martes, 22 de diciembre de 2009

Burocracia sindical: Especialistas en demoliciones

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

La burocracia sindical es un caso particular dentro de las relaciones de dominación implementadas por el capitalismo, en ella se juntan: la represión contra el activismo, la buchoneada a la patronal, la visión policial del conflicto de clases, el armamento directo, la corrupción, el robo y la opresión cultural y espiritual sobre los trabajadores.

La burocracia sindical es algo más que una simple correa de transmisión de las políticas del estado entre los trabajadores, si por correa de transmisión entendemos el convencimiento ideológico de la defensa del régimen de explotación; la burocracia sindical es un factor de poder que ha desarrollado y profundizado intereses particulares que la separan definitivamente de los trabajadores, sin que las patronales capitalistas lleguen a verlos como parte de su clase, por más, que los burócratas se esfuercen en ello.

La dirigencia sindical es un pilar en el sostenimiento del régimen de explotación, por la pura convicción de que su existencia está condicionada a la existencia del trabajo asalariado y a las condiciones de crisis que el capitalismo impone. En este sentido la defensa de los intereses de los trabajadores, desde el vamos, ocupa un lugar de desecho en relación a los altos intereses del capital.

Cuando la dirigencia de centro izquierda, afincada en la CTA, declara su amor por las políticas del kirchnerismo o por los sectores opositores, amantes de la producción sojera, no hace más que declarar su impotencia para representar los intereses reales de los trabajadores. Sobran los eufemismos y los artificios verbales sobre “la necesidad de profundizar una política de distribución de la riqueza o de acompañar en su lucha a los que menos tienen”; pero la realidad marca que un “nuevo modelo sindical” basado en el fraude, en la persecución a los luchadores obreros y en la aceptación de las condiciones imperantes como insustituibles, en función de priorizar la batalla por la gobernabilidad por encima de la lucha de los derechos de los trabajadores, colocan a esta Central en un plano reaccionario, apenas un escalón por debajo de la misma tesis sostenida por la iglesia.

Naturalmente el compromiso de la CTA con las políticas oficiales lleva a una revisión y una derechización de todos sus métodos. Es que las condiciones políticas imponen una forma de ser y de hacer.

No es que la burocracia moyanista le guste ser reaccionaria todo el tiempo, mientras que a los yaskistas le brote progresismo por los poros, es la realidad la que le marca los tiempos y tanto unos como los otros se disputan el viceversa de reacción-progresismo.

Cuando Juan Belén, Moyano y compañía salieron a defender los “sindicatos de Perón, en contra de la zurda loca y la cuarta internacional”, lo hicieron porque vieron detrás del conflicto de Kraft-Terrabusi y del sindicato del subte una ofensiva democrática que amaza su sustentación como dueños del negocio. De la misma manera, cuando fundaron la Triple A en épocas del `70 para descabezar a balazos limpio a todo un conjunto de direcciones antiburocráticas que empezaron a tomar cuerpo luego del Cordobazo. De no ser “necesario”, se autocritican, no lo hubieran hecho y hubieran jugado al inocuo antiimperialismo “ni yanqui ni marxista” con el que Perón pretendió fundar una tercera posición. No se pudo, así funcionan los negocios.

La burocracia sindical de la CTA, desde hace 20 años viene jugando con eso de ser una central alternativa y pluralista, logrando imponer entre sectores más cercanos a una ideología centroizquierdista, e incluso izquierdista, la visión de ser los representantes morales del progresismo nacional. En el medio, fueron demoliendo el salario de sus representados, los convenios laborales y la estabilidad del trabajador del estado. La aceptación de la contratación en negro, las leyes de emergencia económica. A la demolición de la salud y la educación provinciales, que fueron posibles gracias al accionar de los “alternativos”, cuya integración al Estado ha alcanzado un carácter sin precedentes, se le suma ahora la demolición de un sindicato entero –Suteba La Plata- al que entraron de noche rodeados de patotas armadas. De no ser necesario tampoco lo hubieran hecho, pero la docencia de La Plata no se resignó al fraude y resistió por seis meses su derecho a elegir una dirección propia. Así son los negocios: patotas y demolición.

La integración al Estado por parte de los sindicatos “alternativos” forma parte de una postura carrerista y acomodaticia que se justifica en la tesis de “cuestionar lo que está mal y defender lo que está bien en el marco del más amplio dialogo con el gobierno”.

La CTA, es una central dialoguista, que no realiza asambleas ni congresos bases, pero que recorre los despachos de los funcionarios “con la mejor buena voluntad para el acuerdo”; este diálogo abarca desde el gobierno nacional y los provinciales, hasta la Iglesia, pasando por las cámaras patronales y burocracia sindical de la cual dice diferenciarse. El diálogo con el poder se sucede sin solución de continuidad, mientras el diálogo con los trabajadores “está sometido a un proceso de construcción en el largo camino de democratizar las relaciones del trabajo”, esto es, con la menor frecuencia posible.

