jueves, 22 de octubre de 2009

Proyecto Censurado: Estados Unidos continúa haciendo sufrir a Haití

Kim Ives (HAITI LIBERTÉ), Cyril Mychalejko (UPSIDE DOWN WORLD) y RFK Memorial Center for Human Rights
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno de EEUU expropiará y demolerá los hogares de cientos de familias haitianas del suburbio Cité Soleil, en la capital Puerto Príncipe, para ampliar la base militar de la fuerza de ocupación de la ONU, a un costo de cinco millones de dólares, a fin de albergar a los soldados de la Misión ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Estas obras, a cargo de la corporación DynCorp, contratista del gobierno de EEUU y brazo cuasi oficial del Pentágono y la CIA, se anuncian después que burócratas del departamento del Tesoro de la administración Bush se confabularon con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obstruir por casi una década un préstamo aprobado y destinado a mejorar la calidad del agua potable de Haití, que es una de las peores del mundo.

Cité Soleil fue convertido en un mortífero campo de tiro por la ocupación militar extranjera instalada después que fuerzas de EEUU y Francia secuestraron y exiliaron al presidente Jean-Bertrand Aristide, el 29 de febrero de 2004. Desde entonces, sus habitantes son víctimas de masacres recurrentes perpetradas por la MINUSTAH.

El contrato de DynCorp incluye la extensión de la base principal, la reconstrucción de la comisaría de policía de Cité Soleil y otros dos puestos militarizados, más infraestructura para entrenamiento y adquisición de equipos. Según el alcalde de Cite Soleil, Charles Joseph y un capataz de DynCorp presente en el lugar, los trabajos serán financiados por la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU, en una aplicación muy poco ortodoxa de “ayuda al desarrollo”.

El abogado Evel Fanfan, presidente de la Asociación de Graduados de la Universidad Motivatd para un Haití con Derechos (AUMOHD), dijo que la ampliación demolerá cerca de 155 edificaciones. La mayor parte de los edificios condenados son hogares modestos, pero entre ellos hay una iglesia. Desde marzo de 2009 ya se han demolido 80 hogares.

“Comenzaron a trabajar sin decir una palabra a la gente que vivía allí”, dijo Fanfan. “Las autoridades no han dicho qué se está haciendo, tampoco si los habitantes serán relocalizados, cuántos serán indemnizados y ni siquiera si serán compensados”.

Los alarmados residentes formaron el Comité de las Casas que Serán Demolidas (KODEL, por su sigla en creole), que entró en contacto con AUMOHD. Fanfan difundió un comunicado y KODEL ofreció una conferencia de prensa.

“Los soldados de la MINUSTAH vinieron a nuestra rueda de prensa y nos dijeron que consiguiéramos a un abogado que hablara con la Embajada de EEUU porque la embajada americana es responsable del trabajo”, dijo Eddy Michel, pastor religioso asistente.

“Legalmente, el gobierno haitiano no ha autorizado hacer ninguna cosa”, dijo Fanfan. “El alcalde de Cite Soleil, Charles Joseph, supuestamente autorizó la construcción, pero no hay papeles, ningún decreto, ninguna orden que lo autorice”.

El 25 de marzo de 2009, la embajadora de EEUU en Haití, Janet Sanderson, estuvo junto al jefe de la MINUSTAH, Hedi Annabi, en la ceremonia inaugural de una nueva instalación que albergará a 32 policías haitianos, incluyendo una unidad especializada en contrainsurgencia y antimotines, así como un número mayor de tropas de la ONU. (Sanderson fue nombrada embajadora en Argelia por Clinton, en 2000, pero en noviembre de 2001, bajo el gobierno de Bush, estuvo involucrada en el arresto de 24 argelinos que trabajaban en organizaciones humanitarias en la post guerra de Bosnia, quienes terminaron en Guantánamo acusados de “planear ataques terroristas contra las embajadas de EEUU y del Reino Unido en Sarajevo”).

El 31 de marzo de 2008, un comunicado de prensa de DynCorp explicó: “Bajo una orden de trabajo de la Iniciativa para la Estabilización de Haití, International DynCorp proporcionará ayuda para el entrenamiento de 444 miembros de la Policía Nacional Haitiana. La orden incluye que DynCorp International suministre a la policía haitiana fuerza básica y equipamiento especializado no letal, vehículos y equipos de comunicaciones. El valor de este trabajo es de 3 millones de dólares. DynCorp International también se ha encargado de restaurar la principal comisaría de policía de Cité Soleil. Esta estación funcionará como locación primaria de esta nueva unidad especializada. El trabajo de restauración ascenderá a más de 600.000 dólares”.

Conspiración contra el agua potable

Las pruebas de los esfuerzos de EEUU por someter la soberanía de Haití y boicotear los procesos democráticos emergieron el 23 de junio de 2008, cuando los grupos de derechos humanos Zamni Lasante (afiliados a Partners in Health, programa insignia de salud en Haití), el Centro para los Derechos Humanos y Justicia Global y el Centro Memorial para los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK) sacaron a la luz el bloqueo de la administración Bush a la ayuda “potencialmente salvavidas” de Haití y su intromisión en los asuntos políticos de la empobrecida nación.

Además de ser la nación más pobre del hemisferio occidental, Haití también tiene la peor agua en el mundo, ubicándose en el último lugar del Índice de Pobreza del Agua. El Centro RFK dio a conocer documentos internos del departamento del Tesoro de EEUU del 4 de agosto de 2008 que expusieron acciones de Washington, motivadas políticamente, para bloquear un empréstito de 146 millones de dólares aprobado para Haití por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El préstamo fue aprobado originalmente en julio de 1998, incluyendo 54 millones para proyectos de extrema urgencia de saneamiento del agua.

Sin embargo, los documentos muestran que el BID y el departamento del Tesoro de EEUU se confabularon para buscar maneras de atar los préstamos a condiciones políticas no relacionadas con el agua que el gobierno de EEUU deseaba imponer al gobierno haitiano. Esta intervención violó descaradamente la carta del BID, que le prohíbe basar sus decisiones en asuntos políticos impuestos por los estados miembros.

“Después de varios años de investigar la retención de estos préstamos, ahora tenemos claro y pruebas detalladas de la notoria intervención del gobierno de EEUU y del BID para bloquear fondos salvavidas para Haití”, dijo Mónica Kalra Varma, directora del Centro RFK. “Con estas transgresiones ahora públicas, debe prestarse atención a los llamados para supervisar la transparencia. Exigimos ejecutar los mecanismos necesarios para impedir la recurrencia de hechos delictivos entre bastidores y, sobre todo, para satisfacer las obligaciones con el pueblo haitiano”.

Actualización de Cyril Michalejko (de “Upside Down World”)

Cuando la administración Bush retuvo la ayuda a Haití impidió financiar proyectos de saneamiento del agua diseñados para mejorar “la calidad de vida –en particular de las mujeres y niños- y reducir la incidencia de enfermedades y la mortalidad infantil”, precisamente en un país que -según el fundamento de la Acción Internacional de Washington- “el agua es la causa principal de mortalidad infantil y enfermedades en los niños… Haití ahora tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del hemisferio occidental… [y] más de la mitad de todas las muertes en Haití se deben a enfermedades gastrointestinales producidas por el agua”.

Hubo un virtual apagón de los resultados de esta intriga en los grandes medios, a pesar del informe emitido en junio por el Centro RFK que calificó la acción como “uno de los ejemplos más notorios en estos últimos años de un hecho delictivo de Estados Unidos”, y de los documentos internos del departamento del Tesoro de EEUU difundidos en agosto probando que el bloqueo del préstamo fue intencional.

El New York Times publico un artículo de 487 palabras (“Grupos de derechos humanos acusan a EEUU de Retener la ayuda a Haití citando motivaciones políticas”, 06/24/2008) describiendo el informe, pero eso fue todo. Y a pesar de admitir que la administración Bush estaba descontenta con el ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, y que el presidente Bush animó el golpe que derribó a Aristide en 2004, el Times no fue capaz de rechazar ni reconocer que el bloqueo de la ayuda pudo ser una acción deliberada para crear malestar político y social --condiciones de un clima de desestabilización que podrían haber animado a parte de la población haitiana a aprobar el derrocamiento de su gobierno elegido democráticamente. Pero esto fue algo que reconoció Jeffrey Sachs, ex consejero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. En un artículo en Los Ángeles Times (“Desde su primer día en la presidencia, Bush quiso derribar a Aristide”, 03/04/2004) Sachs escribió: “Los funcionarios de EEUU seguramente sabían que el embargo de la ayuda provocaría una crisis en la balanza de pagos, un aumento de la inflación y un hundimiento en las condiciones de vida que alimentarían la rebelión”. (1)

Para los grandes medios principales de EEUU no fue una historia digna de cobertura el hecho que la administración Bush pudo haber causado las muertes de millares de haitianos al bloquear la ayuda por propósitos políticos cínicos e interesados. Tampoco, el papel de la administración Bush en el golpe violento que defenestró al presidente Aristide, o cómo la recompensa selectiva o la retención de la ayuda se utilizan como herramientas de política exterior para influir, desestabilizar o derrocar gobiernos. Pero hay medios independientes y organizaciones de lectores que pueden dar vuelta la situación para seguir progresos como éstos, mientras están ocurriendo, y esperanzadamente antes, de modo que puedan ser prevenidos. Una visión distinta, respecto a Haití y América Latina, puede conseguirse en: www.UpsdideDownWorld.org , www.RFKcenter.org, www.Haitianalysis.org, www.Nacla.org y www.haitiliberte.com, www.rightsaction.org y www.zcommunications.org

Actualización del Centro RFK

Probando que incluso algo tan apolítico como el agua potable puede utilizarse tristemente para movidas política, la investigación del Centro RFK y de Zamni Lasante (ZL), publicada el 26 de agosto de 2008 en “Upside Down World”, fue una nueva incursión en el papel de los funcionarios de EEUU en el bloqueo de los préstamos destinados a Haití. El artículo contiene una descripción de los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos desclasificados por una petición del Centro RFK y ZL invocando la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés) y el propósito de sacar a la luz pública las acciones de funcionarios del departamento del Tesoro de EEUU y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para bloquear ilegalmente préstamos que eran potencialmente un salvavidas para un sector social de Haití. El lanzamiento público de los documentos marcó el final de una batalla de largos años para sacar a la luz el rol del gobierno de EEUU.

