lunes, 30 de noviembre de 2009

Entrevista al sindicalista Ricardo Galíndez, de El Topo Obrero: Venezuela y el movimiento obrero

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¿Qué panorama político hay actualmente en Venezuela?
RG.- A pesar de todos los discursos iniciales del gobierno, la crisis nos ha empezado a golpear entrando en un período de recesión. El gobierno desde el mes de febrero del presente año tomó partido de hacia dónde quiere hacer recargar la crisis al lanzar un paquete de medidas económicas que incluya un aumento del impuesto IVA del 9 al 12%, una reducción del presupuesto y un endeudamiento con la banca privada de 15.000 millones de dólares.

Los despidos, no renovación y rescisiones de los contratos de trabajo por tiempo determinado en gobernaciones y alcaldías no se hicieron esperar. Las últimas cifras del Banco Central de Venezuela nos dicen que el desempleo en el tercer trimestre de este año aumentó de un 7 a un 7,7% que si le incorporamos una inflación de un 26 – 27%, frente a un aumento salarial de un 10 + 10 este año, tenemos que definitivamente por segundo año consecutivo el poder adquisitivo de los salarios pierde la pelea frente a la inflación y la calidad de vida está bajando, reflejándose en las cifras del BCV de este año señalando que el consumo de los hogares venezolanos se ha replegado 4,8%

La situación en el movimiento obrero es de una continua presión, puesto que hay millones de trabajadores que el gobierno les viene negando la discusión de los contratos colectivos (2.200.000 empleados públicos, desde hace 5 años; 100.000 petroleros, desde hace un año; unos 80.000 trabajadores del sector eléctrico, desde hace aproximadamente tres años; y así sucesivamente).

Estos datos sociales son el producto de la toma de postura, no sin algunos elementos contradictorios del gobierno frente a un decrecimiento de la economía nacional que este año sufrió: “una caída del 1% en el Producto Interno Bruto (PIB) para primer semestre del año 2009”, “y una reducción de 2,4% en el segundo trimestre de 2009, respecto a igual período de 2008. Este resultado, unido al crecimiento de 0,5% observado en el primer trimestre, determinó una contracción de 1,0% para el primer semestre del año.” (1) Y en el tercer trimestre un -5,8%, con lo que es prácticamente imposible que el año cierre con un crecimiento positivo”.

Pero el Ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, sigue señalando que todo es coyuntural y que para enero del año que viene esta tendencia a la baja se revertirá…

RG.- El Ministro basa sus pronósticos tan sólo en la recuperación numérica de los precios petroleros, que siendo muy probable que lo haga no nos da una idea global de totalidad del problema. Veamos: Para el año que viene la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto de 159.000 millones de Bs.F., cuando este año que ya termina fue inicialmente de 185.000, aunque ya sobrepasa los 220.000 millones de Bs.F., un 14% menor y con una inflación que no bajará de un 30%. El gobierno mediante nuevos endeudamientos y contando con algunos ingresos extraordinarios, pretenderá enfrentar el clima recesivo, pero realmente es prácticamente imposible a pesar de que lo necesita, pues se haya frente a un año electoral y con un creciente descontento social, sobre todo en los trabajadores del sector público y privado.

Los precios petroleros del año 2010 van a ser superiores a los de este año 2009, pero difícilmente a los del 2007, cuando adquirieron su máximo valor, lo que le dará al gobierno ciertos recursos para tratar de suavizar o frenar la caída de la economía, pero ellos están mostrando que son limitados, y por lo tanto, no podrán contener el descontento social en general y el laboral en particular.
El movimiento obrero viene asumiendo el papel de vanguardia en la lucha contra las medidas gubernamentales anunciadas en febrero de este año como el aumento del IVA de un 9 a un 12%, de una reducción presupuestaria y en general contra la crisis capitalista. Este papel es más que evidente a partir de la victoria de los trabajadores de SIDOR por su contrato colectivo el año pasado. El avance de una corriente sindical clasista (CCURA) en el seno de los petroleros que captó el 30% de las simpatías de los trabajadores, es una muestra de esta radicalización. Es de hacer notar que con toda la fuerza creciente del descontento laboral, la derecha golpista no se ha fortalecido, sino que lo hacen a la corriente izquierda del PSUV – gobierno.

Hablas de descontento social y laboral, ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno frente al mismo?

RG.- Uno de los cambios cualitativos en la política del gobierno frente a la toma de conciencia por parte de los trabajadores que se expresa en un aumento importante de las luchas reivindicativas y algunas que trascienden al plano político, es la criminalización de éstas, llegando a poner presos a dirigentes, como en el caso de Ferrominera y pasado a tribunales a otros junto a los trabajadores como en SIDOR. No ha faltado la represión policial que ha cobrado vidas, (dos en el caso de Mitsubishi, Barcelona, a manos de la policía del estado) y heridos (caso MOLVENCA en Chivacoa, a manos de la Guardia Nacional Bolivariana), sin ser los únicos. Lo que hace tan sólo dos años eran hechos puntuales (caso Sanitarios Maracay), ahora se vuelve rutinario. Si vemos la respuesta del gobierno en su conjunto, se está desarrollando una preocupante política de criminalización de la protesta obrera, en medio de un alza en las luchas de este sector.

Este cambio de actitud del gobierno, también se refleja en la utilización de otras armas legales del aparato burgués que permanece intacto, algunas legadas de la IV República aplicadas en casos como los Ferromineros en Ciudad Guayana con las llamadas áreas de seguridad estratégica y otras aprobadas bajo este gobierno, caso la Ley antihuelga llamada de seguridad alimentaria, aplicada a los trabajadores de MOLVENCA y a los de Remavenca, Cumaná.

Es importante decir que en este campo el gobierno ha adquirido rasgos antiobreros y que de manera creciente se multiplican, haciéndole perder base social que puede marcar la evolución de la influencia del mismo a mediano plazo.

Hasta el movimiento indígena de la zona del Zulia, frontera con Colombia, ha sufrido la represión militar del gobierno al protestar por el incumplimiento del derecho constitucional a la demarcación de sus tierras ancestrales. Un cacique permanece preso y ha sido acusado penalmente. Se trata del cacique Sabino, de la etnia Yucpa.

La tercerización y precarización en el trabajo son otro signo de los elementos que se desarrollan en el gobierno más allá de algunas acciones parciales donde se corrige esta situación. En las llamadas Empresas de Producción Social y algunas de las nacionalizadas, el gobierno desconoce los sindicatos y los contratos colectivos, con lo que siembra en sectores del movimiento obrero una matriz de opinión en contra de la nacionalización de las empresas. Si todavía este desconocimiento no se aplica en empresas como SIDOR, no es porque no haya querido, sino que se ha manejado con algo más de tacto por la fuerza de la clase, pero ya está dando pasos a través de las patrullas obreras del PSUV y la milicia bolivariana para ejecutar la militarización de estas empresas (SIDOR) y así contraponer a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales con el aparato que el estado está montando (caso Bauxilum).
En SIDOR, el gobierno se está preparando para la próxima discusión del contrato colectivo con un buen arsenal de instrumentos que presagian una confrontación tan fuerte o más que cuando la empresa estaba en manos de Techint.

¿Y la respuesta del movimiento obrero?

RG.- En las empresas privadas la resistencia obrera se sigue manifestando con fuerza, incluso se han dado caso de huelgas ilegales que obvian la Ley “antihuelga” de seguridad alimentaria, como en Maxi Pollos en el estado Yaracuy a principio del mes de noviembre. Los trabajadores de las empresas cafetaleras han salido a pedir la nacionalización de estas empresas; los trabajadores portuarios también realizaron jornadas de lucha al momento de ser nacionalizados éstos, porque el gobierno pretendía desconocer la estabilidad laboral y la contratación colectiva. En Matesi, Guayana, los trabajadores mantuvieron una toma por meses por la violación de la contratación colectiva…

Y en las empresas del estado, la lucha también ha sido un signo creciente. Empresas como Alcasa, Venalum, Carbonorca, Bauxilum, Ferrominera del Orinoco, Sidor, ante la violación de la contratación colectiva se han realizado paros y movilizaciones extra empresas; en PDVSA durante meses la lucha de los trabajadores petroleros por la realización de las elecciones sindicales los enfrentó al gobierno obteniendo un triunfo…

Las luchas se han venido moviendo entre las reivindicativas de carácter defensivo y otras de corte político como las mencionadas luchas por la nacionalización de empresas, así mismo se han presentado alguna acciones y muchas denuncias contra las gerencias bolivarianas en las empresas nacionalizadas como Milazzo (procesadora de leche pasteurizada y jugos – Barquisimeto), o del estado como las del sector eléctrico, hoy agrupadas en CORPOELEC). Toda una dinámica de ascenso inicial en las luchas, donde las más importantes y numerosas han sido las de carácter reivindicativo.

Se habla del nuevo Plan Guayana 2009-2010 de Chávez que se propone como plan aumentar control obrero de las fábricas de Guayana, aunque esto limite su habilidad de hacer paros/huelgas. ¿Cuál es el significado de este plan para las metas de control obrero verdadero en las industrias básicas? ¿Cómo los obreros observan este plan?

RG.- El gobierno ha propagandizado mucho la supuesta participación de los trabajadores en la gestión de las empresas y del impulso de los consejos de trabajadores para que ejecuten este control, y aunque se dieron unos tímidos pasos años atrás (casos Invepal e Inveval), hoy día nada más alejado de la realidad. Quizás el documento donde mejor expresa el gobierno su idea de “control obrero”, es el titulado “Plan Socialista Guayana 2019 (Al-Fe) Período 2009 -2012, el cual es una linda expresión del intento de desarrollar el concepto de “Calidad Total” con sus Círculos de Calidad, cambiados al nombre Consejos de Trabajadores o Patrullas del PSUV. Este documento que fue bajado a la discusión entre las bases obreras del PSUV en Ciudad Guayana, no fue aprobado como el gobierno lo quería, pero se viene intentando su aplicación por la vía del hecho. Esta es una batalla que se está librando en esta zona tan importante del país y que los momentos más candelosos, están por venir.

En otras empresas del estado o EPS, todos los movimientos en sentido de “participación” están orientados en la concepción de la Calidad Total donde los trabajadores no tienen sindicatos, con jornadas de trabajo extenuantes, sin contratos colectivos, con regímenes contractuales por tiempo determinado y en casos donde no se ha eliminado el sindicato y el contrato (caso Milazo) y las empresas del gas recién nacionalizadas, los trabajadores no tienen ningún poder de decisión en la gestión de las mismas y se han visto impedidos de discutir sus contratos colectivos aparte de que les violan los existentes que vienen de cuando dichas empresas eran privadas.
Inveval y otras industrias han sido exhibidos como modelos del control obrero. ¿Eso es verdad? Y si no, ¿cómo se ve el verdadero control obrero en Venezuela? ¿Cómo ayudaría a los venezolanos más control obrero durante estos tiempos de crisis?

