaciones a comisiones de fomento, hospitales y escuelas son habituales. Estos lifting corporativos no siempre se realizan abiertamente sino que en ocasiones se tercerizan hacia organizaciones no gubernamentales. Un ejemplo es la estrategia de la empresa minera Meridian Gold (hoy Yamana Gold) denunciada por los opositores a la explotación del Cordón Esquel, en el noroeste del Chubut.

Entre setiembre y octubre de 2003 la compañía se reunió en Buenos Aires con las consultoras Bussiness for Social Responsability (BSR) -de Estados Unidos- y Braga Menéndez y Asociados -de Argentina- para diseñar un plan de acción para revertir el rechazo a la mega minería metalífera, que el 23 de marzo había triunfado con el 81% de los votos en un plebiscito por el SI o el NO a la mina. Ambas empresas recomendaron la intervención de ONG’s que gozan de aceptación social para lavar la imagen del proyecto. (3) 

Un audio de aquella reunión fue difundido por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina el 17 de marzo de 2005. En el comunicado que acompañó la grabación transcribieron algunos fragmentos: “Nosotros hemos individualizado cuatro ONG’s, faltaría una quinta, independientemente de alguna otra que se pueda encontrar, que creemos pueden realizar algún tipo de tarea, ser de utilidad en algún momento, y tenemos que contrabalancear la participación de Greenpeace con la participación de ONG de reconocida participación y prestigio como para hacer algún tipo de balance. Las que nosotros identificamos son la Fundación Vida Silvestre; Cambio Democrático; Poder Ciudadano y FARN, y hay una fundación que trabaja en los temas de gestión empresarial responsable”. (4)

En aquel encuentro también se refirieron al ‘problema mapuche’ y previeron la intervención de una ONG acorde a esa estrategia: “Hay una fundación que trabaja mucho con los mapuches en la Patagonia y la Cristina Miguens. Su hermano Carlos Miguens es un accionista fuerte, él vendió la empresa (Minera El Desquite dueña del Proyecto Cordón Esquel) a Meridian Gold, pero esto [los mapuche] es como un grupo secundario, pero para prevenir cualquier movilización sobre el tema indígena”.

Del testimonio se deduce que Cruzada Patagónica (FCP) sería la fundación en cuestión, debido al estrecho vínculo que tiene con Cristina Miguens. (5)

-Los jóvenes del Centenario

FCP no nació para lavar la imagen de empresas cuestionadas, al menos no era su objetivo cuando llegó al territorio. La fundación sentó sus bases en Junín de los Andes al cumplirse 100 años del inicio de la ‘Conquista del Desierto’, la acción militar por la que se sometió al Pueblo Mapuche en Puelmapu y consagró el modelo agroexportador. Una nueva cruzada comenzaba en 1979, sin rémington, sí; otros tiempos, otros medios, el mismo territorio.

Primero desarrolló una intensa labor de promoción social en el sur neuquino, que se extendió al resto de la provincia, oeste de Río Negro y noroeste chubutense con recursos públicos y privados. Entre los contribuyentes se encuentran Chevron Argentina, YPF, TGS, Capsa Capex, Pan American Energy (PAE), ESSO Petrolera Argentina y Total. Chevron Argentina e YPF se encuentran entre las tres compañías que le aportan a más de $100 mil anuales, y ambas -junto a TGS- son consideradas “aliadas estratégicas” de la fundación. (6) Hoy FCP es una de las promotoras de las jornadas del tercer sector en Patagonia.

“Cuando aquí llegamos las Comunidades Mapuche ni siquiera se autodenominaban Comunidades, es más, algunas no estaban siquiera congregadas en torno a la conciencia de su entidad Mapuche”, afirmó Germán Pollitzer, director ejecutivo de Cruzada, en una nota de prensa institucional.(7) “Esta progresiva adquisición de capacidad y la recuperación de autoestima consiguiente, fue acompañada por Fundación Cruzada Patagónica desde sus diversos programas y proyectos, tendientes a fortalecer el conocimiento, difundir tecnología apropiada y acompañar los procesos de organización interna, gestiones y reclamos judiciales y extrajudiciales”, subrayó el abogado.

La opinión de la Confederación Mapuche del Neuquén (CMN) dista mucho de lo expresado por Pollitzer. “La Fundación Cruzada Patagónica, institución nefasta de la derecha católica, que ingresó a nuestras comunidades mapuche en 1.978, con su director Germán Pollitzer, apadrinado por el [dictador] Jorge Rafael Videla, como ‘joven brillante’. Este mediocre abogado, pero brillante colonizador, es también el responsable del llamado caso ‘robo de bebes mapuche’ [Caso Ñanco] a través del cual lo destituimos como Defensor Oficial de Junín de los Andes en los ´90”¸ afirmó la organización en un comunicado de diciembre 2003. (8) En es mismo sentido Martín Velázquez Maliqueo, lonko de la comunidad Logko Puran agregó: “Existen algunos casos muy claros en Neuquén donde este abogado convencía a las mujeres mapuche para que dieran a sus niños en adopción diciéndoles que no tenían recursos para garantizarle la crianza”. (9)

-Cruzada petrolera

La articulación con empresas petroleras catapultó a la Fundación como actor en los conflictos generados en la boca del pozo, como sucedió en la comunidad Logko Puran. Allí Pioneer Natural Resources –absorbida luego por Apache Corporation- propuso en 2006 la intervención de FCP para inventariar los impactos de la explotación petrolera y las necesidades de los comuneros. “Nosotros no aceptamos que sea la Fundación Cruzada Patagónica porque teníamos información de cómo estaba trabajando y sobre todo de quién presidía la Fundación, que es el abogado Germán Pollitzer, quien ganó la atención de las comunidades en la zona sur y utilizó para generar divisiones”, explicó Velázquez Maliqueo. (10)

La cruzada continúa pese a que los alegatos en su contra le cierran algunas tranqueras. De la mano de Apache Corporation, FCP ingresó al lof Antipán, ubicado a 58km de Zapala, y en 2008 ejecutó un proyecto para garantizar la provisión de agua. (11) “Entiendo que Repsol YPF, a través de la Fundación Cruzada Patagónica, ha construido algunos centros de salud, escuelas, ha llevado paneles fotovoltaicos a las comunidades para el suministro de energía solar”, señaló el lonko Velázquez Maliqueo. “Sé que ese trabajo lo ha hecho en comunidades mapuches de Neuquén, pero no sé específicamente cuáles. Sí podemos hablar de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ [Loma de la Lata], donde Repsol la contrató para llevar adelante el trabajo de relevamiento dentro de la comunidad y sacar a niños y jóvenes becados para estudiar en la Fundación Cruzada Patagónica [Centro de Educación Integral San Ignacio de Junín de los Andes]”, acotó la autoridad mapuche.

