miércoles, 21 de octubre de 2009

Proyecto Censurado: Fiasco del Banco Mundial con la venta de bonos de carbono

Mary Tharin (UPSIDE DOWN WORLD)
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Invocando la protección del medio ambiente, el Banco Mundial comercializa bonos por emisión de carbono que provocan la destrucción de las tierras indígenas de labradío en todo el tercer mundo.

El esfuerzo global por reducir las emisiones del gas de efecto invernadero (GHG, por su sigla en inglés) comenzó en 1997 con el Protocolo de Kyoto, ahora ratificado por 183 naciones, con ciertas estrategias supuestamente alentadoras, pero algunas demostraron tener efectos fatales. El programa de inversión en bonos o “créditos” conocido como Mecanismo para el Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanism, CDM), se convirtió en un medio para que los países industrializados eludan reducir sus propias emisiones desarrollando proyectos “reductores de emisión” en países subdesarrollados.

Acatando en apariencia el Protocolo de Kyoto, muchos gobiernos establecieron “topes” a la emisión de gas de efecto invernadero en sus países, pero las industrias dispuestas a evadir esta imposición gubernamental de límites, en vez de reducir responsablemente sus emisiones pueden eludir completamente sus compromiso ambiental mediante la compra de “créditos de carbono” a otras industrias de distintas partes del mundo, es decir, adquiriendo los bonos CDM comercializados por el Banco Mundial.

En otras palabras, en lugar de reducir sus emisiones excesivas, los países ricos pueden “compensarlas” comprando “créditos” de reducción de emisiones en los países pobres. Joris den Blanken, especialista del cambio de clima de Greenpeace, dijo: “La compensación significa exportar las responsabilidades al mundo en vías de desarrollo y anula el incentivo a la industria para que mejore su eficacia o invierta en energía renovable”.

Mientras el Banco Mundial alega que este sistema “apoya el desarrollo sustentable… y beneficia a las comunidades más pobres del mundo en vías de desarrollo”, el programa en realidad se ha convertido nada más que en un lucrativo negocio de beneficio corporativo. De hecho, muchas corporaciones transnacionales utilizan el límite y la comercialización del programa no sólo para eludir su responsabilidad en las emisiones, sino para beneficiarse aún más con el desarrollo de industrias ambiental y socialmente destructivas en países del tercer mundo.

En América Latina, donde una larga historia de expoliación corporativa ya adoptó este peaje escarpado, los ecologistas y las comunidades indígenas están comenzando a protestar abiertamente sobre los peligros del CDM. Debido a un enfoque miope de la sola reducción del gas de efecto invernadero y a una falta de responsabilidad de las comunidades locales, muchos proyectos están produciendo otros males ambientales y sociales que contradicen diametralmente los objetivos indicados por el programa.

Pero los informes del Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP, sigla en inglés) indican que hasta la fecha se han aprobado 4.364 proyectos con financiamiento del CDM, y el movimiento continúa ganando ímpetu. Según el Fondo de la Fauna del Mundo, el número de nuevas ofertas de proyectos subió drásticamente en apenas pocos años, de menos de diez por mes a principios de 2005, a cerca de 100 mensuales en 2007.

Las industrias de madera y celulosa muestran gran interés en el aprovechamiento del mercado del carbono para justificar y financiar proyectos que implican expropiar granjas indígenas y tierras de pastoreo para sembrar enormes plantaciones mono específicas, que amenazan la biodiversidad del área, absorben el agua y pueden agotar seriamente los recursos hídricos. Según un informe de 2008 de Plantaciones de Japón en Ultramar para Madera y Pulpa Papelera (JOPP, por su sigla en inglés), titulado “Estudio de viabilidad de la repoblación forestal CDM para el desarrollo de la comunidad en extensas tierras de pasto en Uruguay”, “desde un punto de vista ecológico, el establecimiento de plantaciones a gran escala de especies extranjeras en esta área es claramente un paso en la dirección equivocada. Desde un punto de vista social, podría llamarse genocidio cultural”.

La tierra que sería utilizada en “proyectos de repoblación forestal” JOPP, según el informe, se utiliza actualmente para el “pastoreo extenso” de ganado y ovejas. El informe, que preconiza la “elegibilidad de la tierra”, no hace ninguna mención de la gente que la posee, vive en ella, o hace su vida con el uso de la tierra en cuestión. La única alusión a este problema es la breve garantía de que todo el ganado desplazado “sería vendido en el mercado libre”. Pese a que la “producción de ganado y ovejas, desde el siglo XVII ha sido la actividad rural tradicional en el área del proyecto y en todas las regiones circundantes”, el informe sostiene que las plantaciones significan un uso más rentable de la tierra que el pasto. Entonces surge la pregunta: ¿rentable para quién?

El Banco Mundial levanta al CDM como “parte integrante de su misión para reducir la pobreza con sus estrategias de ambiente y energía”. Sin embargo, en América Latina, como en otras partes del mundo en vías de desarrollo, el mercado global del carbono está demostrando ser en gran parte perjudicial para los indígenas y los pobres. Con poco o nada de participación en cómo se conduce un proyecto, las comunidades locales no tienen virtualmente ningún control sobre cómo afectará su tierra, agua y recursos.

En un documental reciente del Observatorio Comercio del Carbono, los aldeanos explican que las plantaciones masivas que cubren cerca de 40.000 hectáreas están absorbiendo el agua de las corrientes locales, causando una disminución aguda de la pesca y la mortandad de plantas medicinales. En una entrevista, una mujer local se lamentó que las plantaciones corporativas “continúan destruyendo nuestra comunidad, destruyendo a nuestros ciudadanos, destruyendo nuestra fauna, destruyendo nuestra flora, y nadie hace ninguna cosa [para detenerlo].”

La falta de responsabilidad de las poblaciones locales es un defecto fundamental en la manera en que se presentan, evalúan y ejecutan los proyectos CDM. El formulario de diseño de proyectos que utiliza el consejo de dirección del CDM para aprobar o negar financiamientos, desatiende en gran parte el impacto de los proyectos en las comunidades locales. El documento no contiene ningún lenguaje jurídico obligatorio y solamente pide un “informe sobre cómo fue tomada la deuda y cualquier comentario recibido” por los tenedores locales. En su evaluación de cuatro proyectos CDM realizados en Brasil y Bolivia, el UNEP indicó que fue encontrada limitada la “participación de los miembros de la comunidad local”.

Mientras el Banco Mundial finge dar importancia a la sustentabilidad y aliviar la pobreza mediante los CDM, fracasa continuamente en entregar resultados positivos para el ambiente o las comunidades perjudicadas del mundo subdesarrollado. El mercado global del carbono está demostrando ser simplemente otra arma utilizada por las corporaciones transnacionales para acelerar su incursión en los derechos de los pueblos indígenas y pequeños tenedores de tierras de América Latina.

La ironía de esta situación adquiere una tonalidad especialmente trágica al observarse que muchas comunidades en riesgo han vivido de manera sustentable durante siglos y deberían ser vistas como verdaderos modelos en la lucha contra la degradación ambiental y el cambio de clima. En lugar de eso, el Banco Mundial adoptó un sistema inadecuado que representa un peligro acuciante para el medio ambiente a expensas de otros aspectos medioambientales importantes y del bienestar de las poblaciones más vulnerables del mundo, a menudo mejor informadas.

Janet Redman, del Instituto de Estudios Políticos, dijo: “Los granjeros [del sur global] están negociando sus derechos de tierra comunales y su capacidad de alimentarse por los caprichos y las fluctuaciones de precio del mercado internacional de los bonos de carbono”.

Actualización de Mary Therin (de “Upside Down World”)

Mientras los gobiernos, los ecologistas y los líderes industriales promueven la conferencia de la ONU sobre cambio de clima para diciembre de 2009 en Copenhague, el debate sobre las compensaciones del carbono tomó el lugar central. Los grupos, incluyendo la Comisión Europea, reconocen los muchos defectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y están pidiendo reformas. A finales de abril de 2009, los delegados de todo el mundo que asistieron a la Cumbre Global de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio de Clima, sacaron una declaración que invitó a los gobiernos a abandonar las “falsas soluciones al cambio de clima que impactan negativamente los derechos de los pueblos indígenas… por ejemplo el comercio del carbono, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y las compensaciones por bosques”.

Desafortunadamente, el consejo de dirección del CDM, en vez de abordar aplicaciones de transparencia y responsabilidad, propuso intensificar algunos aspectos más problemáticos del esquema de compensación al carbono, al presentar planes para ampliar su aplicación en la silvicultura y simplificar el proceso de utilización del financiamiento. Según Óscar Reyes, del Observatorio Comercio del Carbono, estas reformas expandirían drásticamente el CDM a la vez que “bajarán los controles ya inadecuados para la sustentabilidad ambiental y la justicia social”.

Mientras tanto, el Mecanismo de Desarrollo Limpio continúa ampliándose. Solamente en mayo de 2009, se aprobaron 132 nuevos proyectos CDM, marcando el punto más alto en el proceso de su aplicación. Al mismo tiempo, por todas partes del globo están apareciendo más pruebas de que muchos “proyectos de reducción de emisiones” hacen más daño que bien al mundo desarrollado. En junio de 2009, el Daily Mail del Reino Unido publicó un reportaje a una fábrica flotante de productos químicos que envenenó el abastecimiento de agua en Gujarat, India. Según Eva Filzmoser, del Observatorio CDM, los grandes proyectos hídricos y de gas son los receptores más perjudiciales de financiamiento otorgado por este mecanismo. Arguyó que estos proyectos raramente ahorran emisiones adicionales y de hecho, ofrecen incentivos perversos para ampliar industrias de degradación ambiental.

En Estados Unidos, el debate sobre las compensaciones al carbono y los esquemas de límite y comercio entraron en erupción en mayo de 2009, desde que el Comité de Energía de la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Energía Limpia y Seguridad Americana, también conocida como proyecto Waxman-Markey. Mientras muchos grupos ecologistas elogian el proyecto como un paso enorme hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en EEUU, otros denuncian la prominencia de la compensación al carbono en la ley, que abriría un escape para que las corporaciones eludan cualquier compromiso real de reducir las emisiones. Según el Instituto de Estudios Políticos (IPS, sigla en inglés), bajo esta legislación se podría “comprar” compensaciones hasta por 2 mil millones de toneladas de carbono -cerca del 30 por ciento de las emisiones actuales en EEUU-, donde la mitad llegaría desde países subdesarrollados a través de programas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Mientras la mayor parte de los grandes medios principales y muchos grupos ambientales se han subido al tren en marcha del “límite y comercio”, organizaciones como el Instituto de Estudios Públicos, Observatorio del Comercio del Carbono y Observatorio CDM continúan promoviendo la conciencia pública sobre los peligros de este engañoso sistema. Un número importante de voces, incluyendo a The Economist, salieron a favor de un impuesto al carbono como un modo más eficaz de producir reducción de emisiones. Estos grupos llaman a la gente del mundo desarrollado a que tome el liderazgo disminuyendo sus propias huellas de carbono y exijan una solución real para que el cambio de clima comience en casa.

Para más información:
Sustainable Energy and Economy Network (Institute for Policy Studies): http://www.seen.org
Carbon Trade Watch: http://www.carbontradewatch.org/
Friends of the Earth: http://www.foe.org/global-warming
CDM Watch: http://www.cdm-watch.org/

Fuente:
Upside Down World, 11 de febrero de 2009, “The World Bank and Climate Change: Sustainability or Exploitation?”, por Mary Tharin.
Estudiantes investigadores: Victoria Masucci y Christine Wilson.
Evaluador académico: Elaine Wellin, Ph.D., Sonoma State University.