Desde que la presidenta Cristina Fernández, salió en defensa del “modelo sindical tradicional como la más efectiva forma de defender la gobernabilidad” –y a esta altura el concepto tradicional abarca a la CTA- logró que aumentara el ritmo de reacciones violentas por parte las “patotas tradicionales” en contra de los trabajadores que intentan agruparse independientemente en sus lugares de trabajo.

La presidenta, realizó estas declaraciones en favor de los barones del sindicalismo, en el momento justo en que el accionar de los burócratas sindicales ha llevado a muchos de ellos a recorrer los estrados judiciales y estar cuestionados socialmente por las repugnantes maniobras que desde sus sindicatos y obras sociales realizan en contra de sus afiliados.

Que el kirchnerismo salga a defender a los Moyano, a Zanola de bancarios, a Palacios y Fernández de la UTA, a los Pedraza, los Daer o los Martines; los Yasky o Baradel -que derriban puertas a patadas y mandan golpear a mujeres y hombres por lumpenes armados en una batalla desigual-, significa salir en defensa de los que rebajan los medicamentos oncológicos con agua y que hoy debería vestir el ambo de presos comunes; a los que residen en lujosas mansiones en Miami, escapados de la justicia; a los que son investigados por asesinatos mafiosos o que cubren un importante espacio en el mapa del delito.

La realidad, es que cuando la presidenta habla de estos sectores como de un “sindicalismo fuerte necesario para crecimiento” recurre al puro artificio verbal, que de lo único que da cuenta es del proceso de descomposición que corroe al oficialismo.

Entre los trabajadores, la compresión y el debate en los lugares de trabajo de que la lucha por las reivindicaciones obreras se dan de frente en contra la burocracia que dirige los sindicatos, no es algo nuevo: las rufianadas mafiosas y el accionar extorsivo, patoteril y entreguista de los representantes del “modelo sindical tradicional” es de larga data; sin embargo, lo “original”, si quiere llamárselo de alguna manera, de la situación actual en los gremios es que esta comprensión entre las bases obreras comienza a materializarse en una tendencia clasista, es decir una tendencia en la cual los trabajadores se reconocen así mismos como tales y que se lanzan a la lucha por sus reivindicaciones organizándose en forma independiente de la patronal, de los partidos del régimen y de la vieja burocracia propatronal.

Se rompe de esta manera, con la pasividad cómplice de las direcciones sindicales ante los despidos, las suspensiones y el congelamiento salarial.

Es de observar que, aunque incipiente aun, esta tendencia independiente, parece ir consolidándose aceleradamente entre las bases, lo que ha puesto en estado de alerta tanto al gobierno como a la propia burocracia sindical. Es que si bien, tanto Kraft- Terrabusi como la lucha de los trabajadores del Sindicato del subte o el Suteba La Plata, aparecen como las manifestaciones más visibles de este proceso, se trata de la existencia de algo más profundo que recorre la conciencia de los trabajadores desde Ushuaia a La Quiaca.

La causa que defiende la presidenta, la causa kirchnerista, es una causa reaccionaria en todos sus términos. Desde el punto de vista sindical: porque los trabajadores, que aspiran a desembarazarse del conjunto de parásitos que amasaron fortunas al frente de los sindicatos sobre la base de negociar el sudor ajeno, se verán en la necesidad de afrontar una lucha desigual en contra de todo el aparato burocrático y todo el poder del estado; y reaccionaria también, desde un punto de vista democrático más elemental: ya que la presidenta deposita las expectativas de la gobernabilidad (en definitiva conservar el poder hasta el final de su mandato) en una casta derechista, vinculada desde hace décadas a los pactos con los milicos y poseedora de gavillas armadas, que funcionan como verdaderos fuerzas paraestatales.

Bajo el menemismo también se defendía “modelo sindical tradicional”; eran épocas donde la burocracia sindical era prebendaría del Estado, y se surtía de las divisas que generaban las privatizaciones. Las patronales eran complacientes con el reparto del botín ya que alcanzaba para todos, comprendiendo que sin los aliados burócratas al frente de los sindicatos la expoliación menemista no hubiera sido posible.

En la actualidad, la crisis económica hace que las patronales no quieran competencias, y sólo a regañadientes aceptan que la dirigencia sindical avance irrefrenablemente en la integración al aparato del estado; para las patronales, el sostenimiento de la gobernabilidad en manos de la dirigencia sindical no sólo representa un incremento de gasto en el capital variable, sino un desvío de los subsidios estatales, que por fuerza creen que les corresponden, y una situación que muchas veces la deja en desventaja en los negociados con el patrimonio nacional.

