jueves, 3 de diciembre de 2009

Una guerra a muerte contra la resistencia de los pueblos

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Para muchos, la realidad del imperialismo yanqui sobre nuestra América forma parte del realismo mágico que caracteriza grandemente nuestra cotidianidad y nuestra esencia como continente.

Esto ha logrado que el imperialismo yanqui sea percibido por algunos como la excusa recurrente de la gente de izquierda para explicar todos los males sufridos por nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, sin molestarse en conocer a profundidad los elementos históricos que lo han hecho posible, contentándose con una visión simplista que no termina de explicar las causas del subdesarrollo al cual pareciéramos estar condenados sin redención alguna. Sin embargo, las acciones del imperialismo gringo se evidencian desde finales del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX, extendiéndose hasta hoy, con una secuela aparentemente interminable de intervenciones militares (directas e indirectas), golpes de Estado, bloqueos económicos, secuestros, asesinatos y desapariciones de dirigentes y luchadores populares, todo lo cual conforma una vasta gama de tácticas y estrategias dirigidas a asegurarle a Washington y sus grandes corporaciones transnacionales la hegemonía y el control de los mercados latino-caribeños, de los diversos recursos naturales indispensables y de las soberanías subordinadas de nuestras naciones, a las cuales sólo se les permite, hasta cierto nivel, algunos asomos de nacionalismo e independencia que no afecten el orden imperante.

No obstante, la estrategia de mayor consecuencia puesta en práctica por la clase dominante de Estados Unidos, aquella que es menos visible, pese a todo el despliegue militar y las imposiciones políticas y económicas que suelen marcar la relación de éstos con nuestra América, está representada por la transculturización, en una guerra a muerte contra la resistencia de los pueblos, ya no únicamente a escala continental sino también mundial, valiéndose para ello del dominio monopólico y oligopólico de los diferentes medios de información, reduciendo todo a una única visión del mundo en que vivimos y a la adopción inducida del llamado “american way life”, en una especie de darwinismo cultural que desconoce (con la prepotencia que le es característico) la diversidad cultural existente.

De esta forma, nuestras sociedades “subdesarrolladas” mantienen latente una paradoja entre la cultura “moderna” (léase, gringa) y la cultura autóctona (refiriéndonos con ello no únicamente a las expresiones de nuestras primeras naciones indígenas, sino además a la amalgama resultante de las mezclas étnicas y culturales producidas desde el momento de la invasión europea a estas tierras hasta los días actuales). De esta suerte, las víctimas de esta alienación constante terminan por avergonzarse de todo lo relacionado con la cultura popular y prefieren pasar por cultos, asumiendo como propios los patrones de conducta reinantes en el norte anglosajón, no importa que ello les haga ver como verdaderos ignorantes, al imitarlos torpemente.

Según su concepción neoliberal de globalización económica, para el imperialismo yanqui toda expresión de independencia, autodeterminación e identidad cultural entre los pueblos de nuestra América y del resto del planeta constituye una grave amenaza para el éxito de sus planes hegemónicos, de control territorial de recursos básicos y mercados, en una guerra de baja intensidad que es secundada por la mayoría de los medios de comunicación controlados por empresarios nacionales que, por otra parte, están asociados a los grandes capitales estadounidenses; forjándose, en consecuencia, la degradación persistente de la autoestima y demás valores que resaltan su carácter nacional. De ello están muy conscientes los jerarcas de Washington, pues reconocen tácitamente que los movimientos culturales de nuestros pueblos son claras manifestaciones de resistencia ante su acción depredadora y avasalladora. Esto impone la activación de tendencias culturales que promuevan en lo inmediato una mayor toma de conciencia, con profundo sentido revolucionario, de manera que contribuyan a una mejor comprensión, creadora y re-creadora, de la realidad circundante y a evitar que, en esta guerra a muerte contra la resistencia cultural de nuestros pueblos triunfe el más fuerte.

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Obama es el producto más costoso en publicidad que vendieron al mundo

Ricardo Zedano (RIA NOVOSTI)

Barack Obama es un producto que le vendieron a la opinión pública utilizándose la más costosa publicidad en la historia, declaró en rueda de prensa en RIA NOVOSTI la Dra. en ciencias jurídicas, Eva Golinger, dedicada durante la última década a investigar y denunciar la injerencia de EEUU en Venezuela y otros países de América Latina.

Según Golinger, la impresión que causó la llegada de Obama al poder de que habría un cambio en la política exterior estadounidense con respecto al mundo fue [sólo] un producto que a la opinión pública vendieron utilizándose la publicidad más costosa en toda la historia de los EEUU.

Las empresas financieras del Wall Street hicieron una de las "más grandes inversiones" en la campaña presidencial de Barack Obama, "personaje" que fue "seleccionado" por representantes de la "maquinaria imperial" en EEUU, puesto que no proviene [directamente] del "pueblo estadounidense, de la comunidad sufrida" etc.

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Cambio climático: Las “trampitas” de Obama

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando se habla de cambio climático se da por sentado que China es el primer emisor de CO2 del planeta, Estados Unidos el segundo, Rusia el tercero, India el cuarto y Japón el quinto.

Eso es así si se toman las cifras absolutas de emisión de CO2 de cada país.

Pero si se toman las cifras de emisión de CO2 por habitante, lo que parece ser más racional para establecer la incidencia real y la responsabilidad por la emisión de CO2 de cada país, el “ranking” cambia: Estados Unidos ocupa el primer lugar con 19 toneladas de CO2 por habitante y, muy lejos, China ocupa el décimo tercer lugar con 5 toneladas. El tercero, cuarto y quinto lugar los ocupan, respectivamente Australia, Canadá, Arabia Saudita y Rusia. (Datos extraídos del diario francés Le Monde del 30 de noviembre de 2009).

Estados Unidos y su carismático Presidente se obstinan en eludir sus responsabilidades pero para disimularlo ante la opinión pública recurren a ciertas “trampitas”.

Obama anuncia que Estados Unidos va asumir el compromiso de reducir sus emisiones en un 17% para el año 2020, pero tomando como base los niveles de 2005. Lo que representa sólo el 4% ó 5% para 2020 respecto a los niveles de 1990. Los demás países anuncian compromisos de reducción bastante más elevados (China habla del 40%) partiendo de los niveles de 1990.

Obama anuncia que va a ir a Copenhague a la cumbre sobre el cambio climático que se celebrará del 9 al 18 de diciembre. Casi todo el "establishement" mundial aplaude el “compromiso” de Obama. Pero éste sólo se quedará el día 9 y no estará al final de la reunión cuando estén presentes los otros Jefes de Estado y se tomarán las decisiones (sean éstas buenas, regulares o malas).

Una representante de Greenpeace en España declaró que asistir a la cumbre climática de Copenhague es bastante más que posar para una foto, es trabajar para la consecución de un acuerdo global que evite el caos climático. Siguió diciendo que la decisión de Obama de estar en Copenhague el día 9 de diciembre no responde a las necesidades políticas del proceso, ya que los días en que es indispensable que los jefes de Estado y de Gobierno acudan a la cumbre son en el tramo final.

Agregó que los expertos en clima han expresado reiteradamente la necesidad de alcanzar compromisos de reducción de emisiones de entre el 25% y el 40% para 2020 (tomando como referencia los niveles de 1990) y de entre el 80% y el 95% para 2050.

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Persecución y muerte a luchadores contra las mineras en Centro América: La palabra peligrosa

Erasmo Magoulas (especial para ARGENPRESS.info)

Es difícil escribir sobre un héroe y mártir. La palabra, por más ajustes megalómanos, se empequeñece.

Aunque nos digan que “ese” o “esa” pudiera haber sido cualquiera de nosotros, en nuestra intimidad no terminamos de creérnoslo.

Aunque digan que era un ser humano como cualquier otro, y pareciera razonable, suena grotesco.

Ese es el caso de Marcelo Rivera, un comunicador de la palabra, que ejerció en el día a día comunicar también algo tan importante como ella, la vida.

Marcelo fue maestro, periodista, promotor cultural, militante político del FMLN, defensor de la naturaleza, organizador social, comunitario y popular.

Desapareció cerca de Ilobasco, en el Departamento de Cabañas, El Salvador, el 18 de junio pasado y se encontró su cuerpo dos semanas después, con signos de tortura, dentro de un pozo de 19 metros de profundidad al cual fue arrojado luego de ser estrangulado.

Marcelo Rivera era un residente de San Isidro, departamento de Cabañas, donde su trabajo comunitario y social al frente de ASIC (Amigos de San Isidro Cabañas), como organizador y movilizador del arte, la cultura popular y la conciencia colectiva fue tomando más vuelo a medida que los desafíos eran mayores.

El trabajo de Marcelo fue sin duda el factor catalizador para que la comunidad tomara conciencia del desastre humano, económico, medioambiental, sanitario y social que hubiera significado el establecimiento definitivo en la región de la compañía minera canadiense Pacific Rim.

La Pacific olfateó 40 mil kilogramos de oro en el subsuelo de San Isidro, Cabañas, lo que representarían aproximadamente 1.3 billones de dólares que podrían ser embolsados. Para lo cual se debía remover mucha tierra, perforar muchos pozos y usar mucha, pero mucha agua, amén de “detalles” como el uso de agentes químicos de altísima toxicidad como arsénico y metales pesados.

La presentación en sociedad de la Pacific y de sus “bondades” se canalizó mediante el anzuelo del aumento de los ingresos municipales para San Isidro con el establecimiento de la compañía.

San Isidro aumentaría en 10 veces su presupuesto anual, llegando al millón de dólares.

Inmediatamente luego de los cateos y de las perforaciones de exploración de la Pacific se secaron 3 napas freáticas, perjudicando a ganaderos locales, agricultores y campesinos.

De acuerdo a un estudio de OXFAM la minería metálica en América Central usa exorbitantes cantidades de agua, agota las napas freáticas y las contamina con arsénico y metales pesados, por lo tanto estos proyectos no son viables en El Salvador.

A finales del 2008 la Pacific Rim se retiró de El Salvador al no serle renovados los permisos de cateos y exploración de la mina “El Dorado”, iniciando contra ese país centroamericano una demanda por perjuicios, de 77 millones de dólares, bajo las cláusulas del Capítulo 10 del CAFTA (siglas en Inglés) Acuerdo de Libre Comercio para América Central, que designa como mediador a un tribunal internacional bajo el auspicio del Banco Mundial.

En abril del 2009 el Presidente electo Mauricio Funes ratifica el compromiso asumido durante su campaña de no conceder permisos de exploración ni explotación a compañías mineras a cielo abierto.

La Pacific Rim, la cual tiene una subsidiaria en el estadounidense Estado de Nevada, como toda empresa relacionada a megaproyectos en cualquier parte del mundo, necesita del apoyo de la comunidad mediante el engaño o de lo contrario su silencio.