RG.- ya dijimos algo sobre los planes de “control obrero” del gobierno en la respuesta anterior, a lo cual podemos añadir que la empresa Inveval que se nacionalizó después de VENEPAL, hoy Invepal, se mantiene bajo control de los trabajadores, pero el gobierno no le ha dado el apoyo necesario para que se estabilice su producción. Se oyen informaciones sobre que el gobierno va a pasar a la ofensiva en esta empresa para convertirla en una EPS y con ello eliminar el consejo de trabajadores, el sindicato y fuera todo contrato colectivo. En el caso de Invepal, cuando los trabajadores se empezaron a tomar en serio lo de control obrero, empezando por la Junta Directiva de la Empresa, esta fue intervenida y puesta a funcionar como una empresa privada más.
¿Cuáles fuerzas u organizaciones han dirigido las luchas, acciones, y paros que han aumentado el ano pasado?

RG.- En el presente año, son los sindicatos la dirección más extendida geográficamente con que ha contado el movimiento obrero para impulsar y dirigir sus luchas reivindicativas y políticas, pero donde la dirección política organizada no ha actuado como tal.

En la principal batalla librada este año, como fue la de los trabajadores petroleros por dotarse de una dirección sindical única, la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), fue dirigida por los compañeros de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (CCURA), impulsada por los camaradas de Unidad Socialista de Izquierda, corriente que se reclama del marxismo revolucionario, enfrentando a la del PSUV, representada principalmente en Vanguardia Obrera Socialista (VOS). La segunda parte de esta batalla, la discusión del contrato colectivo se está librando estos días y lo principales protagonistas vuelven a ser CCURA que representa a lo más avanzado de la clase y VOS, con representante de la burocracia sindical y el patrón PDVSA.

Una segunda batalla, que es la de los trabajadores de la Mitsubishi, la dirige la Corriente Marxista Revolucionaria, que también se reclama marxista revolucionaria de la CMI. Por la tenacidad y clasismo de los trabajadores y los momentos dramáticos por las que ha pasado, entre ellos la toma de la empresa, su destoma por la presión del gobierno, el asesinato de dos trabajadores durante la toma y luego la suspensión de 11 de los principales directivos sindicales y un total de 153 calificaciones de despido, ocupa el segundo lugar en importancia de las luchas de este año.

Otras direcciones político sindicales que hacen vida en el movimiento obrero está Marea Socialista, división de CCURA y que también se reclama marxista; el Colectivo Trabajadores en Revolución, cuya máxime dirigente viene de COPEI y en cuyo seno participan corrientes de izquierda; el PCV, con su corriente “Cruz Villegas”, entre otros. Estas corrientes, no han dirigido luchas de importancia o trascendentes este año, a excepción del PCV.
¿Cuál es el estado de la izquierda revolucionaria organizada en Venezuela hoy? ¿Cuáles son las tareas más importantes para los revolucionarios ahora?

RG.- La izquierda revolucionaria venezolana en general cuenta con algunos núcleos dispersos en varios estados importantes del país: Estado Bolívar, Anzoátegui, Región Capital, Caracas; En el estado Aragua, donde se es la primera fuerza de la Unión Nacional de Trabajadores; en Carabobo, donde también se es la primera fuerza, y en Zulia.

A nivel nacional, la fuerza más conocida y con más proyección es la CCURA–USI (2), cuyo dirigente más conocido es el camarada Orlando Chirino. Es hoy por hoy, un núcleo en expansión y con posibilidades de convertirse en una fuerte alternativa para el movimiento obrero y popular. Este último si logra superar, desde nuestro punto de vista, elementos de sectarismo y oportunismo que le impiden hoy acelerar su desarrollo en las bases descontentas del chavismo.

Es importante ver que en los sectores claves del movimiento obrero, los núcleos revolucionarios que están a la izquierda del PSUV, existe una presencia mayor o menor de estas corrientes que incluye ser dirección de masas y ante una situación de una dirección política del PSUV que se burocratiza cada vez más y que no tiene respuesta satisfactoria para los problemas de los trabajadores, y donde la derecha golpista mantiene una importante debilidad, la oportunidad de convertirnos en la dirección política revolucionaria que se requiere para dar el salto cualitativo del capitalismo al socialismo, es algo cierto.

Para lograr este salto es fundamental que esos núcleos nos convirtamos en los más consecuentes defensores de los intereses reivindicativos y políticos de los trabajadores frente al patrón privado y el patrón gobierno. Que sepamos desarrollar una política que permita a los trabajadores superar la preocupante dispersión que existe a nivel sindical. Que desarrolle una política que permita acelerar la discusión en las bases del chavismo y su acercamiento a las filas de los marxistas revolucionarios. Tenemos que ponernos a la cabeza de la serie de luchas que se vienen desarrollando y que se acrecentarán en los meses por venir, con todo y campaña electoral y que cubrirán el sector público y privado.

La clase está combatiendo. La clase está girando a la izquierda pero esto no es suficiente para garantizar el triunfo definitivo sobre las fuerzas de la reacción. Hace falta una Dirección Política Revolucionaria de masas. Estamos convencidos que el desarrollo de políticas de Frente Único, como se planteó en la III Internacional, como lo defendió León Trotsky en “La Lucha Contra el Fascismo en Alemania”, se puede construir esa Dirección Política Revolucionaria en el transcurso de los próximos meses o años. Desde el año 1958 a los revolucionarios no se nos presentaba una oportunidad de oro como la presente.

Un elemento adicional. Se está produciendo un movimiento de centrífuga interesante de diversos grupos a la izquierda del PSUV que hacen, han hecho o no vida activa en el mismo. Desarrollar una profunda discusión política-ideológica con estos grupos o núcleos va a ser importante en el proceso de construcción de La Dirección Política Revolucionaria de masas que requerimos para dar el salto al socialismo.

¿Y la situación interna en el PSUV a raíz de las elecciones para el Congreso Extraordinario?

RG.- Lo que pasó en el PSUV durante la selección de delegados para el Congreso, es una muestra del proceso de burocratización de esta organización. La determinación de quién tenía derecho a postularse o no como candidato, eso lo decidió una dirección sin consulta con las bases. A la hora de las postulaciones, funcionó lo que llamamos patrullas “planas” fantasmas. El peso de Los Gobernadores, Alcaldes, Concejales a la hora de la escogencia de los delegados era bestial. Candidatos propuestos por las bases, casos trabajadores en Anzoátegui, Zulia, Carabobo, Aragua y otros estados, sencillamente no aparecieron en las listas del partido, o se les desconoció la votación y como ésta quedó en manos de la dirección del partido sin publicarse, nadie podrá probar nada.

De los más de 7 millones de inscritos que tiene el partido, tan sólo tenían derecho a voto alrededor de dos millones, y de ésos tan sólo ejercimos el derecho al voto unos 900.000 Estos resultados nos dicen que la participación en estas elecciones internas fue menor que al Congreso Fundacional. La motivación de los militantes pierde fuerza y no puede ser de otra manera ante tantas necesidades insatisfechas, ante tanta arbitrariedad, ante el crecimiento desbordado de los signos de corrupción y de favorecimiento a grupos empresariales.

La actitud de la dirección nacional del PSUV y las mismas regionales ha recibido un rechazo, todavía pasivo de la militancia chavista, siendo más activo en los sectores más politizados del partido. Se ha generado una discusión que apenas está en sus comienzos, pero se acrecentará en la medida que se profundicen y multipliquen las posturas antidemocráticas de estas direcciones y que en el desarrollo de la crisis no den respuesta a los problemas de los trabajadores y del pueblo. Los marxistas tenemos que tener, dentro del conjunto de nuestras políticas, una en particular que nos permita ganar “también” a la vanguardia de las masas del PSUV al marxismo revolucionario. Tenemos que ser factor consciente que contribuya a acelerar la crisis que está mostrando bastante más que únicamente la punta.

La situación con Colombia ¿cómo ves la situación?

RG.- En la confrontación, hasta ahora verbal del gobierno de Chávez con el de Colombia por el tema de las bases militares, podemos ver varias cosas. El gobierno de Chávez tiene razón en denunciar estas bases como parte de un plan global del imperialismo de sentar pie militar para en el momento que lo crea conveniente tratar de poner orden en lo que siempre ha considerado su patio trasero interviniendo de manera súper rápida con tropas propias.

Pero el lado de este elemento positivo, le está dando un tratamiento muy defectuoso y hasta equívoco de plano, con sus ataques a sectores de trabajadores colombianos, a los cuales trata de contrabandistas así de simple, con lo que los empuja del lado del gobierno con características semi-fascistas de Uribe.

Por otro lado, si bien caracteriza las bases como una agresión del imperio norteamericano contra los pueblos indo-hispano-afro americanos del centro y el sur del continente, mantiene una política de apoyarse en los monopolios imperialistas, que son el principal pie de fuerza para la desestabilización económica de nuestro país y para una invasión contra Venezuela.

El gobierno si de verdad quiere debilitar al punto de mate, una posible agresión victoriosa del imperio, sea directa o a través de tropas o paramilitares colombianos, tiene que lanzar todo un llamado al pueblo colombiano para que impulse en ese país la expropiación de todos los intereses imperialistas, sin indemnización y bajo control obrero, mientras expropia los mismos en territorio venezolano. Solamente una política de este corte puede alcanzar la unidad de nuestros dos pueblos en la lucha contra el imperialismo y derrotarlo en todos sus planes de agresión, aparte de que consolidaría lo que es el crecimiento de la conciencia de nuestros pueblos desde las fronteras de México hasta la Patagonia.

Una preocupación: Vamos a decir como el “Padre Cantor Alí Primera”, esta tarea entre más se tarde, más difícil es. Hace tan sólo unos años atrás, en el 2002, o en el 2005 cuando se derrotó a las fuerzas de la contrarrevolución que eran financiadas por la burguesía venezolana y el gobierno imperialista de Los Estados Unidos, para poner unas fechas, el peligro de esas bases no existía. Ahora, por tanto esperar de este gobierno, ya tenemos unas bases y mañana, si seguimos esperando podemos sufrir una agresión más directa y frontal. Las fuerzas revolucionarias venezolanas, colombianas y de América tenemos que impulsar una campaña internacional por la expropiación de los monopolios y Banca norteamericana de nuestros países, hoy en especial, con más fuerza en Colombia y Venezuela. Esta es la mejor manera de unir a nuestros pueblos trabajadores, nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos indígenas y de otras minorías étnicas. Esta es la mejor manera de evitar una guerra fratricida, derrotar al imperialismo y acabar con el capitalismo, tareas que están soldadas dialécticamente.