A la burguesía, le gustaría vivir sin sindicatos y sin sindicalistas, que la obligan a una inversión cuya rentabilidad no es conocida y de alto riesgo, pero… no puede vivir sin ellos.

A la centroizquierda esta batalla por el capital variable y la política de subsidios entre empresarios y burócratas sindicales, le alcanza para definir una política de alianzas: cuanto más integrados aparezcan los burócratas al gobierno “progresista”, mayor apoyo; en esto simplemente se basa la “distribución de la riqueza”, en definir que corporación se queda con la mayor tajada. Esta es la base materialista de toda la ideología de los “alternativos”.

El cuadro de descomposición política que acompaña al kirchnerismo es más contagioso que la gripe A. El gobierno ha venido rodeando de impunidad a los distintos sectores burocráticos y esto le ha armado un impresionante despelote judicial.

Puede que los jueces sean el Estado y que el derecho no pase de un discurso imaginado, una ficción que oculta la explotación y que permite una realidad aparente. Pero, las maniobras de la burocracia sindical son tan brutales que ponen en riesgo la propia ficción del derecho, y precisamente por eso, a la tropa de profesionales que viven de él.

El caso más emblemático quizá sea el del sindicato de aeronavegantes, donde la burocracia alineada con Alicia Castro –actual embajadora del kirchnerismo ante el gobierno de Venezuela- realizó un fraude escandaloso para declararse ganadora en las elecciones del gremio. Los fiscales de Ricardo Frecia (lista verde), intimo amigo del poder kirchnerista, al ver que perdían las elecciones agarraron 7 papeletas sueltas de su lista y las contaron como votos validos. Ni el trabajo de meterlos adentro de un sobre se tomaron!!!

La reacción de la justicia en contra de este fraude opuso a los jueces de las cámaras laborales con el propio aparato del ejecutivo que salió en defensa de la gente de Frecia.

Cuando el juez laboral acudió a la sede sindical para desalojar a los usurpadores fue recibido por una robusta patota “que estaba ahí para defender a las chicas” (curiosamente el sindicato de aeronavegantes es un sindicato mayoritariamente femenino, como el caso de Suteba La Plata), entre la patota oficial de Frecia y el mandato policial de Aníbal Fernández la jueza tuvo que retirarse del lugar.

El papel jugado en el caso de los aeronavegantes por el ministro Tomada, de trabajo, por el Jefe de Gabinete y las conducciones de las centrales obreras es el mismo que se reproduce en la pequeña seccional platense del Suteba.

La burocracia de Baradel engolosinada con la cerrada defensa que la presidenta realizó al sindicalismo tradicional y la aceptación del fraude en las elecciones -en primera instancia- por el Ministerio de Trabajo, sirvieron para que el “alternativo” de la CTA armara un grupo de tareas dispuesto a demoler el sindicato en La Plata.

La burocracia sindical es una especialista en demoliciones. La acción cobarde de pegarles a mujeres y usurpar sedes sindicales se basa en la desesperación de un burócrata que ve que la piqueta de la historia parece ahora avanza en un nuevo curso. Baradel y Yasky tendrán que entender que mientras los ladrillos no tienen memoria, los docentes si.

Foto: Argentina, Burocracia sindical - Ricardo Frecia líder de la Lista Verde del gremio de Aeronavegantes, alineado con Alicia Castro actual embajadora del kirchnerismo ante el gobierno de Venezuela.

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Aeronavegantes: La Cámara confirmó fallo que ordena poner en funciones a la Lista Celeste

CIJ

Se trata de la lista que había sido proclamada por la propia cámara como ganadora de las elecciones en el gremio. Ratificó la decisión que ordenó poner en forma inmediata en la posesión de sus cargos a los integrantes de la agrupación.

La Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó este martes la medida cautelar que ordenó poner en funciones a los integrantes de la Lista Celeste, en la Comisión Directiva del gremio de los Aeronavegantes.

Se trata de la lista que había sido proclamada por la propia cámara como ganadora de las elecciones en el gremio.

De esa manera, el tribunal ratificó la decisión de la jueza Beatriz Ferdman que, el pasado 26 de noviembre, hizo saber al Ministerio de Trabajo y a la Junta Electoral que debían suspender en forma inmediata las elecciones convocadas por la Asociación Argentina de Aeronavegantes para los días 21 al 30 de noviembre de este año, y ordenó a aquéllos “poner en forma inmediata y cautelarmente en la posesión de sus cargos a los integrantes de la Lista Celeste proclamada ganadora en las elecciones conforme sentencia dictada por la Alzada y hasta tanto dicho pronunciamiento quede firme”.

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Los crímenes de la Bonaerense: Lo denuncia Stornelli

Alejandro Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

“En un hecho casi sin precedentes, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, denunció que sospecha que policías bonaerenses retirados o exonerados habrían reclutado a menores para que asesinen a la arquitecta Renata Toscano, a la maestra Sandra Almirón y a la bioquímica Ana María Castro” (La Nación, 16/12).