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Crisis Global I: Un respiro en la turbulencia (Parte II)

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

El impacto en la producción

La crisis financiera ha repercutido duramente sobre la órbita real, a través de la recesión que comenzó a mitad del año pasado. Con el desplome de las ventas, la industria se ha contraído hasta alcanzar el mayor bajón del PBI desde la segunda guerra mundial. Aunque la regresión productiva se atenuó en los últimos meses, el alivio ha sido muy tenue en comparación al rebote financiero.

Las cifras más recientes sólo registran una menor intensidad del freno productivo. Las significativas caídas PBI norteamericano (de 5,4% en ultimo trimestre 2008 y 6,4% en el primero del 2009) se han aligerado al 1% (segundo del 2009). Más que una mejora se verifica un piso del empeoramiento. El FMI estima que la economía global se reducirá 1,3% en 2009, por efecto de una gran caída en las economías desarrolladas (3,7%). En Europa se avizora un crecimiento nulo y en Japón persiste un parate mayúsculo.

En todos los países la recesión ha sido contenida con políticas económicas expansivas. Mediante esta intervención las tasas de interés se han ubicado en un piso nunca visto de 0-0,25% (Estados Unidos) o 1% (Europa). Con subsidios estatales se ha buscado, además, compensar la caída de las exportaciones (especialmente en Japón y Alemania) y sostener un consumo que languidece.

Pero la reacción de la producción a estos estímulos ha sido muy limitada. Todavía no se observa la típica recomposición de stocks que implementan las empresas cuando perciben una recuperación de las ventas. Persiste la contracción de la inversión privada y sólo el gasto público mantiene a flote la actividad comercial. Nadie descarta en este cuadro otra recaída del PBI, al cabo de dos o tres trimestres de recuperación.

El grueso de los fondos públicos ha sido canalizado hacia las grandes corporaciones. En muchos casos estos subsidios benefician a firmas financiero-productivas, que hacen negocios con bonos, acciones, autos o computadoras. La invariable condición para recibir esas subvenciones es pertenecer al club de las grandes corporaciones.

Lo ocurrido con la industria automotriz norteamericana es un ejemplo de esta concentración del socorro estatal. Las empresas de este sector han recibido cuantiosas sumas para pagar a los acreedores, a los socios internacionales y a los gerentes que quebraron las compañías.

Algunos economistas estiman que estos auxilios permitieron contener el descalabro productivo. Pero eluden evaluar el monumental costo y las consecuencias de este rescate. (5)

El polvorín de la deuda pública

El incremento astronómico de los pasivos estatales tiende a debilitar estructuralmente cualquier recuperación futura. Todas las economías han quedado sujetas a un creciente pago de intereses, que podría afectar incluso a la reactivación actual. La hipoteca que han contraído los estados introduce esa fuerte restricción.

En Estados Unidos la deuda pública que ya bordea el 100% del PBI, mientras que el gasto del estado asciende al 28,1% y el déficit alcanza el 11% de ese indicador. Se estima que el rojo acumulado rondaría los 9 billones de dólares en la próxima década.

Este desborde de los promedios prevalecientes desde la segunda guerra sólo podría reducirse con una tasa de crecimiento muy elevada. Pero lo más problemático es el financiamiento, ya que a diferencia del pasado la recolección de fondos no depende sólo de la recaudación interna, sino también de la afluencia de préstamos internacionales.

Muchos antecesores de Obama canalizaron el gasto público hacia erogaciones bélicas, que a su vez impulsaron la reactivación (Roosvelt, Truman, Johnson, Reagan). Pero el actual presidente llegó al gobierno con promesas de limitar ese gasto. No puede asentar la recuperación en un rearme explícito, pero tampoco tiene margen para reducir el presupuesto militar, ya que Estados Unidos sostiene su liderazgo imperialista en la supremacía del Pentágono. Frente a estas disyuntivas Obama ha optado por mantener sin cambios el porcentual de erogaciones bélicas, anunciando que expandirá el gasto civil sin muchas inversiones sociales.

Mientras se define cuál será la estrategia a seguir, la deuda pública se expande a un ritmo vertiginoso. Este crecimiento potencia el círculo vicioso de endeudamiento para detener la recesión y deterioro fiscal creciente por el estancamiento productivo. Esta situación tiende a recrear tarde o temprano la presión de los acreedores de los títulos públicos, que ya exigen un plan de reducción del déficit. El propio Obama ha comenzado a considerar un proyecto para bajar este desequilibrio a la mitad en cuatro años.

Luego de consumado el rescate de sus bancos, los financistas se aprestan a retomar el viejo discurso del ajuste fiscal. Reclaman una ley para limitar el aumento de la deuda pública, que podría tornarse imperiosa si los bonos de ciertos estados norteamericanos (como California) comienzan a tambalear. (6)

El mismo problema se verifica en Europa. El endeudamiento público es crítico en ciertos países y explosivos en otros. El déficit se ha descontrolado en Italia, Grecia y España (6,2% del PIB), ha crecido en Francia (5,4%) y Portugal (4,2%).

Estos desajustes son proporcionalmente inferiores a Estados Unidos, pero afrontan mayores dificultades de financiación externa. Todas las metas de equilibrio presupuestario de la Unión Europea han quedado desbordadas. La Comunidad carece, además, de experiencia y atribuciones para rescatar a los países con presupuestos colapsados. Este escenario de desmoronamiento fiscal se observa particularmente en Irlanda (11% déficit) y entre los nuevos socios de Europa del Este.

Deterioro social

Cualquiera sean los vaivenes del ciclo recesivo, el nivel de vida de los trabajadores tiende a degradarse. Los asalariados ya están pagando con mayor desempleo y caída del salario las consecuencias de la crisis.

Como resultado directo del descalabro financiero, la OIT ha pronosticado un aumento de la desocupación, que afectaría a un rango de 39-59 millones de personas. Esta nueva oleada golpearía particularmente a las jóvenes de las economías desarrolladas, que se han convertido en los principales reclutas del ejército de parados.

Incluso una recuperación más significativa de la economía mundial continuaría contrayendo la demanda de trabajo durante cuatro o cinco años. Esta ausencia de puestos de trabajo será muy dura para los emigrantes, que buscan ingresar al universo laboral de las economías avanzadas.

Si el desempleo continúa subiendo al ritmo actual en la zona del Euro, alcanzaría en el 2010 un 11,5%, frente al 7.5% de principio del 2008. En Japón, el viejo empleo estable ha quedado erosionado junto al desplome del ingreso familiar medio, que se ubica en su nivel más bajo de los últimos 19 años. Los contratos temporales se incrementan en forma acelerada y ya regulan la actividad de un tercio de fuerza de trabajo.

En Estados Unidos se han perdido desde el inicio de la crisis medio millón de puestos de trabajo al mes. A fin de año la tasa de desempleo saltaría al 9% y el subempleo llegaría al 15%, es decir un porcentaje muy superior al promedio de las últimas décadas.

El Plan de Obras Publicas que puso en marcha Obama no contrarresta esta destrucción de puestos laborales, ya que en lugar de crear empleos públicos ofrece subsidios a los capitalistas para que contraten trabajadores. Es evidente que mientras perdure la caída de las ventas y los beneficios, los empresarios evitarán incorporar nuevos asalariados.

El escenario social norteamericano se agrava día a día por la brusca retracción del patrimonio de las familias y el continuado desalojo de los deudores hipotecarios insolventes. La masa de individuos sin techo -que sobreviven en carpas o viviendas precarias- ya forma parte del paisaje de muchos suburbios. Obama dispuso auxilios millonarios para los banqueros, pero no adoptó ninguna medida para proteger a los nueve millones de afectados por el crack inmobiliario. Tampoco implementó algún proyecto para prohibir el remate de viviendas o para establecer la refinanciación obligatoria de los hipotecas.

La crisis ha demorado, además, la puesta en marcha de un sistema público de atención médica, para las familias que no pueden afrontar los costosos seguros de salud. Las presiones del lobby empresario que maneja este negocio continúan vaciando el proyecto de cobertura estatal o mixta, que se discute desde hace años.

Claudio Katz es economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

Notas:
5) Roubini Nouriel “Bernanke lo hizo bien”•, Clarín, 28-7-09.
6) Ver por ejemplo: Buffet Warren, “Que EEUU no sea una república bananera”, Clarín, 27-8-09.

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Chile: El Valor del Bono Equivale sólo al 1% de las Ganancias de Minera Escondida

Orlando Caputo y Graciela Galarce (especial para ARGENPRESS.info)

En la I Parte, reproducimos la Editorial de El Mercurio del lunes 19 de octubre, titulada “Negociación Colectiva en el cobre” y el apartado titulado “La superación del "proletariado"” de la Editorial de la Semana Política del domingo 18 de octubre.

En la II Parte, reproducimos dos comentarios críticos nuestros referidos sólo a algunos temas significativos que fueron publicados como Blogs, limitados a 350 palabras.
I Parte: Las Opiniones del Mercurio
A. Negociación colectiva en el cobre

La negociación colectiva llevada a cabo de manera anticipada en Minera Escondida, perteneciente a BHP Billiton, les otorgó un 5 por ciento de reajuste de salarios a los trabajadores, además de un bono de 14 millones de pesos a cada uno, así como beneficios de salud y un préstamo blando de 3,5 millones adicionales. Se trata de cifras desusadas en las negociaciones colectivas de nuestro país, particularmente considerando el clima recesivo de la economía, del cual Chile recién comienza a recuperarse. No obstante, ellas se explican en parte por el alto precio que han alcanzado en los últimos meses los metales preciosos, incluido el cobre.

La negociación colectiva en la mina Spence -en la que los trabajadores aspiraban a montos similares- no fue aceptada por la misma empresa, y eso originó una huelga legal.

En las próximas semanas se aproximan negociaciones colectivas en distintas empresas del sector, incluida Codelco. En esta última, sus sindicatos ya han anticipado que lo obtenido por los trabajadores de Escondida debiera ser "un piso" para sus aspiraciones.

Sin perjuicio de que Escondida pueda haber tenido sus razones para ofrecer altos montos a sus trabajadores y para negociar de manera anticipada -de lo contrario hubiera tenido que hacerlo durante la elección presidencial, lo que podría haber generado un clima laboral adverso para enfrentar las inmensas inversiones que la empresa proyecta realizar a partir del próximo año-, y que cada compañía es libre de pactar las condiciones que desee durante su negociación colectiva, el hecho de que los trabajadores de otras empresas del sector consideren esa negociación como una guía para la propia revela los problemas involucrados en la negociación por industria, impulsada por algunos personeros de la Concertación.

Claramente las posibilidades de cada empresa difieren según su particular situación productiva, económica y financiera. El caso de Codelco es paradigmático: la minera estatal tiene muchos más trabajadores -sólo en parte debido a la integración vertical de sus actividades, desde la extracción a la refinación-, pero está en una condición bastante más deteriorada para soportar ese tipo de beneficios. Paradójicamente, su situación es mucho más vulnerable y susceptible a presiones políticas para ceder ante ese tipo de demandas por bonos. Pero su condición de empresa pública hace menos presentable ante el país la repartición de cantidades de dinero semejantes. El resto de los trabajadores del Estado no puede aspirar ni de cerca a montos de ese tipo, y ello puede derivar en un problema de equidad en caso de materializarse.