-Haciendo escuela

En 2001 Repsol YPF suscribió un acuerdo con FCP para otorgar becas de estudio a alumnos del CEI San Ignacio y “apoyar programas de desarrollo integral de las comunidades rurales de la zona oeste de la Patagonia, en su mayoría de origen mapuche”. “La elección de la institución no fue azarosa, se basó en sus 20 años de trabajo ininterrumpido y exitoso en la región que dan como resultado un vínculo sólido muy valorado y requerido por estas comunidades”, explicó la petrolera. (12) Según la ONG: “Las becas permiten cubrir traslados en un radio de 500km, alimentación, hogar, equipamiento y capacitación. Las otras áreas de acción están dirigidas a extender el trabajo de Cruzada Patagónica a un mayor número de comunidades rurales. Eso se logra mediante el asesoramiento legal y organizativo en comunidades Mapuche, la articulación didáctico-productiva entre nuestra escuela agro-técnica y las escuelas primarias rurales o la puesta en marcha de pequeños emprendimientos productivos (invernaderos, pasturas, asesoramiento agro-técnico, apicultura, turismo, etc.)”. (13)

La relación petrolera-fundación se sostuvo y estrechó con el paso del tiempo. Dos años más tarde, “como profundización de la alianza”, “la fundación comenzó a trabajar en comunidades del noroeste de la provincia [de Neuquén], en las localidades de Buta Ranquil, Rincón de los Sauces, Añelo y Pata Mora (sur de Mendoza), todas ellas zonas donde la compañía realiza operaciones, con la instalación de invernaderos y otras actividades”, detalló la petrolera en un informe publicado en el Directorio RSE de las Empresas Argentinas. (14)

En 2004 la corporación europea financió el proyecto “Una escuela, una granja”, iniciativa que hacia 2007 pretendía llegar a 30 escuelas de Neuquén, Río Negro y Chubut -a las que concurren unos mil estudiantes. (15) Según la información disponible en el portal de FCP, 572 alumnos de 18 escuelas rurales participan en las actividades de articulación didáctico-productiva. Mientras que el ‘Programa comunidades rurales patagónicas con más energía’, ejecutado por la Fundación y financiado por Repsol, comprende a unas 3200 personas -según cifras publicadas por la empresa-, distribuidas en nueve comunidades mapuche o campesinas: 520 en la comunidad Painefilú, 600 en Atreico, 1300 en Aucapán y Nahuelmapi, 30 en Buta Ranquil (Asociación de chacareros y frutocultores), y 750 en Naupahuen, Aguada Guzmán, Lonco Vaca y Michihuau. (16)

La educación es el centro de la labor desarrollada por FCP y el CEI San Ignacio fue durante muchos años su piedra angular. En agosto de 2007 un incendio lo destruyó completamente y en 14 meses fue reconstruido con aportes de empresas (74%), Estado (21%), donantes particulares (4%) y organizaciones de la sociedad civil (1%).(17) A tal fin Chevron entregó $2,5 millones -“la mayor inversión social” realizada por la compañía en el país (18) -, YPF, un millón de pesos, también Apache, Total, Fundación Esso, Pluspetrol, TGS e YPF Gas aportaron su óbolo.

El 9 de setiembre de 2008 se reinauguró uno de los dos edificios del CEI, del acto participaron el embajador de Estados Unidos, Earl Wayne, el director gerente de Chevron para Latinoamérica, Wes Lohec, y el presidente de Chevron en la Argentina, Ian Partridge; también el gobernador neuquino Jorge Sapag, la subsecretaria de Educación, Patricia Ruiz, y autoridades municipales. Un mes más tarde, el 10 de octubre, fue el turno del restante, durante el festejo las autoridades de la fundación reconocieron: “el enorme esfuerzo de empresas, Estado, particulares, la comunidad de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, alumnos, docentes y familiares, que permiten hoy contar con dos edificios con más capacidad y con estrictas medidas de seguridad. Entre las menciones especiales estuvieron las de los bomberos y el GAM 6 [Grupo de Artillería de Montaña]-del Ejército-, muy aplaudidos por los alumnos, que se hospedaron en el cuartel durante todo el ciclo escolar.”(19)

-Semillero

En el portal de Cruzada, en el ítem ‘Acciones no palabras’, aparece una cuantificación de sus intervenciones: “8300 es el número de destinatarios de nuestras acciones, programas o proyectos; 1.200 alumnos han pasado por nuestra escuela agro-técnica: el CEI San Ignacio; 72 adultos reciben educación mediante el sistema semipresencial; 12 km es la distancia más cercana de donde provienen nuestros alumnos, 510 km es actualmente el radio máximo de distancia de donde provienen algunos de nuestros alumnos; 11 ex alumnos han decidido continuar sus estudios en la universidad; 2 de ellos están próximos a recibirse como ingenieros agrónomos; 95% de los egresados obtienen empleos calificados, desarrollan emprendimientos en sus comunidades o continúan sus estudios universitarios”.

Resta decir que entre los egresados está José Curiñanco, lonko de la comunidad Chiquilihuin, que presidió la Confederación Mapuche del Sur (CMS) en 2006. Esa organización -que integraran las comunidades Chiquilihuín, Lafquenche y Cayulef- se presentó en sociedad en septiembre de ese año, tras escindirse de la CMN. Los detractores acusaron a la novel institución de ser funcional al partido-Estado Movimiento Popular Neuquino, cargo que desmentía; lo que resultaba innegable era la cercanía a FCP. En tiempos de la reforma constitucional neuquina la CMS impulsó el proyecto Comunidades Mapuche Autónomas (20), coincidente con Proyecto Cambio Legislativo, que promovía Pollitzer desde 2003. (21)

Evidentemente la filantropía de la Fundación no es neutra, ésta también hace su apuesta en las arenas políticas del mundo mapuche, una apuesta que no se explicita en sus objetivos. Su accionar responde a un proyecto que fomenta la armonía entre los intereses de las corporaciones que desembarcan en el territorio y las comunidades del territorio; una armonía que no resuelve la asimetría entre las partes sino que la perpetúa.

-En tierra de infieles

Antes de la reunión de Meridian Gold con las consultoras, donde se habrían referido a esta organización como alternativa para el ‘problema mapuche’, FCP proyectaba extender su misión hacia Chubut. (22) En plena efervescencia del No a la mina trascendió en Esquel que los cruzados estaban en la zona, y más tarde se confirmó el ingreso a la comunidad Lago Rosario -el Municipio de Trevelin le abrió las puertas de Casa de la Artesana (Amuan Ño Ruca Mo).