Como se sabe, esas tres mujeres fueron asesinadas en un período de tres semanas a partir del 17 de noviembre, supuestamente por ladrones que intentaban robarles sus automóviles.

Profesionales de vínculos sociales extendidos, sus muertes promovieron movilizaciones vecinales importantes contra la inseguridad y por una “mayor presencia policial”. Daniel Scioli obtuvo respaldo para impulsar su nuevo Código de Contravenciones, que da a la policía el completo control de la calle. Ahora resulta que las asesinadas, según el ministro, habrían sido víctimas de esa misma policía.

“Gravedad institucional inusitada”

El fiscal platense en quien recayó la denuncia de Stornelli, Marcelo Romero, declaró: “De comprobarse estos hechos, tendrían una gravedad institucional inusitada. La denuncia es gravísima” (Télam, 15/12). El juez Luis Arias, de La Plata, había denunciado en octubre que la Bonaerense recluta menores para delinquir y que las averiguaciones de antecedentes funcionan a modo de oficinas de reclutamiento. Stornelli, respaldado por Scioli, hizo una defensa encendida de la institución policial y hasta acusó a Arias por “omisión de denuncia”, cargo que ahora cae sobre él mismo. Empero, no es ése el aspecto más importante de la cuestión. “Yo había señalado que la policía no era parte de la solución sino del problema, del reclutamiento directo o indirecto de menores para delinquir. La policía ha estado involucrada en los delitos más importantes. Hay una complicidad con las personas que entregan armas y drogas a los chicos...”, insiste ahora el juez Arias (Página/12, 16/12).

Empezó el tembladeral

Stornelli atribuye las acciones criminosas de la policía al disgusto que habrían producido los cambios introducidos por su ministerio en la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor.

Desde que la Bonaerense asesinó a José Luis Cabezas y con ese crimen condenó el proyecto presidencial de Eduardo Duhalde, se conoce públicamente que esa policía está fuera de todo control. En cuanto cualquier medida gubernamental le afecta una caja, “pudren la calle”, dicho en la jerga lumpen-policial que ellos mismos emplean. En este caso, la caja parcialmente afectada fue la de los desarmaderos de autos robados, uno de los negocios más rendidores de esa gran organización mafiosa que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Que se vayan

Stornelli, aún en su denuncia, encubre el grueso del problema. En su escrito judicial, el ministro no da nombres, pero al día siguiente fue relevado el comisario Marcelo Ricardo Andrade, hasta entonces director departamental de Investigaciones de Mercedes y ex titular de Propiedad Automotor. Hace apenas unos días, Stornelli y el jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, habían encubierto a Andrade con un prudente traslado: el 30 de noviembre, cuando ya se habían cometido dos de los tres crímenes en cuestión, lo sacaron sigilosamente de Propiedad Automotor y lo enviaron a Mercedes, para guardarlo un tiempo. No pudo ser. En su denuncia, Stornelli no da nombres, pero la caída de Andrade muestra una punta del ovillo.

Ahora, antes que a un comisario, Paggi intenta encubrir a la fuerza toda. El jefe policial declaró que Stornelli “consideró que lo mejor era poner la denuncia en el ámbito de la Justicia, para que se arroje claridad y se determine si hay responsabilidades individuales, y de ningún modo toda la policía quede involucrada en este tipo de cuestiones” (Página/12, 16/12).

Llega tarde. Paggi intenta echar lastre para que la institución no se hunda, pero la Bonaerense tiene la mierda hasta el cuello. La denuncia de Stornelli no agrega nada a lo que ya se sabía, pero la magnitud de la crisis está dada por la confesión de impotencia de un ministro ante la mafia policial que él mismo ampara y encubre. Ni hablar del gobernador, que Código de Contravenciones mediante, se propone instaurar en la calle la dictadura policial de esa misma institución mafiosa.

Foto: Argentina, Provincia de Buenos Aires - El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad Carlos Stornelli (der). / Autor: Gobernación de la Provincia de Buenos Aires

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Recuperando la historia: El voto de las mujeres - debates

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

El sufragio femenino logrado por la mayoría de los países después de la segunda guerra mundial, fue precedido por intensos debates.

Las proclamas de libertad, igualdad y fraternidad sostenidas en el siglo XVIII por la Revolución Francesa fueron concebidas sólo para los hombres. Esta posición continuó, iniciado el siglo XX con algunas diferencias, por ejemplo, escala de votos dentro de los mismos varones, como proponían los belgas o la posibilidad del voto para las mujeres ricas, contraponiendo con la ignorancia de las pobres.