B. La superación del "proletariado"
El acuerdo alcanzado en la empresa Minera Escondida, cuyos trabajadores recibirán un bono de término de conflicto de 14 millones de pesos, además de becas de estudios y beneficios habitacionales, entre muchos otros, suscitó un inusual interés en la opinión pública por los montos desembolsados.
Sus condiciones pueden repercutir en otras negociaciones de la minería privada y pública, por el efecto imitación y las particularidades de ese sector económico.
Con todo, esa realidad -que se replica parcialmente en otras áreas económicas- ilustra la improcedencia de la consigna política que insiste en identificar como términos sinónimos al "trabajador" con el "pobre", para luego transformar a los dirigentes sindicales de los trabajadores en los representantes de sectores desprotegidos. Dada la exitosa adopción -hace más de tres décadas- de un modelo de desarrollo basado en una economía libre, son muchos los trabajadores que han visto crecer sus ingresos a tal punto, que la diferencia con un pequeño o microempresario surge más de la naturaleza independiente de la actividad de este último, reflejo de una vocación, que del patrimonio de cada uno.
Esas consideraciones deben tenerse a la vista al momento de fijar las prioridades del Gobierno en los esfuerzos del país por superar la pobreza, sin ceder a las presiones de los grupos organizados que, atribuyéndose representar a los más pobres, buscan beneficios que favorecen a sus propios miembros.
II Parte: Nuestros comentarios críticos:

Primer Comentario:

El Bono de 14 millones de pesos ofrecido por Minera Escondida y aceptado por los trabajadores, representa alrededor del 1% de las ganancias operacionales estimadas de Minera Escondida para 2008.

Como este Bono es insignificante en relación a las ganancias, fue ofrecido anticipadamente por Minera Escondida.

Este Bono para los trabajadores es importante. Sin embargo, el Convenio dura 44 meses. En la práctica significa un Bono de alrededor de $300.000 mensuales líquidos.

Otros sindicatos de la minería tienen un Bono-Precio que tiene un rendimiento todos los años del Convenio. Esos Bonos resultan bastante mayores que el de Minera Escondida. Además, obtienen Bonos por término de las negociaciones.

Este Bono que aumenta las remuneraciones de los trabajadores, aumenta el Producto Nacional Bruto, al disminuir las ganancias que envían al exterior las empresas extranjeras.

Además de ser muy conveniente la negociación anticipada, en Minera Escondida quiere esconder un escándalo que podría tener características similares al Davilazo en Codelco.

Los Costos de Administración y Ventas, en 2004 fueron 29 millones de dólares; en 2007, fueron 112 millones de dólares; y, en 2008, sube a 802 millones de dólares.

Este aumento es difícil de explicar como Gastos de Administración. Debe estar ligado a Operaciones de Venta. Equivale a 3 o 4 veces el Davilazo en Codelco.

Este incremento de Gastos en Administración y Ventas en 2008, equivale a 10 veces el valor total del Bono de 14 millones de pesos por los 2.523 trabajadores

Este gran incremento de los Costos de Administración y Ventas, y otros incrementos de costos, le permiten a Minera Escondida disminuir drásticamente los impuestos que pagan en Chile.

Si el Gobierno de Michelle Bachelet y las instituciones del Estado, así como los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales y los presidenciables no denuncian y piden una profunda investigación, son cómplices del incremento del robo a Chile, como lo ha sido de la desnacionalización del cobre que nacionalizó Salvador Allende.

Segundo Comentario:

Este Bono que aumenta las remuneraciones de los trabajadores, aumenta el Producto Nacional Bruto, al disminuir las ganancias que envían al exterior las empresas extranjeras.

En efecto, a nivel de la macroeconomía para estimar lo que se produce anualmente en un país, existen, entre otras, dos grandes categorías: el Producto Interno Bruto, PIB, y el Producto Nacional Bruto, PNB.

El PIB mide toda la producción que se realiza al interior de las fronteras de dicho país en un año. EL PNB resulta de restar del PIB, -fundamentalmente-, las ganancias de las empresas extranjeras que producen en Chile.

El incremento de las remuneraciones de los trabajadores chilenos en las empresas extranjeras, al disminuir las ganancias de las empresas, resulta en un Producto Nacional Bruto mayor que antes del incremento en las remuneraciones.

Los trabajadores gastan sus ingresos en bienes de consumo o en casas – que son consideradas inversión-, que permite reactivar la economía nacional.

El Bono de los 14 millones de pesos por trabajador en Minera Escondida, a pesar de ser insignificante en relación a las ganancias de Minera Escondida, que como hemos señalado en una nota anterior, equivalen sólo al 1% de dichas ganancias, incrementa el Producto Nacional y dinamiza la economía nacional y regional.

Sin embargo, este tipo de negociación profundiza las desigualdades y la ruptura del tejido social en las ciudades mineras, entre los trabajadores de planta y los trabajadores contratistas, otros trabajadores y la gente humilde; entre sus familias y entre sus hijos. Los trabajadores de planta de las grandes mineras extranjeras y de Codelco, sus organizaciones sindicales y la mayoría de sus dirigentes, son mal vistos por la sociedad chilena, y en particular, en las regiones mineras. El individualismo los lleva a esta situación.

Otra sería la situación, si ellos demandaran no montos absolutos, sino que un Bono compartido con las regiones mineras, ligado a los precios del cobre y a las grandes ganancias que son expropiadas por las mineras extranjeras en forma anticonstitucional, porque la Constitución chilena afirma categóricamente que: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

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Narcotráfico y violencia en Colombia: No más muertos. No tropas gringas

Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

En todo el tiempo en que he estado cubriendo esta columna periodística en ARGENPRESS, de Buenos Aires, he centrado mis escritos en la crisis política general y a la violencia interna que viene ocurriendo en Colombia desde hace un más de 50 años, ininterrumpidamente, prácticamente desde el asesinato del líder liberal de izquierda y notable jurista y penalista colombiano educado en Italia, Jorge Eliecer Gaitán, quien fue uno de los más brillantes penalistas de Colombia de todos los tiempos, activista político de izquierda de acento socialista, que había participado en una campaña presidencial frente al dirigente liberal Gabriel Turbay.

Este hecho dio lugar a que el Partido Conservador lanzara su propio candidato presidencial teniendo como tal al Ingeniero Civil y de Minas Mariano Ospina Pérez, de familias conservadoras de amplia presencia política en la historia de Colombia. Durante esa campaña electoral por la elección presidencial, fueron lanzados candidatos de los dos partidos: Dos del Partido Liberal, Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán, y un conservador de familia de elevado poder económico y social, Mariano Ospina Pérez. Para ejercer el poder entre 1946 y 1950.

Pese al carácter bipartidista del gobierno de Ospina Pérez, fue desatada la violencia en varias zonas de la República, según las mayorías políticas de cada una. En realidad este hecho político tuvo un objetivo muy claro: acorralar y presionar a los liberales para que hicieran una lucha abierta para la nueva elección en que se consideraba recuperación del poder del liberalismo. La realidad es que en Colombia desde ese momento la violencia y crímenes partidistas se fueron generalizando por todas las regiones del país, especialmente en las de actividad agraria y ganadera. En el centro de la República, por ejemplo, en el Departamento de Boyacá y en el de Cundinamarca, surgieron los “chulavitas”, que fueron conservadores armados como fuerza política conservadora y del gobierno, para desalojar a los liberales de las regiones en que eran mayoría. Las matanzas de estos grupos de seres humanos son inenarrables. En el Departamento del Valle, el de mayor desarrollo económico, agrícola e industrial del país, fueron organizadas cuadrillas armadas de asesinos conservadores para matar liberales. Yo mismo por razón de mi ejercicio de la profesión de abogado tuve que ir a esas regiones y constatar, por ejemplo, que a partir más menos de las cinco de la tarde comenzaban a circular por las carreteras y vías públicas pavimentadas de las ciudades vehículos con poderosas sirenas que notificaban a la población que en esos vehículos, iban armados los “pájaros”, que en la medida en que avanzaban dentro de la población disparaban contra las gentes que circulaban o huían por las calles. Los vecinos de esos pueblos tenían que esconderse en sus casas y donde fuera posible para salvar sus vidas. En la población estaba el director de la Federación de Cafeteros de Colombia, que tenía que organizar, propiciar y asegurar la correcta comercialización del café. Me dijo aléjese de la ventana y entremos al fondo de la casa como una medida de protección de la vida, pues los disparos se hacían indiscriminadamente contra quienes estábamos en esos lugares.

Después a recoger los muertos que eran lanzados como tales o heridos al Río Cauca, que cruza de norte a sur el Departamento del Valle y fue un río navegable en otras épocas. Como era inevitable, los liberales y grupos independientes tenían que encargarse de recoger los muertos y llevar los heridos al hospital y firmar los telegramas de denuncia de los crímenes. A su vez, había zonas del país con acentuada mayoría liberal que se armaban y respondían a la violencia de los militares y burocracia del Partido Conservador. Estos asesinatos, de parte y parte, llenaron a toda Colombia de centenares de miles de muertos de todos los sexos, edades y actividades. En el libro “Violencia, Conflicto y Política en Colombia”, publicado en Bogotá, en 1978 por Paul Oquist, escritor público, y educador quien en un un cuadro en la página 17 indica el volumen de las muertes a lo largo del país:

DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE LAS MUERTES POR LA VIOLENCIA
AÑO Muertes por la violencia
1948…………………………………43.557
1949…………………………………18.519
1950…………………………………50.253
1951…………………………………10.319
1952…………………………………13.250
1953………………………………… 8.650
__________
TOTAL…………………………….144.548

Pero lo peor de la situación colombiana que hasta este año del 2009, según investigación dirigida por el historiador Jorge Orlando Melo, que convirtió la Biblioteca Luis Ángel Arango en una de las más completas y modernas de Colombia y del mundo en las que miles de jóvenes de todas las clases sociales, especialmente de muchachos de los sectores populares y de bajos ingresos, estudian y hacen sus investigaciones durante todas las horas de trabajo de esa institución. Hoy a las seis de la mañana del 21 de octubre del 2009, hora de Colombia, llamé a Jorge Orlando a que me recordara la cifra de muertes en este país por la violencia, en unas investigaciones que él mismo ha ayudado a orientar, culminaron en de que en los últimos 50 años del país, 1958-2008 se elevó a 700.000 el número de asesinatos en Colombia, a la vista de los gobiernos y de la gente. A esta cifra hay que agregar las muertes políticas entre 1948 y 1.966, que indican que hubo 193.017, según el investigador Paul Oquist. Juntando esas cifras con las actuales ya Colombia logró el vergonzoso éxito criminal de que hasta el presente año de 2009, el número de muertos por la violencia desde 1948 sobrepasa la cifra de 1.000.000 personas. Esto es monstruoso, independientemente de que los muertos sean liberales o conservadores, socialistas o comunistas o campesinos u obreros o gente común y corriente del país como es la mayoría de la población colombiana. Este es el signo de una sociedad que no ha podido organizarse ni ordenarse y que es en América Latina el país de más de un millón de muertos en conflictos políticos desde 1948 hasta la fecha. Se agrega que desde hace varios años Colombia utiliza en la guerra interna a cientos de mercenarios norteamericanos, es decir soldados de una guerra por la paga, suministrados por Estados Unidos a Colombia. Lo cual quiere decir que con el nuevo proyecto de Barack Obama de instalar 7 bases militares en Colombia en estos momentos, el país se coloca bajo la dependencia total, política, militar, humana y comercial de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es el monstruoso regalo que nos ha hecho el presidente norteamericano, Barack Obama y la vergonzosa condición de sometimiento y entrega de la soberanía nacional de Colombia que se está haciendo actualmente por el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Hemos perdido la soberanía, la independencia nacional y el orgullo de ser colombiano. A principios del siglo XXI, Colombia, a diferencia de lo que ocurre en las naciones latinoamericanas, no marcha por un proceso democrático y soberano. Somos, realmente, una nación que no tiene soberanía militar ni política, pues el gobierno actual del presidente Uribe ha entregado la soberanía colombiana a los Estados Unidos y al presidente Barack Obama. Estamos cumpliendo 200 años de subordinación y sometimiento a esa potencia. Creo que es la hora d decirles a los colombianos y convocarlos para unas consignas elementales: No más presencia en Colombia de tropas, aviación militar y marítima ni de soldados y mercenarios norteamericanos que ya están en el país. No más entrega a los Estados Unidos. No más subordinación. Recuperemos nuestra dignidad, nuestro honor y nacionalidad, antes de que sea demasiado tarde y los Estados Unidos nos anexen a su propia soberanía como ya lo hace en Asia y Puerto Rico. Yo con mis 88 años de edad, tengo que gritar y llamar a la resistencia de la entrega y venta de la soberanía colombiana.