En el mes de octubre del 2007 la empresa minera Pacific Rim ofreció a Radio Victoria pagar los costos de construcción de su nuevo edificio y de comprar $8,000 dólares de publicidad en la emisora. Radio Victoria rechazó esa oferta.

El apoyo comunitario a los megaproyectos se logra en muchos casos mediante una intensa campaña publicitaria promocionando los aspectos que a simple vista parecerían muy beneficiosos, el drástico aumento de puestos de trabajo, el aumento en el presupuesto municipal, el remanido concepto de desarrollo que viene de los países desarrollados, el cuento de la “minería verde”, la inversión, el mejoramiento comunitario, etc.

Mientras por otro lado se soborna directamente o en forma indirecta a funcionarios, fuerzas policiales, miembros del aparato de justicia, referentes y operadores de la opinión pública, jefes o líderes religiosos y eclesiales, y tratando de comprar las voluntades del resto de la población, como lo dice el Coordinador de Producción Educativa de Radio Victoria, Elvis Zavala: “Pacific Rim patrocinó todas las fiestas patronales de cada municipio de Cabañas, que en realidad eran grandes carnavales que se hacían en pueblos muy pequeños, con hasta cuatro fiestas bailables, con las mejores discos del país y totalmente gratis.

La empresa también reparó y remodeló iglesias y templos en este departamento, con el peso simbólico que esto tiene para el imaginario cultural salvadoreño, con el fin de comprar la voluntad de la gente”.

Estas mega-compañías tienen en definitiva dos listas, en una están sus empleados y sus promotores a sueldo y en la otra los críticos a ese tipo de proyectos.

En la primera lista se encontraba el Alcalde de San Isidro, el Ingeniero José Ignacio Bautista, férreo defensor de la Pacific Rim, de la cual recibió, al menos, viajes pagados a los Estados Unidos para promocionar el megaproyecto entre los salvadoreños residentes en ese país.

También Bautista, candidato de ARENA, fue denunciado por Marcelo Rivera, repetidas veces, por fraude al extender identificaciones a personas no residentes en San Isidro durante los comicios municipales de enero del 2009.

Bautista no fue el único funcionario beneficiado por la Pacific, el alcalde de Sensuntepeque Edgar Bonilla (ARENA), el de Ciudad Victoria Juan Antonio Ramos (ARENA), los diputados por Cabañas Carlos Reyes y Beto Rivas, ambos de ARENA y el alcalde de Guacotecti, Medardo Antonio Méndez del Partido de Reconciliación Nacional, también formaron la lista de sus promotores.

En esa lista también entró un personaje mucho más subalterno, Oscar Menjivar, cuya acción directa mediante el machete y un arma de fuego trató de amedrentar a por lo menos dos residentes de Nueva Trinidad opuestos al proyecto minero.

José Santos Rodríguez, un campesino de subsistencia de Nueva Trinidad y miembro del Comité Ambientalista de Cabañas, viajó al Valle de Siria, Honduras, donde compañías mineras canadienses desarrollan proyectos de explotación aurífera. Rodríguez comprobó por si mismo la devastación al medio ambiente, a la salud humana, a la economía regional, a los cultivos y al ganado, causada por la minería metálica a cielo abierto.

Rodríguez fue atacado a machetazos por Menjivar, perdiendo dos dedos de su mano derecha.

Otra víctima de Menjivar fue Ramiro Rivera, presidente del Consejo Comunitario de Nueva Trinidad, quien salvó su vida milagrosamente luego de recibir 8 disparos de arma de fuego.

Menjivar es conocido en las comunidades de Cabañas como asalariado de la Pacific Rim.

Marcelo Rivera no tuvo tanta suerte, su cuerpo mostraba señales de tortura similares a las aplicadas por los Escuadrones de la Muerte. Su traquea fue rota con un cordón de naylon.

El 7 de julio la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 4 pandilleros como los responsables del asesinato de Marcelo Rivera.

Según las investigaciones de la DECO, la víctima y los sospechosos detenidos “estaban tomando bebidas alcohólicas en una casa abandonada en la comunidad Las Flores, cantón Agua Zarca, cuando empezaron una pelea que terminó con el homicidio del activista del FMLN”.

Tanto la Fiscalía General de la República como la Policía caen en contradicciones grotescas, dice el abogado Héctor Antonio García Berrios, como la causa del deceso de Marcelo Rivera, que según los organismos judicial y policial, fue causado por dos martillazos en la nuca, cuando la pericia forense determinó muerte por asfixia, y la otra contradicción se centra en el alcohol, cuando Marcelo Rivera no lo ingería.

Sobre los actores materiales de la muerte de Marcelo hay tres en la cárcel y el cuarto en libertad por minoría de edad. Según investigaciones de Radio Victoria la Jueza a cargo del caso lo dejó en libertad sin notificar a la fiscalía.

Radio Victoria afirma que la Jueza está comprada, ya que el sujeto podría estar dispuesto a declarar pero su paradero se desconoce.

El 8 de julio el Fiscal General de la República (FGR) confirmó el asesinato de Marcelo Rivera. El jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Delgado declaró: “Hasta la fecha no existe evidencia de un autor intelectual del asesinato. No estamos cerrados a cualquier posibilidad, pues si la investigación nos arroja indicios de que ha existido una autoría intelectual se van a formular las acusaciones correspondientes”.

También sostuvo que entre los presuntos asesinos y la víctima “se ha logrado establecer una relación de amistad, lo cual al calor del alcohol ha generado este hecho de sangre. Estaban en una vivienda (rural) de Ilobasco y es en ese lugar donde se le causa la muerte por estrangulación”.

Las declaraciones de Delgado se contradicen con el historial de denuncias por amenazas de muerte e intentos de secuestro y asesinato a miembros activos de la comunidad contra la minería a cielo abierto.

Este historial de amenazas y violencia política arranca desde el año 2006 a comunicadores comunitarios y alternativos de Radio Victoria de Ciudad Victoria, Cabañas.

Radio Victoria ha estado transmitiendo durante 16 años y es miembro fundador de ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, y a su vez miembro de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Uno de los miembros de Radio Victoria, Elvis Zavala comentó, “las amenazas del 2006 estaban relacionadas con las denuncias que hacíamos por fraude electoral contra el Partido Arena y contra la empresa minera por daño medioambiental, pero desde la desaparición y posterior asesinato de Marcelo Rivera, las mismas se intensificaron”.

Vilma Recinos, también trabajadora de Radio Victoria, el sacerdote católico Luís Quintanilla, la jefa de prensa de la misma emisora Isabel Gómez, José Beltrán, Elvis Antonio Natarén trabajadores de la emisora y los corresponsales Ramiro Laínez, Vladimir Abarca Ayala, Ludwin Franklin Iraheta, Edward Lara, Haydeé Rivas y Pablo Ayala han sido sistemáticamente amenazados de muerte mediante mensajes a sus celulares, correos electrónicos y cartas manuscritas.

En el caso de Pablo Ayala, a comienzos de septiembre de este año hubo por parte de la Policía y del Ejército actos intimidatorios al proceder a un registro de la vivienda de Ayala en busca de supuestas plantaciones de marihuana. Los efectivos le preguntaron a Ayala por la situación de amenazas denunciadas por los miembros de Radio Victoria. Familiares de Ayala también sufrieron en ese mes y el siguiente intimidaciones y abusos por parte de la fuerza pública. Con respecto al caso del Padre Quintanilla, a poco más de un mes de la desaparición de Marcelo Rivera, fue interceptado por hombres fuertemente armados. Quintanilla salvó milagrosamente su vida. Tanto la fiscalía de Sensuntepeque como la fuerza pública se resisten, en forma por lo menos sospechosa, a vincular los casos de amenazas anteriores sufridas por el sacerdote, con el intento de su secuestro y asesinato. Otros miembros del movimiento popular fueron tambien amenazados, como son los casos de Walter Laínez, miembro del Comité de la Memoria Histórica y militante del FMLN, y de Antonio Pacheco director de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de Sensuntepeque, ambos participantes del movimiento contra la minería metálica. Pero si las amenazas son anónimas, los señalamientos hacia las voces críticas a la actividad minera tienen su origen en personeros orgánicos de la ultraderecha salvadoreña. Durante la campaña electoral municipal de diciembre del 2008 y enero del 2009, el actual alcalde de Ciudad Victoria Juan Antonio Ramos, y candidato por ARENA para esa fecha declaró, “Radio Victoria es una radio guerrillera, pertenece al FMLN y tiene armas escondidas en su edificio”. En mayo de este año se destruyó la antena de enlace de Radio Victoria y para fines de julio el sistema eléctrico del local de transmisión fue saboteado, causando la salida del aire de la emisora por 24 horas. Esta seguidilla de amenazas, hostigamiento, persecución y atentados contra un grupo particular de ciudadanos y organizaciones concientes y decididos a defender sus derechos a una vida sin explotación y deterioro de su medio ambiente, es difícil no vincularlos con poderes políticos y económicos como los autores intelectuales de los mismos, como pretende, con malabares, el jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la FGR, Rodolfo Delgado.

El periodista independiente Jamie Moffett viajó desde Filadelfia a El Salvador, pocos días después de la desaparición de Marcelo Rivera, con el propósito de finalizar un trabajo documental “Return to El Salvador” sobre las secuelas sociales de la guerra civil y las actuales luchas del pueblo salvadoreño. “Si el asesinato de Marcelo queda en la impunidad, esto generará un clima de intimidación e inseguridad para los demás líderes sociales y activistas políticos, minando los avances en el proceso democrático de El Salvador”.

Moffett realizó un documental, “The mysterious death of Marcelo Rivera” (“La misteriosa muerte de Marcelo Rivera” con subtitulos en Español), con el propósito no sólo de mostrar que el tipo de violencia política sigue existiendo en el país centroamericano, sino también que los ciudadanos de los Estados Unidos tienen la responsabilidad y la posibilidad de ayudar a parar esa violencia”.

“Nuestra conciencia colectiva –dice Moffett- ha sido barrida. El Salvador, un país del tamaño del Estado de Massachusetts, ha sufrido enormemente y ese sufrimiento ha sido producto de las políticas de los Estados Unidos...tenemos que revertir la situación en la cual muchos estadounidenses pagan sus impuestos para que ellos sean usados para asesinar y torturar en lugares como El Salvador”.

Otro documentalista, Jesse Freeston quien trabaja para la agencia alternativa Real News, produjo “Gold, impunity and violence in El Salvador”.

La Asociación de Desarrollo Económico Social de Cabañas, produjo el documental “Persecuciones políticas a líderes sociales en Cabañas, El Salvador”

La voz de los héroes y mártires no se puede silenciar, se multiplica en el protagonista más genuino de las luchas sociales, el pueblo.