Notas:
1) “El Ministro Alí Rodríguez Araque debería ser más reflexivo antes de hablar con tanto optimismo” marxismo.org
2) Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma – Unión Socialista de Izquierda.

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La V Internacional

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

El viernes 20, el presidente Hugo Chávez lanzó la propuesta de construir, textualmente, "la V Internacional". Lo hizo en un ambiente insólito: un Encuentro Internacional de partidos de izquierda, en donde dominaban, sin embargo, los partidos liberales y nacionalistas de Asia, Africa y América Latina. Por ejemplo, el Polo Democrático y el Partido Liberal de Colombia, o el Liberal zelayista de Honduras, o incluso el nacionalista de Zimbabwe. La reacción fue igualmente insólita: un delegado de un partido mexicano interrumpió a Chávez para aclararle que ya existía una suerte de Internacional, que agrupaba a varios centenares de partidos, en cuyo nombre le enviaba un saludo de su presidente, el pejotista argentino Antonio Cafiero.

Chávez advirtió que se había creado una situación idiotamente absurda, por lo que enseguida añadió que marcharía con su propuesta con aquellos que estuvieran de acuerdo, aunque fueran pocos. Al día siguiente, el I Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unificado de Venezuela se desayunó con esa propuesta, que nadie había planteado durante la preparación del evento.

La ambigüedad del escenario y la anomalía del procedimiento constituyen, por cierto, una expresión amplificada de la incoherencia del planteo. Chávez ni siquiera hizo alusión al programa de esa V Internacional. En la tentativa de explicar las ventajas de la propuesta, señaló su utilidad para "hacer negocios", citando una expresión del delegado de Zimbabwe, que se había olvidado de recodarle al presidente bolivariano que hasta hace pocos meses la tasa de inflación en ese país había sido de un consistente 231 millones por ciento anual, la más alta del mundo (le sacaron doce ceros a su moneda). Entre los negocios, Chávez aludió, como ejemplo, a algunos acuerdos comerciales firmados por Venezuela con algunos municipios del Nordeste brasileño. Una V Internacional de negocios rayaba en el surrealismo. De todos modos, incluso la lectura más feroz que se haga del planteo de Chávez debería recoger la circunstancia de que, al hablar de una V Internacional, Chávez legitimó el rol histórico de las cuatro precedentes –en especial de la más controvertida de ellas, la IV Internacional– o sea, de una continuidad histórica del proletariado internacional con conciencia de clase. Chávez siempre se refiere a Trotsky con gran respeto, claro que lo hace para abogar por un Socialismo del Siglo XXI que se desprenda de planteos ‘demodé' como la Dictadura del Proletariado. Para que el lector se haga una idea de la dimensión de todo este exabrupto basta con señalar que ni siquiera recibió la aprobación de un sumiso cortesano de su régimen, el ‘marxista' Alan Woods, quien naturalmente tampoco expresó su desacuerdo (ver V Headline news and views, 23/11). Los cortesanos tienen un envidiable instinto de autopreservación.

La propuesta de formar una V Internacional no es nueva; en el pasado caracterizó a la mayor parte de los renegados del trotskismo y nunca partió de personas con alguna relevancia. En Argentina, la planteó tempranamente Liborio Justo (Quebracho), luego de acusar a Trotsky de agente de Wall Street. Desde el punto de vista del método, esos planteos eran incapaces de fundamentar en términos de programa la necesidad y oportunidad de la V Internacional o, lo que sería lo mismo, como consecuencia de una re-caracterización de la etapa histórica. Lo de Chávez es diferente de aquellas propuestas anónimas, pero para nada menos inconsistente. De todos modos, pone en ridículo a todos los que, en nombre del chavismo, hacen gala de un sectarismo contrario a la política y a los partidos en diversas partes del mundo.

No es la primera vez que Chávez procede a saltos ideológicos verbales en momentos de dificultades políticas. En las vísperas del 1º de Mayo de 2008, despilfarró citas de Rosa Luxemburgo, Trotsky y otros marxistas eminentes –incluso recurrió al término proletariado para referirse a los trabajadores o clase obrera– para dirigirse a un auditorio de destacados dirigentes y activistas de izquierda de Sidor, que protagonizaban huelgas reivindicativas, luego de haber intentado estatizar al movimiento obrero de la industria a través de su ex ministro de Trabajo, Rivero. En el caso de la V Internacional, ella está prefigurada por el partido que ha formado en Venezuela, el PSUV, que es manejado en los hechos por los funcionarios del Estado y cuyo programa apuntala a un régimen social y estatal que es inconfundiblemente burgués y capitalista en su contenido. Las masas no se encuentran en el poder en Venezuela, sino una burocracia de origen pequeño burgués y, fundamentalmente, las fuerzas armadas. El capital estatal se encuentra entrelazado al capital extranjero en la industria petrolera y, de un modo general, en la creciente deuda pública y externa, en tanto que las nacionalizaciones no entrañaron una expropiación del capital sino un intercambio entre activos productivos o bancarios por generosas indemnizaciones de fuente pública.

En estos términos, una V Internacional para este Socialismo del Siglo XXI supone una regresión respecto de las cuatro internacionales previas, no exclusivamente sobre la IV o III; es, incluso, un contrasentido histórico. No hace falta decir que se pone atrás de la I Internacional, que abogaba por la acción colectiva del proletariado de los principales países para una emancipación de los trabajadores por los trabajadores mismos. Chávez, pero más que nada sus seguidores ‘marxistas', confunden interesadamente la centralización revolucionaria que desarrolla un partido de clase con la que ejerce un caudillo bonapartista. El bonapartismo busca siempre un apoyo en las masas, es cierto, pero lo hace mediante la regimentación y es un opositor violento a su acción libre y autoemancipadora. Esta confusión ha convertido al bonapartismo de masas en un ‘hecho maldito' de la sociedad burguesa, sea ésta la francesa de Napoleón, incluso la alemana de Bismarck y, por cierto, la argentina y venezolana del primer Perón y de Chávez.

Dicho todo esto, es incontrovertible que es necesaria una Internacional revolucionaria, en especial ante la gigantesca bancarrota capitalista mundial. Nuestro partido planteó una campaña en torno a esta tarea a partir de la crisis mundial y de las restauraciones capitalistas. El tema está objetivamente en la agenda y hasta en las gateras. Para eso es necesario comenzar por algo concreto, no a partir de divagaciones en auditorios absurdos. Ese algo concreto es discutir el programa de la última internacional, la IV –cuya vigencia ha crecido en muchos aspectos, en lugar de disminuir, en especial por la confirmación de su pronóstico sobre la restauración capitalista que la burocracia incubada en el país del ‘socialismo real'. Esta discusión y las conclusiones que se vayan desprendiendo de ella en términos de acción, son el punto de partida de la Internacional que podrá aprovechar la bancarrota capitalista en desarrollo, para poner fin al capitalismo.

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Pendejadas electorales

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

Me referiré a tres frases hechas o lugares comunes que se cuentan entre los favoritos en el lenguaje del poder en Costa Rica, al modo de utilería para maquillar privilegios: educación; vocación de paz; centrismo político. Más allá de las parlas floridas de las oligarquías, esas cosas tienen una validez relativa al nivel del pueblo. Contienen un poco de verdad y su dosis de fantasía. Por ejemplo, lo del centrismo político. Durante la coyuntura TLC, y habiendo recibido información crítica por parte de la ciudadanía movilizada en el No, una porción importante de nuestra gente osciló hacia una suerte de izquierda democrática, adherida a ciertos principios fundamentales de soberanía, democracia y justicia. Pero cierta propaganda electoral fascitoide, podría estar teniendo hoy día el efecto contrario.

Lo que sí es claro es que esas clases dominantes son, ellas mismas, una negación de esos tres enunciados. Los usan como clichés propagandísticos pero su actuar concreto es por completo extraño a tales ideas. La actual campaña electoral es prueba de tal cosa.

¿Vocación de paz?

La campaña de los libertarios y de su candidato Guevara es fascitoide, cargado de mensajes de violencia, arrogancia e intransigencia. No es asunto exclusivo de este partido. Otro candidato –el señor Fishman- les sigue los pasos muy de cerca e igualmente hay medios de comunicación –por ejemplo Amelia Rueda o el noticiario de Radio Columbia- como también algunos siniestros personajes –cierto abogado, exministro de seguridad, por ejemplo-que comparten la misma visión. Es obvio que el problema de seguridad existe y va en curso de agravamiento. Pero cosa bien distinta es promover la histeria y la represión, recetar violencia como respuesta a la violencia y legitimar un discurso de violación de todos los derechos humanos, como mecanismos para enfrentar el problema.

Ello simplemente nos propone ir directo al precipicio, promoviendo una espiral de violencia que, una vez desatada, será por completo inmanejable.

Así, la famosa tradición de paz queda enterradita debajo de varios centenares de toneladas de AK-47, cárceles y grilletes. Y sobre todo, queda ahogada en un río de sangre.

¿Educación?

El PLN convoca un par de ruedas de prensa, si bien en realidad se trata de ese tipo de grotescos shows publicitarios a que estos partidos son tan afectos. En una se escandalizaban –como lo haría el Arzobispo ante una marcha del orgullo gay en San José- porque el programa del PAC copió, sin entrecomillar ni reconocer autoría explícita, algunos párrafos de un documento emanado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Lamentable descuido el de ese partido, pero, en fin, nada que justificase semejante despliegue de estulticia. Como decía mi madrecita, eso es lo que trae la “falta de ocupación”. O sea, y para el caso, en el PLN hay una escasez tal de ideas que cualquier vulgaridad les da pretexto para montar una ruidosa tremolina.

La segunda rueda de prensa nos traía el asunto de que los libertarios han propuesto la legalización o despenalización de la droga. Que de poco vale la cosa, si ahora cobardemente dicen –el propio Guevara lo afirma- que “ya no”. Quién quita y dentro de poco salgan con la misma pendejada en cuanto alguien les saque a relucir el apoyo que han dado al reconocimiento de al menos algunos elementales derechos a las parejas del mismo sexo.