Aprovechemos la atmósfera de independencia y soberanía que entusiasma a toda la América del Sur y del Caribe. No traicionemos a esas regiones.

Autor foto: Miguel Angel Solano Salgado - SNE

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El ferrocarril una cuestión nacional: El Estado sigue raptado (Parte II)

Juan Carlos Cena (especial para ARGENPRESS.info)

(Nota de la Redacción: Este artículo fue publicado por Argenpress.Info en junio del año 2005, lo denunciado ayer hoy lo descubren, luego de 4 años, los “grandes” medios de difusión. En ese entonces los mismos no enfrentaban al gobierno del ex presidente de Néstor Kirchner, al contrario alentaban o callaban su política de compra de material de descarte a España y Portugal.)

CONTINUA RAPTADO EL ESTADO NACIONAL, Y ESTE, EN FORMA INVARIABLE SIGUE PAGANDO EL RESCATE. EN ESTA OPORTUNIDAD, A TRAVES DE COMPRAS DE MATERIAL FERROVIARIO EFECTUADAS EN EL EXTERIOR. SUS RAPTORES, O SEA, LOS CONCESIONARIOS EN COMPLICIDAD CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REALIZARON EL CONTROL DE GESTION DEL PAGO DE UNA PARTE DEL RESCATE.

: “El conservatismos engendra la selección de mediocres ¿Cómo puede fundar sus privilegios esta élite de usurpadores consciente de su mediocridad? Hay un solo medio: disminuir al colonizado para engrandecerse, negar la calidad de hombre…”Es sabido que la ideología de una clase dirigente se hace adoptar en gran medida por las clases dirigidas”
Albert Memmi
Retrato del colonizado

El Gobierno argentino lanzó en febrero de 2004 un Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias para mejorar los servicios de pasajeros, reactivar los ramales de carga y regresar con el tren a las principales ciudades del interior del país. Fueron todos enunciados falaces, ninguno se concretó.

Continuando su recorrido por el shopping del usado ferroviario, el secretario de Transporte de Argentina comprará material rodante de ocasión a la compañía Comboios de Portugal (CP), empresa estatal de ferrocarriles lusa, en el marco de un plan para modernizar el sistema ferroviario de este país latinoamericano.

El secretario argentino de Transporte, Ricardo Jaime, señalaba en la edición del semanario "Expresso" que su país pretende adquirir material ferroviario portugués que será incorporado a las líneas de trenes de pasajeros y de carga del país austral.

El profesor Ricardo Jaime explicó que el déficit argentino en ese área es preocupante, no sólo "para cubrir las necesidades actuales, sino también para la renovación de unidades que están en el fin de su vida útil".

Afirmó que hay 11 locomotoras portuguesas en condiciones de ser adquiridas por el Estado argentino, para destacar también que tratará de "llegar a un acuerdo semejante al alcanzado con las -locomotoras- adquiridas el pasado año".

El profesor Jaime llegará a Lisboa, ha mantenido en la capital portuguesa un encuentro con el presidente de CP, António Ramalho, dice la noticia.

En 2004, CP vendió al Estado argentino 17 locomotoras puestas en funcionamiento en los años 1976 y 1977 por un coste de 3,8 millones de euros, la mitad del precio de mercado.

CP ganó en los años noventa un concurso internacional para modernizar el sistema ferroviario argentino, que incluía, además, una concesión para explotar la línea ferroviaria Belgrano Norte, proyecto este último que nunca se llevó a realizar.

Veamos la comprobación en el andén de la estación Retiro correspondiente al ex Ferrocarril General Belgrano, una de las muestras de la realidad concesionarista: se realizó el acto de presentación de vagones autopropulsados para el servicio urbano de pasajeros. Tras un acuerdo firmado entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y la empresa estatal portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses EP, las nuevas formaciones, compuestas por treinta y cuatro coches, serán afectadas a la concesión de la línea Belgrano Norte, a cargo de la empresa Ferrovías, para su utilización en el proyecto Tren del Este, entre otros.

Debemos preguntarnos si son nuevos o de descartes, por fatiga y obsolescencia de material, como los coches de los subterráneos. Aunque no se sabe su valor verdadero, seguro que los pagamos como coches de última generación, con tecnología de punta incorporada.

Se trata de nuevas formaciones compuestas por 34 coches, que fueron adquiridas por el Estado nacional a la empresa estatal portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses. Fuente: La Nación y Ámbito Financiero 17/5/05

Repito palabras del profesor dichas más arriba: “Las compras de material forman parte del plan del Gobierno de Néstor Kirchner para recuperar y modernizar el sistema ferroviario argentino, diezmado en la década pasada”

Toda una falacia, está demostrado que se continúa con el sistema de concesiones, que tiene que ver con ese sistema de desguace, saqueo y paralización del sistema ferroviario. Sistema perverso que genera un drenaje de recursos nacionales sin que reditúe ningún beneficio público.

Donde se demuestra que concesionarios y funcionarios, en complicidad, han raptado al Estado Nacional para beneficio propio. Hemos denunciado y demostrado hasta el cansancio en notas publicadas por el Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos (Mo.Na.Re.FA) publicadas por esta agencia Argenpress y otros medios, que el famoso PLANIFER (Plan de Inversiones Ferroviarias), escondido y modificado de acuerdo a las necesidades de los concesionarios.

Es un proyecto de inversiones que sólo beneficia a estos industriales nacionales, que no sólo mal administran los ferrocarriles de la Argentina, sino que lo han saqueado y, que los funcionarios del área –por supuesto con la aprobación del más allá- protegen y benefician.

Como podemos apreciar, esta es la política ferroviaria del gobierno implementada desde sus comienzos, que fue la de seguir favoreciendo a los concesionarios. El Gobierno compra con dinero del Estado Nacional, al que aportamos todos, material ferroviario para los concesionarios, como Ferrovías, cuyo mayor accionista es EMEPA, que se benefician con la inversión estatal con domicilio en Chascomús, donde son originarios los hermanos Alfonsín.

Lo mismo está ocurriendo son subterráneos de Buenos Aires. Ibarra ha viajado a la Metrópolis, de la misma manera que el profesor Ricardo Jaime, y se ha entrevistado con unos de los más conspicuos colonizadores, Felipe González, viejo colonizador, dizque pintado de socialista, para gestionar una millonada de dinero para ampliar los recorridos de este sistema de transporte urbano. Cuya obra la realizaría Benito Roggio, viejo succionador de la ubre del Estado, actual concesionario de subtes y del ferrocarril suburbano línea Urquiza, entre otras cosas.

Seguimos con los trenes. En casa, digo, en el orden nacional, se ha llegado a un acuerdo con el tren que administra TECHINT. Que va desde Rosario a Puerto Belgrano, atravesando el mapa cerealero. La empresa tendrá 17 años para saldar con obras multas por $ 63 millones, que le adeuda al Estado Nacional. Dice además el acuerdo, que la compañía tendrá que invertir el 9,5 por ciento de su facturación anual.

Pese haber concretado en las últimas semanas un récord de inversiones de casi US$ 2.500 millones en la adquisición de nuevas compañías siderúrgicas, el grupo Techint volvió a recibir el auxilio del Estado para encarrilar a su ferroviaria de cargas. Toda una burla nacional de estos industriales nacionales.

La renegociación contractual que cerraron los funcionarios de la UNIREN y los directivos de Ferroexpreso Pampeano (Fepsa-Techint) dejó a cargo del Estado la mayor parte de las inversiones en infraestructura y concedió a la empresa un plazo de 17 años para saldar con nuevas obras los $ 63 millones de multas e incumplimientos que arrastra desde 1991.

Al igual que con sus colegas Ferrosur y NCA, el esquema de renegociación acordado con Fepsa prevé atar las inversiones obligatorias de la compañía un porcentaje de la facturación, acotar el pago del canon y levantar todos los reclamos cruzados.

Ferroexpreso —cuyo control mayoritario está manos de Techint— fue el primer concesionario privado que se hizo cargo de los trenes de cargas que privatizó la administración menemista. Repito, atraviesa el corredor cerealero Rosario-Bahía Blanca y el 80% de sus ingresos proviene del transporte de granos y cereales.

Por el doble impacto de la devaluación y los altos precios agrícolas, su facturación se triplicó en los últimos años. En el 2001, había transportado 2,4 millones de toneladas con una facturación de $ 23,6 millones. En tanto, en el 2004 trasladó algo más de 3 millones de toneladas que le reportaron un ingreso superior a los $70 millones.

Pese a que estaba lista desde mediados del año pasado, la "carta de entendimiento" con Fepsa recién salió a la luz esta semana tras la resolución de los reclamos mutuos. Las bases de la renegociación —que se debatirán el 24 de junio en una audiencia pública en Bahía Blanca—plantean las siguientes modificaciones clave:

A partir de ahora, la empresa estará obligada a invertir el 9,5% de su facturación anual.

El Estado asumirá las principales inversiones en infraestructura y material rodante. Hasta el 2008, los desembolsos estatales treparán a $ 163,7 millones; frente a los $ 43,7 millones que debe aportar la empresa.

El nuevo valor del canon quedará fijado en el 3% de la facturación anual y el 70% de ese importe será reinvertido por el Estado en la misma red ferroviaria.

La compensación de los reclamos arrojó un saldo a favor del Estado de $ 63,8 millones que la empresa cancelará con inversiones adicionales en un lapso de 17 años.

El esqueleto de la renegociación se completa con dos cambios llamativos. Por un lado, la empresa aceptó levantar las demandas que tenía entabladas contra el Estado por los ramales inundados ($ 40 millones) y los peajes de la provincia de Buenos Aires ($ 11 millones). Y, por otro lado, quedó abierta la puerta para un incremento de los fletes, por la modificación del "límite superior tarifario" que podrá solicitar la empresa en cualquier momento de la concesión. Infiero que hasta octubre no ocurrirá ese aumento, es el mes del plesbiscito.

Es realmente patética la política de este gobierno con respecto al tema específico del transporte en general, y en especial el ferroviario. Se dilapidan recursos a granel.

Y como si fuera una burla De Vido prometió también reactivar los servicios ferroviarios de la Argentina y particularmente el de Tucumán. "El servicio de tren en general fue un genocidio en el país y por eso estamos trabajando fuertemente", expresó. Asimismo, mencionó que el Belgrano Cargas estará activo en un corto plazo, una vez que la Nación lo adjudique.

"No nos vamos a desentender y vamos a invertir en el servicio de carga como en el de pasajeros", afirmó De Vido a El Siglo, diario de San Miguel de Tucumán.

Como podemos apreciar, son tantos los dichos y declaraciones de los funcionarios, sobre los montos de las compras, el material adquirido y, donde sobre la hora aparecen de nuevo los chinos. Somos una colonieta donde cualquier chichipio o palurdo nos pasa por arriba.