Sin embargo, también marcó el comienzo de un llamado a la responsabilidad. Este artículo y el informe relacionado publicado por el Centro RFK y ZL, junto con el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y los miembros de Socios en Salud, trajeron un renovado nivel de conciencia sobre este problema entre las organizaciones no gubernamentales, la diáspora haitiana y funcionarios de los gobiernos de Haití y EEUU. Este verano (boreal), será difundido en creole y francés el informe “Wòch NaN Soley: La negación del derecho al agua en Haití”, que examina los documentos FOIA y el impacto de las acciones detrás de la escena, incluido un balance de los costos humanos de estas acciones y un análisis de cómo fueron violados los derechos humanos. Este informe, incluyendo el análisis de los documentos FOIA, fue perfilado por el New York Times, Miami Herald y otros medios relevantes.

Desde el lanzamiento del informe, algunos miembros del Congreso comenzaron a investigar el posible hecho delictivo alrededor de los préstamos y a explorar soluciones políticas para evitar que suceda de nuevo. La experiencia y la información obtenida en la redacción del informe y el sostén responsable de este caso, ayudaron al Centro RFK a desarrollar esfuerzos de defensa más amplios en la perspectiva de una reforma de la ayuda extranjera, basada en principios de derechos humanos argumentados con responsabilidad.

A pesar del artículo y el informe, el pueblo de Haití continúa sufriendo debido a las medidas adoptadas por EEUU a través del BID. La comunidad de Port-de-Paix, la primera programada para recibir fondos de estos préstamos desde 2001, todavía aguarda la rehabilitación de su red pública de agua. Los retrasos en el desembolso añadieron una nueva cadena de obstáculos a los problemas que ya enfrentaban los proyectos de desarrollo en Haití.

El impacto duradero de la interferencia de EEUU con los préstamos afecta a la mayoría de los niños y jóvenes de Haití, en la medida en que continúan sobreviviendo sin acceso al agua potable segura y suficiente. Sin embargo, la difusión de los documentos y del informe FOIA ha creado un espacio constructivo para dialogar con el BID. En el tiempo transcurrido desde que se difundió el informe, el BID finalmente trabaja para ejecutar los proyectos de agua en Port-au-Prince sin retraso adicional. Las medidas adoptadas después de la denuncia finalmente muestran signos de que algún día el agua llegará a Port-de-Paix. Aunque el progreso es lento, lleva esperanzas a otras localidades de Haití que esperan estos recursos desde 2001.

Para más información (en inglés):
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights: http://www.rfkcenter.org/
Partners in Health/Zanmi Lasante: http://www.pih.org/where/Haiti/Haiti.html
Center for Human Rights and Global Justice at NYU Law School:
http://www.chrgj.org
O léase el informe completo en:
http://www.rfkcenter.org/files/080730_Haiti RighttoWater_FINAL.pdf

Nota:
1) Dan Beeton, What the World Bank and IDB Owe Haiti, Global Policy Forum, July 25, 2006.

Fuentes:
Haiti Liberté, 4 de septiembre de 2008, “UN Military Base Expanding: What is Washington up to in Cité Soleil?”, por Kim Ives; Upside Down World, 25 de junio de 2008, “Bush Administration Accused of Withholding ‘Lifesaving’ Aid to Haiti”, por Cyril Mychalejko; y Upside Down World, 4 de agosto de 2008, “RFK Center Releases Documents Outlining US Actions to Block Life-saving Funds to Haiti", por RFK Memorial Center for Human Rights.
Estudiantes investigadores: Elizabeth Vortman, Leora Johnson y Rob Hunter.
Evaluadores académicos: Karen Grady, Ph.D., y Sasha Von Meier, Ph.D., Sonoma State University.

Foto: Haití, Puerto Príncipe – Mercenario norteamericano miembro de un equipo de seguridad diplomático en operaciones en Haití. / Autor: STATE

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Crisis Global I: Un respiro en la turbulencia (Parte III)

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

Crisis prolongada

Cualquiera sea el perfil que presenten las recuperaciones coyunturales existen fuertes indicios del carácter prolongado de la crisis en curso. Este escenario es previsto por todos los analistas que pronostican un extenso período de bajo crecimiento (en L), frente a quiénes anticipan una salida rápida (en U) u oscilante (en W) de la recesión.

Esta significativa duración derivaría de la confluencia de tres procesos, que presionan especialmente en Estados Unidos hacia una nueva retracción del PBI: la contracción del crédito, la desvalorización de las propiedades y la pérdida de riqueza patrimonial.

La restricción de los préstamos (credit crunch) tiende a perdurar. Los bancos se han visto obligados a recortar su otorgamiento de fondos para contrarrestar las pérdidas sufridas durante la crisis. Sólo una vertiginosa re-capitalización atenuaría este achicamiento crediticio.

La crisis puede prolongarse, además, por la retracción de los gastos que genera la depreciación de los ahorros y la reducción de los ingresos. La caída del empleo y de los salarios afecta directamente al consumo, que motoriza a la economía norteamericana. Los intentos de sostener este nivel de compras con asignaciones estatales a las familias no han logrado remontar esa retracción de la demanda. Si este impacto deteriora nuevamente al sector productivo podría retroalimentarse la vulnerabilidad de las finanzas. Este despeñadero descendente ha sido la norma de todas recesiones profundas.

Muchos economistas estiman que este sombrío escenario impondrá un freno a la economía estadounidense por lo menos hasta el 2012-13. Ciertos desajustes externos adicionales, provocados por ejemplo por un nuevo encarecimiento del petróleo podían agravar el panorama. (7)

En este cuadro se inspira la frecuente analogía entre la crisis actual y la prolongada recesión que padeció Japón en los años 90. Este contexto diferiría del abrupto desplome que caracterizó a la depresión del 30. En lugar de un colapso uniforme y generalizado predominaría un estancamiento de varios años en los países más avanzados, combinado con imprevisibles estallidos de las economías más frágiles. Estas conmociones son presentidas por todos los analistas, que comparan el colapso de Argentina (2001) con los desmoronamientos observados el año pasado en Europa Oriental. (8)

La elite del establishment exhibe gran prudencia al tomar nota de esta posibilidad de crisis continuada. Cómo tiene pavor a una recaída recesiva al cabo de transitorios respiros (la temida “segunda vuelta”) mantiene los programas de auxilio estatal. Esta actitud predominó entre los mandatarios del G 20 que participaron de la última reunión de Pittsburg.

Todos desconfían de los efectos de una recuperación carente de inversión privada, que se sostiene en el empujón fiscal. Un duro dilema a resolver es cuándo despegar el pie de este sostén. La continuidad de este socorro conduce al descalabro de la deuda pública, pero su corte anticipado amenaza con recrear el abismo recesivo.

Depuración de empresas

El carácter prolongado de la crisis está condicionado por la imperiosa necesidad de desvalorizar el capital existente, a fin de recomponer los beneficios afectados por el crack. Esta depuración es el único camino que conoce el capitalismo para emerger de sus periódicos descalabros. Durante los ciclos descendentes de este sistema suelen procesarse drásticas reorganizaciones de las firmas, fuertes reducciones de los ingresos populares y agudos procesos de expropiación.

Estos reajustes ya comenzaron en la esfera financiera, dónde el FMI estima que deberán digerirse pérdidas por 4,1 billones de dólares. Estos quebrantos se distribuirían entre Estados Unidos (2,7 billones), Europa (1,19 billones) y Japón (149 mil millones). Un rebalanceo semejante se está consumando en las Bolsas, mediante la absorción de los grandes desplomes del año pasado. (9)

Esta reorganización tiende a transparentar quiénes serían los bancos ganadores y perdedores de la crisis. El ajuste de cuentas puede incluir el cierre de grandes entidades, pero el gobierno norteamericano tiende a evitar este tipo de clausuras, luego del tembladeral creado por el entierro de Lehman Brothers.

El equipo de Obama trata de impedir fuertes penalizaciones, inyecta liquidez y elude el reconocimiento de las situaciones de insolvencia. Busca posponer las puniciones y la resolución de los quebrantos financieros, mediante quitas obligatorias o canjes compulsivos de bonos. Nadie sabe hasta que punto se podrá evitar estas medidas, ya que el uso del dinero público para redimir bancarrotas tiene un límite. Pero la intención es lograr una administración regulada de la inevitable depuración financiera. (10)

Mucho más convulsiva será la extensión de esta desvalorización a la órbita productiva. Este ajuste ya afecta a las grandes empresas y golpea a los salarios. Es probable que el tiempo requerido por esta limpieza determine la duración de la crisis.

La quiebra de General Motors brinda un anticipo de la forma que podría asumir esa desvalorización. La firma recurrió a un amparo judicial para situaciones de bancarrota que permite pautar los sacrificios de las pensiones, los salarios y las condiciones de trabajo. El objetivo es transferir todo el costo de la cirugía a los asalariados.

Este atropello se justifica atribuyendo el quebranto a los “privilegios” que mantuvieron los obreros sindicalizados de Detroit, frente a sus pares desorganizados de otras compañías. Esta explicación del desmoronamiento de la empresa ha ganado preeminencia frente a otras interpretaciones, que ponen el acento en aspectos administrativos (mala gestión, reinvención fallida, decisiones empresariales desacertadas), económicos (pérdida de competitividad) o culturales (declinación de un estilo de vida).

En General Motors se negocia el cierre de once fábricas y la supresión de 21.000 de los 54.000 puestos de trabajo. También se instrumenta el vaciamiento de los fondos de pensión de los obreros, mediante la conversión de estos activos en títulos de una empresa desvalorizada. Además, el nuevo contrato laboral imposibilitaría las huelgas, repitiendo el precedente de destrucción sindical perpetrado en las compañías aéreas.

Este plan reaccionario es solventado con fondos públicos. Los capitalistas reciben sumas millonarias para financiar despidos y rebajas de salarios. En lugar de sancionar a una empresa que multiplicó el despilfarro para incrementar sus ventas (obsolescencia acelerada), generalizó el derroche de gasolina y hostigó sin pausa a los trabajadores, se premia a los responsables de la bancarrota. La reestructuración en curso desalienta, además, una reconversión más estructural del ineficiente sistema de vehículos individuales a un esquema no contaminante de transporte público. (11)

La negociación de General Motors constituye un test para toda la industria norteamericana. Indica un sendero de soluciones reaccionarias, que tendería a bloquear todos los intentos de resucitar el peso de los sindicatos en la vida estadounidense.

Neoliberales y keynesianos

Cuándo estalló la crisis los neoliberales olvidaron sus principios de competencia y exigieron el socorro inmediato del estado. Esta actitud se mantuvo sin cambios mientras registraban el agravamiento del temblor. Pero con el alivio financiero de los últimos meses han reaparecido las convocatorias a garantizar la preeminencia del mercado.