Ese es un tema que podría haber sido debatido con altura e inteligencia en esta campaña ¿Qué resulta más sensato? ¿Continuar en esa guerra costosísima y sin futuro ni fin a la vista contra las mafias de la droga, o despenalizar su comercio y consumo y destinar esos recursos (una parte, que con eso bastará) a la educación de la gente y la atención y rehabilitación de las personas con problemas de adicción?

Sin duda este es uno más de esos anti-temas electorales –como los ha llamado Jorge Vargas Cullel- que, condenados por la ignorancia, el oscurantismo religioso y el prejuicio, no tienen ningún destino halagüeño. Lo mismo vale en relación con cuestiones como el aborto, el reconocimiento de las parejas homosexuales o el Estado laico. Y para el caso es por completo indiferente si de por medio hay seres humanos de carne y hueso, concernidos directamente en tales situaciones. Si ya ello resbala sobre las conciencias de teflón de sus excelencias los obispos, en manos de esta gente se convierte en batería para la manipulación y estupidización colectiva.

Se supone que gente educada es aquella que se plantea los asuntos con un mínimo de raciocinio, decencia y seriedad. Pues entonces resulta claro que esta gente carece de toda educación. Y ello en un doble sentido: por su ligereza y charlatanería como también por su grosera falta de modales.

¿Centrismo político?

De ser eso cierto ¿cómo se explica el tono fascista que Guevara –secundado por Fishman- le está dando a esta campaña?

Pero no es el único caso. Los ejemplos fácilmente se multiplicarían. Enfatizaré uno en particular: el moralismo conservador que comparten Chinchilla y el PLN con el partido evangélico, la Unidad de Fishman y el PASE con su candidato López.

Ello queda ilustrado, con especial claridad, en relación con el matrimonio homosexual. Los políticos evangélicos no tienen en esto pelos en la lengua: su discurso homofóbico es explícito y violento. Los demás –incluyendo a Chinchilla y López- se escudan en una suerte de pendejada claroscura. Invariablemente declaran tener muchos amigos y amigas gais y lesbianas, por lo que –¡jamás de los jamases!- querrían discriminar a tan apreciables personas. Cosa que no impide que, enseguida, expresen un no rotundo en relación con el reconocimiento de derechos absolutamente elementales que ese sector de la población hoy reclama. Tengamos claro que el debate jurídico es, a todo esto, asunto accesorio. Lo principal es que de por medio hay personas concretas cuya calidad de vida y vivencia ciudadana se ven permanente lesionadas por las situaciones de menoscabo de derechos, discriminación y violencia de que son víctimas.

¿Es eso centrismo? No lo creo. Según de quien venga, podría ser interpretado en clave de derecha religiosa ultraconservadora, o de izquierda estalinista (es bien conocido el grado de violencia homofóbica característica del socialismo real). Para el caso, y tratándose de estos políticos en particular, corresponde aplicar la primera categoría.

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Honduras: Pichu, “El hecho de que el gobierno (EE.UU.) ya esta apoyando estas elecciones abiertamente no me sorprende”!

Dick Emanuelsson - Mirian Huezo Emanuelsson (cámara)

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Escuha la entrevista (53 min.) en: http://www.box.net/shared/ed16jvva9n

Xiomara Zelaya Castro, ’La Pichu’ o la hija del presidente Zelaya, en entrevista exclusiva para ARGENPRESS dice que no es nada sorprendida por la posición de Estados Unidos y su relación con el golpe de estado.

“El hecho de que el gobierno (EE.UU.) ya esta apoyando estas elecciones abiertamente no me sorprende por que nunca quitó el apoyo para (las) elecciones. Para ese renglón que es el “fortalecimiento de la democracia” desde más de cuatro meses están trabajando con ellos (los golpistas)”

“También es falso como dice lo dice el presidente Obama, tras de una carta que envió al presidente Lula, luego el Departamento de Estado también lo ha hecho, también es falso que las elecciones nacen en este régimen de facto. Es falso. Tampoco el golpe de estado nació después de que se instaló el régimen de facto. Los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son nombrados por Micheletti y el Congreso Nacional”, dice Pichu y desenmascara las manipulaciones que son divulgadas por la descomunal red de los medios masivos de desinformación también llamados el Terrorismo Mediático.

“Prepárate para las clases de Samba”

La joven luchadora también relata los momentos, esa madrugada a la 1 de la mañana el 21 de septiembre pasado, cuando su familia supo sobre la llegada del presidente Manuel Zelaya a Honduras, y al otro día cuando ya estaba su madre con su esposo en la embajada de Brasil y le llamó y le dijo que se “prepara para las clases de Samba”.

Lo que pensaron seria un tiempo breve en la legación diplomática, se ha vuelto un encierro sádico de seres humanos denunciados hasta la ONU en donde ni siquiera puede entrar un sepillo de diente por el encierro. Pero para la administración de Obama y su embajador de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem, el presidente hondureño era un “irresponsable e idiota” por que no queria fallar a su pueblo que lo eligió. Ahora sabemos que el regreso de ‘Mel’ cruzó y complicó los planes para el Imperio del Norte y no han podido ocultar Obama, Clinton, Shannon o Craig.

El Cardinal de Opus Dei y los ricos

Habla Pichu sobre las élites hondureñas, como el cardinal Oscar Rodríguez, que en vez de poner el pecho para los pobres, como el monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador que dio su vida por el pueblo y exigió a los militares salvadoreños de cesar los asesinatos a sus propios compatriotas, el cardinal hondureño se ha prestado en cadenas nacionales de los medios golpistas de advertir al presidente Zelaya de no regresar al país o en otras ocasiones insultar a la familia del presidente.

Un mandatario que traicionó a su clase social

Cinco meses de golpe de estado ha cambiado totalmente la vida para la familia presidencial. Pero no esta sola, toda una nación de familias pobres que tanta expectativa tenía en un gobierno que decretó aumentos salariales, entabló relaciones con el “Sur”, con Cuba, con médicos, profesores, operando gratuitamente a los campesinos y obreros ciegos por catarata y liberando a centenares de miles de analfabetos hondureños de la oscuridad, enseñándoles de leer y escribir, abriendo los derechos humanos para un pueblo que hasta el 28 de junio solo había sido “interesante” para el Poder como mano de obra barata.

Y para el colmo, el “Pacifista” Mel tenia el descaro de abrir las Grandes Alamedas para el Pueblo en donde la Constitución sería una defensa y no un documento al servicio a los privilegiados del “Poder Invisible”, de lo que hablaba Mel Zelaya acerca las ocho familias del Poder real en Honduras.

Pichu no se rinde, dice, y el Pueblo la acompaña, o mutuamente, se acompañan para revertir el golpe de estado, antes, durante y después de las elecciones organizados por un régimen de facto que nadie debe obedecer, como dice ella y el articulo 3 de la constitución vigente.

La entrevista (53 min.) se puede escuchar en el siguiente enlace: http://www.box.net/shared/ed16jvva9n

Foto 1: Honduras, Golpe de Estado - Xiomara Zelaya Castro, “La Pichu”, muestra perforaciones de más de cien tiros que hicieron los militares cuando violentaron la casa presidencial a las 5.30 a.m. el 28 de junio 2009. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

Foto 2: Honduras, Golpe de Estado – “La Pichu”, el 25 de junio 2009 cuando el presidente Manuel Zelaya encabezó el pueblo para rescatar el material electoral secuestrado la misma mañana por la fiscalía y albergado en la base de la Fuerza Aérea. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

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Honduras: Amenazas de arresto y bombas en Tegucigalpa

Dick Emanuelsson y Mirian Huezo Emanuelsson (cámara) (especial para ARGENPRESS.info)

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Señora que dio declaraciones a la prensa fue amenazada de ser llevada presa.
Vea el reportaje en YouTube en dos partes:

1) http://www.youtube.com/watch?v=FU7ZrJuQWYw
2) http://www.youtube.com/watch?v=mbzGeX5QefA

Escucha las entrevistas y comentarios en audio/mp3:
http://www.box.net/shared/m7schgt05j

La mujer no solamente fue amenazada de ser detenida sino el oficial incluso amenazó de tirar bombas a un grupo que no aceptó la amenaza contra la horrorizada señora.

¡“Estoy horrorizada, tengo un dolor en mi corazón, he llorado, no he visto un proceso con tantos militares, pensaba ir a votar pero después
esto, no”! dice la señora Nora.

La señora NORA ALMENDARES vive en la populosa Colonia Kennedy en Tegucigalpa. Supo que había llegado a la colonia el famoso periodista Jorge Ramos del canal Univisión. Lo quería ver en persona y a él le dio por entrevistarla.

Relataba al periodista que le habían ofrecido dinero para ir a votar, informaciones dadas a este reportero de varias personas que tiene su local de votar en otros departamentos y les ofrecen pasajes y mil lempiras, aproximadamente 53 dólares, para dar su voto y así aumentar los votantes y dar más credibilidad unas elecciones no reconocidas por la comunidad internacional, menos de Estados Unidos, Israel, Taiwán, Panamá, Perú y
probablemente por el régimen de Álvaro Uribe de Bogota.

Llegan los Cobras

Pero las declaraciones de la señora Nora no les cayeron bien a los funcionarios del bipartidismo que estaba en el portón de la escuela John F. Kennedy y comenzaron a insultar y gritar a la señora que tiene aproximadamente 60 años.

Llamaron al Comando Cobra que vino y uno de sus mandos la amenazó de llevarla presa. Pero también amenazó de tirar bombas a un grupo de personas que se indignaron por las humillaciones contra la señora: “Si no se van les vamos a tirar una bomba” (lacrimógena), decía el oficial según declaraciones de un funcionario de CIPRODEH (Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos), que había llegado y presenciaba todo.

LUÍS GUILLERMO PÉREZ, secretario general de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH, llegó al lugar en compañía de REINA RIVERA JOYA, directora de CIPRODEH. Los dos altos personajes en el ámbito de derechos humanos nacional e internacional se enfrentaron con el mando de los Cobras advirtiendo que el comportamiento mencionado es totalmente ilegal. Sin embargo, ni los oficiales ni los Cobras rasos llevaron la placa de identificación, lo cual es otro delito, les acusaba la directora de Ciprodeh a los uniformados.