El llamado a plebiscitar la gestión de gobierno por parte del mismo gobierno, se puede apreciar que es un deseo desatinado que emana de la verdadera naturaleza del representante de las Metrópolis, los funcionarios cipayos. Uno, con solo mirar la política de transporte en general y la de ferrocarriles en particular, puede estimar que todo es una mascarada.

Y si se profundiza la mirada puede se podrá observar que la brecha entre pobres y ricos se ha ampliado, la desocupación aumentó, a pesar de los malabares que realizan con los números por parte del INDEC, el aumento salarial es una farsa, la mortandad infantil sigue creciendo, la educación, la salud en general, y así, con las erráticas políticas.

Ni hablemos de la política salarial, de salud, desocupación, contratos basuras, trabajo en negro, y por otro lado, la petrolera, gasífera…devastación de los bosques, de la minería y así: se están llevando el país. Ah, me olvidaba, vienen por el acuífero…

Algunos dicen que por toda esta política que el gobierno implementa, sus dirigentes volvieron al neoliberalismo.

La respuesta la da Aníbal Troilo, cuando le preguntaron:

-Gordo, ¡volviste! Y este contestó:

-Como voy a volver, si yo nunca me fui…
Juan Carlos Cena es miembro fundador del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos Mo.Na.Re.FA.

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¿Hambre en la Argentina? Yo, apetito

Alfredo Grande (APE)

Según relevamientos de institutos privados hay 4 millones de argentinos con hambre
El INDEC realizó por última vez en 2004 una medición nacional sobre la nutrición de niños y mujeres embarazadas. Informes de organismos independientes sostienen que el 10% de la población no come lo suficiente. No alcanzan los planes sociales.
“Cuando uno gasta en comida más del 30% de lo que gana, está pasando hambre. En este país hay más de 4 millones de niños -sólo niños- con necesidades básicas insatisfechas. Hay 45 mil familias miserables”, asegura a Crítica de la Argentina Abel Albino, titular de Red Conin, una ONG que lucha contra la desnutrición infantil.
Por fuera del método de medición oficial, cada año la Comisión Técnica del INDEC, integrada por la Junta Interna del gremio ATE, junto al grupo de trabajo del diputado Claudio Lozano, hace un cálculo estimativo de la pobreza, a partir de los números de inflación que aporta la Universidad de Buenos Aires. Los datos de diciembre de 2008 revelaron que 13.414.179 de personas viven en la Argentina en situación de pobreza y 5.918.738 “directamente pasan hambre”.
ARGENTINA Y EL MUNDO. Hace menos de un mes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que el número de personas que pasa hambre en todo el mundo en 2009 llegó a superar los mil millones, por primera vez en la historia. “Este año tenemos más personas hambrientas que nunca”, describió Josette Sheeran, directora del PMA, y advirtió: “Muchas personas se despiertan y no cuentan ni con un plato de comida”.
(Diario Crítica de la Argentina 13/10/09)

Según cuenta esa mezcla apasionante de invento e historia que son los mitos populares (que no es lo mismo que una leyenda urbana pero a veces se le parece) el “yo, argentino” tuvo su origen en una de las habituales cacerías de extranjeros, sospechados de anarquistas, comunistas, socialistas. Al ser detenidos, respondían intentando una inútil defensa con esa poco creíble afirmación. El tiempo que borra algunas cosas y a otras simplemente las degrada, terminó haciendo de esa afirmación, el símbolo de la despreocupación, del “nada tengo que ver”, del “a mí que me importa”, y otras delicias de “el pueblo no quiere saber de qué se trata”. O quizá sepa, pero no le importa demasiado. Decimos por estas tierras del otrora virreynato, que sigue sufriendo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser: “andá a cantarle a Gardel”, por la íntima convicción que “al mudo” ningún canto podría conmoverlo. Los sonidos del hambre distan demasiado de ser un canto. Son un grito desgarrador, pero sin volumen. Apagado como mp3 en colectivo. Si el que no llora no mama, al que no come ni fuerzas para llorar, gritar, patalear le quedan. Alberto Morlachetti escribió que el hambre es un “asesino serial”. Agregaría que además ha perfeccionado la forma más silenciosa, más sencilla, más cruel y más cobarde de matar: por pura sustracción alimentaria. El hambre es quizá el acto destituyente por excelencia. Pérfida excelencia, desde ya. Porque destituye la organicidad cerebral, el desarrollo corporal, la capacidad simbólica, la trama vincular, el despliegue deseante, la construcción de la esperanza y la alegría y apenas permite que, a empujones y sopapos, algunas necesidades básicas puedan ser eternamente no satisfechas. Porque esa forma acotada, estéril, miserable, indigna, de no ganar el pan a pesar del sudor de la frente, ha desarrollado una escala industrial de la beneficencia, la limosa, la caridad, la piedad como el revés de la más brutal indiferencia. Un psicoanalista diría que es la más formidable formación reactiva jamás construida. La maldita maldad del hambre engendra a diferentes super héroes, patronos del choripán y el tintillo, diáconos del mate cocido y los refrescos no aptos para consumo humano, lores de las leches contaminadas. Y los más importantes: los capitalistas que han visto que la pobreza es un tremendo negocio. En vez de la conmovedora lucha de la “pelota de trapo”, se amasijan por el “balón de oro”. Con seguridad, el niño deprimido superará la melancolía que la sombra del Diego arrojó sobre su deportivo Yo. De la misma forma saldará las pesadillas de Fiorito en las lujosas habitaciones de un spa. El hambre da vergüenza, porque no permite pensar en nada más. El frío tiene la defensa del abrazo, de tiritar en grupo, de cubrirse con todo lo que se encuentra y con lo que no se encuentra. Claro, hay gente que muere de frío, o intoxicada por un dióxido de carbono de un brasero, pero como dios es argentino, el frío-frío dura poco. Y hablando de formaciones reactivas: las pocas veces que nieva es una fiesta. Al menos en la reina del plata. Pero la eternidad del hambre ha creado una grieta donde antes había un sendero peligroso. Los Quilapayún cantaban: “es peligroso ser pobre, amigo” en la inolvidable Cantata Santa María de Iquique. Ha dejado de ser peligroso. Ahora ser pobre es una sentencia de muerte. A mediano o corto plazo. Muerte real. Muerte simbólica. La patética discusión sobre porcentajes de pobreza y de indigencia es quizá el rostro más sombrío de esta democracia. Expertos estableciendo una frontera que divida al pobre del indigente, frontera débil como los cuerpos de aquellos que se amontonan de uno y otro lado. En una de esas, uno se levanta pobre y se duerma indigente. O ni siquiera se levante, como el pobre Benito de la canción de Serrat. El sargento Cabral, el soldado heroico: ¿habría muerto contento si el enemigo a batir hubiera sido el porcentaje de niños pobres y de pobres niños? Podemos suponer que hubiera muerto con la inmensa tristeza de no poder batir a ese enemigo burocratizado, de uñas limpias y culo sucio, que embarra la cancha para que ni siquiera una pelota de trapo ruede, y que se empeña en ningunear trabajadores que reclaman personería jurídica. Paradoja total: los mismos burócratas que reinan en la columna vertebral del movimiento obrero organizado, han sido bautizados hace décadas como “los gordos”. Obviamente, no es justamente hambre lo que tienen. No es justamente el hambre lo que podrían llegar a entender. No es justamente el hambre lo que les puede llegar a importar. Aunque seis millones de personas padezcan hambre, los millones que no lo sufren, no desarrollan ninguna empatía con aquellos que sufren y son desgarrados por el flagelo de los hambreadores. El hambre, el asesino serial, es una construcción social y política de una jauría brutal de administradores y productores de la carencia y la miseria. O sea: el hambre no implica una carencia, una falta, una pura negatividad. El hambre es la resultante necesaria del sobrante, del exceso, de la pura positividad de lo que se llama generosamente “el agro negocio”. Algo así como una mafia de los garbanzos. La misma ayuda social, que supuestamente debería enfrentar, paliar, atemperar al terrible flagelo, está impregnada de otros mecanismos sustitutivos para sostener y ampliar poder mirando bien a quien. El Hambre (de alimentos, educación, salud, vivienda, justicia, amor) es una espada de Damocles que no está encima de la cabeza, sino que con frecuencia las corta. Me parece que tendremos que empezar a pensar en los hambreadores, verdaderos simuladores de la abundancia. No hay hambre ni hambrientos, sin la presencia cuasi invisible de esta casta saqueadora. Hambreadores que legitimados por la democracia representativa, son deslegitimados por la cotidianeidad del desgarro. Pero a no dudarlo, si enfrentáramos a los hambreadores con la realidad real o incluso con la realidad estadística, nos mirarían con cara de ángel sorprendido y dirían: “¿hambre en la argentina? Yo, apetito”.

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El INADI discrimina al software libre

LA VACA

Con el auspicio de la corporación Microsoft, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) convoca para este jueves a una jornada promoviendo la “inclusión digital”. Parece un chiste de la revista Barcelona, pero no: las jornadas son un ejemplo más de las presiones que esa corporación ejerce sobre el Estado argentino para imponer sus prácticas monopólicas, que “incluyen” la imposición de programas cuyos costos son privativos para la mayor parte de la comunidad.

Así lo expresa un comunicado de HIPATIA -organización global en defensa del libre conocimiento de la que LAVACA forma parte- donde se denuncia la política de criminalización que esta corporación está llevando a cabo contra organizaciones sociales, vendedores ambulantes y pymes. Además, se solicita que el Inadi acompañe las denuncias “de discriminación tecnológica”, ya que los usuarios de software libre “no pueden comunicarse o interoperar con las prestadas con estos productos comerciales. Ejemplos concretos: los usuarios de sistemas de software libre, como Gnu/Linux, no pueden procesar los impuestos ante el AFIP; usuarios de Firefox no pueden entrar a numerosos sitios, y personas que no tienen licencias de Office no pueden redactar documentos .doc y Excel que se solicitan en numerosos trámites”.

El comunicado expresa:

“HIPATIA, comunidad global en defensa del libre conocimiento, quiere expresar su profundo rechazo a las Jornadas organizadas por el INADI auspiciadas por la corporación Microsoft bajo el engañoso título “Programa de Inclusión Digital: Internet para todos y todas“. Consideramos estas jornadas un hecho inédito, por calificarlo de alguna manera, ya que el organismo que brega contra la discriminación comete un acto discriminatorio, en tanto:

1) La inclusión digital solo puede ser garantizada por quienes no comercian con ella. El software libre no es tan solo una opción de mercado. Es la posibilidad creada por quienes -convencidos de que el conocimiento no es una mercancía- construyeron una herramienta que garantiza que la inclusión digital sea libre, abierta y democrática.

2) Desde diferentes ámbitos se ha trabajado mucho para defender a la comunidad argentina de las extorsiones de Microsoft. Estas extorsiones obligaron al Estado a pagarle fortunas en los peores momentos de la crisis económica. La política de persecución penal continúa hoy hacia organizaciones clave en la defensa de derechos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Central de Trabajadores Argentina (CTA), entre otras.

3) La única finalidad de Microsoft es obligar a la comunidad argentina a comprar sus licencias, cuyo costo promedio es de 100 dólares. Intenta criminalizar a quienes se resisten a esta exclusión, como prueba los numerosos litigios que promueve contra vendedores ambulantes y pymes, propiciando operativos represivos. ¿Quiénes serían los excluidos si Microsoft logra imponer su aspiración monopólica?

4) Consideramos que el INADI se preste, de esta manera, a la operación de marketing de una corporación es un claro ejemplo de hasta dónde llega la política de presión de Microsoft. El auspicio de estas jornadas forma parte de la estrategia de confusión que necesita crear para borrar del ideario social toda posible “competencia” en momentos en que países como Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Brasil han dado muestras concretas de cómo el Estado garantiza la inclusión digital al establecer políticas públicas que combaten el monopolio de Microsoft.