Estos llamados recobran fuerza, cómo si el colapso financiero hubiera ocurrido hace siglos. Los banqueros mantienen su exigencia intervención estatal para socializar pérdidas, pero ya retoman el evangelio de la desregulación. Reconocen que hubo un momento de pánico, con escapes en manada que amenazaron a todo el sistema financiero. Pero el respiro les ha quitado el susto y observan con resquemor el nuevo paisaje económico creado por la ingerencia estatal.

En pocos meses el gobierno norteamericano se ha transformado en la principal entidad hipotecaria, asumió participaciones en 600 bancos, sostiene a las grandes aseguradoras y es garante de la reestructuración automotriz. Esta presencia retrata el típico esquema de “capitalismo de amigos” (los funcionarios deciden el destino de cada empresa), que los neoliberales siempre han objetado en forma hipócrita. Para mantener viva la llama del libre-mercado hay que remover en algún momento esa estructura. Pero nadie sabe cómo y cuándo instrumentar esa modificación.

El periodismo neoliberal proclama a los cuatro vientos que “la crisis terminó”. Algunos incluso estiman que una recesión corta y leve ha pavimentado un nuevo ciclo de venturosa globalización. (12)

Pero este anuncio de estabilización necesita ser corroborado por los hechos. La crisis ya ha probado cuán voluble es la imagen idílica del capitalismo, como un sistema de prosperidad infinita. Un nuevo giro recesivo volverá a transformar estas utopías tranquilizadoras en desesperados pedidos de auxilio.

Un debate más serio involucra al futuro de la política monetaria. Muchos economistas ortodoxos estiman que la Reserva Federal se equivocó al instrumentar las políticas laxas, que desde el 2001 favorecieron la expansión de la burbuja inmobiliaria. Aprueban la instauración de bajas tasas de interés en la emergencia, pero propugnan una orientación más restrictiva para el futuro. Confían en la capacidad de la FED para manejar las tasas y la emisión en la coyuntura, pero alertan contra los peligros inflacionarios de esa estrategia.

También los economistas keynesianos tienden a oscilar con los vaivenes del momento, pero en general presentan evaluaciones más cautelosas del alivio actual. Consideran que la recuperación sólo adoptará un sendero consistente, cuándo se introduzcan nuevas regulaciones en el sistema financiero. Cómo explican la crisis por las “fallas de mercado” (información asimétrica, incentivos desacertados, falta de transparencia) estiman que un buen control sobre los bancos garantizará la salud del capitalismo. (13)

Pero omiten aclarar cómo se ha logrado el respiro actual sin la adopción de ninguna de esas medidas. A pesar del congelamiento de todas las reformas bajo consideración oficial, la tensión financiera se aquietó. Este resultado parece indicar que los vaivenes del ciclo son más sensibles al socorro a los banqueros, que a la supervisión de sus operaciones.

A diferencia de sus colegas ortodoxos, los keynesianos avalan la continuidad y la ampliación del gasto público (14). Pero olvidan las consecuencias desestabilizadoras de esos gastos. Cómo restringen todos los problemas del capitalismo a defectos de la administración gubernamental, imaginan que una buena dosis de intervención pública enmendará al sistema. Por eso le asignan al financiamiento oficial una capacidad mayúscula para disipar la recesión, cómo si este recurso tuviera elasticidad infinita y provisión garantizada de fondos hasta el fin de los tiempos.

En cualquier caso es importante registrar cómo la heterodoxia ha bajado los decibeles de sus críticas en la coyuntura de alivio financiero. Hay muchos signos de subordinación al nuevo perfil del neoliberalismo, que a su vez tiende remodelarse con mayores regulaciones estatales. Esta es la fórmula elegida por el establishment para salir de la crisis. Se busca preservar los atropellos contra los trabajadores, acotando los excesos de la liberalización financiera, mediante cierto control sobre los bancos y los movimientos internacionales de capital.

Si esta orientación se afianza la vieja convergencia entre economistas neoclásicos y keynesianos podría asumir nuevas modalidades. No hay que olvidar que los reguladores de posguerra adoptaron los principios conservadores del libre-mercado, mientras que el neoliberalismo de las últimas décadas mantuvo todos los instrumentos heterodoxos de la política anticíclica y el déficit fiscal. Muchas propuestas de reorganización bancaria, coordinación del gasto público y engrosamiento de las deudas estatales se ubican en esta perspectiva de empalme keynesiano-liberal.

Pero la continuidad de la crisis afecta por igual a ambas tradiciones. Demuestra la imposibilidad de evitar los colapsos financieros, recurriendo a la auto-regulación mercantil o priorizando la supervisión estatal. Estos descalabros obedecen a contradicciones intrínsecas del capitalismo y tienden a reaparecer en escenarios regulados y desregulados.

La crisis no deriva de la codicia o de la especulación. Es una consecuencia del comportamiento económico ciego y auto-destructivo que impone la competencia. El estallido repitió todos los rasgos típicos de las eclosiones capitalistas. Incluyó el contagio, la propagación (dominó) y la retroalimentación (ping pong), es decir todos los mecanismos que la economía convencional periódicamente considera extinguidos. La crisis expresa desequilibrios sistémicos y contradicciones acumulativas del capitalismo, que la ortodoxia y la heterodoxia nunca logran explicar. (15)

Claudio Katz es economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

Notas:
7) Stiglitz Joseph, “La crisis no ha terminado”, Clarin 15-9-09. Roubini Nouriel, “The risk of a double-dip recession is rising”, Financial Times, 23-8-09
8) Algañaraz Julio, “Argentina del Báltico”, Clarín, 28-2-09, Ferguson Niall, “Tan endeudados como Argentina”, Clarín, 11-2-09, The Economist, “Argentina en el Danubio”, 1-3-09, Krugman Paul, “La economía mundial corre el riesgo de un largo estancamiento”, Clarín, 5-7-09.
9) Clarín, 24-3-09.
10) Esta política es retratada por Hossein Zadegh Ismael, “The Wall Street coup and the bailout cam”, www.counterpunch.org/prashad, 21-10-08, Hossein Zadegh Ismael, “Too big to fail: a Bailout Hoax” www.huffingtonpost.com,2-2-09
12) Estos efectos son documentados por Moore Michel “Adiós a General Motors”, Página 12, 5-6-09.
12) Castro Jorge, “El G 20, en busca de retomar el control sobre las finanzas mundiales”, Clarín, 20-9-09. Castro Jorge, “Al final, la temida recesión mundial ha sido breve y leve”, Clarín, 13-9-09.
13) Es la postura de Vanoli Alejandro, “Cómo salir de un orden financiero ineficaz y cruel”, Clarín, 26-02-09 Lavagna Roberto, “La crisis global reclama reformas no cosméticas”, Clarín, 24-2-09.
14) Stiglitz Joseph, “Un nuevo sistema de crédito es vital para frenar esta crisis”, Clarín, 11-4-09.
15) Hemos expuesto nuestra caracterización de la crisis en: Katz Claudio, “Lección acelerada de capitalismo”, Laberinto, Universidad de Málaga, n 28, 3er cuatrimestre de 2008, Málaga. Katz Claudio, “Codicia, regulación o capitalismo”, Revista Herramienta, n 41, julio 2009, Buenos Aires.

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Costa Rica: ¿Crisis fiscal?

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el déficit fiscal. Pido disculpas ya que presentaré algunos números, cosa que, bien lo comprendo, a menudo resulta árida.

Está claro que el déficit fiscal reapareció y ha aumentado considerablemente. En lo que se refiere al Gobierno Central el faltante acumulado en el lapso enero-agosto de 2009 alcanza -291 miles de millones de colones, muy lejos del superávit de 151 miles de millones y 60 miles de millones de colones que se registraba en el mismo lapso en 2008 y 2007, respectivamente.

Ese resultado es la obvia consecuencia de dos movimientos contrapuestos: la reducción de ingresos (-8,4% respecto de agosto 2008) y el notable aumento (21,7% respecto agosto 2008) en los gastos, muy por encima de la inflación registrada durante ese mismo período anual (5,7%). Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), es posible que este faltante del Gobierno Central represente, a fin de año, una proporción de entre 2 y 2,5%. Teniendo en cuenta lo anterior así como las tendencias observadas en años previos, el déficit total del sector público (que incluye otras instituciones y empresas públicas además del Gobierno Central) podría situarse entonces entre un 3 y 4% como proporción del PIB.

Es evidente que ese resultado deja muy insatisfecha a la usual ortodoxia económica (véase editorial de La Nación del pasado 5 de octubre), pero, la pura verdad, no es cosa del otro mundo. Si bien las condiciones son obviamente distintas, sin embargo resulta ilustrativo recordar que hoy día Estados Unidos está manejando niveles de déficit fiscal que sobrepasan cómodamente el 10% respecto de su PIB.

Este faltante fiscal de alguna forma constituye una política necesaria en el contexto actual de crisis mundial y recesión de la economía costarricense. Incluso, hay razones para creer que debió aplicarse una política fiscal aún más agresiva y, sobre todo, mejor direccionada a fin de compensar más eficazmente los efectos de la crisis. Aún así, acontece que los limitados datos disponibles sobre empleo –basados en los reportes de las planillas a la Caja del Seguro Social- sugieren que la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado (cerca de 50 mil entre octubre 2008 y julio 2009) se ha visto compensada en parte por el aumento del empleo en el sector público (casi 30 mil empleos). El efecto neto es una cifra que se acerca a los 20 mil puestos de trabajo perdidos.

Sin embargo, es muy posible que esos números tan solo aporten una visión parcial del verdadero grado de deterioro que ha registrado el empleo. Recordemos, primero, que la fuerza de trabajo aumenta cada año en unos 40 a 50 mil trabajadores y trabajadoras. Está claro que la economía no está generando los empleos necesarios para absorber esta mano de obra nueva. En consecuencia, es posible que en este momento haya unas 60 a 70 mil personas más desempleadas de las que había hace un año. Ello implica un deterioro violento. Segundo, desconocemos en qué medida puedan estarse dando tanto reducciones de jornadas laborales como congelamiento salarial, pero podemos apostar que ello está ocurriendo en gran escala.

Siendo así las cosas, a uno le resulta sorprendente la enorme alharaca montada, tanto por el gobierno -al extremo de amenazar con no pagar aguinaldos- como por la usual prensa neoliberal.