Cabañas grita, “Marcelo vive, y la lucha sigue”.

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Crisis, acumulación y forma de Estado en la Argentina post-neoliberal (Parte II)

Jorge Sanmartino (especial para ARGENPRESS.info)

La función y la forma de la dominación

La teoría marxista del Estado, que desde principios de siglo XX hasta nuestros días avanzó considerablemente, puede proporcionarnos instrumentos adecuados para comprender en carácter objetivo de la dominación, sin exigirnos buscar en cada personal político un agente clasista directo ni encontrar en el más leve hecho de corrupción el signo de un “capitalismo de amigos”.

La función del Estado es la de permitir la reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas y, en países periféricos como el nuestro, conectarla con las corrientes de capital internacional, favoreciendo su inserción en la división internacional del trabajo. Pero como ello debe realizarse en el ámbito nacional, sólo puede lograrlo por su intermediación, en conexión con las clases nacionales y su abigarrada trama social, cultural y política. Sólo bajo ciertas excepciones estas corrientes de capital logran conectar el ámbito internacional con el nacional de manera directa, mediante la colonización o la invasión militar (Evers, 1987). Como sabemos, toda mediación es una negación parcial y en consecuencia, para cumplir la función de reproductor de las relaciones sociales capitalistas cuya presión sanguínea proviene del mercado mundial, debe hacerlo negando parcialmente su pulsión y atendiendo a la composición de las relaciones sociales locales. El ámbito nacional de acumulación, sin embargo, quedó interferido por la crisis política y la capacidad de reestructurar y relanzar el proceso de acumulación, lo que demandó la negación parcial de esa pulsión, atendiendo a la readecuación y la integración de las fuerzas sociales emergentes, que exigió alcanzar nuevos equilibrios hegemónicos que no podían sustraerse a las presiones sociales locales. Sin esta dinámica contradictoria creo que no puede comprenderse cabalmente conflictos como el que estalló a raíz de la elevación de los derechos de exportación a la soja. Una buena opción para entender la dinámica económico-política de los últimos siete años, es volver al texto del último Poulantzas, que entiende al Estado como una condensación de relaciones de fuerza y donde la capacidad de una clase de realizar sus intereses está en conflicto con la de las otras (Poulantzas, 1987; 180). Aunque las luchas conservan siempre la primacía con respecto a las instituciones de poder, nunca dejan de inscribirse dentro de su campo. Podríamos de esta manera abandonar la perspectiva esencialista por la cual las luchas sociales se hallan frente al poder del Estado de manera exterior, algo que comparten, luego de tantas querellas, el marxismo ortodoxo con su perspectiva instrumentalista y el autonomismo con lo social instituyente en exterioridad radical con el poder instituido. Una perspectiva relacional, donde la lucha de clases y las fuerzas en disputa atraviesan tanto a la sociedad civil como el cuerpo del Estado, puede ser más fructífera y no menos radical.

Lo que caracterizó el cambio en la forma de Estado del paso del neoliberalismo al neodesarrolismo, es la metamorfosis de tres niveles complementarios del aparato de Estado: la relación de fuerzas, las instituciones en que ellas cristalizan y las ideologías que le dan legitimidad.

Ellas son constitutivas de un tipo de Estado. La crisis del 2001 no se desató sólo por el impasse económico, la fuga de capitales, las altas tasas de interés internacionales y la crisis de la deuda. Ellas lo hicieron porque fracasaron los intentos de imponer la dolarización o reducir el déficit fiscal al nivel requerido para relanzar el proceso de acumulación y generar nuevas olas de inversión. Como se ve, la lucha de clases fue el límite para una reorganización neoliberal del patrón de acumulación o una transformación concertada mediante un cambio gradual del tipo de cambio. Es verdad que una crisis parecida sufrieron México en 1994 o Brasil en 1999 como consecuencia de las contradicciones sistemáticas del tipo de acumulación financiera basado en crecientes déficits y endeudamiento, pero en ambos casos la capacidad política de afrontarla contrastó con la constricción popular local, y por eso mismo las salidas post-crisis en ambos países ni fueron traumáticas ni evidenciaron los cambios de modelo y forma estatal que sí se dieron aquí.

La devaluación de la moneda y otras acciones e instituciones emergentes, favorecieron la recomposición del bloque en el poder: el sector exportador industrial y agrario pasó a liderar ese bloque, acompañado por el apoyo activo de las fracciones capitalistas mercadointernistas y el sector financiero que se vio perjudicado pero a su vez se aseguró el rescate de sus pasivos. Los sectores de empresas públicas privatizadas vieron caer sus activos en dólares y dejaron de encabezar el crecimiento e incluso en ocasiones perdieron las concesiones.

Como lo define Varesi, “el modelo post-convertibilidad comienza a configurarse a partir de seis políticas centrales: la devaluación, la implementación de retenciones a la exportación, la pesificación asimétrica de deuda privada, el “salvataje” al sector financiero, el default y el congelamiento y renegociación de tarifas” (Varesi, 2009).

Este nuevo bloque de poder es objetivo, estructural e impersonal en sus rasgos sustantivos, no se conforma con agentes directos en el gobierno (los empresarios amigos no definen en este caso el carácter constitutivo de los intereses del bloque en el poder y entre los cuales se ha generado más de un choque frontal, como en el caso del paradigmático beneficiario del modelo post-convertibilidad: Techint).

El menemismo fue la expresión más radical de un Estado instrumentalizado por el capital más concentrado, cuyo bloque de poder tuvo un claro eje en el capital financiero, donde los funcionarios y el aparato burocrático-administrativo se integraron legal o ilegalmente a los negocios e intereses empresarios, y los equilibrios sociales fueron rotos de manera contundente por la derrota política de la clase trabajadora en el bienio 89-91. El Estado apareció no como el “interés general de la sociedad” sino de la fracción del capital financiero dominante, permitiendo la fragmentación social y la segmentación laboral, cimentado por un consenso negativo en el terror hiperinflacionario, la ideología exitista del derrame, las relaciones carnales con EEUU y el mercado y el consumo como horizonte último. El Estado neoliberal de los años 1991-2001, hizo coincidir su función con su forma, apareciendo abiertamente como un comité político de las fracciones más concentradas e internacionalizadas del capital, permeando todo el cuerpo del Estado con su modalidad neoliberal.

El cambio operado por la crisis del 2001 atañe a los fundamentos mismos de las formas en que el Estado podía relanzar el proceso de acumulación. Así, al nuevo bloque de poder hegemonizado por la burguesía exportadora, debía agregarse un factor de indiscutible importancia: la emergencia de las clases populares a la arena política, que abrió una nueva situación sociopolítica, que puso límites y condicionó el relanzamiento del proceso de acumulación. Así, lo que emerge es un Estado neo-desarrollista obligado a realizar compromisos con las clase subalternas. No las incorporó al Estado como lo hizo el gobierno de Cámpora y Perón el 1973, sostenido en un pacto social como eje de su (precaria) estabilidad, o lo hizo de manera tan marginal (algunos funcionarios menores en el Ministerio de Desarrollo Social y otros puestos sin relevancia estratégica) que no tiene implicancias para el bloque de poder. El por qué este compromiso es débil lo trataremos más adelante. Lo importante es destacar las exigencias formales de un compromiso que obliga a nuevos equilibrios dinámicos, a la negociación, a las medidas contradictorias, que son constitutivas de un tipo de Estado que administra su legitimidad por medio de dichos equilibrios y que como consecuencia logra cierta autonomía, haciendo pesar sus propios intereses partidistas como un factor más en el reequilibrio de fuerzas estatales y sacando partido del arbitraje social.

El cambio fundamental de una forma de Estado neoliberal a otra neodesarrollista de compromiso débil se explica por la reconfiguración tanto horizontal (entre clases dirigentes) como vertical (entre clases antagónicas) de las relaciones de fuerza que reorganiza las conexiones entre economía y política y otorga nuevas modalidades a la organización institucional.

Fisonomía de un nuevo modelo

Aunque una tipología completa de las transformaciones operadas en las formas sociales, institucionales e ideológicas es una tarea aún pendiente, algunas de ellas son nodales.

1) En el terreno económico-político el primer cambio fundamental es el valor de la moneda. Aquí la devaluación del peso fue decisiva. La estructura productiva de la post-convertibilidad se apoya en una nueva paridad que redistribuye los excedentes. Ella relanza la competitividad internacional de los productos exportables, permite una baja de costos considerables del salario y los insumos en dólares, y crea una barrera monetaria que impulsó la sustitución de importaciones y sacó del estancamiento y retroceso a sectores industriales locales que producen para el mercado interno. Aunque dicha competitividad disminuyó por la apreciación del peso en los últimos dos años respecto a otras monedas que con la crisis se devaluaron, la brecha sigue siendo significativa e incluso, desde agosto-septiembre del 2009, la reevaluación de las monedas como el real y el euro restituyen nuevamente la brecha. A su vez, la devaluación depreció los activos de las empresas privatizadas extranjeras, operando una clara transferencia desde la cúpula de estas empresas hacia las productivas.

2) Otro elemento institucional fue la recuperación de la política de emisión monetaria, control de la tasa de interés y supervisión de egresos e ingresos de capitales. Mientras el peso convertible jugó su destino a la fluctuación del dólar, la libre flotación otorga mayores grados de libertad cambiaria y de control de crisis. Además, mientras la sobrevaluación estableció una economía de endeudamiento, la devaluación favoreció el superávit comercial y de cuenta corriente y el fortalecimiento de las reservas.

3) En el plano social, el Estado neoliberal nace con la derrota del movimiento laboral mientras que el neodesarrolista lo hace como consecuencia de una fuerte activación social. El primero consolidó una fuerte exclusión política de los sectores subalternos, cerrando los canales de acceso al Estado del sector popular y sus aliados; en el terreno económico jugó un papel altamente desintegrativo, al provincializar los recursos de salud y educación, y desactivar programas sociales establecidos tradicionalmente durante décadas (desmantelamiento de planes de vivienda, sistema de indemnizaciones, carga impositiva e incluso privatización del crédito). El Estado neodesarrollista sostiene políticas de mercado reguladas y de subsidios.

4) El Estado neoliberal operó un fuerte proceso de despolitización y desideologización de la vida nacional, transformando la toma de decisiones respecto a las líneas fundamentales de la política económica en problemas de índole técnico-administrativo y sustrayéndolas del debate político, mientras que el Estado neodesarrollista se ve obligado, para redistribuir los excedentes, a hacer cumplir un papel activo al Estado y politizar la toma de decisiones, colocándose nuevamente como objeto de las demandas populares. Uno se apoyó en la retórica de integración al mercado mundial y a EEUU, mientras que el otro apuesta a la integración multilateral y se reserva grados de autonomía en la política exterior.