Por último, solicitamos al Inadi que acompañe las denuncias de discriminación ante el Estado nacional, provinciales y municipales y empresas de servicios públicos por exclusión y discriminación tecnológica causadas por el software de Microsoft y otras empresas. Esto se origina cuando las personas físicas y jurídicas que utilizan software que no es provisto por Microsoft no pueden comunicarse o interoperar con las prestadas con estos productos comerciales. Ejemplos concretos: los usuarios de sistemas de software libre, como Gnu/Linux, no pueden procesar los impuestos ante el AFIP; usuarios de Firefox no pueden entrar a numerosos sitios, y personas que no tienen licencias de Office no pueden redactar documentos .doc y excel que se solicitan en numerosos trámites”.

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Hay que terminar con la hipocresía

Irina Santesteban (LA ARENA)

El Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Tucumán el fin de semana largo de octubre, volvió a ser escenario de fuertes enfrentamientos entre los llamados grupos "pro-vida" y las mujeres que luchan por la despenalización del aborto.

En el diario "Página 12" del pasado lunes, la periodista Mariana Carbajal escribe sobre la actitud de grupos conservadores, ligados a la jerarquía de la Iglesia Católica, que están atacando desde varias esferas a aquellas personalidades que expresan opiniones favorables a la despenalización del aborto. Y enumera algunos casos de médicos o catedráticos universitarios excluidos de sus trabajos por manifestarse de tal manera. Entre ellos el caso del médico pampeano Fernando Giayetto, quien fuera separado del Hospital Lucio Molas, por su conocida posición favorable a la anticoncepción quirúrgica y la despenalización del aborto. Su delito fue nada menos que aplicar la ley, en cuanto a la práctica de abortos no punibles, expresamente contemplados en el art. 86 del Código Penal, sin necesidad de autorización judicial previa.

La Pampa ha sido un escenario especial en este enfrentamiento, por un lado de quienes dicen defender la "vida" y, por el otro, quienes sostienen el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su deseo de ser (o no ser) madres.

El veto del gobernador Jorge a la ley que reglamentaba los abortos no punibles, fue un triunfo de la jerarquía eclesiástica y los sectores conservadores, que presionaron al mandatario pampeano, a pocos días de haber asumido la gobernación, para que "abortara" (nunca tan preciso el término) un intento progresista de reglamentar lo que ya está permitido por la ley penal, esto es, permitir la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de la madre, o cuando el embarazo es fruto de una violación sobre una mujer con discapacidad mental.

Con una práctica antidemocrática y cuasi fascista, los grupos "pro-vida" van desde las amenazas a legisladoras que presentan proyectos para legislar sobre el aborto, hasta el desprecio absoluto por la salud de las mujeres que se someten todos los días a prácticas clandestinas para interrumpir embarazos no deseados, poniendo en peligro sus vidas, y muchas veces, lamentablemente, perdiéndola. ¿Adónde está entonces, la "defensa de la vida" que hacen estos grupos, si anualmente mueren casi 500 mujeres en Argentina, producto de abortos realizados en malas condiciones sanitarias? Y en muchos casos, además de la vida del "por nacer", quedan huérfanos los hijos de esas mujeres muertas porque no hay desde el Estado una política sanitaria que las proteja.

En el Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizó en Tucumán el pasado fin de semana largo, los grupos católicos volvieron a invadir un espacio que nació en 1986 para reivindicar los derechos de las mujeres, con un sentido progresista. Gracias a este movimiento y a la lucha de muchos años de los movimientos de mujeres, en los últimos 25 años el avance tanto en la legislación como en la práctica política y social de las mujeres, es innegable. Pero cuando la discusión pasa al plano de la maternidad y el papel de la mujer en la familia, parece ser intolerable para estos sectores. Es paradójico que los grupos que reivindican un papel puramente reproductor y materno de la mujer, pretendan participar de los Encuentros, que justamente nacieron para cambiar esa visión conservadora y patriarcal.

Hace algunas semanas se conoció un informe elaborado por el Instituto Guttmacher, de Estados Unidos, el cual demuestra que, cuando se intensifican las campañas para un correcto uso de métodos anticonceptivos, se disminuyen notablemente los abortos y los embarazos no deseados.

Una verdad que los movimientos feministas y los especialistas en salud reproductiva vienen pregonando hace muchos años, a contrapelo de las opiniones de los falsos "defensores de la vida".

Según este informe, mientras que en 1995 en todo el mundo se registraron 45,5 millones de abortos, esta cifra bajó a 41,6 millones en 2003, y la tasa de embarazos no deseados pasó de 69 por 1000 en 1995, al 55 por 1000 en 2008.

La directora del Instituto Guttmacher, Sharon Camp, defendió la posibilidad que tiene cada mujer, cuando hay políticas públicas destinadas a ello, de decidir por sí misma cuándo quiere quedar embarazada y cuántos hijos tener. Esta posibilidad que se otorga a las mujeres, sobre todo a las de los sectores más vulnerables, trae como directa consecuencia, comprobable mediante estadísticas, una disminución importante de los embarazos no deseados y a la vez reduce notablemente la necesidad de recurrir al aborto.

El incremento del uso de anticonceptivos en las mujeres, incluso en las casadas y las que tienen pareja estable, demuestra la necesidad de que los Estados destinen más fondos a los programas de Salud Sexual y Reproductiva, obviamente contrariando la posición predominante en la jerarquía de la Iglesia Católica.

Mientras el 40 por ciento de las mujeres del mundo vive en países que prohíben el aborto, esta cifra trepa al 97 por ciento en el caso de las mujeres latinoamericanas, pues sólo Cuba prevé en su legislación la posibilidad de interrupción del embarazo.

Del informe surge claramente que las legislaciones restrictivas en materia de abortos, no lo impiden ni lo evitan, sino que provocan que éstos se practiquen en condiciones más peligrosas para la salud de las mujeres, sobre todo las de los sectores más humildes, que no pueden acceder a dicha práctica, por el alto costo de las mismas y el riesgo que asume el profesional que lo practique. Claro que en la mayoría de los casos de muertes por abortos clandestinos, éstos son practicados por personas no idóneas y en condiciones deplorables.

La muerte de María Díaz hace dos semanas en Rosario, luego de practicarse un aborto en forma clandestina, volvió a poner en el debate la necesidad imperiosa de legislar sobre el aborto, permitiendo su despenalización cuando se lo practica antes de la 12ª semana de gestación.

Como ocurrió el año pasado con Ana María Acevedo, la joven que murió luego de dar a luz una bebé prematura -que también murió al nacer-, en medio de enormes sufrimientos porque padecía cáncer y no quisieron aplicarle quimioterapia por estar embarazada (pero no le practicaron el aborto, como lo prevé el art. 86 del Código Penal), detrás de estos casos, además de una muerte evitable, de una mujer joven, hay niños que quedan huérfanos por la hipocresía de sectores conservadores, que prefieren pregonar la "vida" sobre los cadáveres de centenares de mujeres, que no pudieron evitar un embarazo y que no se les permite interrumpirlo por el solo hecho de ser pobres.

¡A ver si terminamos con la hipocresía de una sociedad que permite el aborto a las mujeres que pueden pagarlo, pero reserva el sufrimiento y la muerte para las mujeres pobres!

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Argentina: Nuevo Sistema de Riesgos del Trabajo

Eduardo Ahamendaburu (ACTA)

En momentos en que aparece en primer lugar de la agenda del debate nacional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, otro debate más silencioso se viene librando por un nuevo Sistema de Riesgos del Trabajo que supla a la vigente Ley 24557, tocada bajo la línea de flotación por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Perfilando la maniobra de “cambiar algo, para que nada cambie”, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se menciona a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), verdaderas protagonistas del fracaso del sistema, como actoras del nuevo instrumento legal. Es más, son interlocutoras privilegiadas del Gobierno junto a la UIA y la CGT. Las ART, desde la cámara empresaria que las agrupa, vienen desarrollando una falaz campaña por los medios de comunicación, intentando mostrar como éxitos, lo que a todas luces fue un fracaso.

La simple existencia de estas entidades de orden privado, ligadas al capital financiero y piedra angular del sistema surgido como parte del paquete de flexibilización y precariedad laboral de los años 90, presupone una inversión de los principios rectores del derecho laboral; a saber, la protección de los más débiles en la relación entre empleadores y trabajadores. Tal es así, que el asegurado por las ART no son precisamente éstos últimos; sino las patronales.

Por supuesto, que éstas se cuidan muy bien de explicitar estos objetivos y argumentan que la prevención y la inmediatez de sus prestaciones son su principal función. Estos argumentos colisionan con estadísticas (parciales por omisión de denuncias y porque el sistema sólo atiende al trabajo registrado) que nos hablan de un incremento de la siniestralidad.

En segundo lugar, el sistema vigente y el que se está pergeñando excluye la participación de los trabajadores, como única forma eficaz de cualquier política de prevención, tal como dicta la experiencia internacional y la legislación vigente en la mayoría de los países latinoamericanos propiciándola; al pretender consagrar una formalidad en la participación de los trabajadores, en un contexto de falta de libertad y democracia sindical.

Con esto se allana el camino al sindicalismo empresarial que pretende hacerse de una tajada en el negocio de los seguros del trabajo o de los grupos empresarios que pretenden darle a las ARTs forma de mutuas, copiando nuevamente sistemas que en otros países han fracasado.

La persistencia del sistema “aggiornado” sólo beneficia al sector empresario enriquecido en estos años, no dispuesto a distribuir la renta, y sí a descargar su propia “crisis” sobre los trabajadores, denigrando aún más los salarios y las condiciones de trabajo y a una dirigencia sindical que desde ya hace muchos años ha optado por reconvertir a sus gremios en empresas ricas con trabajadores pobres.

Es necesario discutir un nuevo Sistema de Riesgos del Trabajo, eliminando la figura de las ART. Una política en este sentido, debe contemplar en primer lugar una eficaz política preventiva. Y esto no es posible sin la participación de los trabajadores en Comités Mixtos y la instauración de la figura del Delegado de Prevención. Para ello, es necesaria la democratización de las organizaciones de trabajadores mediante la vigencia plena de la libertad sindical y protección mediante fueros de los trabajadores electos para estas funciones.

Asimismo, requiere un fortalecimiento del papel del Estado; tanto en lo que hace a la recuperación del papel de policía del trabajo; como en la articulación de una política integral y universal de salud de los trabajadores (estén o no registrados y con cualquier característica que asuma el trabajo), que garantice la inmediatez de las prestaciones que le sean requeridas con cargo a la patronal que la genere (ya sea ésta privada ó pública).

Ante los intentos “gattopardistas” reafirmamos el camino trazado en las reuniones del Consejo Consultivo Nacional de Salud Laboral de la CTA y la necesidad de redoblar esfuerzos para que tome estado parlamentario el ”Proyecto de Ley de prevención de los riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales” presentado en septiembre de 2006, acompañado por una delegación de nuestra Central en el Congreso de la Nación y enriquecido por el aporte colectivo de los trabajadores.

Por lo expuesto, es menester establecer un plan de acción nacional alrededor del Sistema de Riesgos del Trabajo que permita instalar los ejes del debate establecidos en distintas instancias de la CTA.

Eduardo Ahamendaburu es Secretario de Salud Laboral de la CTA Córdoba; Presidente del Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA).

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Argentina: Emergencia sanitaria. Advierten que el dengue será "prácticamente imparable" en el verano

ACTA

El secretario general de la Federación Nacional de Salud (FNS-CTA), Héctor Carrica, advirtió que la llegada del calor generará una epidemia de dengue que será "prácticamente imparable" en el país, debido a que no se tomaron las medidas preventivas adecuadas.