La histérica sobrerreacción del gobierno de los Arias podría quizá explicarse considerando los compromisos firmados meses atrás con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo concedió un pequeño margen para la aplicación de una política fiscal activa, pero estableció ciertos límites a la magnitud del déficit fiscal (el del Gobierno Central como el del conjunto del sector público). Posiblemente las autoridades económicas temen no poder cumplir con los topes establecidos, cosa que parece ponerles los nervios de punta. La pretensión –sobre la cual insisten machaconamente- para que la Asamblea Legislativa les apruebe deuda externa que se dedicará a cubrir gastos corrientes (por ejemplo salarios y aguinaldos), da evidencia adicional en apoyo de esa tesis. La racionalidad económica que subyace a esta pretensión es harto cuestionable. Como también resulta excesivo el justificarla aduciendo que de por medio hay una crisis fiscal de grandes proporciones. Esto último es simplemente una exageración irresponsable o bien una afirmación ideológicamente motivada (en fin, este es un gobierno neoliberal). Sin duda, lo que más les interesa es quedar bien con el FMI.

Por su parte, los economistas y medios conservadores han sacado a relucir –como en las épocas de gloria del neoliberalismo- todos los fantasmas del apocalipsis macroeconómico. Advierten que podría haber más inflación, mayores desequilibrios en la balanza de pagos y elevación de las tasas de interés. La cosa es risible ya que los datos advierten que la realidad camina por otros rumbos: la economía está en recesión; el desempleo aumenta; la inflación está en sus niveles más bajos desde hace más de 30 años; los desequilibrios de la balanza de pagos se han atenuado considerablemente. Todo lo cual testimonia que, en efecto, la recesión se ha sentido fuerte. Y si las tasas de interés han alcanzado en meses recientes niveles elevados (muy elevados relativamente a la inflación registrada) no es por causa del déficit fiscal, sino que es consecuencia del tipo de política monetaria –muy restrictiva- aplicada por el Banco Central. Conviene enfatizar que esto último también es un compromiso asumido con el FMI.

El coro neoliberal seguramente querría un ajuste hacia la baja del déficit fiscal. Quizá recortar presupuestos de salud y educación, bonos de vivienda, los fondos de la educación superior. Y de seguro se sentirían muy cómodos promoviendo un aumento en el impuesto sobre las ventas. Probablemente el gobierno de los Arias se resistirá a hacerlo, no por un asunto de convicción sino de oportunismo, en vista de la coyuntura electoral y la ya cercana finalización de su período.

Estas medidas tendrían indudables costos sociales y humanos pero, además, resultarían una salida por completo desafortunada, dadas las actuales circunstancias económicas. En realidad, la economía de Costa Rica sigue moviéndose en terreno negativo y continúa manifestando mucha debilidad. Pero lo cierto es que, además, la presunta recuperación de la economía mundial –en especial la estadounidense- es, en el mejor de los casos, un globito que arriesga desinflarse en cualquier momento.

En ese contexto, la restricción fiscal nos podría hundir en una recesión aún más severa de la que hemos tenido durante el último año.

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Colombia: La responsabilidad política de un presidente

Alpher Rojas Carvajal (especial para ARGENPRESS.info)

Hay ocasiones -decía Carlos Marx- en que los sectores dominantes llegan a tales niveles de degradación ética que hasta la propia legalidad les parece subversiva. Sin duda, no se trataba sólo de un retrato de la turbulenta época en que le correspondió reflexionar a este lúcido progenitor de las ciencias sociales. También era un pronóstico de largo plazo que entrañaba una aguda observación premonitoria relacionada con las dinámicas del sistema de acumulación por él criticado.

En efecto, el debilitamiento del Estado, las aceleradas globalizaciones de los flujos financieros y de las comunicaciones, la gigantesca ola consumista, la racionalidad instrumental medio-fin (Weber) y el perverso individualismo metodológico, que atrapó a una parte de la sociedad en las vacuidades novedosas del pensamiento posmoderno, ha conducido a un transitorio congelamiento de las expectativas democráticas por una sociedad más ética, más igualitaria y respetuosa de las diferencias. Y en su lugar ha puesto en la escena fulgurante de los medios el paradigma de la competencia, una praxis lujuriosa del libre mercado en el que la regla de oro es, sencillamente, que no hay reglas y que en su más prístino significado traduce: “sálvese quien pueda”.

La paradoja es que casi siempre esa “competencia” no es entre iguales, sino que se reduce al pulso librado entre un opulento magnate (léase país, banco o multinacional) bien dormido y bien comido y un famélico individuo sin reflejos (léase país, empresa o ciudadano), publicitada por las tecnocracias transfronterizas como panacea para asegurar la “confianza inversionista”.

La sociología jurídica moderna, en especial aquella que tiene que ver con la formación de las leyes, visibiliza las costuras del modelo competitivo e indica cómo a partir de la vigencia del Consenso de Washington –pivote de la globalización neoliberal-, los ordenamientos legales son diseñados por los abogados de las corporaciones transnacionales en las reuniones de los países poderosos cuyo objetivo es la maximización de utilidades. Flexibilización, exenciones, subsidios, garantismo corporativo, son figuras inscritas en la matriz del nuevo sistema mundial, pues el progreso anunciado al final no consiste en un esfuerzo común por desplazar la pobreza o las fronteras de la escasez, sino en juegos que no sumen nada porque una parte debe pagar lo que otros ganan.

Hay que recordar que los países desarrollados, que abrigan el 21% de la población mundial, controlan el 78% de la producción de bienes y servicios y consumen el 75% de toda la energía generada (1). En ese escenario en el que la economía subordina a la política, los mandatarios tercermundistas, cual autómatas secuenciales, cumplen acríticamente el papel de legitimar ante sus parlamentos los intereses del mercado mundial para el usufructo de los recursos nacionales, en enmascarados procesos que desembocan a mediano plazo en macrocrímenes (biológicos, ambientales, económicos, culturales, militares o políticos) disfrazados como contingencias de la crisis para facilitar la “cohesión social”.

En estas circunstancias, los resquicios por los que se refina el crimen de cuello blanco y, aún, la pequeña y mediana industria de la delincuencia -que así entrecruza sus planos con el poder legítimo-, son múltiples. Pero los principales están en los respiraderos móviles y en las falsas barreras de las nuevas leyes, facilitadoras y propiciadoras de impunidad y privilegios. “Nunca antes los criminales habían sido tan globales, tan ricos ni tan políticamente influyentes” (2) advierte Moisés Naim, editor de la acreditada revista Foreing Policy. Para quien estas elites corruptas representan un poder económico que mueve el diez por ciento del comercio mundial.

En esa misma línea ilustrativa, muchos años después de su deceso el notable dramaturgo alemán Berthold Brecht (“Pero, ¿cómo puedo comer y beber cuando le arranco al hambriento lo que como, y mi vaso de agua le falta a un sediento?”), vería -en el contexto de la crisis financiera mundial del siglo XXI- hecho realidad su apotegma moral sobre la similitud delictual entre crear un banco y atracarlo.

Esa realidad transnacional que, a todas luces resulta aplastante para los países pobres y decepcionantes para los espíritus frágiles, es transvasada en apropiadas dosis a nuestra cultura institucional. Colombia, en lo que va corrido de este siglo ha metabolizado modelos depredadores, normatividades complacientes y jurisprudencias exculpatorias que, de alguna manera, son extrañas a nuestra personalidad histórica y que generan las condiciones de exclusión y fractura social en que se asienta el modelo de desarrollo violento actualmente en boga.

La apropiación de estas concepciones ha entrañado para el país la profundización de irritantes desequilibrios sociales, que se expresan tanto en los factores de concentración de la riqueza y las oportunidades, como en una rampante corrupción de las elites en el poder. El gobierno neoconservador del presidente Uribe Vélez, pese a las estrategias mediáticas para ocultar su descomposición ética, no ha logrado taponar la filtración semanal de frecuentes hechos de venalidad desde el primer día de gobierno en que designó al hoy sujeto procesal Fernando Londoño Hoyos como ministro del Interior hasta el escándalo de este mes “Agro Ingreso seguro”, programa que ha repartido 1,4 billones de pesos, especialmente a familias terratenientes multimillonarias, con fuertes lazos políticos y partidistas con el gobierno.

El Instituto del Pensamiento Liberal, bajo el título de “El Frenesí del Poder” (3) publicó entre los años 2003 y 2007 una investigación en dos folletos con la antología de los actos de corrupción de la administración Uribe Vélez, en la que se registran más de 167 conductas delictuales, que en su momento causaron asombro. Y en la serie “El embrujo autoritario” (4), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, consigna una amplia reseña de los favorecimientos, apropiaciones violentas de tierras, desplazamiento de campesinos y violación de derechos. Pero aún no habían aparecido en escena las “Chuzadas” y el espionaje del DAS ni los “falsos positivos”, eufemismo para disfrazar las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes campesinos a manos de la Fuerza Pública, ni el cohecho notarial de la presidencia ni las macabras revelaciones de los jefes paramilitares, ni las zonas francas de la familia presidencial, ni el estudio del investigador Luís Jorge Garay sobre la contrarreforma agraria que despojó a los campesinos colombianos de 5.5 millones de hectáreas de tierras productivas.

No obstante, Uribe Vélez a través de diversas modalidades de control social y con el ejercicio simbólico de ritos de sacralización, jerarquización, compasión y miedo, ha sustraído su figura a las constantes sindicaciones. Salvar responsabilidades y adjudicarlas a construcciones ilusorias de sus adversarios, o restarles importancia mediante la activación de sorpresivas bombas de humo con las que hábilmente encubre el hecho precedente, es una característica de su estilo de gobernar.

Según la tradición constitucional, el gobierno lo conforman el Presidente y sus ministros. Ello implica que la responsabilidad política está en cabeza del jefe del gobierno. De no ser que los propios colombianos ejerzamos una suerte de “voto castigo” a la conducta presidencial, sólo la Corte Penal Internacional, como mecanismo de la Justicia global podría asumir el juzgamiento de la responsabilidad política del mandatario. Una sabia sentencia árabe dice: “Los heraldos que tocan a tú puerta tú los has llamado y no te has dado cuenta”.

Notas:
1) Santos, Boaventura de Souza (2006) La caída del Angelus Novus. Ilsa, Universidad Nacional de Colombia
2) Naim, Moisés (2006) Ilícito, Debate editorial.
3) Instituto del Pensamiento Liberal (2005/2007) El Frenesí del Poder. Sherditores IPL
4) Plataforma colombiana de DD.HH., (2003/04/05/06/07) www.plataformacolombiana.org

Alpher Rojas Carvajal es analista político, Investigador social y Director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales Colombia Plural.