En el movimiento socialista internacional, también fue tema de debate, aunque se incorporaban en el análisis otras categorías para la justificación: clase, nación.

Nuestra lectura de La Vanguardia, nos revela parte del debate, así como la consulta sobre el congreso de Stuttgart realizado en 1907, en el cual participó una delegación socialista de nuestro país.

La conformación del estado burgués utilizó entre otros argumentos, la subordinación de las mujeres a los hombres.

En el movimiento socialista internacional, hubo un intenso debate en el congreso realizado en 1907, en Stuttgart , sobre distintos temas. Acerca del voto de la mujer en una publicación alemana, Clara Zetkin, lo analiza en estos términos:

“Por último, también en lo referente al sufragio femenino, el riguroso punto de vista principista, de clase –que considera el voto de la mujer exclusivamente como parte orgánica del derecho de clase y de la causa de clase del proletariado- se impuso a la concepción oportunista burguesa, que confía en arrancar a las clases dominantes, mediante regateos, un sufragio femenino mutilado y restringido. (…)

Según Lenin, este punto de vista fue defendido por una inglesa de la Fabian Society (organización intelectual cuasi socialista inglesa, de criterio extremadamente oportunista).

El artículo continúa:

Por otra parte, el congreso –ratificando en este aspecto la resolución de la conferencia internacional de mujeres- declaró sin rodeos que, en su lucha por el derecho electoral, los partidos socialistas deben plantear y defender las reivindicaciones principistas de la mujer con respecto al sufragio, sin admitir “consideraciones de comodidad” de tipo alguno.”

En este párrafo, hace alusión a los socialdemócratas austriácos. Con más precisiones, Lenin, comenta:

“Tanto en la conferencia socialista internacional de mujeres, como en la comisión para el problema femenino del Congreso, se desarrolló una polémica entre las socialdemócratas alemanas y las austríacas. C. Zetkin había reprochado anteriormente en la prensa socialdemócrata a las austríacas el hecho de que en la agitación por el derecho electoral habían relegados a un segundo plano la exigencia del derecho al sufragio para la mujer. Los austríacos se defendieron con escasa fortuna, y la enmienda de Víctor Adler, que introducía cautelosamente el “oportunismo austríaco en este problema, fue rechazada en la comisión por 12 votos contra”.

En otro artículo , Lenin, vuelve sobre el tema, señalando que esta corriente “por consideraciones practicistas no destacaban como reivindicación el sufragio universal, sino los derechos electorales para los hombres”. Uno de los argumentos, en el debate, era que ese planteo, “debilitaba la fuerza del movimiento de masas al no plantear con toda energía la reivindicación de los derechos electorales no sólo para los hombres, sino también para las mujeres.” El autor resalta que la resolución del congreso mencionado afirmaba “es preciso plantear la reivindicación del sufragio universal simultáneamente para los hombres y para las mujeres”.

La experiencia europea era considerada muy importante y fue difundida a través de diversos artículos la Vanguardia abordaba el tema. El debate acerca de la extensión del derecho electoral a las mujeres, entre los socialistas franceses , quienes comparten en sostener el derecho al voto tanto para la mujer que para el hombre y en la igualdad política, civil y jurídica de sexos pero disienten en la oportunidad para extender las funciones electorales. He aquí los argumentos:

“Algunos afirman que actualmente está muy sometida a la influencia de la Iglesia, no teniendo conciencia propia, y que, por el estado de de ignorancia en que se encuentra carece de nociones sobre los problemas económicos y políticos, por los cuales se da o se niega el voto a uno a otro partido y que por consiguiente el voto de las mujeres haría retroceder en su camino al socialismo.

Otros sin negar la inferioridad media de la mentalidad femenina actual, frente al promedio de la mentalidad masculina, afirman que la mujer no emancipará, ni se redimirá de la influencia clerical, ni saldrá de la sumisión en que ha estado sometida durante tantos siglos, si no se la incita a ocuparse de los problemas políticos y sociales; pero el día en la que la mujer sienta la necesidad de decidir con el voto sobre un asunto, terminará por interesarse, apasionarse, educarse (…)

A favor: el diputado socialista francés Compére Morel, intenta cambiar de óptica con la buscando un medio para que no siga “desdeñando eternamente las cuestiones políticas y sociales y este medio consiste en interesarla en todo aquello que hoy desdeña.”.

En cambio propone que participe: “Haced que la mujer disfrute de nuestros mismos derechos y deberes y veremos que, con el tiempo, será, socialmente, igual al hombre”

“Lanzarlas a la batalla política para engrosar las filas del ejército socialista”

La óptica distinta de este diputado reside que está a favor del voto para que con la información que reciba pueda influir con alguna solución y además refiriéndose a la mujer obrera, la más explotada por el capital, dominada por el hombre, martirizada por la naturaleza, comprenderá que “la apropiación individual de los medios de producción materiales humanos, el régimen capitalista perpetúa la condición de cosas por las cuales ella es tratada como un objeto de diversión, o como un utensilio doméstico al servicio de cualquier, o como una fuerza-trabajo explotable a más bajo precio que la del hombre; por esto, ella, apenas viese la posibilidad de influir con la ley en construir un mundo nuevo basado sobre la igualdad de derechos y deberes, haría todo lo posible para ejercitarla”.