Carrica dijo que recorrió localidades del Chaco y los pozos están "absolutamente infectados de larvas" del mosquito vector de la enfermedad, el Aedes aegypti, y denunció que las brigadas de lucha contra el dengue se encuentran paralizadas allí por falta de presupuesto.

El sindicalista, que se desempeña como delegado normalizador de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) en la provincia del Chaco aseguró que "el riesgo es alto" en esa provincia considerada como el epicentro de la epidemia de dengue en el país en la temporada pasada.

"Muchos actos se hicieron para la foto", remarcó, al ser consultado por los alcances de una promocionada campaña oficial realizada el mes pasado en Chaco, con el nombre de "Día D de la Lucha contra el Dengue", en busca de combatir la proliferación del temido mosquito.

Carrica, quien también se ha desempeñado como delegado gremial en el Ministerio de Salud de la Nación, dijo que existe "un 90 por ciento" de posibilidades de que la gente que fue picada en la temporada pasada en el Chaco contraiga ahora dengue hemorrágico, una versión de la enfermedad que puede ser letal.

"Estamos estremecidos", subrayó el dirigente de la Mesa Nacional de la CTA, que agregó que "la epidemia es prácticamente imparable" y dijo que la situación es similarmente grave en las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

Carrica, que señaló que los distritos del NOA y el NEA en general tienen problemas para luchar contra el avance del mal, denunció también que el presupuesto del Ministerio de Salud se redujo un 10,5 por ciento, lo que afectó "los programas del área epidemiológica" de la entidad.

"No se están pagando comisiones, no está continuando con los programas de fumigación, descacharrado, con las charlas a la comunidad ni los estudios estadísticos (del dengue) y al no tener una continuidad se cae todo", enfatizó.

Manzur mira para otro lado

Carrica, integrante además de la Conducción Nacional de ATE, manifestó que si bien empleados de la cartera sanitaria nacional pidieron una reunión con el ministro Juan Manzur, hace más de una semana, todavía no fueron atendidos.

El dirigente insistió en que "se viene un riesgo terrible con el dengue" y añadió que epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaron que entre un millón y 1,5 millones de infectados podrían registrarse en la Argentina tras la llegada del calor y las lluvias.

Además, afirmó que según estudios realizados el Salta, "mutó el virus" de la enfermedad, lo cual "es gravísimo", ya que supone que las mismas larvas están contaminadas.

"La política sanitaria parece que estuviera congelada", dijo Carrica, que agregó que en el Chaco "no se fumigó" y las brigadas de lucha contra el dengue no pueden operar porque "no se le mandan dinero para salir (a trabajar), para los viáticos ni para la nafta para los vehículos".

Por último, indicó que el Ministerio cuenta con más de 30 hospitales rodantes que adquirió y mantiene paralizados en la Capital Federal, en el marco de una operación de compra global de camiones equipados con tecnología sanitaria de última generación que superó los 6 millones de euros.

"Nosotros contabilizamos 37 camiones, que están hundiéndose en el barro y sin uso en Barracas, de los cuales sólo cinco salieron en algún momento a rodar (...) Nadie se hace cargo de semejante parque automotor paralizado y están empezando a faltar elementos que se los van robando", concluyó.

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Argentina: Hartos de la impunidad y el desalojo de sus tierras, los pueblos originarios bramaron por justicia en Tucumán

Esteban Stanich (PRIMERA FUENTE)

La Cámara Federal de Apelaciones fue una de las principales destinatarias de la bronca expresada por las comunidades autóctonas en el marco de una masiva movilización realizada ayer. Acusan a camaristas de no respetar una ley que frena el desalojo de los pueblos originarios de sus tierras. “Con sus fallos, ellos pusieron las armas en manos de los asesinos para que gatillen”, acusó Demetrio Valderrama, cacique de la Comunidad de Chuschagasta, donde terratenientes asesinaron a un referente local. Temen que la impunidad impida que la Justicia provincial condene a los ex policías acusados del crimen, por aparentes vínculos con políticos y altos mando de la fuerza.

Provenientes desde cada rincón de la provincia, huipalas en mano, representantes de diversas comunidades indígenas realizaron ayer una histórica marcha en reclamo al respeto de sus derechos. Los destinatarios de los reclamos, el Gobierno y la Justicia, fueron responsabilizados por la impunidad y la crisis social que históricamente vienen padeciendo los pueblos originarios en esta parte del país.

Es que la sensación de abuso y desprotección que las comunidades transmiten a partir de la innumerable cantidad de atropellos que vienen padeciendo, obliga en forma indefectible a responsabilizar a funcionarios políticos y judiciales ante semejante situación.

Desalojos de tierras ancestrales, contaminación ambiental por proyectos de diversa índole avalados por el Estado, represión policial al servicio de terratenientes y el reciente asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar, estuvieron presentes en cada reclamo y testimonio que la multitud dirigió al Gobierno y los funcionarios judiciales locales y federales, en el transcurso de la movilización.

Frente a los Tribunales de Las Piedras y 9 de Julio, la bronca de los manifestantes se depositó en la Cámara Federal de Apelaciones. A sus integrantes se los acusa de haber revocado una medida cautelar dictada juez subrogante Nº 2, Mario Racedo, que impedía la expropiación de las tierras de la Comunidad de Chuschagasta, (localidad de El Chorro, departamento Trancas) de la que dependen alrededor de 2 mil personas.

Justamente, se sostuvo que el polémico fallo de los camaristas dio impulso para que los terratenientes intenten arrebatar las tierras indígenas. Un ejemplo que dieron fue el asesinato del Chocobar (se desempeñaba como vocal primero de la comunidad) el pasado 11 de octubre. “En realidad fueron ellos –por los camaristas federales- los que pusieron las armas en manos de los asesinos para que gatillen”, acusó Demetrio Valderrama, cacique de la Comunidad de Chuschagasta.

Ese día, el terrateniente Darío Amín, junto a los exonerados ex policías Luis "el niño" Gómez y José Valdiviezo, irrumpieron violentamente en las tierras comunitarias causando la muerte de Chocobar –recibió un disparo en su abdomen- y cuatro heridos de bala.

En la protesta también se exhortó a los magistrados judiciales a que de una vez se haga cumplir la ley federal 26.160 que prohíbe cualquier tipo de desalojo a los pueblos originarios de sus territorios hasta que se culmine con un relevamiento territorial.

“Nuestra comunidad está destrozada. Hubo varios intentos por querer apoderarse de nuestras tierras –suman aproximadamente 11 mil kilómetros cuadrados- pero nunca creímos que lleguen a tanto. El dolor que sentimos por la muerte de nuestro hermano es enorme. Nos sentimos desprotegidos y tememos que los contactos de los asesinos con el poder los deje en la calle de nuevo. La vida que tenemos la dejaremos en defensa de nuestras tierras”, manifestó a primerafuente Balderrama.

El reclamo de los indígenas también fue llevado ante los Tribunales locales y ante La Corte de Suprema Justicia para que los asesinos, a los que se les atribuyen fuertes contactos con legisladores y altos jefes policiales, sean condenados. En tanto, al máximo organismo de Justicia provincial se le pidió una pronta resolución en cuanto a la causa por el desalojo de 40 familias de la Comunidad India Quilmes, en Colalao del Valle.

De la marcha participaron referentes de varias pueblos indígenas de la región (principalmente diaguita y lule), referentes de Madres de Plaza de Mayo, de organizaciones de izquierda, agrupaciones estudiantiles universitarias y ONG ambientalistas, entre otros. Durante la movilización, una comisión mantuvo un encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse.

Foto: Argentina, Tucumán, Naciones originarias - La movilización se detuvo frente a Casa de Gobierno, Tribunales locales y federales y en plaza Yrigoyen. / Autor: PRIMERA FUENTE

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Argentina: Juicio a Guerrieri-Amelong. Declaró un ex policía, “Nos daban cátedra sobre represión”

REDACCION ROSARIO

Tres nuevos testimonios se presentaron el martes en otra de las audiencias por el juicio Guerrieri-Amelong que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario, en el que se juzga a cinco represores de la última dictadura militar. Primero declaró la docente de la UNR, Laura Ferrer, ex detenida del Servicio de Informaciones. Luego fue el turno de Héctor Valenzuela, hermano de Tulio y cuñado de Raquel Negro -dos detenidos de la Quinta de Funes-. El último turno fue para el ex policía Adolfo Salman, quien señaló la aceitada articulación que hubo entre el Ejército y la Policía provincial durante el terrorismo de estado: “Se hacían reuniones en el Comando donde Galtieri daba las órdenes sobre como hacer tareas de inteligencia".

Laura Ferrer Varela es ingeniera civil y docente de la universidad pública. Fue detenida en agosto de 1977 y llevada al centro clandestino de detención y torturas que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, que conducía el temible Comandante de Gendarmería Agustín Feced.

Ferrer, que también hizo un pormenorizado relato de aquel siniestro centro de detención -y que será motivo de un próximo juicio contra los represores de la dictadura en Rosario-, fue llamada a testimoniar para ampliar datos sobre la suerte sufrida por Marta María Forestello, por la cual también declaró este lunes pasado, María Adela Panello, su madre.

En relación a Marta María Forestello, Laura Ferrer recordó que una noche, durante su secuestro, entre el15 y 20 de agosto, “llegó mucha gente Servicio de Informaciones. Un día bajaron a 4 nenes envueltos en frazadas. La hija de Cristina Bernal y otros sobrinos; Andrés el hijo de la Corcho (Graciela Porta); y bajan a una nenita que está un día, que lloraba mucho, Victoria -la hija de Marta María Forestello y Miguel Tosetti-”.

Ferrer también contó que en otro momento Graciela Porta -otra de las que estaba en el Servicio de Informaciones- y dijo que “la Lala esta arriba”. Lala era el apodo de Marta María Forestello. “No sé cuánto estuvo ahí, se llevaron a la nena a la que la recuperó la abuela”, agregó Ferrer.

Después fue el turno de Héctor Valenzuela, hermano del militante montonero Tulio “Tucho” Valenzuela, quien fuera secuestrado el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata junto a su mujer Raquel Negro -que estaba embarazada de mellizos-; los dos estuvieron detenidos-desaparecidos en la Quinta de Funes.

Héctor Valenzuela contó que durante la dictadura se veían esporádicamente con su hermano, que sí se escribía una vez por mes con su madre. Héctor refirió que una vez, por intermedio de una carta, Tulio les comentó que se “había juntado con una chica, que ya tenía un hijo, y que estaba embarazada”. La chica era Raquel Negro y su hijo Sebastián, quien también fue detenido junto a Tulio y su madre en Mar del Plata, y posteriormente dejado “en libertad”. El nene tenía un año y medio, hoy es uno de los querellantes de la causa y militante de la agrupación H.I.J.O.S.

Héctor describió al tribunal cómo se anotició de la desaparición de Tulio: “En el año '79 me enteré por un amigo periodista acreditado en el Ministerio del Interior, Eduardo Pavese, que averiguó que estaban traduciendo un diario en de Francia donde se relataba el secuestro y prisión de mi hermano y Raquel Negro, ocurrido en enero del '78”, y continuó: “Mi amigo tomó nota a escondidas, así me entero que mi hermano fue capturado junto a su mujer y el nene Sebastián, y que fueron llevados a la Quinta de Funes”.