Foto: Colombia - Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República. / Autor: César Carrión - SP

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Paraguay: Planificada construcción de la desestabilización

Carlos Amir González (especial para ARGENPRESS.info)
Quién se asome a la situación paraguaya y mire aunque más no sea a “vuelo de pájaro” sus cifras y realidad en lo económico y social, se percatará que aquí se vive o sobrevive desde hace décadas en forma casi milagrosa. Por supuesto que como siempre en nuestras historias latinoamericanas, en lo que hace referencia mayormente a los sectores populares.

El Paraguay en lo que hace a cifras de Desarrollo Humano según medición de Naciones Unidas, está segundo después de Haití, donde la situación es tan terrible que la gente compra y come “galletas de barro”, y donde después de muchas catástrofes climatológicas, queda solo el 3% de las tierras cultivables. Lo paradójico para que el Paraguay ocupe este segundo lugar después de Haití, es que el mismo tiene superabundancia de tierras cultivables, clima favorable para la producción agrícola, recursos naturales y energéticos imponderables, los recursos humanos son jóvenes y saludables aunque su déficit está en su bajo nivel educativo – profesional – y de oficios.

Se ubica a un 53 % de analfabetos funcionales, que en sus posibilidades restringidas para leer un texto pero no poder interpretarlo, no contribuyen en mucho al desarrollo productivo y cultural que el país requiere. De todas maneras la tradición oral en el intercambio, cubre estos déficits, así me lo relataba un ingeniero de planta industrial argentino, que hablaba el guaraní fluidamente, necesidad devenida de intercambiar con sus operarios de nociones productivas aprendidas en la “práctica cotidiana”.
El problema de la falta de Desarrollo Humano en el Paraguay no deviene de la falta de Recursos Materiales y Humanos, viene de la imposición de un Modelo Productivo Agrícola y Ganadero, que hace que en una nación inmensamente rica por sus recursos, habite una población tremendamente empobrecida.

Existe también un saqueo histórico de bienes y recursos paraguayos que podrían haber servido a su propio desarrollo interno, pero se fueron del país para el desarrollo de dos grandes vecinos como Argentina y Brasil. Los bosques de “maderas ricas” han sido devastados en más del 90 %, para convertidos en enormes rollos cargados en camiones pasar la frontera rumbo al Brasil, o en enormes jangadas rumbo al Río de la Plata.

No menos latrocinio significan los términos de los acuerdos para construir las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. El caso de Itaipú que es la que funciona hace más tiempo, perteneciendo el 50% de la energía producida a Brasil, y el 50 % a Paraguay, Brasil se lleva el 95 % de lo producido a cambio de unas migajas económicas para el Paraguay, el cual además tiene la prohibición de negociar su propia energía con otros países de la región, Brasil tiene la exclusividad y el monopolio de esta comercialización.
Como si esto fuese poco, en lo que hace a Brasil, el mismo a partir de los años 60, comenzó un proceso de expansión de su “frontera verde” y mediante colonos brasileños que compraban tierras en el Paraguay, realizó un proceso de reforma agraria “en territorio ajeno” que hoy tiene a más de 500.000 personas, entre ciudadanos brasileños y los llamados “brasiguayos” que son los nacidos en Paraguay, pero que integran familias de origen brasileño. No solo hay regiones donde prácticamente se habla en portugués, sino que intendentes que son brasileños. Si esto no es una forma de “neocolonialismo”, no se como llamarlo.

Setenta años de gobiernos y dictadura colorados cimentaron el modelo económico y social
El Paraguay es el cuarto productor y exportador de soja a nivel internacional. Y es también hoy día uno de los importantes productores y exportadores de carne de la región, con un importante desarrollo de la industria láctea y de la industria frigorífica.

Esto hace que la presencia de las transnacionales del agronegocio, de capitales financieros, se establezcan en el territorio nacional para proseguir el saqueo sobre “nuevas formas”. La banca privada extranjera en el 2008, envió al exterior en concepto de ganancias, 200 millones de dólares (lo legalmente declarado). Las empresas de telefonía móvil enviaron 500 millones de dólares al exterior. A eso se le suma la existencia aun en lo comercial de la “triangulación”, el Paraguay importa en apariencia millones de mercaderías subvaluadas que jamás llegan a su mercado interno, o si lo hacen es en forma muy fugaz, para perderse rápidamente allende la frontera. Hace no mucho me enteraba que éramos importadores de 300 millones de prendas chinas ¡!!!

Pese a esta gran movida de capitales y enriquecimiento de los sectores sojeros, del agronegocio exportador, de los ganaderos, de los industriales frigoríficos, de los exportadores e importadores de carne, del capital financiero con la rosca comercial importadora y exportadora, esto tiene una contratara trágica.

El 50 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y en el medio rural se repite la cifra del 50 % para hablar de desocupación, en el medio urbano esta cifra es del 35 %. En materia de indigencia, en este rico país en materia de producción de alimentos, la cifra es indignante – casi 1.500.000 de habitantes, con todas las secuelas de desnutrición y enfermedades, perfectamente evitables en este país si hubiese voluntad política como para hacerlo.

Pero no, la misma no ha existido, por lo contrario en siete décadas de ejercicio del poder el Partido Colorado no ha hecho otra cosa que “enriquecer” a una oligarquía que se fue conformando de varias vertientes pero con un elevado componente mafioso (narcotraficantes), triangulación comercial con naciones piratas y de dictaduras, “los barones de Itaipú” negociaron los recursos propios del pueblo para su individual enriquecimiento, mediante un perverso proceso de un Instituto de Bienestar Rural cedieron 12 millones de hectáreas a precio de “banana verde” a extranjeros y peores nacionales, en fin un proceso que asentó un modelo económico y social, solamente sustentable para un 5 % de la población que lanza algunas migajas de empleo y bajísimos salarios, a quienes les producen y administran sus riquezas.

Ni en el Estado Paraguayo se paga a los trabajadores el Salario Mínimo Nacional, el 40 % de los trabajadores estatales ganan por debajo del mínimo nacional, el estado comete con sus trabajadores actos de ilegalidad, ni que hablar de los contratos “basura” de los cuales está minada la Administración Pública. Existen más de 400 categorías…mal ejemplo que se extiende a la actividad privada donde las patronales juegan a su antojo con los trabajadores, frente a un escaso grado de organización sindical.
El retorno de los brujos
Frente a este estado de cosas en lo económico y social, con un modelo económico que vuelca la balanza hacia la acumulación de riquezas en manos de las familias anteriormente señaladas y que lo vienen haciendo desde las últimas décadas del siglo XIX, no es nada fácil en el Paraguay llevar a la fosa de la historia al Anciano Régimen.

La Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que ganó las elecciones el pasado 20 de abril del 2008 y que asumió la gestión del gobierno a partir del 15 de agosto del mismo año, a un mes de hacerlo ya tuvo que vérselas con una reunión conspiraticia con bastante tufo a “golpe de estado”. Inclusive la misma lleva en su seno a un partido como el Partido Liberal Radical Auténtico, donde existen sectores – como el del mismo vice-presidente Federico Franco – que alientan el juicio político al presidente Fernando Lugo.

No deben extrañar en el PLRA estas actitudes políticas en hombres o grupos que lo componen, ya existen antecedentes de apoyo a la Dictadura de Alfredo Stroessner, y en los últimos tiempos la “unidad libero-oviedista” que es la unidad con las huestes del general Lino César Oviedo, uno de los tantos militares fascistas golpìstas que ha parido la tragedia latinoamericana. A estas intenciones se suman las de un Partido Colorado, que luego de décadas de poder, se lame las heridas de la derrota popular sufrida, en una obligada llanura.

De parte del gobierno la proclamación y la enunciación de un gobierno apuntando a las cambios que hace décadas demandan millones de paraguayos; ha quedado meramente en eso, enunciación y proclamación. Son solo catorce meses “es la defensa argumental, estamos haciendo experiencia en la gestión del Estado” es otra, creo que ninguna es de recibo. Y van apareciendo cuestiones en importantes referentes del gobierno, que son preocupantes, porque se parecen en mucho “a conductas” de los que se fueron (¿?).

La inoperancia, la ineptitud, el nepotismo, el arribismo, la improvisación, la soberbia, el infantilismo político…y algunos niveles de corrupción también concurren a las fragilidades y falta de fortaleza de este gobierno, que entre otras cosas también prometió que comenzaba el verdadero tránsito a la democracia…¿ cuál ?

Si las fuerzas coligadas del Anciano Régimen, se posicionan bajo el instrumento que sea en el gobierno del Paraguay, retrocederemos mucho sin lugar a dudas…

¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta condena (cadena) ?…se preguntaba el poeta español Miguel Hernández…

Ojalá que el pueblo paraguayo pueda en forma organizada blandir el martillo que avente estos viejos males, sino como decía el poeta paraguayo Roa Bastos…” el infortunio se volverá a enseñorear en el Paraguay”
Carlos Amir González es periodista uruguayo radicado en Paraguay.

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Los sueños de los setenta

Luis Mattini (LA FOGATA)

Tengo el temor de que los proyectos políticos marxistas que llevamos adelante, poniendo todo el cuerpo, en los años setenta estén a punto de ser derrotados, no por la vía de su destrucción, como lo intentó primero el gobierno de Isabelita y después muy duramente la dictadura, sino por la perversa vía de la distorsión.

Porque el terrorismo de estado había logrado destrozar nuestra organización, pero no nuestro proyecto. Para el caso de una eventual derrota actual, la primera beneficiada de eso seria la camarilla gobernante, pero esos beneficios serían posibles gracias al no tan desinteresado aporte de cientos de personas pertenecientes a varios organismos de derechos humanos y otros cientos que se benefician de puestos estatales, más allá de la ocupación laboral que tenemos los empleados del Estado, sea como docentes, profesionales o administrativos asalariados.

La distorsión va desde el extremo disparate de afirmar que se está marchando hacia un modelo de país soñado por los setentistas, hasta la “sencilla”, pero no inocente, idea de que el mérito de este gobierno que lo haría casi incriticable, es la defensa de los DD.HH. y la Memoria Histórica. Todo ello se engarza con la falsa idea de que nosotros habíamos luchado por la democracia hacia una total estatización de la sociedad, incluida la vida y los sentimientos privados, tipo chavismo-peronista, olvidando que para el marxismo no puede haber completa liberación social hasta tanto no se extinga el Estado.