Por esos días -noviembre de 2003- comenzó junto Misiones Rurales Argentinas los estudios de prefactibilidad para la construcción de un establecimiento educativo en el Noroeste de Chubut. El proyecto avanzó, logró el apoyo del gobierno chubutense -que donó el predio y paga el sueldo de docentes y auxiliares-, y 14 de marzo de 2008 comenzó a funcionar el Centro Educativo Agrotécnico Valle de Cholila. La iniciativa está dirigida a los pobladores de “Cushamen, Gualjaina, Colán Conhué, Piedra Parada, Paso del Sapo, Villa Lago Rivadavia, Leleque y áreas cercanas a Cholila [que] se encuentran debajo de la línea de pobreza y carecen de recursos económicos para que sus hijos se trasladen, vivan y estudien en ciudades donde existe educación pública de nivel secundario y terciario”. (23)

¿En qué medida la propuesta de BSR y Braga Menéndez y Asociados a la minera se relaciona con el desembarco de la fundación en Cholila? Tal vez tenga alguna relación, tal vez ninguna, no se trata de conspiraciones sino de alianzas estratégicas: la necesidad de lavado de imagen de las empresas se transforma en fondos para la obra; hacen sinergia, se potencian. La obra tiene una ideología, en ella el nuevo desierto -sobre el que se desplaza de las fronteras minera y petrolera- es visto como un factor de progreso, de civilización.

Cruzada llegó a un terreno abonado por el Estado para que crezcan emprendimientos privados -desde establecimientos educativos a proyectos extractivos- y por sus antecedentes neuquinos se puede anticipar que no será un actor neutro en las luchas que tienen como protagonista al Pueblo Mapuche. “El CEA Valle de Cholila no pierde oportunidad de contactarse con la comunidad. Por eso, en la Fiesta Provincial del Asado, realizada en febrero, organizaron un stand en el que alumnos y docentes dieron a conocer las actividades de la escuela y las otras áreas de la Fundación. Además de vender lo producido en la escuela, recolectaron datos y conversaron con los miles de visitantes que convocó el evento.” (24)

Luego de un año de actividad FCP anunció que con fondos de la financiera JP Morgan creó y equipó la biblioteca de CEA con libros, manuales y computadora, “además de realizar actividades de intercambio con otras escuelas”. También recibió el apoyo de Chevron Argentina y “gracias a aportes de Pan American Energy” construyó un aula nueva. Una mano lava la otra y juntas lavan la cara, afirma el refranero popular… En mayo de 2007 el gobierno de Chubut renovó por dos décadas a PAE contratos sobre el área Cerro Dragón -cuenca del Golfo San Jorge- cuando faltaban 10 años para su vencimiento. (25)

La estrategia del pino

En 1996 Neuquén sancionó la ley 2183, que autoriza a las petroleras a pagar en hectáreas forestadas las servidumbres mineras e indemnizaciones reparatorias de daños producidos sobre tierras públicas. Esta norma que apunta al fomento del sector forestal como alternativa productiva genera las condiciones propicias para la implementación de estrategias de RSE.

Los monocultivos de pinos exóticos (especies no autóctonas), además de limpiar la imagen contaminadora de las empresas, son redituables en términos económicos: esos árboles no sólo serán maderables en el futuro sino que además, hasta que eso suceda, pueden ser tomados como sumideros de carbono y cotizar sus servicios ambientales en bonos verdes -como lo establece el Protocolo de Kyoto. Interés en el tema no le falta a Repsol YPF, que planteó el potencial de estas iniciativas en el Congreso de Forestación y Bonos de Carbono realizado en Villa La Angostura en 2003. (26) “Sería una excelente oportunidad para nosotros poder trabajar en ese tipo de proyectos. Por ahora el proyecto de forestación que tenemos lo miramos desde el punto de vista del MDL pero no creemos que a esta altura de los acontecimientos tengamos una posibilidad concreta de llegar a acrecentar”, afirmó Luis González, quien se desempeñaba como coordinador de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad para Exploración y Producción en Argentina, Bolivia y Brasil de Repsol YPF, al momento de la entrevista. “Pero lo estamos estudiando”, apuntó Gema García, por entonces titular de la Unidad de Cambio Climático, dependiente de la Dirección Corporativa de Medio Ambiente y Seguridad. (27)

El ingeniero forestal Gustavo Schlosman, titular de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) -empresa mixta con mayor desarrollo de la provincia en monocultivos de árboles -, señaló: [estos proyectos de articulación petrolera-forestal] “comenzaron en el año 1998 con la empresa Repsol YPF para la plantación de 5.000Has de las cuales ya fueron forestadas las primeras 4.800Has [2004]. Durante 1999 se firmó un nuevo convenio con la empresa San Jorge [Chevron-San Jorge] para la plantación de 5.000Has, proyecto que se cumplió ya en un 90%. Hoy se está trabajando con la compañía Repsol YPF en un nuevo convenio por 5.000Has más”. (28)

Conciente del potencial mediático de las forestaciones, la petrolera española puso en marcha campañas de lavado verde situando sus plantaciones en la prensa. En mayo de 2003 la firma inauguró el tramo final del primer programa de forestación en Neuquén, que demandó una inversión de U$S 5 millones, según informó el diario Río Negro. (29) Un año antes el matutino porteño La Nación se había ocupado de esta iniciativa implementada en campos de Mallín Verde, Buta Mallín y Nahueve, Alicurá y La Escondida. (30) Entre las bondades del emprendimiento el periódico recalcó que “además de mejorar el medio ambiente, entre otros objetivos el proyecto apunta a la regulación de escurrimientos, la incorporación de nutrientes y materia orgánica al suelo, la recuperación de suelos erosionados, la fijación de anhídrido carbónico, la generación de empleo en las zonas donde se desarrollan las plantaciones de pinos y la recuperación de bosques nativos degradados”.