5) El primero estuvo orientado al aumento de productividad mediante una política de mercado, privatización y endeudamiento, mientras el segundo persigue su objetivo a través de la protección regulada de importaciones y superávit de divisas.

6) En el plano laboral, el primero hizo eje en las negociaciones individuales y por empresa condicionadas a la productividad y flexibilizó las relaciones laborales, mientras el segundo establece como centro las negociaciones colectivas y el salario mínimo y estableció una serie de leyes y decretos (moderados) de sentido protector. Volveremos sobre este último punto.

7) El Estado neoliberal capitalizó los aportes previsionales desfinanciando al Estado y empujándolo al endeudamiento, imponiendo la lógica competitiva sobre la solidaria, mientras el neodesarrollista los recupera como instrumento de acción estatal.

Estos rasgos diferenciales han sido acompañados por políticas continuistas, como la conservación del esquema de servicios públicos privatizados (a pesar de algunas estatizaciones no estratégicas), la descentralización provincial de los servicios educativos y de salud que se ha mantenido, la enajenación de los recursos naturales, la orientación agrominera-exportadora, las tenues modificaciones en el patrón impositivo (salvo en lo tocante a las retenciones a la exportación), el papel aún sobresaliente de la banca privada en la distribución del crédito, entre otros aspectos. En lo que se refiere al modelo de desarrollo post-neoliberal (Sader, 2009; 71), asistimos a una hibridación de tendencias neoliberales y regulacionistas, que bien puede ser descrito como transicional, pues no está claro si las fuerzas conservadoras y el capital concentrado podrá imponer una nueva apertura económica y una nueva ronda de desregulación que acompañe el furor exportador de materias primas o bien los sectores populares y una clase trabajadora debilitada pero emergente podría poner límites a dicha tendencia. O si, por último, el gobierno actual y el siguiente logren un equilibrio entre ambos.

Transferencia de excedentes

Como lo indica Verasi, los seis elementos estructurantes del modelo neodesarrollista, implican una transferencia de excedentes hacia la cúpula empresaria exportadora y del mercado interno. Pero no se debe olvidar que ella ha estado cruzada por una doble transferencia. Así, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y transporte, mediante subsidios a las empresas de servicios y trasporte público, estuvieron caracterizados por un temor constitutivo al resurgimiento del malestar popular. No son transferencias sólo al bolsillo del empresariado nacional sino también del trabajador. Sosegar la ira de las clases medias fue también una ardua tarea gubernamental que requirió fondos. Otro tanto sucedió con la inflación. El limitado control de precios que tanta animosidad recibió de los medios y las empresas, fue resultado de la incapacidad de afectar un mercado de alimentos altamente concentrado y monopolizado y, a su vez, de ponerle límites al aumento de precios a la canasta básica. Los subsidios a la carne, leche y otros productos, abandonando la determinación de los precios por el mercado, obedece a un criterio político. Las retenciones fueron su máxima expresión, única forma de contener el ímpetu inflacionario en un país exportador de bienes salarios. La recaudación fiscal aseguró el cumplimiento de las obligaciones financieras y los subsidios a la burguesía industrial, pero también un freno a la espiral inflacionaria, una medida central para sostener el salario real y por lo tanto la legitimidad política y la conservación del apoyo de las clases subalternas. Los niveles de inflación en relación a un tipo de dólar caro y demanda en crecimiento son históricamente bajos (también lo es la baja presión salarial, fruto de las nuevas condiciones de fragmentación del mercado laboral).

El sostenimiento de una moneda competitiva favoreció al bloque de poder antes mencionado. La inversión trepó a niveles record y se revirtió el proceso de creciente desindustrialización sufrido en la década del 90. La redistribución de excedentes mediante las retenciones y otros impuestos que permitieron el aumento del gasto público en un 300% empujó mayores niveles de la demanda. La reactivación de ramas de producción de alto nivel de demanda de mano de obra permitió la creación de casi tres millones de puestos de trabajo, permitiendo la recuperación del sindicalismo y la capacidad de negociación de los trabajadores.

Una de las medidas características del nuevo pacto neodesarrollista fue la vuelta a un sistema previsional basado en el sistema solidario de reparto, que constituye una medida estructural de transferencia de recursos del sector financiero al provisional y permita al Estado nacional mayor autonomía y control de los fondos, que en los 90 fueron los causantes del déficit fiscal crónico y el endeudamiento a tasas altas. Así, el balance del sector bancario, que fue rescatado en su momento como sector clave, también se ve subordinado a los intereses de otras fracciones de clases y de la autonomía estatal.

En conclusión, la combinación de derechos de exportación a la agricultura y el petróleo, los acuerdos de precios y los subsidios favorecieron una transferencia de excedentes desde sectores de altas rentas y fuerte impacto en los precios, hacia ramas de menor rentabilidad pero mayor creador de empleo (industria, servicios y construcción).

Mercado de trabajo

La cuestión laboral es un tema nuclear de la reestructuración del capital y del tipo de compromiso estatal articulado a partir de la crisis del 2001.

El desempleo bajó más allá de la recuperación de la capacidad ociosa, mostrando que los niveles de inversión altos ejercían influencia sobre la creación de puestos de trabajo aunque la velocidad de creación haya disminuido.

El aumento del 500% del salario mínimo elevó los pisos de los salarios nacionales y favoreció a los no registrados del sector privado que estaban rezagados respecto a los registrados. Los estatales, por último, elevaron su promedio con un repunte desde el 2007. El efecto global fue la elevación del piso nacional de salarios para el conjunto de la fuerza laboral. La recientemente creada asignación de 180 pesos por hijo para familias de desempleados y trabajadores informales y cuentapropistas con ingresos menores al salario mínimo, eleva a su vez el piso salarial para familias numerosas y modificará de manera importante los niveles de pobreza e indigencia, siempre y cuando el monto sea actualizado de acuerdo a los datos de inflación. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil fue activado luego de 11 años y empujó hacia arriba a los convenios más bajos.

El haber jubilatorio mínimo aumentó entre el 2003 y el 2009 un 413% y se incorporaron más de 1,8 millones de beneficiados que estaban fuera del sistema.

Mientras que la devaluación del 2002 implicó una reducción sustancial del salario real, el posterior aumento por decreto de los salarios y la convocatoria de convenciones colectivas, lo fue elevando más allá del pozo recesivo de 1998-2002 y lo colocó al nivel del promedio de la década del 90 (1), aunque siempre rezagado en relación a los aumentos de productividad. Aún no llega a los niveles de 1993 (la medición más alta para la década), un pico que fue efímero y tuvo que ver con la recomposición coyuntural del poder adquisitivo luego de la hiper. Más importante aún, en los 90 el salario real de la población obrera en activo se mantuvo en niveles relativamente altos por el abaratamiento general de las mercancías que inducía la sobrevaluación del peso, es decir que se logró a costa de un desempleo récord y por lo tanto mediante la disminución de la masa salarial total, mientras que en el período neodesarrollista el salario real se recupera moderadamente pero acompañado de una también creciente población obrera en activo, que eleva su participación en el PBI. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), que calcula el salario real en base a institutos provinciales de estadística y al Ministerio de Trabajo, el crecimiento del salario real para los trabajadores registrados desde 2003 a 2008 asciende de un índice de 82 a 124, es decir un incremento del 151,2% (2) antes de la crisis de 2008, cuando se estanca o incluso retrocede levemente con el conflicto agrario y el aumento de precios.

El salario indirecto también creció acompañando la tendencia general. Otra serie de medidas, leyes y decretos se orientaron a regular las relaciones del trabajo y fortalecer la posición sindical, eliminando una serie de medidas del período de la “Ley Banelco”, como la ultra-actividad, sustrayendo la negociación laboral a la determinación completa de mercado (Neffa y Panigo, 2009). En 2008 se cerraron 1231 convenios y acuerdos colectivos que fueron homologados por el Ministerio de Trabajo, en comparación con los 219 de 1998, el año de mayor cantidad de convenios firmados (muchos a la baja) en toda la década. Lo curioso del caso argentino y del tipo de arbitraje que cumple el gobierno, es que a falta de reacción sindical, fueron los mismos decretos del Poder Ejecutivo los que hicieron reaccionar el largo sueño sindical y dinamizaron la puja distributiva. No obstante los decretos se enmarcaron en una situación general favorable a los trabajadores y a luchas particulares como la de subtes, telefónicos, petroleros y docentes que marcaba desde el 2004 la tendencia ascendente de la lucha sindical.

El mejoramiento de las condiciones globales redujo el trabajo no registrado del 52,42% al 36,5%, desestimando las apreciaciones opuestas sobre mayor precarización (Svampa, 2008) pero insuficientes para retrotraer la situación previa al auge neoliberal. En el período comprendido entre 2003 y 2008, 85 de cada 100 empleos generados lo hicieron como empleo registrado.

El crecimiento económico de los últimos años revirtió una tendencia de los años 80 y 90 a la subida del coeficiente Gini de distribución personal, que en el ciclo actual comenzó a disminuir (3). Esto se verifica en las distintas mediciones (Altivir, Fishlow et al, Cerisola et al, CEPAL), aunque todavía se mantiene sobre el nivel de 1993. En los períodos anteriores, desde 1975 hasta 2002 independientemente de los ciclos de crecimiento o recesión, el índice cayó de 0,5 a 0,35 mostrando la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres (Gaggero, 2008). El proceso abierto en 2003 logra una reversión de esa trayectoria, pero que aún está lejos de alcanzar los niveles de equidad de hace 40 años. Una tendencia similar se puede observar respecto a la distribución funcional del ingreso (participación de la masa salarial total en el PBI). En sus distintas mediciones, que no son comparables con las curvas históricas (BCRA, Llach-Sánchez, FIDE, CEPAL), se evidencia una caída del excedente bruto de explotación y aun aumento proporcional de la participación salarial. De acuerdo a la recopilación efectuada por Lindemboin en 2005 la curva quedaba bajo el nivel del 2001, pero las estimaciones para 2006 y 2007 la superaban, aunque no proporcionó más datos desde esa fecha. Un índice similar ofrece la curva de la distribución funcional según la cuenta de Generación del Ingreso (CGI) de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales que estima para los mismos años superar el pico de 2001(la comparación entre uno y otro puede hacerse en Grasso, 2009).