En Francia se debatía si había que reconocer la doble opresión de la mujer y favorecer su participación con, crítica del sistema capitalista y con la perspectiva de transformación de la sociedad. o continuar con una visión conservadora de los roles instituidos.

Dado el interés por el voto de las mujeres se manifestaba por el seguimiento de las experiencias electorales, como de las primarias que se efectuaron en el Estado de Washington.

Una mirada histórica –una historia de desigualdades

La palabra de Augusto Bebel, dirigente del partido socialista alemán, aportaba la visión histórica desde la Revolución Francesa que “hizo entrar en escena a la mujeres, participación que fue ocultada por los historiadores.

“Desde octubre de 1789 pidieron las mujeres a la asamblea nacional que restableciese la igualdad entre el hombre y la mujer, que se les concediese la libertad del trabajo y se las llamase a las funciones para que eran aptas por sus cualidades. (…) cuando la Convención proclamó los derechos del hombre en 1793, comprendieron las mujeres perspicaces que sólo se trataba del derecho del varón. Olimpia de Gouge, Luisa Lacombe y otras le expusieron los “derechos de la mujer” contenidos en diez y siete artículos, fundándolos, el 28 de Brumario (20 de noviembre de 1973) ante el ayuntamiento de París, en la siguiente declaración: Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también el de subir el de subir a la tribuna”.

¿Qué fundamentos tenían los diputados franceses?

Cumplir con los roles asignados, aunque considerándolos naturales: el varón a la caza, la agricultura, la política y las fatigas de toda clase y las mujeres el cuidado de los niños, el de la casa, las dulces inquietudes de la maternidad.

A los argumentos sostenidos a principio del siglo XX, Bebel al igual que otros socialistas, decía “Alegar la indiferencia que hasta hoy muestran las mujeres hacia el movimiento político, nada prueba de que las mujeres no se hayan preocupado hasta ahora de la política, no se deduce que no deban hacerlo.

Sin embargo la consigna ¡un hombre, un voto! Era lo dominante en el debate para instalar el sufragio universal puro y simple. Esta demanda la realizaban por ejemplo los trabajadores belgas en 1913 .contra el voto desigual que estaba instituido: un voto al soltero o casado, dos al padre de familia y tres al profesional o propietario. De este modo la fuerza del pueblo trabajador se veía disminuida. El análisis que se hacía desde el mapa político, destacaba que “a pesar de tener el liberalismo mayoría en las masas populares, el gobierno permanece en manos de los clericales, que benefician de la desigualdad de los derechos políticos.”

Desde la Vanguardia se acompañaba solidariamente a los belgas, contra el privilegio político, pues contribuiría al progreso social.

Este mismo año, en nuestro país, se denunciaba a los católicos pues empujaban el voto para las mujeres ricas. Partiendo de valor a las mujeres propietarias, comerciante o industrial y que posee aptitudes y títulos para hacer pesar su opinión y su criterio con los contribuyentes masculinos. Polemizando con las feministas sostenían:

“Hay evidentemente exageración en la tendencia feminista, que pretende la equiparación de la mujer al hombre en materia de derechos, negando la fundamental diferencia que entre ambos existe y subvirtiendo el equilibrio que emana de su distinta pero armónica y complementaria acción en la sociedad y en el hogar.”
El movimiento feminista en Finlandia

La experiencia finlandesa, es transmitida, situando su origen en 1835, ubicándolo en un contexto pues era un país pobre y paragolpe entre los países de Rusia y Escandinavia.

En el orden de prioridades ubica la cuestión nacional como la principal y la igualdad de derechos de las mujeres y los varones, tendrán una solución como consecuencia de la primera.

“El movimiento socialista en Finlandia, después del año 189, tomó un incremento colosal en todo el país, que sólo es explicable por la opresión creciente en Rusia. Las demandas femeninas han sido siempre para los socialistas finlandeses una aspiración constante. El autor del artículo, Aino Malmberg, refiere que “el sufragio universal, sin distinción de sexos constituyó una de las piedras angulares de su credo. Y el enorme avance del socialismo durante los años 1899 a 1905 significa, sin duda, un despertar de la mujer proletaria finlandesa a la conciencia política y a la lucha económica.

Para dar una idea de la fuerza del socialismo en Finlandia, basta citar que de 200 miembros de que se compone la dieta, 90 son socialistas. Esta es, pues, la mejor explicación del porqué la situación de la mujer es tan ventajosa en este país.