En ese punto también hizo hincapié la corporación europea en un informe de Relaciones con la comunidad elaborado en 2002: “Se trata de áreas en las que ya existen bosques nativos que se mantendrán inalterados, asegurando así la coexistencia con las nuevas especies implantadas y la preservación de la biodiversidad de la región”. Una afirmación falaz, desmentida por el titular de Corfone e incluso más tarde por la propia compañía. Schlosman aseguró que las “forestaciones de exóticas en lugares de nativas, donde había araucarias… fue una mala experiencia”. (31) Mientras que la compañía señaló que al comenzar la segunda etapa del proyecto de forestación en 2005 en el paraje cordillerano Litrán, se aplicaron “criterios más estrictos de conservación” elaborados con la provincia y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

“Se considera que la existencia de masas forestales monoespecíficas de gran extensión representa un riesgo sanitario, económico y social, por lo que un proceso de diversificación forestal se transforma en una herramienta para disminuir dichos riesgos. Además, si en el proceso intervienen especies nativas, tal diversificación generará una mejora en los niveles locales de biodiversidad.”, advierte la petrolera en su informe del Proyecto Forestal Neuquén publicado en julio de 2007.(32) Entre las recomendaciones se estableció: aumentar el distanciamiento entre plantas favoreciendo la recuperación del sotobosque; elaborar planes de restauración de mallines y cañadones; implementar planes de reforestación con especies nativas para mantener y aumentar la biodiversidad (por ejemplo, lenga y araucaria); establecer zonas amortiguadoras entre el bosque nativo y la forestación; disminuir la densidad de la plantación en cercanías al bosque nativo para permitir futuras reforestaciones con especies nativas.

Respecto a la plantación de árboles desarrollada por la corporación europea el lonko Velázquez Maliqueo afirmó: “Adentro de este sector se encuentra mucha documentación que tiene que ver con nuestra historia, con el paso de nuestros antepasados por este lugar: cementerios, picaderos, lugares sagrados para nuestra cosmovisión, nuestra filosofía. A través del plan de forestación que pretende implementar Repsol YPF todos estos elementos quedarían impactados, se perderían estos lugares tan sagrados para el Pueblo Mapuche”. (33)

Pero en la carrera verde y socialmente responsable Repsol YPF y Chevron no son las únicas, Enarsa también compite. La empresa anunció a principios de mayo de 2008 que forestará 10 mil Has con pinos ponderosa en Pulmarí -Departamento Aluminé- asociada a la Corporación Interestadual Pulmarí, la agencia técnica de cooperación japonesa JICA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico. Según el presidente de la compañía, Alberto Moreno, la inversión de $20 millones tiene tres objetivos: “uno económico, que consiste en explotar recursos no utilizados; el social, que apunta a elevar la calidad de vida de las comunidades mapuches de la zona, y el ambiental, dado que se trata de una iniciativa de forestación”. (34)

-De la travesía a la cordillera

“En este paisaje tan lindo, a unos metros nomás, tenemos a Corfone, que no viene a hacer pozo, no nos viene a poner una planta de gas sino [que] nos viene a poner pinos ponderoso, exótico, que también contamina, daña a lo que hoy estamos viendo”, afirmó la werken de la comunidad Wiñoy Folil, María Luisa Raín. “Acá hay varias hectáreas que la Corporación alambró y forestó, en esos lugares, antes que comiencen a forestar esos pinos, había mallines, vertientes de agua, pastura natural. Hoy vemos… nada, todo pelado, arenas solamente”, subrayó, mientras desde la sombra de un pewen señalaba los campos surcados por el río Litrán. (35)

Las comunidades mapuche de travesía -zona centro de Neuquén- tienen sus campos de veranada en la cordillera, donde trasladan sus animales en los meses cálidos. Es en esa región, Departamento Aluminé, donde se multiplicaron los planes de forestación desarrollados por Corfone.

“Los sistemas campesinos tradicionales poseen tres subsistemas que a la vez son indivisibles: la invernada [campos ubicados en tierras bajas], la veranada [en la cordillera] y la ruta de arreo [que varía de unos pocos kilómetros a cientos, según la ubicación de cada comunidad] y es justamente donde la actividad forestal -tal como está diseñada- no es compatible con el uso actual por parte de los pequeños productores. El cerramiento de grandes extensiones destinadas a las plantaciones [de pino] corta las rutas de arreo y disminuye las superficies de pastoreo”, explicó el ingeniero forestal Gabriel Stecher, docente del Asentamiento Universitario San Martín de los Andes de la UNCo. (36)

El lonko Velázquez Maliqueo enfatizó que hay una decisión tomada de las comunidades, no permanecer de brazos cruzados. “Así como se han ido entregando [tierras] a privados, también hemos iniciado un proceso de recuperación de veranadas que han sido usurpadas en forma ilegal. En la naciente del río Litrán empiezan las recuperaciones que llegan hasta el lago Aluminé. Este proceso va en crecimiento porque a medida que nos van cerrando, nos obligan a pegar manotazos para defendernos de este aprieto y recuperamos el territorio”, explicó la autoridad tradicional en febrero de 2008.

En abril de 2005 el entonces inan lonko de Wiñoy Folil, Mauricio Raín, planteó la situación en el 1er Congreso Patagónico de Uso y Tenencia de la Tierra, realizado la ciudad rionegrina de Ingeniero Jacobacci. “Nosotros tenemos la veranada en Litrán, en Pampa de Lonco Luan. Hemos vuelto a recuperar una veranada hace dos años atrás [2003], porque nos sacaron hace 15, 16 años más o menos. A nuestros viejos le metieron en la cabeza que eso iba a ser Parque Nacional y que se tenían que ir, habíamos alrededor de 10 familias. Son alrededor de 1500Has y nos pusieron 700 mil pinos ponderosa, que han hecho desastres con la araucaria (pewen), con las plantas autóctonas como los ñires, los quilantales los está secando. Las aguadas, muchas vertientes que había ahí las está secando. Algunos técnicos que han ido a inspeccionar dicen que al estar tan corta la distancia [entre pino y pino], están a 50cm plantados, y al ser muchos, absorben mucha agua y desvían las corrientes de aguas subterráneas”. (37)

En noviembre 2007 las comunidades Paineo y Cayupán reclamaron a las autoridades provinciales la aprobación de un proyecto de ley de expropiación para obtener la titularidad de las zonas utilizadas en la veranada. “Los crianceros aseguraron que por la venta de los campos se perdió parte de las pasturas, perjudicando los ya mermados rebaños. (…) El reclamo de estas comunidades del área central de la provincia se debe a que dos zonas utilizadas para la veranada fueron vendidas a empresas forestales”. (38)

La demanda planteada cuando empezaba el arreo, en el caso de otras comunidades, se materializó en recuperaciones entrado el verano de 2008. El lof Maliqueo, en Paso del Arco, regresó al territorio que estaba en poder del ex juez federal de la dictadura Pedro Laurentino Duarte, quien había forestado hasta un antiguo cementerio de los comuneros. Hoy se ven los pinos en medio de tumbas destruidas, saqueadas, donde huesos humanos y restos de vasijas se encuentran desparramados en la superficie. A pocos kilómetros de allí, en Litrán, comunidades de la zona centro se reapropiaron de un predio utilizado por la empresa forestal -que incluye una vivienda y un trailer- y lo transformaron en el Centro Ilwen Mapu. “Corfone ha venido usurpando nuestro territorio a través de la plantación de miles de hectáreas de pinos exóticos, destruyendo el ixofijmogen-biodiversidad y despojándonos una vez mas de nuestro territorio”, acusaron los comuneros en un comunicado difundido durante aquella acción. (39)