Realmente me sorprende la falta de memoria (de quienes precisamente se llenan la boca hablando de esa ya frase hecha: “memoria histórica”) para recordar las grandes discusiones que precedieron y acompañaron la toma de las armas. Las veces que hemos repetido que sólo admitíamos al Estado como una inevitable dictadura del proletariado durante un período de transición y que deseábamos lo más corto posible. Las veces que, al menos en lo interno, criticábamos a los socialismos existentes precisamente por mantener políticas de Estado que transformaron la supuesta dictadura del proletariado en dictadura de la burocracia; y si a veces no lo hacíamos públicamente era por razones de oportunidad política frente al capitalismo.

La falta de memoria para recordar cómo estudiamos en Lenin, que la democracia es un determinado modelo de dominación y no un ideal humano; por lo tanto la democracia, con cualquiera de sus aditamentos, no era nuestra meta, si bien hablábamos de “democracia popular” como un periodo de transición.

¿Cómo pueden haberse olvidado algunos de nuestros compañeros la consigna para el programa inmediato por el que luchábamos: “gobierno obrero popular”? ¿Tiene algo de “obrera” la mujer que nos gobierna en medio de su desfile de modelos apoyada por la burocracia sindical, hoy transformada en empresarios? ¿No ven que el discurso de DDHH del actual gobierno se reduce a lo pasado en los setentas? ¿No ven la violación cotidiana de los DD.HH. como consecuencia de la persistencia en un modelo productivo basado en la biotecnología agraria, la industria derivada, la minería abierta y la manipulación de recursos energéticos, todo ello marcando una peligrosa tendencia al monocultivo que se transforma en una fabrica reproductora de pobres?

Claro, este gobierno no es Videla ni el fascismo, eso está claro, pero a veces no parece tan claro porque estas personas ligadas a los organismos de DD.HH. actúan como si estuvieran obligadas a optar por el mal menor.

No señores, vivimos una plena democracia representativa, quizás menos que Suecia o Alemania, pero bastante más que muchos otros países democráticos; eso debe quedar claro, no existe otra democracia y a esta se la puede mejorar con esos adjetivos de moda, “participativa”, “popular”, etc, pero sólo mejorarla, porque siempre será un modo de dominación de una clase por otra.

Porque lo que parecen olvidar quienes dicen que este es el gobierno de los setentistas, es que, —al menos el PRT-ERP—, luchaba por una sociedad sin clases. Y lo que es peor, a veces creo observar que algunos compañeros que pertenecieron a esta organización, por momentos parecen avergonzados de admitir que nosotros éramos comunistas, tan comunistas que frente al partido comunista o a los partidos trotskistas, y otras variantes pro-chinas, nos sentíamos los verdaderos comunistas, éramos los internacionalistas de primera línea y nunca creímos ni en el socialismo en un solo país, ni en la vía estatal hacia el socialismo.

Ah, un detalle: entre las cosas para el futuro que discutíamos mientras ejercíamos la militancia y poníamos el cuerpo en la lucha armada, estaba la idea de que en el socialismo desarrollado desaparecería la división del trabajo, también desaparecerían la disciplina llamada economía política y el derecho como “ciencia jurídica”, por lo tanto hablar de derechos humanos seria un absurdo, algo así como hablar de derecho a respirar. El chiste era resolver que hacer con los millones de abogados y economistas que pasarían a ser desocupados. (Para no hablar de los escribanos).

Y sí señores, a la generación que nos sigue le contamos —y a nuestros desmemoriados les recordamos— que nosotros teníamos tiempo para organizar la acción política, el sindicalismo, los estudiantes, los barrios, entrenarnos, estudiar teoría marxista y arte militar, ejercer la lucha armada y además de todo eso, fantasear con los sueños sobre la futura sociedad, cómo serían la relaciones una vez desaparecidas la feria de vanidades, en primer lugar los títulos académicos que reemplazan a los títulos de nobleza. Soñábamos que el machismo desaparecería automáticamente al desaparecer las causas que lo crearon, en fin, muchas cosas idealizadas, claro, pero estamos hablando de sueños y todo cambio en la realidad de la historia siempre empezó siendo sueño.

Bueno eso era parte de nuestros sueños. La crueldad ilimitada de la represión de la dictadura pudo con la organización, pudo reventar la resistencia, pudo asesinar a miles, pero no pudo con nuestros sueños. Por eso digo que en el fondo no pudo derrotarnos.

Ahora me pregunto, realmente preocupado ante la evidente ausencia de sueños y fantasías reemplazadas por la racionalidad de las universidades “alternativas” o “populares”, o las marchas de ordenados y prolijos guevaristas…me pregunto digo, si esta malversación que se está haciendo públicamente de los sueños setentistas reduciéndolos a la simple “conquista” de los derechos humanos, por parte del gobierno y los cómplices objetivos que he mencionado, no podrá ser preludio de la derrota. ¿Aquello que la dictadura no logró con todo el peso del terrorismo de Estado, se conseguirá con este modelo de dominación que ha logrado comprar a muchos ex-protagonistas?

Pues, los que nos atrevemos a seguir soñando le decimos: “Nuestros sueños no caben en sus urnas”.

Foto: Argentina - De izquierda a derecha: Alberto Ballestrini, Daniel Scioli, Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Antonio Cafiero y Hugo Moyano. / Autor: Presidencia de la Nación

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Historia del Movimiento Obrero. Desarchivando documentos

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

La reseña que presentamos del libro Ley de trabajo de mujeres y menores -Un siglo de su sanción - La doble opresión: reconocimiento tácito, no es un tema de mujeres, sino una parte de las luchas del movimiento obrero que por circunstancias históricas, se dirimió en el terreno parlamentario.

Intentamos hacer visible una serie de acontecimientos que hasta el presente tantos historiadores como historiadoras sólo designaban como Ley 5291.

Con una mirada retrospectiva, el libro nos acerca a una época de valoración contradictoria del trabajo de la mujer: cuando su misión esencial eran la maternidad y las tareas domésticas, y se la sometía a grados de explotación que comprometía su vida.

Se retoma el tema iniciado en el libro anterior, División sexual del trabajo – ayer y hoy – una aproximación al tema (Editorial Dunken), donde se indagó las relaciones de trabajo desde la perspectiva de género, particularmente en la empresa Terrabusi.

Ahora, al cumplirse 100 años de la sanción en nuestro país de la Ley 5291 de trabajo de mujeres y menores, se analiza el proyecto legislativo, así como el complejo entramado de intereses, propuestas, debates y acciones; y los acontecimientos que enmarcaron la incorporación de la mujer a la industria y sus condiciones de trabajo.

Estos hechos constituyen el motivo principal que me impulsó escribirlo, partiendo de las circunstancias que rodearon a este acontecimiento. La indagación de varias fuentes, tales como muchos números del periódico La Vanguardia, las posiciones de las centrales sindicales, los contenidos de los debates públicos y las discusiones por las que atravesó el proyecto de ley desde la primera propuesta elaborada por Gabriela Laperriere de Coni, resultan reveladoras de las diferencias, tanto estratégicas como tácticas, que muestran los intereses contrapuestos de los distintos sindicatos, los trabajadores y los patronos. El debate abierto entre corrientes sindicales, también reflejado por los historiadores, las opiniones del Partido Socialista, mediatizadas por La Vanguardia, forma parte de las citas textuales.

La presencia decisiva del Diputado Alfredo Palacios como representante del ideario socialista y del diputado Seguí por la UIA, como vocero de estos últimos, reflejan una ardua puja sostenida en batallas cuyos escenarios van desde congresos o asambleas hasta huelgas, marchas, manifestaciones en las calles y la represión que muchas veces se desencadenó.

Si bien su relevancia histórica se considera indiscutible, ¿para qué plantearse este tema actualmente?

Descontamos por una parte que para las/os trabajadoras/es siempre es útil saber más acerca de los hechos que acompañaron los cambios en su condición de tales; que el conocimiento del contexto sirve para aprender, reflexionar y proponer modificaciones en esta relación desigual que nos impone el sistema capitalista.

Por otra parte, ciertos aspectos que conciernen a las condiciones y medio ambiente de trabajo como la salud, la violencia y el acoso sexual, la discriminación directa e indirecta de las mujeres, continúan siendo temas de preocupación permanente en esta sociedad de mercado libre, donde predomina la flexibilidad en las relaciones laborales.

Así, el tema de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres está instalado en las agendas de distintos organismos estatales y sindicales, aunque sean insuficientes las políticas públicas que la garanticen y sólo se registre un avance en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos.

El trabajo infantil, a diferencia de lo que ocurría a principios del siglo XX, cuando se localizaba en los talleres y fábricas, lo vemos diariamente en las calles de los centros urbanos o en las tareas rurales, sin que se garanticen en la mayoría de los casos, la alimentación, escolaridad y vivienda.

Sustentar una concepción del sujeto y de su conducta, como emergentes de complejas relaciones sociales, permite a su vez abordar, con espíritu reflexivo y crítico, la lectura de las fuentes, la reconstrucción de los hechos con distintos puntos de vista, y discernir entre las posiciones positivistas, que negaban las contradicciones en el seno del movimiento obrero, y las de algunos análisis académicos de las mujeres, que aún hoy no reconocen la lucha de clases, y ni las contradicciones de clase y de género. Por lo tanto, intentar un análisis desde un enfoque que contemple las relaciones de clase y de género, sin apegarse al discurso oficial aséptico, puede constituir una contribución válida para un mejor conocimiento de estos conflictos.

De ahí las referencias a los aspectos macroeconómicos, condiciones de vida, datos de población, de sus organizaciones gremiales, los conflictos, del proyecto de ley nacional de trabajo, el trabajo de las mujeres y su participación.

En el prefacio, un recorrido por los diferentes grados de opresión que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, permite dimensionar la importancia del período particular analizado.

En cuanto a las motivaciones personales, destacamos la práctica cotidiana como trabajadora y la experiencia de años de militancia en defensa de los derechos de las mujeres, lucha en la que me he sentido impactada por la experiencia de otras mujeres que por su capacidad y posibilidades, tuvieron una actividad pública relevante, tales como La Pasionaria e Isadora Duncan.

En “Temas y problemas nuevos”, nos ocupamos sobre la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, en el ámbito laboral, desde los inicios de la organización del movimiento obrero, al propugnar entre otras reivindicaciones, la igualdad salarial y el acortamiento de la jornada de trabajo. Las condiciones de trabajo, las largas jornadas agotadoras, afectaban la salud y en algunos casos destruía los cuerpos de varones y mujeres, de ahí que las sucesivas propuestas legislativas, apuntaban a revertir las condiciones en que se vendía la fuerza de trabajo.