Embajador Llorens si puede hablar

Otro miembro de la Junta Directiva de Ciprodeh, MATÍAS SAUCEDA, presente en la colonia Kennedy habla sobre la ironía de la libertad de expresión del régimen de facto, comparando el hostigamiento a la señora Nora Almendares en la populosa colonia Kennedy con las declaraciones del embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens al medio día ante todo los medios de comunicación nacional e internacional: Masiva votación, él tiene libertad de expresar eso pero la señora no.

Rechaza el hecho que los uniformados permanecen adentro los locales de votación armados con fusiles de alto calibre, prohibido según la constitución hondureña.

“Muchas personas sale con un saludo; con cuatro dedos arriba, como símbolo de la 4ª Urna y el dedo gordo blanco, sin tinta, como no haber votado”.

Habla que el papel activo de las FF.AA. en las elecciones del 2009 son totalmente diferente a las elecciones anteriores.

“Las elecciones han sido unas fiestas, la gente salía gritando y bailando pero ahora la gente anda temerosa”.

Detiene dirigente internacional de DD.HH.

En un comunicado de prensa de Ciprodeh, el organismo alerta a la comunidad nacional e internacional sobre la detención de GUSTAVO ENRIQUE CABRERA, Secretario General del Servicio de Paz y Justicia para America Latina.

Dice Ciprodeh:

“Fue detenido hoy a las 3:20 de la tarde por miembros de la policía nacional cuando se encontraba en la Plaza la Libertad, en San Pedro Sula, cubriendo la represión de la que eran objeto varias personas que se manifestaban en contra del proceso electoral. Cabrera, quien además es miembro de la Asociación de Juristas y de la Misión Internacional de Observadores de Derechos Humanos que llegó a Honduras en el marco del proceso electoral, fue requerido por varios policías y trasladado en su propio vehículo a la Dirección General de Servicios Especiales (DGSE), a dónde se hizo acompañar del pastor César Cárcamo y del periodista Gilberto Ríos. Conforme trascendió, Cabrera trabaja con las organizaciones que dirige el Premio Nobel de la Paz, ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, de nacionalidad argentina.

Vea el reportaje en YouTube en dos partes:

1) http://www.youtube.com/watch?v=FU7ZrJuQWYw

2) http://www.youtube.com/watch?v=mbzGeX5QefA

Foto1: Honduras, Golpe de Estado - Reina Rivera Joya, directora de CIPRODEH, se enfrenta al mando de los Cobras que tenia bajo su mando un oficial que amenazaba a una señora que daba declaraciones en contra las elecciones del régimen de facto. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

Foto2: Honduras, Golpe de Estado - Luís Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH, con sede en Paris, explica al mando de los Cobras que opinar a los medios no es un delito electoral, aunque es en contra la posición del régimen de facto. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

Foto3: Honduras, Golpe de Estado - ¡“Estoy horrorizada, tengo un dolor en mi corazón, he llorado, no he visto un proceso con tantos militares, dice la señora Nora Almendares que casi fue arrestado por los Cobras por dar declaraciones a la prensa. / Autora: Mirian Huezo Emanuelsson

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La vuelta de la colimba

Carlos del Frade (APE)

Corra, limpia, barra. Colimba.

Las tres órdenes más repetidas en lo que fuera el llamado servicio militar obligatorio. La confirmación cotidiana durante décadas que los civiles eran subordinados a relaciones feudales de producción de parte de los integrantes del Partido Militar, aquel que se hizo presente en el gran escenario de la historia nacional el 6 de setiembre de 1930 cuando ofició de títere a la oligarquía y las compañías multinacionales del petróleo para abortar la experiencia de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen.

En los años noventa, Carlos Menem -dos veces presidente de los argentinos-, el ejecutor de la traición a las tradicionales banderas del peronismo y en nombre del peronismo, malvendió las empresas públicas, patrimonio de generaciones y generaciones, y aprovechó uno de los tantos asesinatos cometidos por los hombres de uniforme, el del solado Omar Carrasco, para abolir la colimba y sumar un nada despreciable caudal de votos que le permitió obtener su segundo período a partir de 1995.

Quince años después, el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, propuso reinstalar la conscripción, tal como también se conocía esta fenomenal pérdida de tiempo que llegaba a durar un año y medio si había soldados díscolos ante la brutalidad desinformada que, generalmente, campeaba en las unidades militares.

Olmedo propone el regreso del servicio militar porque “podría servir para que algunos jóvenes que nunca tuvieron límites encuentren un ámbito de contención y de formación que les permita vivir en armonía con la comunidad. El servicio militar debería estar orientado a tareas comunitarias y no ser parte de una carrera armamentista inconducente; tendría que cumplir un rol social”, explicó uno de los representantes del pueblo salteño en la cámara baja del parlamento nacional, apodado como el rey de la soja y famoso por haber ordenado el desmonte de miles de hectáreas para sembrar la oleaginosa bendecida por las trasnacionales y grandes sectores de agricultores nativos.

En algunos países del mundo, el servicio militar dura solamente tres meses para adquirir los rudimentos de una instrucción en armas en pos de la defensa del patrimonio nacional ante las agresiones extranjeras.

Esas experiencias marcan profesionalismo en las fuerzas armadas y respeto por los adolescentes que ingresan en ese tipo de educación.

La historia de los últimos setenta años marca otra realidad en la experiencia argentina.

El Partido Militar usaba a miles y miles de chicos al servicio de sus oficiales y entrenaba en valores centrados en el más feroz individualismo, en la práctica de la delación al compañero y el robo al que dormía en la otra cama de la cucheta.

Más que servicio militar, era servilismo militar obligatorio.

La propuesta está teñida de oportunismo porque intenta llamar la atención en torno a la inflación informativa sobre hechos de inseguridad.

Y de paso, el señor Olmedo quiere congraciarse con un sector como el de las fuerzas armadas que salvo honrosas y escasísimas excepciones, jamás defendieron al país sino que sirvieron de macabros cazadores de compatriotas que pensaban distinto, invirtiendo de raíz la máxima sanmartiniana de jamás derramar sangre de hermanos.

La colimba forma parte de una Argentina que siempre reservaba poder para el Partido Militar. Tuvo muy poco de edificante y casi nada de valores patrióticos.

Su anunciado retorno no es más que una melancólica mención a los tiempos en donde las botas funcionaban como guardias pretorianos de las minorías.

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Luciano Arruga: La impunidad ataca

LA VACA

El próximo lunes 30 se cumplirán 10 meses, más de 300 días, desde que se produjo otra desaparición en democracia: Luciano Arruga, 16 años. Sus familiares y amigos convocan a una marcha a las 17 horas, en Catamarca y Camino de Cintura, San Justo para reclamar lo obvio: aparición con vida de Luciano, y el juicio y castigo a los responsables, mientras es incierto el rumbo del caso. Por un lado, parece haber avances. Por el otro, los policías relacionados con lo que ocurrió aquel 31 de enero en Lomas del Mirador fueron reincorporados a sus trabajos, uniformes y lo que es peor, armas habituales, por el ministro bonaerense Carlos Stornelli. Algo más: una de las testigos del caso fue golpeada en la comisaría de San Justo.

Por la desaparición de Luciano Arruga y a raíz de la investigación de la fiscal Cecilia Cejas, ocho policías habían sido removidos de sus cargos y sometidos a extensas declaraciones. En esos careos, pudo saberse, no lograron explicar con claridad qué hicieron aquel 31 a la noche, ni dónde estaban exactamente. Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y abogado de la familia Arruga, sostiene: “En los testimonios policiales hubo declaraciones cruzadas y contradictorias”.

Como si nada

Eso determinó una nueva ronda de declaraciones, que revelaron –a fines de octubre- lo que ni los abogados ni la familia hubieran imaginado: “Hicimos una solicitud para que se vuelvan a presentar los policías que no fueron claros en declaraciones previas, y nos llevamos la sorpresa de que vinieron con sus uniformes y armas”. El detalle es más que simbólico, mientras un joven sigue desaparecido y son más las sospechas que las pruebas (que casualmente dependen de la propia policía).

Los policías habían sido reincorporados a la fuerza por el ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli. Sotelo, Díaz, Herrera, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez y Zéliz, fueron quienes estuvieron la noche en la que desapareció Luciano en el Destacamento Preventivo de Lomas del Mirador.

Según Juan Manuel Combi, otro de los abogados de la causa, la justificación de las reincorporaciones se basó en que no hay procesados en la causa, y mucho menos condena. Toman a los policías no como implicados, sino como testigos. Cuando los separaron de la fuerza, reconoce Combi, los propios defensores de la familia no disponían con los elementos incriminatorios que sí tienen hoy, y que agravan la situación del personal policial. “En aquel entonces no teníamos en claro cuál había sido el recorrido del móvil en esa noche. Hoy sí lo conocemos. Tampoco teníamos las pericias donde constan las irregularidades de los libros de entrada y salida de los detenidos. Tampoco las contradicciones en las declaraciones de los policías”.

Los testimonios y un enigma

Entonces: ¿cómo está la causa hoy? Pablo Pimentel: “En estos días se produjo un hecho importante que disparará una resolución de significado”. La preservación de la información responde al derecho de sumario, y al temor de que la difusión a la prensa incida en la causa. Se sabe, sin embargo, que el jueves 26 concluyó una rueda testimonial que duró tres semanas y disparó resultados positivos.

Vanesa, hermana de Luciano, lo confirma: “La causa está avanzando. No te diría favorablemente porque eso sería tener ya a los policías presos y que aparecieran los rastros de Luciano. La fiscalía está trabajando pero necesitamos soluciones más concretas. La justicia es lenta de por sí y más en estos temas, por lo que decirte que avanza, me resulta raro. Hay muchas cosas que también van para atrás”.

Golpes para Anabella

Una de esos episodios tiene como protagonista a Anabella Martínez, amiga personal de Vanesa y una de las testigos de la causa por Luciano. Anabella fue detenida el pasado lunes y permaneció en la comisaría de San Justo hasta las 3 de la mañana del martes. En ese ínterin fue golpeada, manoseada y hasta le pidieron plata y sexo a cambio de la libertad. ¿Hay relación con la causa de Luciano? Vanesa: “Entendemos que es algo muy grave, más allá de lo de Luciano, que afirma el tipo de violencia que venimos denunciando por parte de la institución policial. Y en este caso se agrava aún más porque ella fue testigo y en el momento de la detención llevaba colgado un pin de Luciano y varios stickers”.

El des-apoyo político

Pimentel, por su parte, coincide en el relativo avance de la causa. “Está teniendo un ritmo sostenido, algo que antes no pasaba. Se está tratando, además, de no dejar nada planteado al azar sino con pruebas y de manera minuciosa, para que no ocurra ningún otro desliz”. La inexistencia de apoyo político en la causa se transforma en obstáculo explícito, en situaciones como la reincorporación de los policías al servicio. Y desnuda la idea de que para la cúpula política, todo sigue igual.