La vuelta de los mapuche a la invernada fue aprovechada por algunos privados para retomar los campos en disputa, en la primavera el escenario comenzó a caldearse nuevamente con la vuelta de los comuneros y el verano se tiñó de amenazas y violencias. Desde la Sociedad Rural de Neuquén hubo encendidos discursos en defensa de la propiedad privada y reclamos a las autoridades políticas para que frenen recuperaciones mapuche y reivindicaciones campesinas -que también practican la trashumancia y sufren similares consecuencias en el norte de la provincia. (40) El último coletazo de ese conflicto se produjo el 20 de abril, cuando la jueza civil de Zapala, Ivonne San Martín, ordenó el desalojo de la comunidad Maliqueo, esto a pesar que la Ley 26.160 lo impide. (41)

La RSE en su laberinto.

Notas:
OPS: Observatorio Petrolero Sur
* Versión corregida y actualizada del artículo publicado en el cuadernillo “Patagonia Petrolera, el desierto permanente” (2008)
** Marc Gavaldà, licenciado en Ciencias Ambientales (Universidad Autónoma de Barcelona). Integrante la plataforma RepsolMata y del consejo de redacción de la revista catalana Ecología Política.
Hernán Scandizzo, periodista. Integrante del Colectivo Pueblos Originarios de Argentina Indymedia y del Observatorio Petrolero Sur.
1- Carrión, Jesús y Gavaldà, Marc, Repsol-YPF: Un discurso socialmente irresponsable, Agora Nord-Sud, Barcelona, 2007. Descargas en: http://www.odg.cat/es/inicio/publicacions/11.php?id_pagina=11&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=3&id_publicacions=16&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=
2- Corporate Watch [2006]. What’s wrong with corporate social responsibility. Corporate Watch. Oxford, 2006, pág. 6.
3- BSR asesora a las petroleras Exxon Mobil Corporation y Shell, y a las mineras Newmont Mining Corporation, Placer Dome Inc y Rio Tinto Plc. Diagonal, 05/12/06. http://diagonalperiodico.net/spip.php?article2616
4- Comunicado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina, 17/03/05. http://argentina.indymedia.org/news/2005/03/278051.php
5- http://www.cruzadapatagonica.org/Testimonios/miguens.asp
6- Las empresas sellan ‘alianzas estratégicas’ para compartir recursos, con el fin de incrementar su competitividad, sin llegar a fusionarse.
7- Boletín Informativo Nº2, julio 2003. http://www.cruzadapatagonica.org/Boletines/boletin2/boletin2.htm#Cambio%20Legislat
8- CMN, 20/12/03. http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/noticias/cmdo-109.htm
9- Martín Velázquez Maliqueo, Buenos Aires, 21/07/07.
10- Idem.
11- http://www.cruzadapatagonica.org.ar/Boletines/16/notas.htm#nota1
12- Programa comunidades rurales patagónicas con más energía para crecer. http://www.repsol.com/es_es/todo_sobre_repsol_ypf/responsabilidad_corporativa/compromiso_social/Comunidades_rurales_patagonicas.aspx
13- Boletín Informativo Nº 2, julio 2003. Resaltado es del original. http://www.cruzadapatagonica.org/Boletines/boletin2/boletin2.htm#Repsol%20YPF 
14- http://www.comunicarseweb.com.ar/directorio/ypf.html#adhesion
15- La Nación (LN), 03/07/05.
16- http://www.repsol.com/es_es/todo_sobre_repsol_ypf/responsabilidad_corporativa/compromiso_social/Comunidades_rurales_patagonicas.aspx
17- LN, 28/12/08.
18- Río Negro (RN), 10/09/08
19- Boletín Informativo – diciembre 2008. Negritas del original. http://www.cruzadapatagonica.org/Boletines/15/notas.htm#nota2
20- RN, 1/10/05
21- Boletín Informativo Nº 2, julio 2003. http://www.cruzadapatagonica.org/Boletines/boletin2/boletin2.htm#Cambio%20Legislat
22- LN, 3/06/02
23- Boletín Informativo Nº 7, mayo 2005, http://www.cruzadapatagonica.org/Boletines/Boletin7/boletin7.htm
24- http://www.cruzadapatagonica.org/Boletines/16/notas.htm#nota1
25- La prórroga viola el artículo 96 de la Constitución Provincial, que establece la obligación de realizar contrataciones mediante ofertas públicas y no por adjudicación directa, el artículo 35 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos de la Nación, que establece como término máximo de contrato 25 años, con una prórroga de diez años más; que se otorgaría 6 meses antes del vencimiento del contrato.
El escándalo aumentó cuando a principios de 2008 PAE anunció que los nuevos yacimientos localizados en el área Cerro Dragón constituían el descubrimiento más importante para el sector en los últimos años. Mientras el gobierno provincial presentó la noticia como un logro de su política, la oposición acusó que la prórroga se firmó ocultando a sabiendas la existencia de estos yacimientos. En medio de las acusaciones la legislatura de la vecina provincia de Santa Cruz, que administra esa cuenca, prorrogó por 20 años las concesiones a la petrolera controlada por la familia Bulgheroni (40%) y British Petroleum (60%).
26- Repsol YPF. Noticias Unidad Negocios Argentina Oeste. http://www.noticiasonline.org/repsol/Info%202003.htm
27- Gema García y Luis González, Neuquén, 18/02/05. No se pudo confirmar si actualmente continúan trabajando en la petrolera y qué cargo ocupan.
28- Scholsman, Gustavo; Transformador: ensayo sobre diseño, 1ra Edición, Corporación Forestal Neuquina, Neuquén, 2004.
29- RN, 31/05/03
30- LN, 9/05/02.
31- Scholsman, Neuquén, 25/02/05.
32- http://www.repsol.com/es_es/todo_sobre_repsol_ypf/responsabilidad_corporativa/medio_ambiente_seguridad_y_calidad/2006_proyecto_forestal_de_neuquen_argentina.aspx
33- Velázquez Maliqueo, Litrán, 22/02/08.
34- RN, 06/05/08.
35- María Luisa Rain, Litrán, 22/02/08.
36- Noticias Aliadas, 09/07/2008. http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=5664
37- Mauricio Rain, Ing. Jacobacci, 09/04/05.
38- RN, 29/11/07
39- Comunicado, 17/01/08. http://argentina.indymedia.org/news/2008/01/577821.php
40- CMN, 29/01/09. http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=3
41- Comunicado CMN, abril 2009. http://argentina.indymedia.org/news/2009/04/666622.php

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Argentina, Córdoba: Bienes naturales y modelo productivo. Rechazo a los fondos de las mineras

PRENSA RED - ACTA

La primera reunión nacional de facultades y otras unidades académicas que rechazaron los fondos de la Minera Alumbrera, realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), produjo una declaración plural en la que explican los argumentos de su oposición.