En conclusión, el mejoramiento de los índices sociales que acompañó el crecimiento económico evidencia un movimiento doble: recuperación de la capacidad de negociación de los trabajadores sobre la base de una matriz productiva diferente a los años 90, una institucionalidad obrero-patronal y un rol del Estado diferente al neoliberal y, por otra parte, una hasta ahora insuficiente recomposición de los índices sociales que impiden transformar al mercado doméstico y la demanda de bienes de consumo en el motor del crecimiento económico, conservando el patrón de alta precariedad laboral y segmentación de ingresos al interior de los trabajadores, que evidencian dificultades estructurales para revertir tendencias de un proceso de globalización capitalista de más de 13 años, que imprimió sus caracteres sobre una economía dependiente y exportadora de bienes primarios o semi-elaborados. La dispersión de los ingresos salariales, además, es la causa de persistentes índices de pobreza.

El mejoramiento de la posición de la clase trabajadora es la que explica enteramente el cambio en el patrón de los conflictos laborales, desde una marcada presencia del movimiento de desocupados hacia la creciente participación de trabajadores en conflictos laborales (Palomino, 2007). (4)

Ver también:

Jorge Sanmartino es Sociólogo UBA- IEAL, integrante del colectivo Economistas de Izquierda (EDI).

Notas:
1) El manoseo de los datos del Indec hace imposible por ahora calcular efectivamente el salario real nacional 2008-2009, por la poca fiabilidad de los índices de inflación, aunque distintos estudios han tomados diversas fuentes, sobre todo de institutos provinciales para medirlos.
2) El trabajo en Argentina (2009). Condiciones y perspectivas. Informe Trimestral. Otoño.
3) Datos obtenidos hasta el segundo cuatrimestre del 2006. http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas/archivos_upload_items/desigualdad_arg_1.xls. Para el salario real en distintas mediciones ver http://www.tel.org.ar/est/inftrioct09.pdf
4) Los hechos de rebelión en Argentina 2002-2007. PIMSA, Documento de Trabajo Nº 28. En http://www.pimsa.secyt.gov.ar/publicaciones/DT28.pdf

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Argentina: Reportaje a Félix Herrero, “En energía, los Kirchner siguieron la misma línea del menemismo”

Gonzalo Dal Bianco (PUNTAL - COPENOA)

El ex director de Yacyretá asegura que es necesario retomar el control de los recursos energéticos y cargó contra Enarsa, a la que consideró “un nido de corrupción impresionante”. Sugiere imitar a Brasil.

Félix Herrero es economista y abogado, pero su especialidad está en el campo de la energía. Trabaja junto a Pino Solanas en Proyecto Sur, pero además encabezan el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO). Con una aguda mirada sobre el mercado energético, Herrero no tiene dudas de que el crecimiento nacional sólo será posible a partir de la recuperación de recursos estratégicos como el gas y el petróleo. Por eso, cuando Solanas asuma el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados presentará un proyecto para crear PetroArg, una empresa petrolera estatal enfocada a la exploración en el Mar Argentino.

En diálogo con PUNTAL, trazó un complejo horizonte energético para el país, cuestionó a los ex secretarios de energía que elaboraron un documento apuntando a las tarifas como principal factor de la desinversión, y aseguró que Enarsa es “un nido de corrupción impresionante”.

¿Cuál es la situación energética del país hoy?

Es primero una crisis de cantidad y no de precio como por ahí se plantea. Argentina está importando ya gasoil, fuel oil, gas natural, gas natural licuado, uranio; es decir que nos hemos convertido de un país autoabastecido, e incluso exportador, a otro importador neto de energía.

¿Qué consecuencias puede tener este cambio?

En primer lugar, el encarecimiento de toda la producción nacional. Desde el agro que utiliza fertilizantes y gasoil, el comercio por el transporte, y nuestros productos de exportación. Esto nos quita ventajas competitivas. Y desde el punto de vista del consumidor, del usuario, en tanto y en cuanto se encarecen los servicios energéticos como la energía eléctrica y el gas, está perdiendo salario real, su salario se disminuye. Entonces estamos sufriendo una crisis que más allá del problema de las tarifas es una crisis que nos ha convertido en importadores cuando éramos autoabastecidos, con menor competencia de exportaciones porque nuestros productos se encarecen y de menor salario en un país que continúa una tendencia de empobrecimiento. Esto todo es muy negativo.

¿Se puede superar?

Sí, se puede superar y se debe superar. Es posible mientras tengamos decisiones en dos sentidos. Una de tipo de sentido nacional y de servicio público, que la energía sirva para la gente y para la producción de la Argentina; y que se tomen medidas de largo plazo, en un sentido estratégico de la política argentina, que no la tenemos porque hay demasiadas medidas de corto plazo que se van arreglando una tras otra y no logramos una concepción permanente como tienen otros países.

Entre los enfoques que centran su mirada en lo tarifario hubo un documento publicado por los ex secretarios de energía de la democracia, ¿se refería a ellos?, ¿es una mirada equivocada?

Es muy interesante porque ellos dicen que faltan energéticos, que hay caída de reservas, porque no se invierte, y en eso estamos todos de acuerdo. No hay inversión y no hay descubrimientos de petróleo nuevo, no hay inversión en pozos de exploración. Pero no estamos de acuerdo en las causas porque para ellos lo predominante son las tarifas bajas y para nosotros la causa es que con la privatización no sólo se han entregado los yacimientos, la gestión energética y perdido la renta petrolera y gasífera, sino que también hemos perdido la decisión de invertir. Es decir, las concesiones les dan a las multinacionales la voluntad de reinvertir en la Argentina, en el Golfo de México, en Libia o en Argelia. Entonces, como son las multinacionales las que tienen la decisión de invertir y no el Estado argentino que las ha renunciado, no hay inversión. Los ocho subsecretarios deben recordar que estuvieron acordes con las políticas de privatización. Nosotros tenemos una diferencia muy grande con respecto al Gobierno y con re
specto a los ocho subsecretarios. Creemos que hay que recrear la autonomía, la soberanía de las energías estratégicas del país.

¿Revertir el cuadro con esos recursos en manos privadas es imposible?

Hay que mirar al mundo. El 80 u 85% de los recursos están en manos nacionales o en empresas públicas. Menos en Argentina, en Estados Unidos o en Inglaterra. El proceso de los `90 no fue sólo en Argentina. Tenemos que recordar que el 6 de noviembre se cumplieron 20 años del Consenso de Washington, cuando Smith sacó este decálogo de la privatización y de la desindustrialización de nuestros países. Así como cayó a los tres días el Muro de Berlín, el Consenso también fue derrotado en el mundo. Hace 20 años hubo 10 años de vigencia del neoliberalismo, de pensamiento único, pero hoy esto también ha fracasado.

¿En energía también tenemos que mirar como ejemplo a Brasil tras sus nuevos descubrimientos?

Sí. Brasil es un ejemplo de tener política estratégica. Es un país que tiene una Secretaría Ministerial de Asuntos Estratégicos que hasta hace poco estuvo a cargo de -Roberto- Mangabeira Unger, que es un gran profesor de Derecho Público, fue profesor de Obama en Harvard, Obama lo admira, y hace poco estuvo en Buenos Aires en una mesa e invitó a Pino Solanas para que participe. Lo cierto es que Brasil ha relanzado una política petrolera y esos son los beneficios. Constituye el BRIC con Rusia, India y China y mientras tanto realiza una política latinoamericana. Desarrolla el petróleo y entre noviembre del año pasado y mayo de éste descubrió grandes yacimientos off shore, donde constituye una empresa 100% estatal y descubre el equivalente a 40 reservas de petróleo de Argentina. Eso, en apenas unos meses. Pero eso no es casualidad ni se debe a la visión cortoplacista. Se debe a una concepción estratégica que está logrando estos grandes frutos.

¿El primer paso en Argentina debería ser estatizar YPF?

Pino Solanas está presentando un proyecto del cual participé muy activamente que es la creación de una empresa petrolera estatal que se llama PetroArg. Es totalmente nacional y estatal. Es nacional porque el petróleo es nacional y no provincial, y es estatal porque es del estado argentino y no de los privados o del extranjero. Esa empresa lo que debe hacer es tomar el Mar Argentino porque el petróleo territorial ya no es nacional, es provincial. Nosotros creemos que en el petróleo territorial deben vencer las concesiones; hay que hacer una retrocesión de las inversiones porque no han cumplido en mantener las reservas; las de gas han caído a la tercera parte y el petróleo a la mitad, porque no cumplieron con el cuidado de la naturaleza, y para eso basta ir a Córdoba o Neuquén y ver las barbaridades que cometen con los recursos y hasta con los pueblos originarios. No han cumplido tampoco con el principio de que la renta debe servir para la reinversión, directamente no hacen reinversión. Estos son los tres motiv
os por los cuales en Rusia terminaron todas las concesiones norteamericanas, inglesas y francesas estando Putin. Nosotros entendemos qué es lo que debemos hacer, pero por la Constitución de 1994 no lo podemos hacer porque son provinciales. Entonces vamos al Mar Argentino. Lo que proponemos es que todas las concesiones dadas ahí se caigan y se conviertan en todo caso, como hace Perú, en contratos de locación de obra y servicios a través de esta empresa. Queremos recuperar el petróleo del mar lo más rápido posible.

¿Conviviría con YPF?

YPF es una filial de Repsol-YPF. Las acciones de esta empresa, el 14,9% las tiene un señor Eskenazi que no se sabe muy bien el origen porque lo hace con una empresa que está constituida en Sidney, con domicilio legal en Madrid. O sea, no es una empresa argentina. La famosa argentinización no se puede hacer con una empresa australiana. El 85% restante de las acciones son de Repsol, que no es argentina, es española, con gran participación de capital norteamericano. Entonces, con YPF nosotros no vemos el destino de la nacionalización. Lo que vemos es que hay que hacer caer las concesiones que favorecen al grupo Eskenazi y volcar todo a una empresa estatal nueva que es PetroArg.

¿Qué evaluación hace de la política energética del Gobierno?

En esto es la continuidad del menemismo.

¿Y Enarsa?

Es una empresa que crea UTE. Da concesiones creando UTE. En estas concesiones del mar no sabemos qué participación tiene Enarsa. Es una empresa que en vez de generar energía eléctrica, en vez de extraer petróleo y en vez de vender gas natural, funda UTE al servicio de las grandes multinacionales. Es similar a una empresa de Angola que hace UTE, da concesiones, no llama a licitación y entonces todos los negociados de Enarsa no pasan por la licitación pública y como ciudadanos no podemos conocer.

Entrega y garantiza negocios a privados, sin control...

Exacto. Es un nido, una fuente de corrupción impresionante.

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La deuda

Alejandro Olmos Gaona (h) (INFOSUR)

Cuando la dictadura cívico-militar usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, la deuda externa del país alcanzaba los 7.500 millones de dólares. La nueva política económica del ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, la multiplicaría seis veces mediante una política funcional a los intereses de los bancos extranjeros, que además, sería un factor decisivo en la destrucción del aparato productivo del país y contaría con la colaboración activa de los organismos multilaterales de crédito, lo que quedó evidenciado cuando a los tres días del golpe el FMI otorgara un préstamo a la dictadura, que había sido negado al gobierno constitucional.