En ese sentido, Pimentel afirma: “No hay, en lo absoluto, un acompañamiento político. Ni el ministro de Seguridad Stornelli, ni el gobernador Daniel Scioli se han acercado, ni puesto a disposición”.

El trabajo de la fiscal Celia Cejas, de la UFI (Unidad Fiscal de Investigaciones) Nº1 de La Matanza depende sólo de lo que ella logre realizar. Vanesa, de acuerdo con Pimentel, cuenta su percepción: “Noto que hay una buena predisposición de la fiscal de trabajar y avanzar en la causa, pero al mismo tiempo eso depende de otras buenas predisposiciones que no se están dando”.

Reclutando chicos para el delito

Por su parte, de la mano de la causa de Luciano corre una denuncia paralela, impulsada por Pimentel y la APDH de La Matanza. Nació a partir de una declaración de Pimentel en un programa televisivo, que inculpaba a sectores policiales de reclutar adolescentes pobres para delinquir, con los cuales se “asocian” y a los cuales facilitan “zonas liberadas” para el delito. Pimentel: “A partir de la denuncia oral de esa metodología se me invitó desde la Fiscalía a radicarla formalmente porque supuestamente era de orden público. Y fue lo que hicimos”. Este martes 1° de diciembre, en la sede de la CTA Capital, un día después de la marcha por Luciano, habrá una conferencia de prensa anunciando la ampliación de la denuncia y pidiendo respaldo de organizaciones que cuenten con testimonios que expliquen esa permeable frontera que suele percibirse entre policías, delincuentes y las principales víctimas de estos tiempos, los chicos pobres.

Foto: Argentina, Violencia institucional - Luciano Arruga, desparecido en democracia por la policía de la provincia de Buenos Aires.

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Es como... “un sindicato”

Horacio Meguira (ACTA)

Finalmente se ha arribado a un acuerdo en el conflicto suscitado en los subterráneos. Es importante remarcar algunos aspectos que hacen a la heterodoxia del formato jurídico del acuerdo.

En principio, el sujeto sindical en representación de los trabajadores en relación de dependencia con Metrovías fue la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro, una entidad que aún no posee ni la simple inscripción.

El Ministerio de Trabajo ha interpretado históricamente la condición de sindicato inscripto cuando efectivamente se le otorga un número que implica su reconocimiento. La excepción es que, en este caso, ha llevado adelante la negociación con una entidad no reconocida. En el mismo sentido, Metrovías, al firmar el convenio, aceptó como interlocutor a la entidad no registrada.

En su artículo segundo se ha acordado la estabilidad de los delegados electos en base a la convocatoria del sindicato en formación. Esto también implica un reconocimiento de hecho.

En el artículo tercero, se les otorga legitimación a las peticiones de los delegados electos y se compromete a recibirlas y darles curso. Ello implica otorgarle a la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro las mismas facultades que tienen los delegados electos convocados por el sindicato con personería gremial.

A través de este acuerdo, Trabajo ha ampliado los alcances del fallo “ATE”, ya que no sólo reconoció la capacidad de un sindicato en formación para designar delegados en los lugares de trabajo, sino que además les extendió el derecho a la estabilidad en el empleo.

Por último, la firma de la “paz social” también implica el reconocimiento del derecho del sindicato en formación a organizar y llevar adelante medidas de fuerza. Ello a pesar de que en el modelo clásico de representación sólo estarían legitimados a efectuar medidas de acción sindical (huelgas) los sindicatos con personería gremial.

Estas contradicciones no hacen más que corroborar que, en definitiva, la legitimidad para representar a los trabajadores surge de la propia voluntad del colectivo, más que del prerreconocimiento legislativo, y celebramos que en su propia práctica el Ministerio de Trabajo lo haya aceptado.

Esperamos que este comportamiento se haga extensivo a otros colectivos que actualmente luchan por su identidad; reconocimiento y por mejores condiciones de trabajo en todo el país.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Argentina. Libertad y democracia sindical: La Barrick Gold no cumple con la reincorporación de José Leiva

FETERA - ACTA

"Los trabajadores mineros hemos dado un paso adelante con la creación de la OSMA (Organización Sindical Mineros Argentinos-CTA) que tiene como objetivo principal defender nuestros derechos laborales. Lamentablemente la empresa Barrick, respondió con el despido sin causa de nuestro secretario general José Leiva", señala un comunicado gremial.

La declaración prosigue: "A raíz de esto, hemos presentado una medida cautelar ante el Juzgado laboral de la Dra. Liliana M. Tarbuch, solicitando la reincorporación del compañero Leiva en su puesto de trabajo. La titular del Juzgado laboral N° 25, ordenó a la empresa la devolución de su puesto de trabajo a José Leiva, con carácter “preventivo” y en similares condiciones a las que tenía cuando fue cesanteado".

Y agrega: "La empresa desconociendo toda la legislación argentina y desoyendo la autoridad judicial ignora esta medida y por lo tanto el compañero no ha podido hasta hoy subir a la mina a trabajar. A esto hay que sumarle que hemos sido víctimas de toda clase de aprietes, intimidaciones, discriminaciones, difamaciones y por si fuera poco, la empresa desconoce nuestra organización".

Quienes son los ilegales

"La Barrick argumenta que somos un sindicato ilegal y que no tenemos representatividad y sólo reconocen un solo gremio. A la vista queda que la empresa reconoció a AOMA porque sus dirigentes jamás alzaron la voz para reclamar por los trabajadores, mientras que nuestra institución desde su reciente fundación no ha dejado ni un minuto de levantar las banderas de los derechos de los obreros.

Nuestra actitud hace peligrar la política gerencial de la empresa de bajar costos para aumentar las súper ganancias a costa de la salud, la seguridad y el bolsillo de los empleados.

En todo este tiempo hemos cumplido la normativa vigente y los juzgados nos han dado la razón el 27 de octubre del 2009, la Jueza Gloria M. Pasten de Ishsihara citó a una audiencia conciliatoria, donde la empresa sostuvo su negativa terminante a incorporar al compañero despedido intentando ilegalizar la figura de Leiva como secretario general".

Un sindicato al servicio de los trabajadores

El pronunciamiento de los trabajadors de la mina Veladero de San Juan afirma: "Compañeros, en estos tres meses hemos denunciado el fraude laboral, las precarias condiciones de trabajo por desprendimiento de sílice y falta de oxígeno (que produce daños vasculares), jornadas laborales de 14 horas, situación avalada por AOMA, gremio que en todo momento ha sido obsecuente de las decisiones de la patronal.

En vez de defender a los trabajadores, el secretario general de AOMA, Héctor Laplace, se presenta en el Ministerio de Trabajo bajo las órdenes del abogado de Barrick para avalar el despido de Leiva y convalidar bajos salarios y la súper explotación con jornadas extenuantes que producen fatiga y favorecen accidentes y enfermedades. Todo esto firmado y documentado en el expediente 1.344.194/09 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación".

Y concluye: "Tenemos la firme voluntad de que no vamos a tomar ninguna medida que no sea continuar representándolos. Nuestro sindicato OSMA-CTA está legalmente constituido (tal como ha dictado la Justicia) y defiende a los trabajadores con absoluta autonomía. Nos hemos organizado con la consigna de defender nuestros derechos, por eso en esta organización, el sindicato somos todos los trabajadores".

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Argentina, Mendoza: Jaque benefició a Edemsa con al menos 100 millones y suba automática de tarifa

Jorge Fernández Rojas (MDZOL)

Son decretos que favorecen a la empresa que comanda José Luis Manzano de manera ilegal, con costos que serán pagados por los usuarios. El cuadro tarifario que no fue y la audiencia pública que fue desairada. La concesionaria se aseguró una rentabilidad creciente y la actualización automática de tarifa. El Epre es apenas un espectador privilegiado.

El gobierno de la provincia benefició a la empresa de energía EDEMSA con una rentabilidad aproximada de 100 millones de pesos anuales "extra" en los próximos años, mediante una serie de irregularidades avaladas por decretos de Celso Jaque. Los decretos le permiten a la empresa comandada por José Luis Manzano, la actualización automática de la tarifa, y acceder a una rentabilidad mucho mayor que la que le corresponde por ley.

En primer lugar, el decreto 3177 le reconoció a EDEMSA los famosos "asuntos pendientes" -reclamos de la empresa por fuera de la leyes de privatización y marco regulatorio- por unos sesenta millones de pesos anuales. Este gasto será asumido de ahora en más por la tarifa. Es decir, por los usuarios mendocinos que cada mes pagan la boleta.

Además, un decreto del gobernador Jaque, el 1569 de este año, derogó el cuadro tarifario surgido de la audiencia pública de enero último, y abrió el camino para una indexación de tarifas sin participación del EPRE y sin el control de la sociedad.

Los beneficios para EDEMSA constituyen una serie de maniobras plasmadas especialmente en el decreto 1569, que son conocidas en el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), en el mismo Gobierno y por supuesto en la empresa distribuidora eléctrica Edemsa. En realidad, es una serie de movimientos que han sobredimensionado a la compañía concesionaria del servicio eléctrico, con la seguridad de que los aumentos sucesivos de tarifas -que pagan los clientes- le brindarán ilegalmente su rentabilidad.

Luego de una exhaustiva revisión de varios decretos que se fueron emitiendo entre el año pasado y el actual, se revela el entramado que generó la existencia de dos cuadros tarifarios, aunque sólo uno de ellos vale, que es el que se comenzará a cobrar desde diciembre. Este "detalle" de los dos cuadros tarifarios, lo conocen en el Tribunal de Cuentas.

El nudo de esta historia se puede definir como el plan de “engorde” de Edemsa. Una manera amañada de convertir la empresa prestataria de la distribución eléctrica en un órgano "obeso", donde sus consumos pueden ser desmedidos y sin ningún control. Todos ellos serán pagados por los clientes a través de mayores tarifas, incluidas las facturaciones sin control que le hacen a Edemsa varias empresas tercerizadas.

Para que eso ocurra hay que prestar atención al último decreto de Celso Jaque, donde ordenó la confección del cuadro tarifario, que es el que se va a sentir en los bolsillos de las familias a partir del mes de diciembre que se inicia mañana.

El malogrado decreto y una audiencia inútil

Es el decreto 1569 publicado el 22 de julio pasado el que puntualiza las instrucciones para que el Epre “determine el Cuadro Tarifario de Valor Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final”.