El encuentro fue organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, la primera en rechazar este año los fondos de la minera. Estuvo coordinado por Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología y premio Nóbel Alternativo 2004.

También participaron pobladores de Andalgalá afectados por la minera y miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), de la Asamblea de Esquel y de ONGs, entre ellas FUNAM. Los representantes docentes, no docentes y estudiantes de las distintas facultades y unidades académicas produjeron un duro documento público de ocho puntos que será enviado a todas las universidades públicas.

Uno de ellos solicita que "las universidades públicas y el Consejo Interuniversitario Nacional aprueben códigos de ética para impedir la repetición de casos como Alumbrera y al mismo tiempo transparenten el financiamiento". También hablan del "control social de las universidades". Dicen además que difundirán los nombres de quienes votaron éticamente el rechazo y quienes no".

La declaración

1) "Solidarizarnos con todas las comunidades que sufren los efectos negativos de Minera Alumbrera Limited en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, y hacerles llegar el apoyo de las distintas facultades y unidades académicas que ya rechazaron los fondos de Alumbrera, y de quienes están trabajando para que nuevas facultades se sumen a este repudio académico.

2) Ratificar el rechazo de los fondos aportados por YMAD-Alumbrera a las universidades públicas y multiplicar los rechazos en facultades y unidades académicas, y que se abra el debate en aquellas universidades cuyos Consejos Superiores ya aceptaron los aportes de YMAD.

3) Denunciar que al clientelismo de gobierno y al clientelismo de empresa se ha agregado el clientelismo de universidad favorecido por la aceptación de los recursos aportados por YMAD-Alumbrera.

4) Propiciar que el CIN, todas las universidades nacionales y sus Consejos Superiores aprueben Códigos de Ética en base a las propuestas que elaboren las facultades y otras unidades académicas para que casos como el de Alumbrera no se repitan, y sirvan para transparentar el financiamiento de las universidades públicas. A los fines de garantizar este proceso se propone la realización de Asambleas Universitarias que garanticen la participación de toda la comunidad universitaria y otros actores sociales. Con este propósito proponemos un modelo de Código que puede servir de base para su elaboración.

5) Hacer público a nivel local, provincial y nacional los nombres de los miembros de Consejos Directivos y de Consejos Superiores que hubieran emitido votos "no éticos" al apoyar la recepción de los fondos de Alumbrera. Igualmente, hacer conocer los nombres de quienes, por el contrario, rechazaron los aportes de YMAD y votaron éticamente a favor de quienes sufren los impactos ambientales y sociales de Alumbrera.

6) Condenar las actividades mineras de Alumbrera Limited en las provincias de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero por distorsionar los tejidos sociales de muchas comunidades con actividades económicas golondrina; causar enfermedades; consumir grandes cantidades de agua y energía eléctrica; consumir volúmenes excesivos de aguas subterráneas que son únicas e irreemplazables; trasvasar cuencas hídricas; dañar en forma irreversible ambientes geológicos de montaña; contaminar el aire, el agua, el suelo y las personas con derrames ácidos mineros y otros contaminantes procedentes de las actividades de extracción de cobre, oro y demás minerales; derramar concentrados de mineral altamente tóxicos durante las roturas del mineraloducto que une Catamarca con Tucumán; contaminar las aguas del canal DP2 y la cuenca del río Salí-Dulce desde la planta de secado de Alumbrera, y por último, vaciando de minerales nuestras montañas y dejando a cambio gigantescos depósitos de residuos. Declaramos que Alumbrera es punta de lanza de un genocidio silencioso que se agrava, lamentablemente, con la recepción de los fondos de YMAD.

7) Generar desde las Facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de Alumbrera, y desde aquellas que comparten la lucha de las comunidades afectadas por sus actividades, formas de apoyo académico que respalden sus luchas, por ejemplo con declaraciones, proyectos de investigación, asistencia técnica y difusión.

8) Dejar constituido el Grupo de Trabajo integrado por miembros de las Facultades, y unidades académicas que se oponen a la recepción de los fondos aportados desde YMAD-Alumbrera, ello con el propósito de multiplicar nuevos repudios, y generar ámbitos de rechazo en otros sectores de la sociedad".

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Argentina, Río Negro: Un lago que dejará de estar escondido

Magdalena Odarda (RIO NEGRO ON LINE) 

El pasado 30 de julio los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro dictaron la resolución con la que se da por resuelto el recurso de amparo que presentáramos en el año 2005 con el fin de que se garantizara el libre acceso al lago Escondido, que se encuentra dentro de la propiedad de la firma Hidden Lake SA, vinculada al empresario Joe Lewis, para dar cumplimiento de este modo a artículo 73 de la Constitución provincial en el que "Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público?".

En esta resolución los jueces reconocen la demanda de los amparistas en tanto plantean, además de la servidumbre ofrecida por la empresa y convenida con las autoridades provinciales, el acceso al lago Escondido por el camino más corto y accesible que comienza en el paraje Tacuifí y que, como hemos expresado los amparistas en varias oportunidades y audiencias, no requiere mayores costos de habilitación, ya que fue usado en el pasado y es una vía de acceso corta y viable.

Los jueces resolvieron en el fallo "Fijar un plazo de 120 días para que se cumpla con la señalización y medidas de seguridad, conforme los considerandos, debiendo notificarse a Viarse y al Codema, bajo apercibimiento de astreintes". Lo cual significa que deberán hacerse los trabajos necesarios antes de fin de año, para que el público en general pueda acceder por los dos caminos al lago sin impedimento alguno.

Los fundamentos no dejan lugar a dudas respecto del sentido del fallo que busca garantizar el libre acceso al lago Escondido.

En los últimos días, con posterioridad al fallo del STJ, el fiscal de Estado provincial Dr. Alberto Carossio presentó una "aclaratoria" ante ese tribunal y la empresa Hidden Lake SA también hizo lo suyo, con la finalidad de cuestionar la claridad del reciente fallo.

Tal estrategia de presión, más creíble cuando proviene de intereses privados pero no del propio gobierno provincial, tuvo realmente como objetivo insistir en la legitimación de una única vía de acceso, el sendero de montaña que a todas luces resulta ser el más difícil e intransitable hacia el lago Escondido.