Resulta singularmente extraño que en todo el material escrito sobre el endeudamiento externo, se ignore –salvo algunas excepciones– la investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal Nº 2, donde se pudo determinar con claridad, en una causa ya sentenciada, y en otras dos que se encuentran en pleno trámite, el origen de la deuda, sus características y beneficiarios; identificándose con claridad a quienes la instrumentaron y renegociaron, perjudicando gravemente las finanzas de la República. Se prefiere recurrir a las teorizaciones especulativas, a cifras no siempre confiables y a criticar políticas económicas, sin entrar en ningún caso a desentrañar lo sustancial de un proceso que resultó ser el paradigma del fraude.

Los peritos que realizaron la auditoría por disposición de la justicia federal, en la denuncia iniciada en 1982 por Alejandro Olmos, determinaron sustancialmente que esa deuda no tenía justificación económica, ni administrativa, ni financiera y que se desconocía el destino de los fondos, además de encontrarse probados los ilícitos denunciados. Pero mas allá de esas pericias, la investigación fue mostrando la discrecionalidad con la que se manejaron los fondos públicos; el endeudamiento sin justificación de las empresas del Estado, la falta de todo registro de la deuda, y el haberse llegado al extremo de consignar en “una libreta negra” el manejo de las reservas internacionales para sustraerla a cualquier posibilidad de auditar la corrección de tales colocaciones. Se probó la responsabilidad del FMI, que monitoreó en forma permanente todo el proceso, para lo que había designado un representante permanente con oficinas en el Banco Central. Un ejemplo de todo ese delictivo proceso lo constituye la deuda de YPF, que de 363 millones de dólares en 1976 pasó a más de 6.000 en diciembre de 1983, sin que la empresa recibiera los dólares a los que se obligaba.

A pesar de los reiterados discursos de Martínez de Hoz y de sus sucesores, la realidad de las cuentas públicas muestra que la balanza de pagos tuvo un déficit anual promedio de 2.400 millones de dólares, y los servicios financieros oscilaron entre los 5.400 y 5.800 millones de dólares anuales. Las tasas de interés de los préstamos fueron en constante aumento, llegando a un exorbitante 21%, lo que determinó el crecimiento exponencial de las obligaciones contraídas a tasa flotante, alcanzando la deuda en diciembre de 1983, cuando asumió el doctor Alfonsín, a la suma de 45.000 millones de dólares, es decir seis veces más que la existente cuando se produjo el golpe militar.

En enero de 1984, por disposición del ministro de Economía del gobierno radical, doctor Bernardo Grinspun, se inició una auditoría de la deuda privada por parte de auditores externos contratados por el Banco Central, a los efectos de establecer las características de ésta.

Grinspun tenía clara conciencia de la ilegalidad de la deuda y de allí los constantes enfrentamientos que tuvo con el FMI y con los bancos acreedores. Su irreductible posición, sumada a los entretelones que mostraban las operaciones realizadas por las empresas privadas, determinó su renuncia en la segunda mitad del año 1985, ya que al Gobierno no le interesaba que esos préstamos fabricados fueran puestos en evidencia debido a los enfrentamientos que ello podía significarle con el empresariado nacional y extranjero.

El avance de la investigación en ese año 1984 y parte del 85 fue mostrando los manejos ilícitos de empresas como Cogasco, Renault Argentina, Cementos NOA, Suchard, Perez Companc, ISIN, Parques Interama, Textil Castelar, Fiat, Selva Oil, Sideco Americana, Bridas, Ford Motor Argentina, Cargill, Techint, IBM, Banco de Galicia, Banco de Italia, Citibank, Banco Mercantil, Banco de Londres, Aluar, Swift, Celulosa, Mercedes-Benz, SADE, Juan Minetti, Alpargatas, etcétera, que habían transferido sus deudas al Estado, y debido a ello, se decidió dejarla sin efecto y archivar los resultados, que posiblemente fueron destruidos en la década del 90 y recién se pudieron individualizar tales operaciones en el año 2001 por el testimonio prestado por varios auditores ante la justicia federal, quienes además acompañaron duplicados del trabajo que realizaron.

Como en ese momento el Estado sólo era el garante de las obligaciones del sector privado, y los acreedores en forma conjunta con el FMI presionaban al gobierno para que se convirtiera en deudor principal, el doctor José Luis Machinea, presidente del Banco Central, completó la transferencia de deudas privadas el 1 de julio de 1985, mediante las circulares “A” 695, 696 y 697.

Las pocas operaciones realizadas durante el gobierno de Alfonsín llevaron la deuda a 63.000 millones de dólares, y fue el presidente Menem quien realizaría el arreglo definitivo con los acreedores, liberando a los bancos de pasivos supuestamente incobrables y sustituyendo los créditos de éstos por Bonos Brady emitidos por el Estado, con la garantía de bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Siguiendo las indicaciones de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien había planteado un plan de rescate para beneficiar a los bancos acreedores a través de una reducción ficticia de la deuda nominal del Estado, el ministro de Economía, Domingo F. Cavallo, contrató finalmente en 1992 al Citibank y a J. P. Morgan para que preparan el plan financiero de reestructuración de la deuda, y a Price Waterhouse para que efectuara los trabajos de consultoría.

En ese año, y continuando con una práctica de décadas, no se tenía la menor idea de cuál era en realidad el monto global de la deuda. Las obligaciones externas se pagaban ante la simple presentación de avisos de vencimiento, sin requerir a los acreedores que exhibieran los instrumentos que hacían a la legitimidad de las deudas reclamadas, ya que el Banco Central y el Ministerio de Economía sólo tenían simples anotaciones estadísticas sin valor contable. Para solucionar el problema se decidió contratar a los acreedores, para que ellos determinaran el monto de las deudas, los intereses que debían pagarse, en lo que fue la primera vez en la historia de nuestro país que un grupo de bancos acreedores administraron la deuda pública y privada desde 1992 hasta casi el año 1995, cuando se terminó la instrumentación de todo el proceso de conciliación de los pasivos.

Es importante puntualizar que en todos los contratos que se firmaron en 1993, que posibilitaron el Plan Brady, se incluyeron cláusulas violatorias del orden jurídico del país, dejándolo en un total estado de indefensión y obligándolo a renunciar en forma irrevocable a cualquier acción que fuera posible en razón de la nulidad, la ilicitud o la no ejecutabilidad de los contratos. Se llegó al extremo de aceptar que los acreedores redactaran los dictámenes jurídicos de los abogados externos del país, y aun los que debían emitir el asesor legal del Banco Central y el procurador del Tesoro de la Nación.

Como consecuencia de esa ruinosa operación, desde 1994 hasta el 2000 se pagaron en concepto de intereses de la deuda y amortizaciones 108.685 millones de dólares, emitiéndose bonos por 77.400 millones y cubriéndose el resto con fondos provenientes de préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial. Es decir que se emitió nueva deuda para pagar la vieja deuda, la que siguió incrementándose hasta llegar a la suma de 150.000 millones de dólares en el año 2001.

Como no podía ser de otra manera, el plan de conversión tuvo el pleno apoyo del FMI y del Banco Mundial, que enviaron sendas comunicaciones a la comunidad financiera internacional, para informar sobre los compromisos asumidos por el gobierno argentino en todo aquello que tenía que ver con la privatización de las empresas públicas, especialmente YPF; la flexibilización de las leyes laborales; disminución de los impuestos; la privatización del sistema jubilatorio. Pero además y contrariamente a lo establecido en sus rigurosas reglamentaciones, esas instituciones multilaterales le prestaron al gobierno 3.200 millones de dólares para que se pudieran comprar las garantías de los bonos que serían entregados a los acreedores.

Con la presidencia de Fernando de la Rúa, se solicitó un blindaje financiero durante la gestión del ministro Machinea, y finalmente volvió Cavallo –supuesto salvador de la catástrofe económica que se avecinaba y a quien se le otorgaron superpoderes en el Congreso casi por unanimidad– quien acordó con los bancos extranjeros un megacanje de títulos que elevó la deuda a la suma de 191.263 millones de dólares, que es la que recibió Kirchner, y que fue materia de la conocida reestructuración del año 2005, que curiosamente contó con el asesoramiento de los mismos abogados norteamericanos contratados por Menem en 1989, que son los que hoy supuestamente nos defienden de los numerosos pleitos iniciados por los acreedores que no entraron a ese canje.

Pese a los discursos oficiales, y de aquellos analistas afines al Gobierno que hablan irresponsablemente de desendeudamiento, la realidad es que a pesar de haberse cancelado la deuda con el FMI y al pago de los servicios correspondientes de 2006 a la fecha, la deuda hoy excede los 175.000 millones de dólares, y siguiendo con el viejo y venerable mecanismo de las refinanciaciones, se va seguir emitiendo nueva deuda para cancelar la vieja, lo que es “ir derecho a la bancarrota” como con singular percepción lo manifestaba el ministro de Hacienda Juan José Romero en 1893, en las instrucciones dadas a nuestro ministro en Londres para que pidiera a los acreedores una moratoria por diez años, ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos.

Resulta sorprendente que a ningún gobierno de la dictadura para acá se le haya ocurrido realizar una exhaustiva auditoría de la deuda pública y privada, y sobre esa base, decidir cómo negociar en forma realista con los acreedores. Lo hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ordenó auditar la deuda del país desde 1976 hasta el año 2005, comprobándose a través de una minuciosa compulsa documental, las ilegalidades, las ilegitimidades y aun hasta los delitos de acción pública cometidos por los funcionarios del Estado en la contratación de esa deuda, las habituales presiones del sector financiero internacional, los préstamos del Banco Mundial desviados al pago de la deuda, las extorsiones, el sometimiento incondicional del país a los intereses de los acreedores, sin que jamás se discutieran los términos contractuales, aceptándose toda exigencia, como algo normal. Se pudo demostrar cómo los abogados del Estado defendían el interés de los acreedores y cómo se violaba impunemente la Constitución y la ley.

Como miembro de la Comisión de Auditoría, y luego como colaborador del presidente Correa, comprobé que ante la transparencia de las cuentas públicas la capacidad de negociación del país adquirió una fortaleza sustancial, y los acreedores dejaron de estar en condiciones de imponer las políticas de siempre, si no que debieron aceptar las nuevas reglas dictadas por un gobierno dispuesto a que nunca más se sometiera al hambre a su pueblo, para satisfacer las habituales exigencias de los prestamistas en ese sistema de la deuda que parecía que nunca iba a tener fin.