De manera insólita, ese mismo documento fundamenta que un decreto de Jaque anterior con el número 478/09 queda derogado. En las motivaciones por los cuales define esta abolición señala: “En la formación de la voluntad administrativa de un acto complejo confluyen una serie de elementos económicos y sociales que deben ser dinámicamente valorados por el Concedente (Nota de la Redacción: es decir el Estado), más allá de cualquier formalismo (N de la R: como una audiencia pública), de modo tal de asegurar a la ciudadanía el regular y el continuo acceso a un servicio básico”.

Por eso según el decreto de Jaque, esa necesidad superior, “posibilita, sin más, la adecuación de criterios tenidos en cuenta –al tiempo de dictado el decreto 478/09, instrumento éste que carece de eficacia y ejecutividad jurídica, al no haberse producido su publicación en los términos del artículo 46 y coincidentes de la ley 3909”. Traducido, ese decreto que nunca conocimos fue derogado por el 1569.

El punto es qué decía ese malogrado decreto que firmó Jaque y nunca fue publicado, algo en verdad increíble, y en el que se mezclaron todo tipo de negociaciones políticas previas a las elecciones de este año, que el gobierno perdió por casi veinticinco puntos. Fuentes del Epre garantizan que en ese instrumento legal estaba contenido el cuadro tarifario que definió la audiencia pública el 31 de enero de este año.

Es evidente que la derogación de este decreto y los fundamentos dan por sentado que aquello dispuesto en una audiencia pública fue mal hecho y que se reemplaza por un nuevo cálculo sin llamar a una nueva consulta.

La clave está en leer detenidamente el decreto 1569 dicen los técnicos, para asegurar que en esta historia hubo dos decretos y hubo dos cuadros tarifarios. Mejor dicho aquel cuadro tarifario que aprobó la audiencia pública no es el que se aplicará. ¿Por qué?

Por qué no sirve (para Jaque) el cuadro tarifario de la audiencia pública

Se da por sentado que la audiencia pública es un procedimiento donde se escuchan distintas posiciones de los más variados sectores involucrados con un servicio público. Ese mecanismo garantiza la representatividad especialmente de los usuarios (clientes para la concesionaria).

Claro que hay distintos artilugios para que la audiencia pública sea burlada (imagen de arriba) y quede reducida nada más a un formalismo. Por eso muchas veces se convoca en un horario inadecuado, o en un mes con poca actividad productiva, o un espacio alejado para dificultar la asistencia de los interesados, o no se da una suficiente información previa para que la convocatoria sea efectiva.

Todo eso pasó con aquella audiencia pública y aun así parece que no fue suficiente porque el decreto que contuvo el marco tarifario que surgió de ese acto público fue derogado. Es decir Jaque borró de un plumazo a la audiencia pública del verano pasado ¿Por qué?

La respuesta está en los decretos. En el primer anexo del decreto 1569, hay un párrafo que no tiene desperdicio: “La tasa de rentabilidad reconocida será implementada por los siguientes periodos: 8% del 01/02/09 al 31/07/09 incluyendo lo dispuesto en el decreto 3177/08” dice el texto legal. Primer indicio: el decreto 3177 publicado el 17 de noviembre de 2008 invocado por el 1569 es como un “caballo de Troya” que se mete en la confección del nuevo cuadro tarifario ordenado por Jaque al Epre. Una vez más ¿Por qué? Simple: Porque Jaque le reconoce a la empresa una serie de costos que no están incluidos en la ley original de privatización. Son los "asuntos pendientes" que ningún gobierno mendocino había reconocido hasta ahora, a pesar de los reclamos de EDEMSA, justamente porque la ley no los contempla.

El plan para enfermar a Edemsa de "obesidad"

El decreto 3177 remarca que el 31 de julio de 2008 se venció el plazo para adecuar la tarifa eléctrica (“adecuación no es lo mismo que un nuevo cuadro tarifario”, aclaran en el Epre). Definitivamente este decreto es el instrumento casi oculto que le vale a Edemsa para cobrarse por todos sus reclamos que siempre han sido resistidos por parte del Estado. El decreto especifica que deben ser tomados en cuenta todos los “aspectos pendientes vinculados a este proceso administrativo complejo, ello a fin de posibilitar que sean discutidos integralmente por la sociedad en su conjunto como parte de la audiencia pública”.

El primer artículo de este decreto dice lisa y llanamente que “el poder Concedente (es decir el Estado) reconocerá a las distribuidoras ‘los ingresos no percibidos’”.

“Estos ‘ingresos no percibidos’ –continúa el decreto- serán determinados según correspondiere como parte del procedimiento de revisión tarifaria ordinaria del tercer período en curso (…) Los valores resultantes de la determinación de los ‘ingresos no percibidos’ serán adicionados a los requerimientos de ingresos de las distribuidoras, objeto valoración, e incluidos en los cuadros tarifarios que resulten vigentes para ese período”.

El escrito no tiene otra interpretación que serán incluidos en cada recálculo tarifario esos “ingresos no percibidos”. De acuerdo a los técnicos eléctricos este es un decreto hecho a la medida de Edemsa, ya que logró así que se le reconozca lo que se conoce como “asuntos pendientes”, que corresponden al reclamo por pérdidas originada por el vandalismo de cables, trabajos e instalaciones en zonas aisladas y una devolución de 30 millones de pesos que siempre reclamaron los primeros concesionarios de Edemsa. “En total son unos 60 millones que fueron sumados a los costos de la empresa y sobre los cuales se hizo el nuevo cuadro tarifario”, puntualizaron en el ente regulador.

Estos asuntos pendientes metidos "por la ventana" con el decreto 3177 siempre han sido reclamados por la empresa que comanda el ex ministro de Carlos Menem, José Luis Manzano; y siempre han sido la excusa de la compañía para no pagar en término el aporte al Fondo Compensador de la Tarifa Eléctrica.

Como conclusión, estos costos que no están contemplados en la ley de privatización son sumados y eso aumenta la base para calcular la tarifa, por lo que coinciden desde el Epre y desde el mismo gobierno que en definitiva el 40 ciento de aumento de la tarifa en dinero será mucho mayor, ya que se hace con una base de costos más elevada.

Qué dice la ley

Todo este esquema se hizo en el Cuarto Piso de Casa de Gobierno sede de la Gobernación. Sólo participaron de estas decisiones Jaque, el secretario General de la Gobernación Alejandro Cazabán, el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez y por parte de la concesionaria el mismo Manzano y un par de técnicos de la empresa, detallan los informantes oficiales, justificando por qué los directores que representan al Estado en el directorio de Edemsa, se enteran de estas determinaciones cuando asisten a las reuniones formales.

Desde el ente de control señalan que se ha subvertido el espíritu de la ley que faculta al Epre a diseñar las actualizaciones tarifarias de acuerdo a la norma de la privatización del servicio ocurrida en 1998. “Lo legal es que el cuadro tarifario de 1998 sea actualizado en base a los principios tarifarios que impone la misma ley”, señalan. Por otra parte remarcan que el Gobierno a través del ministro Pérez “ha capturado” esta función del Epre y esa acción ha quedado sellada en el decreto 1569.

Los principios para esa actualización tarifaria son los siguientes: Inversiones comprometidas, recurso humano eficiente utilizado para el cumplimiento del servicio y el costo operativo eficiente. Estos parámetros son las medidas de cálculo de los costos de las empresas distribuidoras. “Se trata de una revisión de los costos y la eficiencia de ellos en la estructura de la empresa”, aclaran los técnicos oficiales.

Contrariamente, en este caso se impuso la “realidad” según los cálculos de la prestataria. En tanto el “poder Concedente” (es decir el Gobierno en nombre del Estado) ha aceptado dócilmente esa “realidad” y lo ha convalidado a través de un decreto.

La rentabilidad asegurada y la actualización tarifaria automática

Decíamos que la empresa impuso su “realidad” pero no sólo eso. Esa realidad pasó por encima de cualquier análisis técnico. De este modo Edemsa impuso sus números y su proyección de rentabilidad donde arranca con 8 por ciento y termina en un 9,9 por ciento entre febrero de 2009 y julio de 2013 según el decreto 1569.

Algo impensado y criticable desde lo jurídico dado que no es común que se asegure una rentabilidad a una empresa concesionaria de un servicio público. “Y mucho más por el nivel de rentabilidad garantizada”, enfatizan los técnicos oficiales.

Según los cálculos la empresa aumentará su ganancia gracias a este esquema en unos 100 millones por año durante los próximos diez años de manera ilegal.

Hay otro “secreto” que está guardado en el mismo decreto, pero en el tercer anexo donde puntualiza el “Procedimiento de la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD)”. El instrumento de actualización se llama “Indicador Testigo (IT)” que es el resultado de una fórmula que incluye variables como el porcentaje de participación del costo de capital, el indicador de variaciones del costo de capital, el porcentaje de participación de los costos de Explotación, y el indicador de los costos de explotación. Se trata de un mecanismo de indexación encubierta, que permitirá de ahora en adelante que la empresa aumente sus ingresos según la inflación de sus costos -eficientes o no- aunque los salarios de los usuarios aumenten a un ritmo mucho menor.

El IT será calculado semestralmente y si anualmente su variación supera el 5 por ciento Edemsa podrá hacer “una presentación fundada ante el Epre acreditando el incremento producido en sus egresos”.

Teniendo en cuenta las proyecciones de inflación es posible prever que habrá ajustes sucesivos de la tarifa eléctrica.

Con todo este escenario tan favorable para la empresa de Manzano, la última pregunta a favor de los usuarios: ¿será posible que esta vez sí el Estado le aplique a Edemsa la segunda etapa sobre el control de la calidad del servicio? En esta fase se exigen mejores servicios, mayor rapidez en el arreglo de los cortes y menor cantidad de interrupciones del servicio, para lo que la empresa debería invertir genuinamente en estos aspectos.

Este aspecto ha sido sistemáticamente resistido -incluso con recursos de amparo- por la empresa excusándose en el atraso de la tarifa. Ya es un clásico escuchar por Radio Nihuil los avisos de cortes programados por Edemsa en distintos puntos de la provincia.

Foto: Argentina, Mendoza - José Luis Manzano comandó las negociaciones por la tarifa eléctrica. / Autor: MDZ

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Argentina, Santa Fe: Política y dictadura en San Lorenzo. Se cierran los caminos del Concejo para el represor Pili Rodríguez

REDACCION ROSARIO

Organizaciones sociales, de derechos humanos, concejales locales, diputados provinciales y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se reunieron en el Concejo Municipal de San Lorenzo para analizar la impugnación del diploma de edil electo Pedro Pili Rodríguez, funcionario de la dictadura y procesado por delitos de lesa humanidad.