El lugar, intransitable para cualquier ciudadano común, como quedó demostrado en el año 2005 en el programa de televisión "La liga", se encuentra, además, dentro del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, que forma parte de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica declarada por la Unesco en el año 2007.

Se trata, así, de una zona protegida por leyes para la conservación de las especies de flora y fauna autóctona, en fin, el cuidado de toda la biodiversidad existente en ese ecosistema, y dispone de "zonas núcleo" con importantes restricciones para la intervención humana.

Hace escasos días el Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar los cuestionamientos tanto de la empresa Hidden Lake SA como del gobierno provincial, que lamentablemente han transitado de la mano en su estrategia judicial durante todos estos años, haciendo oídos sordos al reclamo de la ciudadanía.

Si las presiones hubieran dado resultado, se habría negando el dominio público y el acceso y goce del lago Escondido a todos los ciudadanos, garantizando de manera irreversible a la empresa Hidden Lake SA el privilegio obtenido durante todos estos años -privacidad, uso exclusivo-, privatizándose mediante convalidación judicial lo que es de todos.

La postura pendular que ha tenido el gobierno provincial durante todo este proceso se puso en evidencia cuando, sin respetar la supremacía de la normativa constitucional y las leyes de fondo, se inclinó vergonzosamente hacia la defensa de un interés privado en detrimento del interés público y de los derechos de todos los ciudadanos.

En síntesis: convalidar judicialmente la voluntad del gobierno provincial de dar vuelta el trascendente fallo del STJ hubiera implicado en los hechos, tal lo manifestábamos en el alegato final previo a la sentencia, privatizar uno de los lagos más bellos de la provincia, cuya importancia excede lo turístico, habida cuenta de que constituye un reservorio de agua potable de máxima pureza, dejándolo en manos de una empresa de capitales transnacionales en momentos en que tan vital elemento resulta escaso en el mundo y se pronostica que, -a más tardar- en los próximos veinte años, su valor económico y estratégico será superior al del petróleo, que tantas guerras sigue produciendo.

Realidad que los representantes del gobierno de la provincia se niegan a admitir, pese a provenir de un partido político de raigambre nacional que ha hecho de la defensa del patrimonio público una bandera que ahora, a juzgar por lo que surge de esta causa emblemática, demostraron estar dispuestos a bajar, sin advertir que el daño que causaban a la sociedad hubiera sido irreparable.

Magdalena Odarda es legisladora rionegrina. Amparista en la causa judicial "Lago Escondido".

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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Capitalismo y comunicación social

Leonardo Villafañe (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Ahora que el debate en torno a la nueva Ley de Radiodifusión pone en el tapete categorías como “comunicación social”, “democracia comunicacional”, “pluralidad de voces” y “apropiación y reapropiación de la palabra”, conviene recordar de entrada que el capitalismo, como tal, es un límite objetivo a cualquier proceso que pretenda mejorar la comunicación entre los individuos. El capital está obligado no a “comunicar” sino a ocultar la explotación a la que una minoría social somete al conjunto de la población.

El capitalismo es esencialmente anticomunicacional: divide a la sociedad en clases antagónicas; promueve entre los individuos la competencia en lugar de la cooperación, lleva a niveles inauditos la separación entre trabajo manual e intelectual y provoca una diferenciación social de características extremas e irreversibles.

El cometido básico de la comunicación social, es decir poner en común valores objetivamente sociales que, a su vez, son ininteligibles sin la comunicación, nace herido de muerte bajo este régimen social.

Comunicación social, Estado y gobierno

Hay que agregar que los denominados “medios” constituyen, además, sólo una parte de las fuentes institucionales que proveen a la población de la información con qué desenvolverse. La infraestructura de comunicación de la sociedad es incomprensible sin el sistema de enseñanza escolarizado, los gobiernos y los Estados. Estas tres esferas tienen un peso abrumador en cualquier proceso que pretenda “democratizar” las comunicaciones o “recuperar la palabra”, según la muletilla oficial con la que se defiende la nueva Ley de Radiodifusión. Sin embargo, el gobierno que impulsa el proyecto “comunicativo” ha continuado la política privatista, antidocente e inclusive clerical de los gobiernos que lo precedieron en materia educativa.

Y, por supuesto, luego de seis años en el poder, el matrimonio Kirchner tampoco rozó los pilares sagrados del Estado capitalista: el espionaje, el secreto y la conspiración.

Se trata del Estado secreto, conspirativo y criminal de los gastos reservados y de las legiones de espías que, escándalo tras escándalo, se descubren en la Side haciendo escuchas ilegales a periodistas y dirigentes políticos opositores. Del Estado secreto que actuó en las voladuras de la Amia y la Embajada de Israel, destruyó medio Río Tercero para borrar las pruebas del tráfico de armas y que pone una notable infraestructura tecnológica de “comunicaciones”... para perseguir a los luchadores y al servicio de la delincuencia.

Parece, sin embargo, que la nueva Ley de Radiofusión y sus defensores no están conformes con el poder que ostenta esta infernal maquinaria centralizada de represión, espionaje y administración de datos e informaciones ciudadanas. Pretenden que, además, decida qué cantidad de cine y música nacional y extranjera hay que ver o escuchar, cómo se aplicarán los premios y castigos en el reparto capitalista de medios y frecuencias y quién es apto para tener licencias y quién no.

¿No será mucho?

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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: La madre de las reformas

Ernesto Ponsati (ACTA)

El Gobierno encara su primera gran reforma estructural, solamente comparable a la producida en la Corte Suprema en el anterior capítulo kirchnerista.

Si logra hacer respetar los principios que animan -y le dan respaldo ético- al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, habrá plantado una pica en Flandes, algo para pasar a la historia de la democracia argentina.

Parece altisonante, pero es así de trascendente y de crucial para un país que encuentra cada vez más dificultades para avanzar hacia formas perfeccionadas de vida en común y que ve resurgir a cada paso los fantasmas de un pasado tenebroso, de una Argentina dividida, desigual, excluyente y profundamente injusta.

Como fondo de ese cuadro trágico flota el tema de la libertad de expresión, y, aun más importante, del derecho social a la información. Toda la discusión, que ya se avizora enconada y llena de trampas y tapujos, pasa a segundo plano si no se la plantea referida a esos dos derechos, que son fundamentales para los ciudadanos y vitales para la democracia.

La democracia se ve amenazada si la libertad de expresión es herida. Pero si no se le garantiza a la sociedad el derecho a una información de calidad y al alcance de todos, entonces la democracia estará gravemente herida. Cuando se hable de la Ley de Servicios Audiovisuales habrá que pensar en ello.