La opresión rusa tuvo un efecto revolucionario sobre todos los partidos, e hizo que todos ellos se unieran en un esfuerzo común para luchar contra el enemigo. Los efectos de la opresión rusa han servido también, principalmente para enseñar al pueblo finlandés que las mujeres son, como los hombres, absolutamente indispensables en la lucha para nuestra existencia nacional. (…)

Sin embargo el relato de las finlandesas reconocen que la subordinación de la mujer al hombre, era una relación inamovible, poniendo como ejemplo: una mujer casada puede ocupar una banca en la dieta, pero no puede obtener un pasaje para el exterior sin el consentimiento del marido. Al finalizar las reflexiones, reconocen que esas desigualdades “serán abolidas el día que consigamos el gobierno propio nacional. No existe, pues, en Finlandia el problema feminista, sólo hay un problema: la libertad de la nación.

La recuperación de estos hitos de la historia, nos parece importante para dimensionar los trayectos recorridos en la lucha por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, tan retaceado en el sistema capitalista.

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¿Quién le hace los números al gobernador Sapag?

Marcelo Guagliardo (ACTA)

Al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, le están haciendo mal los números y nadie le avisa, pero tampoco nadie se detiene ni siquiera a hacer las cuentas sobre los montos que se exponen ante los medios y estos repiten dándolos por ciertos.

Al gobernador le están haciendo mal los números y nadie le avisa, pero tampoco nadie se detiene ni siquiera a hacer las cuentas sobre los montos que se exponen ante los medios y estos repiten dándolos por ciertos.

Hace dos semanas, el gobernador dijo que necesitaba para pagar sueldos y aguinaldos, 657 millones de pesos. Se dio por cierto. Ayer dice que hay una masa salarial para el 2010 de 3300 millones de los cuales el 72%!!! corresponde a Educación. Luego dice que los salarios en Educación son 1500 millones. A esta altura, los números se tiran, se ponen porcentajes. Es más, se insinuó que los docentes entramos por la ventana. Lo que es evidente es la embestida contra los trabajadores de la educación.

Sobre los números de sueldos y aguinaldos de 2009.

• Si entre aguinaldos y sueldos diciembre de este año el Gobernador necesita 657 millones de pesos, la masa salarial de 2009 sería aproximadamente de 5.400 millones!!!. Cuando la presupuestada año 2009 y aprobada por ley fue de 3205 millones.

• Ahora bien, si este número corresponde sólo al depósito en los cajeros y no contempla ni las aportes personales (que se descuentan antes del depósito) ni las contribuciones patronales (que reconoce no hacerlas), la masa salarial sería de 9334 millones!!!.

• Si la información difundida implica el mismo monto (657 millones) pero para pagar noviembre, aguinaldos y diciembre/09 la masa salarial sería de 3.401 millones (101 millones menos que los previsto para el año 2010 publicada en los medios del día de hoy que sería de 3300?).

• Entonces, si este número corresponde sólo a depósito en los cajeros, estamos hablando de una masa salarial 2009 de 5772 millones!!!. Por favor digan la verdad: La provincia debería depositar en los cajeros de los trabajadores y en las cuentas del ISSN 369 millones si fuera diciembre y aguinaldo y 615 si fuera noviembre, diciembre y aguinaldo. Por la crisis de ISSN reconocida por el gobierno, esto no se está haciendo, entonces concluimos que nos están mintiendo a todos.

Sobre los números del presupuesto 2010 se publican los gastos previstos para el año que viene. Se dice, en los dos medios gráficos de circulación regional, que la masa salarial 2010 será de 3300. El diario Rio Negro: “Los sueldos que paga el Ejecutivo demandarán 3.300 millones de pesos en 2010. El 72% corresponde a educación, con 1.500 millones; salud tendrá 607.000.000 y seguridad, 408.000.000 de pesos. Podríamos decir que es un error de tipeo.

La Mañana de Neuquén: “En tanto, el gasto de la partida de personal del Estado es de 3.300 millones de pesos, de los cuales el 72% se concentra en Educación (1.500 millones); salud (607 millones) y Seguridad (408 millones)”.

Evidentemente, los medios publican lo que ha publicitado el gobierno en su gacetilla de prensa, sin ninguna observación al respecto: el 72% de 3300 es 2376 millones y no 1500 como se dice a renglon seguido.

Podemos concluir también que se pretende nuevamente atacar a los trabajadores de la educación denunciando falsamente el gasto desmedido en licencias; la gran inversion en salarios docentes y como si esto fuera poco, ahora se dice que los docentes, único sector de la administración pública que ingresa previo listado de una Junta de Clasificación y por concurso, entramos por la ventana.