Pedro "Pili" Rodríguez se presentó en las últimas elecciones como candidato a concejal de esa ciudad y su lista cosechó los votos suficientes como para que entre al menos el cabeza de su lista, es decir, él mismo.

Rodríguez estuvo preso 102 días por decisión de la justicia federal y se encuentra en libertad bajo fianza. Pili está procesado por haber cometido crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, torturas y amenazas al dirigente gremial Manuel Casado en plena dictadura, cuando ocupaba la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio. También está complicado con otra causa: la que investiga los enterramientos de desaparecidos en fosas comunes en el cementerio sanlorencino.

Democracia vs Dictadura

En la reunión del viernes se hicieron presentes cinco de los ocho concejales que deberán resolver si aceptan o no que Rodríguez asuma una banca, quienes fueron convocados por un conjunto de ciudadanos de San Lorenzo, organizaciones gremiales, de derechos humanos y legisladores de Santa Fe, a “refleccionar sobre el retroceso para la profundización de la democracia que significaría la asunción de Rodríguez como concejal”, tal cual expresó una de las militantes del grupo local La Ventolera, agrupación que organiza un acto de repudio a Pili Rodríguez el 8 de diciembre próximo en San Lorenzo.

También participaron del encuentro los diputados provinciales Alicia Gutierrez (SI), Gerardo Rico (Frente para la Victoria), Antonio Riestra (Frente Progresista), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. y el Sindicato de Municipales de San Lorenzo, entre otros.

En la reunión la concejala Marcela Lozano (SI) mostró a los presentes una copia de un escrito intimidatorio que recibieron en las últimas horas los concejales sanlorencinos, redactado por el propio Pili Rodríguez, donde el hombre de la dictadura los amenaza con que si no lo dejan asumir pueden llegar a pagar con “diez años de cárcel”. Para varios de los presentes la “ridícula” presentación de Rodríguez es una muestra de que se siente “acorralado por su pasado”.

Tanto los militantes de H.I.J.O.S. como los diputados Rico y Gutiérrez coincidieron que la tarea que le compete a los concejales sanlorencinos no es juzgar en términos jurídicos a Rodríguez, sino desde la facultad que el reglamento de la ciudad les confiere que “es evaluar si posee la cualidades morales y éticas para asumir una banca”. En ese sentido la gran mayoría de los presentes reconoció que además de los procesos judiciales en su contra, Pili Rodríguez tiene un pasado totalmente reñido con la democracia al haber sido un funcionario clave de la intendencia de san Lorenzo durante la dictadura.

El diputado Rico recordó el nuevo marco político que se instaló en la provincia en relación a estos temas luego de la sanción de Ley que prohíbe a los candidatos que estén procesados o condenados por delitos de lesa humanidad.

La concejala del Frente para la Victoria María Claudia Mariani coincidió que no quedan dudas respecto “de las cualidades morales que Rodríguez no posee para ingresar al concejo”.

Los representantes del Frente Progresista y el Partido Radical, en la vos del concejal Gustavo Oggero, expresaron que “agradecían profundamente a los organismos de derechos humanos y ciudadanos que se hicieron presentes por todos los documentos y argumentos ofrecidos en esta reunión”.

Los radicales expresaron haber quedado conmovidos ante los relatos de algunos de los sobrevivientes del terrorismo de estado que hablaron en la reunión y también reconocieron como uno de los fundamentos más duros contra Rodríguez el hecho de haber sido un hombre contrario a “la constitución, las leyes, los partidos políticos y la democracia” al haber sido “funcionario de la dictadura”.

Varios de los presentes en el encuentro recordaron el antecedente del caso de Luís Patti, cuando la Cámara de Diputados le negó su diploma por pasado ligado al terrorismo de estado. También se hizo referencia a que de "ninguna manera con una decisión de este tipo se atentaría contra el voto popular, puesto que se niega el ingreso de una persona, pero no de el partido, que podrá reemplazar al concejal impugnado con sus suplentes".

El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia Ángel Ruani, comentó a los presentes una reunión mantenida el martes pasado con la vicegobernadora Griselda Tessio, quien según refirió Ruani, acercó algunos argumentos más para tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad moral del Rodríguez.

El reglamento interno del Concejo de San Lorenzo faculta a los ediles la facultad de otorgar o negar la el diploma de sus pares, en tanto éste no posea la habilidad “moral o física” para ejercer el cargo. En ese sentido la concejala Marcela Lozano fue muy precisa al detallar que el reglamento plantea que el “estar procesado por delito doloso” es causal de impugnación de diploma.

Cabe recordar que Rodríguez tiene un procesamiento, confirmado por la Cámara Federal de Rosario, en el que se lo acusa de ser partícipe necesario del delito de “privación ilegitima de la libertad y tormentos”, cometidos contra trabajadores del cordón industrial durante la dictadura militar.

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Argentina, Tucumán: Descartan un aumento generalizado a los estatales

PRIMERA FUENTE

Luego del acuerdo con los autoconvocados, desde los gremios salieron a exigir un trato igualitario. El gobernador José Alperovich dijo que en materia salarial la provincia seguirá la política que fije la Nación, y que seguramente se conocerá en marzo del año próximo.

Ayer, el gobernador José Alperovich descartó cualquier posibilidad de aumentar los sueldos de los empleados estatales. Luego del acuerdo al que arribaron los autoconvocados, desde los gremios que representan a los trabajadores en relación de dependencia con el Estado, exigieron un trato similar.

Alperovich fue consultado sobre la denuncia que realizaron los sindicatos por sentirse discriminados debido a que no se beneficiarán con las mejoras obtenidas por la sanidad. "¿Una mancha más al tigre qué le hace? Tantas cosas que me dicen todos los días", ironizó.

Sobre el mismo tema, el Gobernador dejó en claro que no se otorgará un aumento a los demás empleados públicos, hasta tanto la Nación no defina un incremento. "Nosotros vamos a seguir dando lo que dé la Nación, no tenemos otra alternativa, como lo venimos haciendo hace 6 años, vamos a empezar discutir cada día mientras la Nación anuncie un aumento la provincia lo va a dar", sentenció.

Alperovich se dirigió a los tucumanos para recordarles que "sacar a la provincia adelante nos ha costado mucho. No podemos volver al Tucumán de los negocios cerrados, donde había desempleados, faltaban remedios, la gente se moría de hambre", enfatizó; tras lo cual destacó que "este es un Tucumán que está vivo, donde la gente exige. Y la verdad es que yo voy a estar un tiempo y me voy a ir, pero son los propios tucumanos lo que cuidar a la provincia para que nunca más volvamos al Tucumán de antes", agregó.

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Argentina: Carta a los compañeros

PRENSA RED

A un año de la decisión tomada por el Grupo Clarín, Ricardo Junghanns y Marcelo Moreira, delegados de los Trabajadores de Prensa de Canal 13/TN, dan cuenta de la arbitrariedad patronal que no respeta lo resuelto por las instituciones democráticas. Desde su tribuna de doctrina, sin embargo, se configura como paladín del sistema.

Los trabajadores reafirman su voluntad de lucha en la concreción de los derechos conculcados por la empresa, porque la Justicia ya les dio la razón. A continuación transcribimos la carta.

"Faltan solo algunos días para que se cumpla un año de la decisión arbitraria que tomó CANAL 13/TN de castigarnos impidiéndonos entrar a trabajar solo por el hecho de ser candidatos a delegados de los trabajadores de prensa. Junto con nosotros, 22 compañeros fueron despedidos a lo largo de 2008 para que algunas cosas cambiaran en el canal pero como hace un año los reclamos continúan siendo los mismos:

* La reincorporación de los compañeros despedidos.

* El respeto irrestricto al Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Periodista.

* Libertad sindical.

* Recomposición salarial con paritarias con los trabajadores y no como resolución en un escritorio gerencial.

Todas condiciones necesarias para el mejor ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

Sin embargo sentimos que no es poco lo que se ha logrado en este tiempo contra todo tipo de prácticas intimidatorias.

* Que fallara la Justicia en primera y segunda instancia obligando a la empresa a reinstalarnos en nuestros puestos de trabajo ya que de lo contrario se nos coarta el derecho de ejercer nuestros mandatos como delegados legítimamente elegidos por la mayoría de nuestros compañeros.

* La ratificación de la legalidad y legitimidad de la Comisión Interna de Delegados de los Trabajadores de Prensa a pesar de la actitud desleal de la empresa de negarse a reconocerla y a participar de una mesa de diálogo a favor de generar mejores condiciones de trabajo, convivencia y prácticas profesionales.

* La paralización momentánea de la lista de despidos que por supuesto dependerá de nuestra voluntad de continuar defendiendo cada puesto de trabajo como si fuera el propio.

* Aumentos salariales, aunque como es de práctica habitual en el canal, siempre arbitrarios y discriminatorios.

A pesar de ser un lugar común aquella frase que dice “que la única pelea que se pierde es la que se abandona” ratificamos que nos sobran motivos para no abandonarla. La conquista y defensa de un estado de derecho puertas adentro de Canal 13/TN nos obliga a un aprendizaje colectivo que nos ayude a ser mejores profesionales frente a una cultura nunca superada de autoritarismo.

A muchos tenemos que agradecer que hayamos podido ser consecuentes. No es fácil, ni para nosotros ni para nuestras familias. Agradecer a nuestros compañeros de trabajo que con sus abrazos y respetos, como un rito plural y solidario nos esperan en la puerta del canal en cada intento por retomar nuestras tareas bajo la amenaza constante de las cámaras de seguridad (vaya paradoja), para ser testigos de cómo la empresa desobedece y ningunea los más elementales principios de respeto a la justicia. En realidad agradecer a todos. A los que se expresan en voz alta y también a los que susurran. A los de adentro y a los de afuera. A los colegas periodistas de muchos medios que siguen nuestras circunstancias involucrándose en nuestras reivindicaciones. A los amigos. A todos.

Los voceros de la empresa en repetidas audiencia públicas han insistido con la idea de que lo derechos se ejercen exclusivamente en los tribunales, nosotros como hace más de 25 años junto a la mayoría de los argentinos creemos que los derechos se ejercen en libertad, en democracia".

Ricardo Junghanns - Marcelo Moreira
Delegados de los Trabajadores de Prensa de Canal 13/TN

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