Desde una mirada que abarque las relaciones de clase y de género, la problematización del trabajo asalariado femenino, comenzó en los inicios del siglo XX, vinculado a la construcción de un ideal maternal, así como los debates sobre el tipo de educación que debían recibir las mujeres, iniciada en el siglo XIX.

Ante la pregunta por los hechos objetivos a finales del siglo pasado, como señala José Panettieri (1984), “la explotación del trabajo de mujeres y menores se puso de manifiesto con el surgimiento de las primeras fábricas en el país en los últimos años del siglo pasado.” Lo observable era la doble jornada laboral de la mujer, 14 a 16 horas en talleres y fábricas y el resto en su hogar.

Este trabajo se desarrolló sobre una matriz de relaciones que explica el historiador E. Hobsbwam de este modo: “La segunda y gran consecuencia de la industrialización sobre la situación de la mujer fue mucho más drástica: separó el hogar del puesto de trabajo. Con ello excluyó en gran medida a la mujer de la economía reconocida públicamente –aquella en la que los individuos recibían un salario – y complicó su tradicional inferioridad al hombre mediante una nueva dependencia económica. (…)El objetivo básico del sustentador principal de la familia debía ser conseguir los ingresos suficientes como para mantener a cuantos de él dependían (…)

Los ingresos de los otros miembros de la familia eran considerados suplementarios y ello reforzaba la convicción tradicional de que el trabajo de la mujer (y por supuesto de los hijos) era inferior y mal pagado.”

Las mujeres que se empleaban como obreras, también eran requeridas por las señoras burguesas como empleadas domésticas, además de ser descalificadas, llamándolas prostitutas o fabriqueras.

Otra autora a la que se recurre es, Marcela Nari, quien explica que, con el desarrollo de la gran industria, “se reformularon la división del trabajo, las formas y unidades de producción. Las unidades domésticas, las familias perdieron gradualmente su lugar en la producción para el mercado y se concentraron en la producción para el autoconsumo. El trabajo doméstico quedó invisibilizado entre la naturaleza y el amor de las mujeres. El trabajo urbano a domicilio se mantuvo, y en algunos casos creció, porque abarataba costos de producción y porque permitía a las mujeres compatibilizar, en el espacio y el tiempo, trabajo doméstico y trabajo asalariado. Emplearse en fábricas y talleres era incompatible con la maternidad, con la nueva imagen de madre nodriza, cariñosa, altruista y siempre unida a su hijo por un cordón.”

La problematización del tema, implicaba el reconocimiento de su rol materno, plasmado en un proyecto de ley, que admitía la necesidad de no concurrir por treinta días al lugar de trabajo y la posibilidad de amamantar. La justificación de su aporte era contradictoria, desde el punto de vista de los empleadores, los favorecía, pues retribuían menores montos que a los varones y desde la visión que se tenía del rol de la mujer, se aceptaba su inserción laboral como un mal necesario. La maternidad, era concebida como un hecho natural.

El grado de desarrollo de las fuerzas productivas no permitía vislumbrar a la mayoría de la sociedad, a las mujeres, como sujetos de distintos derechos. Sólo se había definido el papel reproductor de la mujer como su función primaria y el Estado reforzaba el estatus secundario de su actividad productiva.

Se desarrolla el comportamiento de los diferentes actores sociales: el movimiento obrero organizado por ejemplo luchó por aumentos de salario, acortamiento de la jornada laboral, utilizando la huelga como método principal hasta que se comenzaron a discutir varios temas: necesidad de la reglamentación del trabajo, y métodos como el boicot, el sabotaje, el arbitraje, el papel del parlamento, su relación con las organizaciones obreras y partidos políticos. Estos temas despertaron polémicas entre los integrantes de las organizaciones gremiales y rupturas. Las mujeres fueron convocadas para participar activamente en las organizaciones gremiales.

“Tan intensas y resonantes como en 1906 son las luchas libradas durante el año 1907, numerosas huelgas corporativas, y dos generales, de vastas proyecciones, en solidaridad con trabajadores en conflicto y de airada protesta contra agresiones, abusos y atropellos de las autoridades, regístranse en este período”.

Contradicciones de clase y de género, enfrentaban simultáneamente las mujeres, ante el patrón (extensión de la jornada laboral, salarial y acoso sexual) y con sus compañeros de trabajo y sus esposos (competencia, costumbres y moral predominante).

La base material en que se desarrollaban los trabajos en fábricas y talleres, impactó en la inspectora de fábricas de la Municipalidad de Buenos Aires. Aunque no lo planteó en estos términos, Gabriela L. de Coni visualizó la doble jornada laboral y sus efectos en la salud y aunque pertenecía a otra clase , se ubicó desde las necesidades e intereses de las obreras, proponiendo la limitación de la jornada de trabajo de las mujeres a ocho horas. Elaboró un proyecto que tenía en cuenta la experiencia en Europa: por ejemplo en Inglaterra, en 1819, se votó la primera ley limitaba el trabajo de la mujer y el niño en las fábricas . Gabriela L. de Coni, supo interpretar la nueva realidad social y se conectó con el Partido Socialista pues sus portavoces expresaban necesidades, sentimientos y acciones que los/as trabajadores/as no lo podían verter por sí solos. Este modelo, desarrollado en los primeros países industrializados, permitía que se abordara “el conflicto entre quienes pagaban los salarios y quienes vivían de ellos”. Según Hobsbawm era una realidad existencial cada vez más apremiante.

Las legislación protectoria en Europa no se puso en práctica para dar remedio a las condiciones del trabajo industrial en general, como lo solicitaban las organizaciones obreras, sino como una solución específica al problema de la mujer (y del niño) en el trabajo. Los legisladores partían de considerar a las mujeres vulnerables y dependientes y en consecuencia, con necesidad de protección.

Las organizaciones de beneficencia, también asistieron a la mujer obrera, en su formación para cuestiones de puericultura y en algunos casos previniéndolas contra las ideas socialistas.

Las organizaciones obreras se ubicaban tácticamente según su estrategia: los anarquistas planteaban la “liberación femenina” oponiéndose a la reglamentación del trabajo, propuesta por el socialismo. Asimismo en su interior, había quienes pensaban que las mujeres no tenían que trabajar en las fábricas. En el Partido socialista también surgió un debate sobre la relación de los trabajadores y las instituciones burguesas. S. Marotta (1960) lo expresa en estos términos: “…si los trabajadores deben pugnar por la conquista de las instituciones burguesas y adaptarlas a su modalidad revolucionaria, o si, por el contrario, independizarse de ellas creando sus propios órganos, desarrollándolos autónomamente, con inspiración y pensamiento propio.”

Tales peticiones por mejores condiciones de trabajo, se realizaba en el país cuando predominaba la línea que marcaba el Código Civil (1869) de la inferioridad femenina y la mujer casada estaba subordinada al marido.

Al final se analizan en secuencias los proyectos de ley tal como se sucedieron, identificando a los actores: Gabriela Laperriere de Coni, (inspectora ad-honorem de fábricas de la Municipalidad de la Municipalidad de Buenos Aires, el diputado Dr. Alfredo Palacios (socialista), también la Unión Industrial Argentina ( UIA) y el Poder Ejecutivo; más el alineamiento de éstos últimos para vaciar el proyecto original.

Se registran cuatro textos y cinco instancias de elaboración y debates.
- 1902, Gabriela Laperriere de Coni (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.)
- 1906, Alfredo Palacios (manuscrito)
- 1906, Alfredo Palacios: presentación en la sesión del 22 de junio de 1906.
- 1906, Comisión legislativa – diputados.
- 1907, Poder Ejecutivo con acuerdo de la UIA. Se sanciona.

Ester Kandel es profesora en Ciencias de la Educación, psicóloga social y magíster de la UBA en Ciencias Sociales del Trabajo; se especializada en la temática mujer y trabajo.

Otras problemáticas conexas a través, de investigaciones, ponencias, artículos, son los siguientes: las condiciones y medio ambiente de trabajo, desde la perspectiva de género, la discriminación directa e indirecta en el mercado laboral, y las cláusulas de género en los convenios colectivos de trabajo y la ciencia, la tecnología y la política – una mirada desde la perspectiva de las relaciones de género.

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Kirchner, Carrió, Casaretto. Infelices los niños

Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

La posible creación de una “asignación universal por hijo” volvió a ganar el primer plano de la situación política. El telón de fondo de esta polémica –que envuelve al gobierno, a sus opositores y a la Iglesia–, es pavoroso. En el último año, 400.000 obreros perdieron su trabajo. En relación con lo que viene, hasta los economistas que confían en una reactivación señalan que “lo peor para el mercado laboral aún está por llegar” (Informe económico de la Universidad Di Tella).

Es que la recuperación capitalista plantea una feroz competencia entre pulpos, que éstos querrán dirimir en base a despidos y mayor superexplotación laboral. Como botón de muestra, está el ataque a los obreros de Kraft. Durante este mismo año, las paritarias fueron virtualmente anuladas y los salarios se ajustaron con “techos” ubicados por debajo de la inflación real.

Mientras tanto, hasta el Indec reconoce que, en medio de la crisis, los pocos empleos que se generan son precarios. Según esas mismas estadísticas, los trabajadores “no registrados”, que son la mitad de toda la clase obrera, ganan en promedio unos 1.500 pesos. ¡Pero la “canasta básica” (línea de pobreza) ¡ya supera los 1.600 pesos! No se equivoca, entonces, quien atribuye el crecimiento de la pobreza a la “pérdida o precarización de empleo, a la suba de precios y remuneraciones planchadas en el sector informal” (Agustín Salvia, director del Observatorio de Pobreza de la UCA e investigador del Conicet, en Fortunaweb del 20/9).

A la luz de lo anterior, es evidente que el avance de la miseria social es un resultado directo de la explotación capitalista y de la tendencia de ese régimen social a trasladar sus crisis sobre los trabajadores.

¿Asistencialismo? Ni eso

Ni el gobierno ni sus opositores capitalistas tienen una salida para este crecimiento capitalista de la pobreza. Saben, incluso, que están echando más nafta a la hoguera de la miseria social. Por caso, acaban de aprobar un presupuesto 2010 que reduce sustancialmente los subsidios al transporte y otros servicios públicos, lo que van a resarcir con mayores tarifazos. Pero para los Kirchner o los Carrió, la pobreza no sería el resultado del proceso capitalista que ellos mismos promueven –y que implica despidos, suspensiones y mayor carestía. Para ellos, la miseria social sólo afecta a los “excluídos” o marginados del sistema. En ese caso, la salida a la pobreza no plantea un ataque al capital, sino que depende del asistencialismo estatal. De este modo, las asignaciones por hijo –tan meneadas por la CTA, pero también por el Banco Mundial– han vuelto a la palestra.