Héctor indicó también cómo la familia fue reconstruyendo, por dichos periodísticos y luego por el libro de Miguel Bonasso, el destino sufrido por su hermano. Así se enteró que Tulio había fingido un “acuerdo ante el General Leopoldo Galtieri para viajar a México” y entregar a la conducción de la organización Montoneros, radicada en ese país. Con el paso del tiempo, Héctor también pudo conocer que la decisión de engañar a Galtieri, sabiendo que quedaba como rehén en la Quinta de Funes su mujer embarazada, había sido consensuada con la propia Raquel, quien “lo insitó a que no cumpla con lo “planeado” con Galtieri”.

El testigo rememoró el calvario vivido por su madre y la familia luego de la noticia del secuestro de Tulio y su compañera, la cantidad de presentaciones judiciales realizadas ante todos los tribunales posibles y la búsqueda de los mellizos que estaba a punto de dar a luz Raquel.

“Un día suena el teléfono, y me dicen: «Héctor apareció tu sobrina», el llamado era de parte de Estela Carlotto de Abuelas. Unos días después otro llamado me dice: «Tío yo soy Sabrina voy a ir a San Juan». Y vino a San Juan a vernos” señaló al tribunal Héctor.

“Fue muy difícil ocultar el vacío que dejo mi hermano, lo hemos sobrellevado con mucho dolor. La aparición de Sabrina moderó un poco la ansiedad que tuvimos tantos años”, concluyó Valenzuela.

Un testigo policía

Finalmente la serie de testimonios de este martes terminó con la declaración del ex policía de la provincia de Santa Fe Adolfo Salman, quien revistó en la fuerza de el año 1969 hasta marzo del '77, y que actualmente reside en la ciudad de Las Rosas donde tiene una bicicletería.

La declaración de Salman sirvió para establecer lar estrecha articulación que hubo durante el terrorismo de estado en la región, entre el ejército y la policía. En ese sentido el ex agente relató: “Yo desempeñaba tareas en Las Rosas. El comisario Saichut (ya fallecido) era el encargado de esa zona. Nosotros, dependíamos del ejército. El Mayor Morales era el que daba las órdenes, pedía información de la gente. Se investigaba lo que ellos pedían, se hacían tareas de inteligencia, se debía traer información de toda la familia de la gente, de cómo se movía. El Batallón 121 daba las órdenes. En el 73 empecé a trabajar en el servicio”.

Salman confesó que “se hacían reuniones en el Comando, de asesoramiento para los policías, donde Galtieri daba las órdenes, sobre como hacer tareas de inteligencia. Nos daban cátedra, nos lavaban el cerebro también”.

Con la intención de mostrar la conexión entre ejército y policía, el ex agente rubricó documentación que ya había presentado ante la Conadep en los primeros años de la vuelta de la democracia. Salman contó además que sus actitudes le valieron un concejo de guerra y varios años de detención.

Al final de la audiencia el tribunal anunció que este miércoles se tomarían otros tres testimonios: el de Sabrina Gulino -la hija recientemente ubicada de Tulio Valenzuela y Raquel Negro-; el de Sebastián Álvares, hermano de Sabrina e hijo de Raquel; y el de Pablo del Rosso, otro hijo de desaparecidos de la Quinta de Funes.

El testimonio de una Madre

María Adela Panello de Forestello tiene ochenta y seis años y es madre de Marta María, una de las militantes de la organización Montoneros desaparecidas de la Quinta de Funes –secuestrada el 19 agosto de 1977–. Este lunes declaró en el juicio contra cinco represores imputados de comandar aquel centro clandestino de detención. Forestello, quien declaró con el tradicional pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, dio un conmovedor testimonio que arrancó la ovación del público de la sala de audiencias del TOF1 de Rosario.

“Fueron varias veces a mi casa a buscar a mi hija –comenzó su declaración Forestello–. La primera vez vinieron a la una de la madrugada entraron al piso vestidos con jean y camperas, a cara descubierta revisaron toda la casa, dijeron que eran una fuerza conjunta: policía, militares y prefectura. La segunda vez nos pusieron a mi marido e hija mayor contra el balcón, revisaron la casa disfrazados con bigotes, sombreros, lentes ahumados y robaron todo lo que pudieron, incluso dinero”.

María Adela contó que “aconsejados por amigos decidimos irnos a Europa” y recordó que su hija menor, Marta María, no quiso irse. “Yo no tengo por qué, si no he hecho nada”, había dicho su hija actualmente desaparecida, que en ese momento tenía una nena recién nacida.

“Fuimos a España –siguió el relato de la señora de Forestello–. Sabíamos todo lo que pasaba en Argentina por los diarios y por la correspondencia con amigos y con mi hija. Uno de esos días marido tuvo un infarto masivo, y falleció a los dos días. Entonces decidí volverme, incineré a los restos de mi marido y volvimos con mi hija mayor”.

Al poco tiempo de regresar a Rosario la señora de Forestello se enteró, por intermedio de un sobrino –que a su vez fue avisado por Miguel Tosetti, el marido Marta María–, que su hija Marta María había sido secuestrada junto a su bebé.

María Adela declaró que uno de esos días se encontró con su yerno Miguel Tosetti –dirigente Montonero, también desaparecido de la Quinta de Funes–, y éste le contó que él había podido ver cómo se llevaban a su hija y esposa, y que eligió no hacer nada para no poner en riesgo la vida de la nena. “Ese día me dio una foto más reciente y me encargó me ocupara de Victoria”, recordó la señora de Forestello. De la suerte de Miguel, se sabe que fue visto posteriormente en la Quinta de Funes, y que sufrió el derrotero de todos los otros detenidos-desaparecidos de aquel campo de concentración.

¿Dónde está Victoria?

Forestello rememoró cómo recorrió cielo y tierra para encontrar a su nieta: “Busque a la nena por todos lados; hogares de huérfanos, madres solteras, y no la encontraba. Se me ocurrió ir al Juzgado de Menores, ya había presentado Hábeas Corpus provincial y federal, escrito al Ministro del Interior.”

Finalmente ubicó a Victoria en la policía Mujeres. “Me atendió la comisaria Leyla Perazzo, sacó el expediente donde estaba la foto de Victoria al mes de nacer, con su papá. Me dijo que no me la podía dar sin orden del juez, que volviera a los Tribunales que me iban a dar la orden, y así fue. Me la dieron en estado calamitoso, la llevé al médico ese día. Tenía pañales sucios de varios días atrás, estaba con sarna y piojos”, detalló la anciana, quien se quebró varias veces durante su relato.

María Adela señaló también que “cuando allanaron a los pocos días las casa donde vivían ellos –su hija y Tosetti–, ubicada en RUEDA al 5000 –donde ya no estaban–, se llevaron todo lo que había, incluso el boleto de compra de la casa que se había sido pagado totalmente, pero no se había hecho la escritura –Tosetti era escribano–. En esa casa dejaron viviendo a un policía de apellido Ojeda”.

Una visita desde el infierno

La madre de Marta María contó un extraño episodio que vivió tiempo después del secuestro de su hija y su yerno. Uno de esos días recibió una llamada de su yerno y le dijo que “que quería ver la nena”. Luego mandó una carta indicandolé donde se encontrarían. “Llegué ahí con mi mamá y la nena –indicó al tribunal la anciana–, y apareció él, no sé de donde, paseó con la nena, le había llevado una muñeca y un crucifijo, que le dijo lo había traído de Brasil”. La señora de Forestello contó que le preguntó por Marta María. “No te preocupes que está bien”, dijo la testigo que le respondió su yerno. “Y así como vino, desapareció”, expresó María Adela, quien desde esa oportunidad no tuvo más datos de los padres de Victoria, para quien tuvo que “hacer de madre, y abuela”, tal cual explicó. “Nunca pude hacer el duelo, porque tenía que criarla, educarle, enseñarle lo que no pudo la madre”, concluyó la señora de Forestello.

Al final del testimonio de María Adela, el público, que había seguido la estremecedora declaración sin chistar, como en todas las audiencias, irrumpió con aplausos y el tradicional cántico “Madres de la plaza el pueblo las abraza”. La ovación conmovió a la testigo y a muchos de los presentes, que parecieron sacar toda la angustia y emoción acumulada tras quince audiencias durante las que se había guardado el silencio estampa impuesto por el tribunal.

Otros testimonios de la jornada

El primero en declarar en la audiencia del lunes fue el periodista Reynaldo Sietecase, quien fue llamado a ratificar su entrevista mantenida en 1992 con el imputado Eduardo Costanzo. Sietecase se refirió a aquella nota publicada en su momento y no aportó otros datos relevantes.

“Ana María siempre fue solidaria”

El último de los testigos en declarar en la audiencia del lunes por el Juicio Guerrieri-Amelong fue Jorge Raúl Gurmendi, hermano de la militante montonera Ana María Gurmendi. A continuación se reproducen fragmentos de su testimonio cargado de sentimientos y admiración por su hermana.

“En 1977 desapareció mi hermana por hechos públicamente y lamentablemente conocidos en Argentina. Ana María desapareció por un grupo violento armado que irrumpió donde vivía con su pareja Oscar Capella –también desaparecido de la Quinta de Funes–.”

“Estudió en el colegio Superior de Comercio, un aula lleva su nombre. Cursó estadística y matemática, trabajo en alguna industria privada y para la municipalidad de Rosario. Trabajó con gente carenciada en servicios de salud y educación. Militó en la Juventud Peronista, desconozco si estaba o no afiliada”.

“En la familia nos enteramos ese día, ellos no tenían teléfono, y un vecino nos buscó y nos llama. Los vecinos tenían en alta estima a la pareja, y hay consternación por lo sucedido esa noche del 15 de agosto.”

“Con mi padre concurrimos la casa el día siguiente. Había un conscripto en la terraza, y eso nos confirmó el hecho. Para informarnos debíamos concurrir al Comando del Ejército, nos sentimos aliviados mi padre y yo porque creíamos que se había oficializado, pero se esa ilusión se hizo añicos cuando nos enteramos de la versión de que “confirmaron el procedimiento, pero los ocupantes de la casa se habían escapado”. Recuerdo el estupor de mi padre y mi desesperación.”

“En los días siguientes, vecinos que observaron el procedimiento, contaron que fueron intimados a que entraran a sus casas, nos contaron cómo habían visto que sacaban a mi hermana soportada de pies y manos y la subieron a un auto”.

“Realizamos un derrotero desesperado tratando tener alguna información, averiguar donde había estado, anduvimos por varias instituciones. Presentamos habeas corpus”.

“Los meses que sucedieron fueron terribles, teníamos indicio de cómo era la metodología, por palabras mi hermana. Dos semanas antes, ella nos relató, a mí y quien era mi novia, un procedimiento en Casilda donde habían capturado a gente y formalmente habían negado esa captura. Creo que Ana María estaba muy asustada, que no imaginaba que podía sucederle algo similar”.

“Recuerdo a mis padres desesperados, y hoy puedo comprenderlo cabalmente lo que puede sentir el que se le arranque un hijo de esa forma a alguien”.

“Por esos días, para darles contención, un matrimonio amigo invitó a mis padres un paseo por el sur argentino, gente con buena posición, y sucedió un hecho fortuito el 18 de enero de 1978: a orillas del Lago Argentino, hubo un derrumbe inusual de hielo que los arrastro y terminó con sus vidas”.

“Mi hermana no era una persona violenta, sólo trataba de beneficiar al prójimo, siempre fue más solidaria que yo, lo heredó de mi padre, en casa nunca hubo armas”.

“Es terrible, nada puede cambiarse del pasado, pero desde este lugar creo estoy colaborando como miembro de la sociedad para tener un mundo mejor. Que estemos todos aquí demuestra que en este mundo no se puede tapar el sol con la manos, no hay manera ocultar los delitos de lesa humanidad ocurridos hace más de 30 años”.

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