La Ley de Radiodifusión que dejó al irse la dictadura militar no contemplaba los aspectos que son indispensables para un aceptable -no digamos perfecto- funcionamiento de la democracia. Se ocupó solamente de legislar sobre las concesiones de los espacios por los que circulan las señales de radio y televisión, y poco más. Lo único rescatable de esa norma es que ratifica el protagonismo del Estado en la materia.

El éter pertenece al Estado y por lo tanto es el Estado quien determina cómo se emplea y a quien se da en concesión y mediante qué condiciones. Allí incluía, esa ley, una arbitrariedad aberrante: establecía que radios y canales sólo podían ser explotados por empresas con fines de lucro. No podían ser titulares las cooperativas, por ejemplo, o un sindicato o una fundación dedicada a la defensa del ambiente.

Ese planteo discriminatorio fue rechazado por lo menos tres veces en procesos judiciales que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sigue vigente para los sectores que han sido beneficiados por la ley de la dictadura y por gobiernos democráticos que le siguieron, en particular el de Carlos Menem, quien adjudicó un conjunto de medios del Estado en un proceso que favoreció principalmente al Grupo Clarín y motivó la airada reacción de Julio Ramos -el fallecido propietario de Ámbito Financiero-, que quería su tajada.

Como consecuencia de ese manejo tortuoso y plagado de episodios de escasa transparencia cuando no de evidente opacidad, la situación actual es que existen varios grupos oligopólicos que pelean entre sí por avanzar hacia la categoría de monopolio en un cruzamiento laberíntico inentendible.

Tenemos ante nosotros el mapa de alianzas de las comunicaciones actualizado a julio de 2007 -bastante viejo, lo admitimos- y es infernal. Recoge la composición accionaria de prácticamente todos los grupos que existían hace dos años en satélites, diarios, inversores financieros, cine, TV, revistas, Radios AM y FM, consultorías, software y un largo etcétera.

Para brindar una idea, el Grupo Clarín tiene participación en Cablevisión, Teledigital Cable, Multicanal, Supercanal, Canal 13, Todo Noticias, Volver, TyC Sports, TyC Max, Canal Rural, más canales en Bariloche, Córdoba, Bahía Blanca y General Roca, además, de muchos otros emprendimientos como radios AM y FM; en total, más de 200 licencias. Otro actor importante, el Grupo Vila-Manzano, controla 30 licencias. Y hay mucho más, demasiado para el espacio de esta nota.

Son miles de millones de pesos anuales, y por lo tanto el enojo de los operadores es grande, al igual que el de quienes los representan en el Congreso. Porque el proyecto de ley es objeto de un debate enconado que supera el ámbito parlamentario, espacio donde se lo quiere frenar con el objeto de dejar las cosas como están.

La Iglesia, aunque no de manera orgánica, ha intervenido a través de dos de sus prelados, que coincidieron con la oposición política en que hay que dejar la discusión para después del 10 de diciembre, cuando la nueva composición de las cámaras haga más difíciles las cosas para el Gobierno. Puso en práctica aquello de "ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor"; claro que habrá que buscar mucho para hallar un señor en esa asamblea de empresarios inescrupulosos.

Aducen los legisladores opositores que el oficialismo intenta forzar la discusión de un texto que no han tenido tiempo de consultar. Sabemos, porque lo hemos leído, que el proyecto es extenso y complicado, pero está a disposición de todos desde marzo. Si los legisladores y sus asesores no han podido estudiarlo en cuatro meses, es por pura desidia.

La situación actual, la que se quiere imponer desde la oposición, habla de un avanzado proceso de concentración en la propiedad de los medios de comunicación: muy pocas personas manejan la información y la opinión que reciben millones de ciudadanos, de tal modo que una alianza entre los principales holdings periodísticos permitiría imponer un candidato presidencial o, lo que sería más grave, voltear a un presidente. Algo de eso hubo en la Argentina de los años 60, cuando el periodismo llevó adelante una campaña infame para minar la imagen del presidente Arturo U. Illia, finalmente derribado por un golpe militar.

Y también en la España de 1995, cuando los principales grupos mediáticos, convencidos de que doce años de gobierno del PSOE eran demasiado, convinieron aplicar sobre Felipe González una estrategia de "acoso y derribo", lo que dio como resultado el ascenso al poder de José María Aznar (y hay más ejemplos).

Ignacio Ramonet, en su libro La Tiranía de los Medios, retrata con claridad los efectos de la concentración en la propiedad de estos factores clave en la vida de la sociedad actual, y de la aparición de grupos financieros e industriales concentrados como titulares de grandes conglomerados mediáticos.

La consecuencia es fácilmente advertible: la prensa abandona su papel de control sobre el poder para convertirse en el poder mismo. ¿Está la Argentina muy lejos de ese estadio? En nuestra modesta opinión, no. Y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sería el marco adecuado para salvar la instancia, porque apunta a que las voces (las opiniones, la información, los actores) se multipliquen y favorezcan la libre circulación de las ideas, lo que, ya lo hemos dicho, es esencial a la democracia. La diversidad contribuirá además el diálogo, y en el diálogo empezaremos a comprender y a respetar al otro, algo que parece tan lejano en este estado de crispación colectiva actual.

A ese respecto, hay que decir que a los puntos del articulado que garantizan la pluralidad de ideas y contenidos, la protección a las expresiones de la cultura nacional, la adjudicación de un tercio de los espacios para entidades sin fines de lucro, la extensión de las facultades de las universidades, la atención puesta sobre la defensa de principios modernos en materia de competencia y de control sobre oligopolios y monopolios y otra serie de novedades -que lo son en la Argentina pero que ya se aplican en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros que nada tienen que ver con ese "complejo chavista" que tanto horroriza a sectores bienpensantes y mal informados-, habrá que añadir otros temas.

Habrá que pensar en una menor incidencia del sector político y una mayor representación en aquellos organismos creados por el proyecto de ley para la sociedad civil, en especial de los usuarios de estos servicios y, en el caso de los medios públicos, de las entidades sindicales relacionadas con la información.

En síntesis, este proyecto debe avanzar aunque sea con muletas. Tiempo habrá para introducirle mejoras si no cumple con los anhelos de perfección que deben animar a tantos argentinos concientes de su importancia en orden a perfeccionar la democracia, librándola de algunos de los vicios que le impiden desarrollarse plenamente. Limitar la capacidad de control de la información y de formación de pulpos mediáticos capaces de manipular la opinión de la ciudadanía, es una de las formas de lograrlo.

Ernesto Ponsati es Periodista. Fue colaborador de prensa de Agustín Tosco entre 1964 y 1974. Ex integrante de la conducción del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA), actualmente es Director periodístico de Hoy Día Córdoba.

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