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Contradicciones y perspectivas del acuerdo de paz social del Subte

Néstor Pitrola (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El acta firmada entre el Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Delegados del Subte constituye un esfuerzo extremo del kirchnerismo para salvar la estantería de la descompuesta burocracia sindical argentina ante el avance implacable de la organización independiente de los trabajadores. Como tal, está plagada de contradicciones: concede el derecho al Cuerpo de Delegados para peticionar a la patronal, lo que es propio de un sindicato, pero niega la inscripción del nuevo sindicato.

Se trata de un compromiso político que busca poner un paréntesis al reconocimiento jurídico. Ese paréntesis es una ‘paz social’ que significa la renuncia a llevar la exigencia de reconocimiento a la Justicia. El gobierno enfrenta una avalancha de fallos laborales y sindicales adversos, y teme como a la peste que la Justicia le imponga el reconocimiento del nuevo Sindicato del Subte.

El acta instaura una tutela gremial que violenta las imposiciones de la ley de asociaciones profesionales vigente –lo que supone que la burocracia de UTA tampoco iría a apelar el acta ante la Justicia. Al mismo tiempo, el reconocimiento sindical ante la patronal no es propiamente tal, pues debe pasar por la “gestión” o mediación del Ministerio, que pasa a jugar un rol de árbitro ‘sui géneris’ del conflicto entre el capital y el trabajo. Estamos ante un mecanismo bonapartista de gobierno. El acta ha mediatizado y relativizado al Cuerpo de Delegados del Subte, resultado de 15 años de lucha clasista, al incluir una “comisión directiva” (que fue la junta promotora) en las negociaciones que no fue elegida por nadie, sino inscripta a partir de la decisión de un grupo pequeño de delegados, por detrás del Cuerpo de Delegados y, por supuesto, de las asambleas del Subte. Al saltear la inscripción simple del sindicato, se ha buscado soslayar el proceso de decisión de formación integral y legal del nuevo sindicato; o sea, su estatuto, la elección por voto de afiliados de la nueva dirección sindical y la convocatoria a un cuerpo de delegados del nuevo sindicato.

El nudo que cierra el acuerdo es la paz social; es decir, el gran objetivo político de los K. Fue lo que también intentó en Kraft. En este caso, la paz social implica deponer el reclamo de la inscripción soberana del nuevo sindicato, que seguirá indefinidamente en los cajones del Ministerio de Trabajo. En lo esencial, el acta da vuelta la votación de los obreros de Kraft a la lista que no firmó la paz social.

Tomada lo explicó, “no habrá paro por un año” (Diario Gremial, 28/11). Horacio Meguira, abogado de la CTA, fue más perverso. Para él, “la firma de la paz social lleva implícito el derecho de huelga”; es decir que sólo puede ceder ese derecho el que lo tenía y usaba en la práctica. La paz social afecta el derecho constitucional de huelga y la soberanía de la asamblea obrera; sólo ella tiene reservada la potestad clasista de decidir ir a una lucha.

Nosotros hemos fijado una posición clara de antemano: la paz social no debía ser firmada, aún con el nuevo sindicato inscripto, porque lo habríamos esposado el día mismo que nacía.

La no inscripción tampoco es menor para los obreros del Subte, a los que se les birla un derecho, se les viola una ley, ni para el conjunto del movimiento obrero, al que se le señala que el camino de la independencia del Estado le está vedado. La paz social es una integración al Estado.

El acta le cubre las espaldas a los Moyano, los Lezcano y los Zanola, algo imposible, claro, ante el vendaval judicial que enfrentan por delitos graves. El pataleo de Fernández de la UTA es natural, pero sigue teniendo la potestad legal en materia de convenio de trabajo.

De manera que no se trata de una concesión menor, sino de una maniobra vinculada a un proyecto político: el gobierno –que tiene la agenda de tarifazos, impuestazos, canje de la deuda y subsidios a la burguesía afectada por la crisis mundial– necesita “paz” en su frente social.

Se trata de una etapa en la que no les alcanza la cooptación tradicional de los sindicatos tradicionales; el gobierno tiene que pactar más a la izquierda de la burocracia y para ello se vale de quienes están apoyando a Sabbatella o a los que coquetean con Solanas. Esto explica el accionar de la CTA en torno al acta del Subte. Justamente por parte de Claudio Marín de Foetra, un gremio que expresa una alianza estratégica del moyanismo y la CTA. Entre ellos y con las telefónicas, niñas mimadas del kirchnerismo como se vio en la ley de medios.

En el esfuerzo bonapartista extremo de Kirchner frente a las luchas sociales y la crisis capitalista –es decir en el esfuerzo de actuar como un Bonaparte por encima de las clases para salvar al sistema de opresión capitalista en su conjunto– la paz social del Subte acerca a Kirchner a la CTA, aunque esto podrá ocasionar la ruptura de la CTA.

En el toma y daca, a las 48 horas de firmada el acta del subte, se premió a la CTA con la entrega del Suteba La Plata a Baradel y a su fraude impresentable a todo efecto. Luego se enfrió la inscripción en Argentina Trabaja de los desocupados ajenos a la cooptación kirchnerista. Esta situación ha determinado la constitución en las últimas horas de un amplio frente de lucha – que no incluye casualmente a la CCC, que firmó el acta de paz social de Kraft.

Las reivindicaciones de la nueva etapa

El complejo armado de la tutela “sui generis” otorgada, como otras concesiones que pudieran surgir en estos días, como el 1% o incluso alguna más, no nos obligan a renunciar a un derecho consagrado como la inscripción soberana de un sindicato.

La exclusión del acta de los delegados de la Línea B, porque la línea había votado en contra de la paz social, vulnera los métodos históricos del Cuerpo de Delegados del Subte y demuestra que la paz social, en sus últimas consecuencias, lleva a la regimentación sindical; o sea, al retorno de los viejos métodos por nuevas manos. Se está derrallando una profusa campaña política de sectores de izquierda ligados al kirchnerismo, con abierto apoyo del MST, que presenta el acuerdo como un gran triunfo, ocultando su alcance a los trabajadores.

Por una etapa habrá que realizar una experiencia en relación al cuadro creado.

Continuaremos el reclamo por el nuevo sindicato ante la Justicia, en vistas de que el ministerio violentó los plazos y lo cajoneará por tiempo indeterminado.

Por plantear el reconocimiento directo de la patronal al Cuerpo de Delegados para todas las reivindicaciones de los trabajadores, sin intermediaciones: bolsa de trabajo, ascensos, antigüedad, condiciones de trabajo y a su turno salario, es decir en marzo.

El sindicato es el Cuerpo de Delegados y las asambleas de sector que lo sustentan, ninguna autoridad está por encima de ellos para toda negociación ante el gobierno o ante la patronal.

La CTA no fue nadie en el Subte en 15 años de lucha. Ha venido ahora a jugar para la firma de un acta de paz social. Su único rol ha sido reaccionario.

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Argentina, Córdoba: Crisis hídrica y shock social

Gustavo Spedale (CCODAV - PRENSA RED)

La catástrofe hídrica producida en Córdoba entre octubre y noviembre del 2009, y el uso de la misma para elevar las macro ganancias del grupo Suez - Roggio, retrata groseramente aquello que Naomi Klein describiera como “la doctrina del Shock”.

“...Así funciona la doctrina del shock: el desastre original – llámese golpe, ataque terrorista, colapso del mercado, guerra, tsunami o huracán, lleva a la población de un país a un estado de shock colectivo.
“... las sociedades en estado de shock a menudo renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza...”
“...la doctrina del shock, es una filosofía de poder sobre cómo lograr sus propios objetivos políticos y económicos, que sostiene que la mejor manera, la mejor oportunidad, para imponer ideas radicales de libre-mercado es en el período subsiguiente después de un gran choque. Ahora bien, ese choque podría ser una catástrofe económica. Podría ser un desastre natural...”
Naomi Klein “la doctrina del Shock”

Mientras numerosos pueblos del interior provincial en las Sierras Chicas, Punilla, Calamuchita y el Norte cordobés clamaban por una gota de agua, Suez – Roggio (Aguas Cordobesas) y el gobierno de Córdoba montaban una gigantesca campaña mediática, culpabilizando a los cordobeses de la capital, de ser hiperconsumidores compulsivos de 400 lts. de agua por día/persona y responsables de lo que denominaron “crisis hídrica provincial”.

Al ritmo que “su crisis instalada” y la otra, la real, adquiría ribetes de tragedia en gran parte del territorio provincial; sin compasión los medios de desinformación capitalizaban para su proyecto imágenes, audios y relatos de personas desesperadas por sed o sitiadas por los incendios en el interior provincial, que clamaban por las lluvias ausentes.

Este juego macabro, diluía la complicidad manifiesta del gobernador Schiaretti y las responsabilidades de los pool sojeros e inmobiliarios en la desertificación de mas de 5 millones y medias de hectáreas, botín de guerra para la campaña de siembra 2009-2010 del monocultivo de soja transgénica y el desordenado avance inmobiliario que transformo Córdoba en ventoso y erosionado desierto, producto de haber talado e incendiado intencionalmente mas del 97% del bosque nativo, hiriendo de muerte el ciclo natural del agua y el delicado sistema hídrico de la región semiárida de Córdoba que tras años de agresiones dijo basta.

Otra clave de la puesta de escena mediática, fue la aparición repentina de un “comité de emergencia”, liderado por la inefable comunicadora de Aguas Cordobesas (Suez Roggio) Marcela Dávila, y sus letanías de marketing empresario memorizado, acusando a los “clientes derrochones” (por los usuarios de la capital).

El obediente comité, controlado por Aguas Cordobesas, también lo integraron el ERSEP (órgano de descontrol de las privatizadas), la Municipalidad de Córdoba (en proceso judicial por contaminar el Rio Suquia y arrojar líquidos cloacales sin tratamiento) y la ex DIPAS (des jerarquizada a inservible subdirección).

Su primera decisión fue otorgarle todo el poder a Aguas Cordobesas para determinar los consumos domiciliarios excesivos de la capital; así ungida como arbitro de la crisis hídrica, el rostro de la comunicadora Dávila, desde la pantalla de televisión, diariamente nos informa de su cruzada contra el derroche, con sus recetas de lavado de dientes, o ahorros en el inodoro o la ducha, para que bajemos de los 400 litros por persona que dicen consumimos, a los 250 litros por cápita que Roggio - Suez, dicen es el consumo ideal.

Otra maniobra urdidas, fue la creación de una especie de “comando inquisidor del agua”, compuestos por 12 inspectores de Aguas Cordobesas Suez Roggio) y la municipalidad, bajo la cobertura legal del ERSEP (que debería controlar a AC, no a los usuarios), luego de inspeccionar 84 barrios, entre las 6 y las 24 horas durante 4 días, los sabuesos solo encontraron 25 “derrochadores” entre las 450.000 conexiones de A. C.