Pero, ¿en qué consiste el asistencialismo de un gobierno que está por someter sus cuentas al control del FMI y se prepara a “reanudar relaciones” con el capital financiero internacional? Por lo pronto, el proyecto oficial ubica la asignación por hijo en 135 pesos. Para la consultora Ecolatina, la “canasta”, no de pobreza, sino de indigencia, ascendía en julio pasado a 260 pesos por persona. O sea que la caridad oficial apenas cubre la mitad del alimento de los menores que pretende amparar. El gobierno, por otra parte, se opone a la “universalidad” del subsidio, o sea que tampoco está claro a cuántos menores alcanzaría la asignación oficial.

Cristina Kirchner ha querido zafar por izquierda de los cuestionamientos opositores, señalando que prefiere abordar la pobreza “desde el trabajo y no desde la beneficencia”. De ese modo, reivindicó al régimen de contratación de cien mil trabajadores “cooperativizados” para la obra pública. La cifra coincide con los obreros de la construcción que perdieron su trabajo con la crisis y que, en el marco del plan oficial, volverían a los andamios sin convenio ni derechos laborales. En nombre de la creación de trabajo, la “política social” del kirchnerismo apunta a la destrucción del trabajo y sus conquistas. El ingreso precario de los cooperativistas pretenderá ser un nuevo piso para la contratación laboral de los capitalistas de la construcción. Mientras se llena la boca con “los niños”, el kirchnerismo agrava las condiciones de vida y de trabajo de sus padres trabajadores.

Carrió y Casaretto

En ese cuadro, la pastoral social y el “Acuerdo Cívico” de Carrió y Morales salieron a doblarle la apuesta a la mezquindad oficial. Propusieron que la asignación por hijo llegue a la “friolera” de 180 pesos y que sea universal. Pero a la hora de explicar de dónde saldrían los recursos, la Pastoral planteó que una parte podría financiarse con “los actuales planes Familias y Jefes y Jefas de Hogar” (Clarín, 20/9). En ese caso, la “asignación por hijo” serviría de pretexto para eliminar definitivamente a los actuales planes, que permanecen sin indexar desde hace ocho años. Para Carrió y Prat Gay, de todos modos, la “universalidad” iría más lejos: con el tiempo, piensan que podría sustituir a las actuales asignaciones familiares. O sea que el “subsidio universal” servirá de coartada para barrer con conquistas obreras, que pasarían a sumergirse en el rasero común del asistencialismo estatal.

La clase obrera, frente a la pobreza

Bajo la infame pantalla común de la niñez desamparada, oficialistas y opositores quieren disimular su apoyo a la escalada capitalista contra la clase obrera, que golpea los salarios, los convenios y el derecho al trabajo. En torno de esta ofensiva, la burocracia sindical ha cerrado filas con los capitalistas y con el gobierno. En la CTA, Yasky y Lozano deben estar celebrando como una victoria política la “instalación” mediática de la asignación universal por hijo. Ello, mientras miran para otro lado en Mahle, Paraná Metal, Kraft y cualquiera de las luchas donde estuvo en juego el derecho al trabajo de miles de familias obreras. Los burócratas pretenden encontrar en el asistencialismo estatal la excusa para no luchar. Pero la caja de ese Estado está hipotecada ante el capital financiero. Los capitalistas y el gobierno sólo abrirán la billetera de la “política social” cuando sirva para promover el empleo precario (cooperativas), liquidar conquistas obreras o subsidiar capitalistas, como ocurre con el Repro.

La lucha contra la pobreza pasa, en primer lugar, por prohibir los despidos, luchar por un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que hoy no es inferior a los 4.400 pesos; por la reapertura de las paritarias; por un subsidio al desocupado que cubra el 82% de esa canasta familiar y una jubilación móvil que parta de ese mínimo. Construyamos, en todos los sindicatos, direcciones clasistas para luchar por ese programa.

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El pan, la rosa y las políticas de Estado

Oscar Taffetani (APE)

Un proverbio árabe (sospechoso de no ser ni árabe ni proverbio) dice que el hombre que tiene dos panes debe vender uno para comprar la rosa. Hay allí una expresión del sentido común. Un sentido común bastante avaro. Y egoísta. Y burgués. Ya que ve en la rosa (es decir, en la cultura) un bien suntuario; algo que uno puede permitirse sólo después de tener la panza llena. León Felipe le respondió a esa verdad egoísta del proverbio con una verdad poética, vale decir, con un profundo deseo: “¿Por qué ese panadero -escribió- no le pone una rosa de pan blanco a ese mendigo hambriento en la solapa?”. Entre el pan y la rosa, entonces, un panadero. Es decir, el trabajo humano, embelleciendo y dando sentido a las cosas.

Todo esto formaría parte de una amable conversación si no estuvieran de por medio el hambre real, la pobreza real y el sufrimiento real de nuestros hermanos. Porque cuando hay frío y desabrigo -escribiría Tejada Gómez- el viento no es ninguna canción en las ventanas. Y para un niño en la calle, la niebla (ah, la niebla) es un sapo del aire. Y las manos son dos fardos inútiles. Y el corazón, una mala palabra.

Si algún sentido tiene el contrato social -pensamos- es el poder rescatar al hombre del salvajismo y la barbarie. Si algún sentido tiene el Estado, es el de crear las condiciones para que todos podamos disfrutar a un tiempo, sin proverbios ni excusas, del pan y de la rosa.

Lo que presupone el Presupuesto

"Mientras se negociaba la ley de medios en el Senado -leemos en una nota del diario Crítica- el oficialismo repartió 11.500 millones de pesos en obras públicas que benefician especialmente a cinco provincias, tres de las cuales fueron importantes -Chubut, Tierra del Fuego y Jujuy- para la sanción de la norma que finalmente sancionó la Cámara alta el sábado 10 a la madrugada...”

Sin embargo, los últimos efectos de la repentina asignación y distribución de fondos, no habría que verlos sólo en ese parto -con forceps- de la ley de Medios, sino en un rudo disciplinamiento que le permitirá al Ejecutivo, en los tiempos que vienen, contar con el voto automático de muchos legisladores.

Diputados ya dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2010 presentado por el ministro Amado Boudou y es de prever que en el Senado, votos más o votos menos, ocurra lo mismo, con lo cual la asignación y distribución de los recursos de la Nación quedará completamente definida antes de que cambie el balance de fuerzas en el Parlamento. Y si alguna deuda chica -así lo dice el tango- sin querer se les ha olvidado, entonces el Jefe de Gabinete, utilizando sus renovados superpoderes, reasignará los fondos o cambiará de destino las partidas.

Claro que hay algo que esta exitosa táctica del Gobierno no podrá evitar: la responsabilidad por el default y por las crisis de las economías provinciales, será cada vez más su responsabilidad.

¿Es ésa la previsión? ¿Tendremos un Estado bombero, presto a asistir sólo después de que se hayan declarado los incendios, para convertir el derecho en gracia y la coparticipación en dádiva? Si ésa es la previsión -seamos realistas- poco importa qué ley de Presupuesto se vote, y cómo la voten, y quiénes la voten.

Modesta utopía parlamentaria

El economista Rubén Lo Vuolo escribió en su libro Estrategia económica para la Argentina que “la actual situación del mercado laboral, distribución de ingresos y pobreza, vuelve recomendable cambiar dicha tradición (política de sostenimiento de ingresos vinculada con el empleo) y avanzar hacia un sistema institucional que se constituya como una red de sostenimiento de ingresos de las personas, que sea lo más incondicionada posible”.

Con ese fundamento fueron elaborados, a partir de la década pasada, distintos proyectos de Asignación universal por hijo, luego llevados a las cámaras por los legisladores del ARI, la Coalición Cívica y el Proyecto Sur, entre otros. Con ese fundamento, los Chicos del Pueblo y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) impulsaron las marchas, las campañas y otras iniciativas orientadas a instalar en la conciencia y en el imaginario social la idea de que sólo una lucha frontal, que deponga intereses sectoriales, podrá detener el cotidiano y atroz crimen del hambre.

La creación de nuevas fuentes de trabajo y la generación de empleo genuino -se sabe- contribuyen en el mediano y largo plazo a revertir los índices de pobreza. Pero hay una prioridad acuciante, que es el hambre. Sin parar la masacre del hambre, no habrá mediano ni largo plazo para ninguna clase de proyecto. Sencillamente, no habrá futuro.

La Asignación Universal por hijo (también llamado Ingreso Ciudadano para la Niñez), propone acabar con la injusta discriminación de los niños según su procedencia o el nivel socioeconómico de sus padres.

Especialistas de distintas formaciones políticas coinciden en que los recursos necesarios para sostener dicha Asignación podrían ser generados por el Estado direccionando subsidios vigentes (Plan Trabajar, Plan Jefes y Jefas, Plan Familias, etcétera), modificando el Impuesto a las Ganancias y gravando como se debe (y hasta ahora no se ha hecho) la renta financiera.

Sin embargo, como se difundió esta semana, el Gobierno ha elaborado su propia “asignación universal”, de 135 pesos, destinada “a los hijos de los trabajadores informales”. No sólo la suma es irrisoria (pensemos que los pañales descartables de un mes, para un bebé, cuestan $180), sino que la universalidad se ha perdido por el camino, se facilita el manejo clientelar y se consolida, una vez más, la inequidad entre trabajadores formales, trabajadores informales y desocupados.

¿Es impensable -nos preguntamos- que la Asignación Universal por hijo, con valores de dignidad (no menos de $ 300, para el costo actual de la canasta familiar) sea apoyada con decisión y compromiso por todas las bancadas legislativas? ¿Es impensable que la eliminación del hambre y la extrema pobreza sean política de Estado?

Quien juzgue esta modesta utopía en términos de oficialismo u oposición; quien busque excusas para no debatir y no votar; quien mire hacia otro lado; quien se ausente sin aviso; quien se ausente con aviso, será partícipe necesario, concurrente, responsable, del imprescriptible crimen del hambre.

Su pan (es hora de volver a la poesía) no tendrá sabor a pan. Y habrá perdido para siempre la rosa.

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