La CCODAV resiste: Tanques comunitarios en hogar III (UNIDHOS) y “conexiones de pecho” en Villa los tinglados (MTR)

Lo que no dicen los inquisidores del agua:

• Aguas Cordobesas no paga el agua que nos vende, ya que el gobierno les regala nuestra agua de los diques San Roque y Los Molinos, sin que paguen un centavo de cannon.

• El mayor derroche de agua tratada lo produce Aguas Cordobesas, que nunca remplazo cañería de red obsoleta, que hoy son un verdadero colador y tienen un derroche del 30%. (porcentaje de perdidas aceptado en ciudades que no realizan balance hídrico como el caso Córdoba)

• Desde la planta potabilizadora Los Molinos (Sur de la ciudad), salen 2.000 litros por segundo de los cuales se pierden 600 litros/segundo o sea 2.160.000 litros en una hora.

• De la planta potabilizadora Suquia (Norte de la ciudad) salen 5000 litros/seg. y en el camino a los domicilios se pierden 1.500 litros por segundos, es decir 5.400.000 litros por hora.

Según el informe presentado por A. C. y la consultora privada de Suez, JVP en algunos meses del año 2008, Aguas Cordobesas declara mas de diez roturas de cañerías de diverso diámetros, con promedios de nueve horas diarias de derroches en caños de envergadura, lo que significa millones y millones de litros de agua derrochada por día y sin control, dado que el insumo agua les sale gratis.

Solo basta verificar información periodística del 11/ 11/2009 en días de plena “crisis hídrica” cuando los sabuesos de Suez – Roggio estaban en plena faena de detectar “derrochones”, verdaderos ríos de Agua salían de un caño roto que permaneció por mas de 20 horas en calle José Superi de barrio Sargento Cabral, inundando varias cuadras del barrio; el día anterior otro verdadero río de agua corría por las calles de villa Páez durante muchas horas, en la calle Los Ticos, otro caudal de agua brotaba desde otra rotura de red.

Al tiempo que el ERSEP anunciaba las sanciones y colocación de medidores a los derrochadores, el 23/11/2009, el Polo Sanitario en Bajada Pucará, se transformaba en cauce de una gran correntada de agua desperdiciada por un caño que privo de agua durante muchas horas al hospital de Niños y al San Roque.

Los canales de Cordoba otra fuente de derroche

• Los dos ultra contaminados canales, Norte y Sur, destinados al riego del cinturón verde de la ciudad nacen en el Dique Mal Paso, aguas abajo de la Calera, fueron construidos hace mas de 100 años y pierden en su trayecto el 50% del agua que conducen por infiltración y evaporación, además de regar al igual que 100 años atrás por el método de inundación, donde se pierden otro gran porcentaje de agua en las 6.000 hectáreas que riegan estos canales.

• Cuatro mil hectáreas más son regadas por este método de alto derroche (inundación) desde el canal los Molinos Córdoba en un sector sur de la capital que de “cinturón verde” se va transformando en “sojizado desierto verde”.

El destruido y fumigado canal Los Molinos cordoba

El shock de la “crisis hídrica”, encontró a los gobernadores Schiaretti (Córdoba) y Binner (Santa Fe) de gira por Malasia, cerrando negociados del plan IIRSA para la llamada “Región Centro” y rápidamente sacaron provecho de la tragedia, anunciando la más traumática de las soluciones, el trasvasamientos de cuencas por el acueducto Santa Fe – Córdoba, que deberá superar más de 500 kmts. de distancia y mas de 500 mts. de altura en contra pendiente, con el objetivo subyacente de favorecer la agroindustria transnacional y el exigente regadío de monocultivos de granos transgénicos en las áreas mas productivas de las dos provincias.

Estas obras faraónicas (trasvasamientos), fracasaron en varias partes del mundo por el impacto ambiental y social que producen, a la vez que demostraron ser ineficaces para suplir la falta de agua en periodos de sequía, afectando tanto la cuenca donante como a la receptora y produciendo graves conflictos entre regiones, además de profundos daños en los ecosistemas hídricos.

Fracasos anunciados como el todavía no inaugurado trasvasamiento del dique en extinción y ultracontaminado San Roque (la Calera) a la cuenca de Rio Ceballos (dique La Quebrada casi extinguido), no presagian que los trasvasamientos de Schiaretti y Binner sean soluciones para el agua de consumo humano, y solo se perfilan como negocios para los Pools sojeros y las empresas contratistas de obra
publica.

Estado de las reservas de agua: dique la quebrada en Rio Ceballos y San Roque Carlos Paz

El gobernador aprovechando la tragedia, también arremetió en la defensa del parchado canal de riego a cielo abierto (no acueducto) “Los Molinos Córdoba” destruido por déficits constructivos estructurales, ocasionados por la empresa Roggio que construyo para riego este antiguo trasvase de la cuenca del Xanaes a la cuenca del Suquia.

Continuando con sus promesas de crisis, el gobernador aseguro que duplicaría el caudal con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) una de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) que financian el plan de saqueo de la Integración de la infraestructura regional Suramericana (IIRSA)

Pero lo grave de este canal a cielo abierto es que atraviesa 64 km. entre miles de hectáreas de campos de soja transgénica, actuando como receptáculo de miles de litros de agrotóxicos que luego ingieren los 360 mil cordobeses que viven en la zona sur y consumen agua de La planta Los Molinos, sin que la justicia se expida sobre la denuncia penal por envenenamiento, presentada por numerosos vecinos e impulsada por la CCODAV.

Pareciera que a la justicia y autoridades, les basta la palabra de Marcela Dávila de Agua Cordobesas, por lo que se deberían hacer cargo junto a directivos de la empresa, gobernadores, intendentes y funcionarios por las muertes, enfermedades y malformaciones que se pudieron producir en mas de doce años de venenosa impunidad, dado que el gobierno provincial, disolvió los laboratorios de la DIPAS, otorgando licencia para que Aguas Cordobesas se controle así mismo o por su propia consultora privada llamada JVP, que anualmente presenta un informe al ERSEP que nadie lee, ya que sus análisis carecen de todo tipo de seriedad .

Otra causal de la crisis hídrica es el “vaciamiento del lago San Roque” rebajándole la cota en 2,30 metros, para favorecer emprendimientos inmobiliarios en el propio lecho del lago, como puerto San Roque y otros, ya que desalojaron en tiempo de acumulación por lluvias 60 Hm3 de agua y dado que 1 Hm3.; equivale a 1.000.000 de m3 y a 1.000.000.000 de litros. Con el agua que se tiro al cauce del Rio Suquia, se podría haber llenado más de 10 veces el dique de Río Ceballos que embalsa solo 3 Hm3, que hoy serian imprescindible para el sistema.

Una vez que consideraron que los cordobeses ya ingresamos al “estado del shock” y lluvias mediantes, emergieron las intenciones del gobierno provincial y la empresa, que no son otras que los cordobeses paguemos la “indemnización” acordada entre Schiaretti y la transnacional Suez-AGBAR, propietaria del 10% de las acciones y operadora oficial de Aguas Cordobesas, que por la addenda (agregado) al contrato de renovación de concesión en el 2006, debería retirarse en enero del 2010, dejando a cargo el negociado de la privatización del agua a su controlada Roggio.

Noviembre del 2006: aprobando a balas y palos la ley (addenda) de la estafa de Suez Roggio

Esta son las razones del show instalado con las teatralizaciones de multas a los countries, prohibiciones de llenado de piletas, cepos y disminuciones de presión, para que emerja de forma natural y con licencia social en la población “shockeada” el verdadero negociado: la colocación de 100.000 medidores y la renovación de 150.000 conexiones a cargo de los usuarios a un precio entre $ 600 a $ 800 por unidad (según Enrique Sargiotti, director de Aguas Cordobesas).

De esta manera se habilita el cobro de los 25 m3 libres (25.000 litros) sobre los 100.000 medidores nuevos y los cargos por excedentes que nunca pudieron aplicar y rigen tramposamente desde abril del 2008, el resultado serán los pagos adicionales por excesos: 65 centavos el m3 para quien consuma entre 25 y 35 m3 al mes; 82 centavos para el escalón que va de 35 a 45 m3; 1,11 centavos para el rango de 45 a 55 m3 y por encima de 55 m3, 1,49 centavos .

Otras normas del “comité inquisidor” es reinstalar conexiones y medidores que hayan cumplido 7 años de instalados todo a cargo del usuario.

También se suma el tarifazo en plena crisis hídrica del 15%, adicionado al 60% otorgado desde enero del 2008, con lo que el saqueo de Suez Roggio autorizado por el gobierno cordobés adquiere un giro exponencial en sus ganancias desde el próximo enero.

El verdadero padre de la criatura de estas operatorias de shock social y políticas de saqueo aplicadas por los gobiernos “clientes” de Córdoba, son dictados por la consultora transnacional Price Waterhouse Coopers, que aplica las mismas recetas neoliberales en países y regiones, donde las resacas de gobiernos neoliberales ortodoxos, conservan a fuerza de represión y corrupción los intereses de la transnacional Suez y sus empresas controladas.

Con la aplicación de las medidas derivadas del shock instalado, continuará la crisis hídrica definitivamente instalada en el territorio provincial, los planes emergentes del shock no contemplan ninguna de la acciones y obras necesarias al menos para paliar la crisis real y solo aspiran a encubrir las acciones de la Suez-Roggio y multiplicar el saqueo con la instalación de medidores y renovación de conexiones en la capital, además de las obras para favorecer la industria agro exportadora (acueducto Paraná Córdoba), agravando la situación territorial de las áreas que no son rentables ni a Suez-Roggio ni a las transnacionales sojeras y que con la llegada de las lluvias dejaron de ser noticia.

Movilización de la CCODAV en medio de la crisis hídrica 11/11/2009

A pesar del optimismo puesto por el gobierno y la empresa Suez Roggio en sus políticas de Shock neoliberales, el pueblo continua organizándose para dar las batallas necesarias y expulsar a los saqueadores.

La crisis, trasunto en mayor organización popular y visibilizo con mayor claridad los caminos de la resistencia a la ofensiva, surgiendo vecinos organizados que están tomando en sus manos el destino de sus cuencas y atacando el problema en origen, como también aquellos que se organizan y por trabajo comunitario toman en sus manos la conexión a las redes publicas, recreando las practicas de construcción de poder popular.

Córdoba se prepara para resistir a los saqueos de medidores y tarifazos en el 2010 y para recuperar el agua como un derecho de todos los seres vivos e imponer con todas las herramientas populares la construcción de una empresa pública de aguas y cloacas, integrada en todo el territorio, desde las cuencas y fuentes hasta la depuración de las aguas residuales, además de comunitaria, bajo gestión y control de usuarios y trabajadores.

CCODAV:Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida.

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