Esta maniobra del gobierno tiene la pretensión de generar descrédito entre la población hacia los maestros y profesores de sus hijos y algunos medios, no generalizamos, asumen esta tarea como una cruzada contra el mal.

Desde ATEN, seguiremos poniendo blanco sobre negro y a pesar de las mentiras que se quieren instalar, seguiremos denunciando la grave situación educativa. Seguiremos también luchando, hasta conseguir juicio y castigo a los asesinos de nuestro compañero Carlos Fuentealba, para poner un freno a la impunidad, que parece molesta a muchos que dicen ser democráticos, abiertos y dialoguistas.

Foto: Argentina, Neuquén - Jorge Sapag gobernador de la Provincia de Neuquén. / Autor: NEUQUEN INFORMA

Marcelo Guagliardo es Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN-CTA).

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Canto a los caídos en las calles de diciembre

Vicente Zito Lema (APE)
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Esta tierra de albas rosas se pudrió,
no por la lluvia;
Ya nada crecerá de buena eternidad;
Cielos baldíos
¡Que la desgracia sea!
Esta materia sin sentido / lejos del sueño;
Sin otra lágrima que el grito, sin más
voz que el silencio...
¡Que la soledad sea!
Estos cuerpos apenas / fuera del alma
Sombras abandonadas a la piedad de un Dios...
Sangrando, asfixiadas, como estrellas,
más que ciegas, frías...
¡Que el mayor dolor sea!
¿Quién convirtió el hambre y la desdicha
en el pan de nuestra mesa?
¡El poder!
¿Quién hará la paz
cuando la Justicia sea?
¡Nuestros muertos!
(Pobrecitos nuestros muertos
que no vieron el fin de la desdicha)
(Que no tuvieron luz,
para las lágrimas oscuras de la agonía)
¡Pobrecitos nuestros muertos!
¿Quién hizo de nuestros muertos
la única razón para la muerte?
¡El odio!
¿Dónde mora el odio?
¡En la casa del poder!
¿Quién guardará la
historia que se silencia?
¡La memoria!
¿Quién le dará sentido
al cuerpo que se destruye por la calle?
¡La conciencia!
¿Quién detendrá la vida que se arrebata?
¡El deseo!
¿Quién hará del cuerpo
la casa para el alma, siempre?
¡El amor!
¡Que el amor sea la vida
sobre el frío sudor de nuestros muertos!

Fuente imagen: APE

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Libertad y democracia sindical: La inseguridad jurídica que no es noticia para Clarín

ACTA

La Comisión Interna de Canal13/TN de la UTPBA, realizó ayer un acto frente a las intalaciones de esa empresa del Grupo Clarín en el barrio de Constitución para reclamar por la reincorporación de dos delegados gremiales cesanteados por su actividad sindical y repuestos en sus cargos por la Justicia.

Marcelo Moreira, uno de los delegados despedidos le dijo a ACTA que “de esta inseguridad jurídica no hablan los títulos de Clarín, detrás de estos muros no hay justicia que valga”.

Ante la gran cantidad de policías que habían sido apostado en la puerta del Canal que da a la calle Lima, Moreira afirmó “no se puede creer que nos tengan miedo. Cuando constaté la cantidad de policías que había no pude dejar de pensar que deberían estar para velar porque se respetaran los fallos judiciales".

La justicia en cuatro oportunidades ratificó la reinstalación de Moreira y Ricardo Junghanns. Al tiempo, ante el incumplimiento de los fallos se sancionó a la empresa ARTEAR S.A por “maniobras dilatorias tendientes a postergar la ejecución de las medidas cautelares que se encuentran firmes e incumplidas por la demandada” (…) “haciendo lugar a la sanción de temeridad y malicia por verificarse en autos los presupuestos de la misma”.

Moreira se muestra firme: "Tenemos la verdad y no vamos a detenernos. Seguirá la movilización y además estamos evaluando presentarnos ante la Justicia Penal".

"Hace un año, 104 compañeros de prensa de Canal 13/TN elegíamos a nuestros representantes como acto de reafirmación de la necesidad de organizarnos, para mejorar nuestras condiciones laborales y/o profesionales". El delegado recuerda que la respuesta de la empresa a aquella actitud "fue el despido y la persecución".

Los trabajadores de Canal 13 solicitan además “el respeto irrestricto al Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Periodista, recomposición salarial con paritarias con los trabajadores y no como resolución en un escritorio gerencial”.

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Libertad sindical: Actores denuncia a la productora de Tinelli

AAA - ACTA

"Marcelo Tinelli cercena la libertad gremial prohibiendo la entrada de nuestro sindicato en su productora ’Ideas del Sur’", indica un comunicado de prensa de la Asociación Argentina de Actores (AAA-CTA).

La declaración del gremio sostiene textualmente:

"El martes 15 de diciembre, dirigentes de nuestra Secretaría Gremial concurrieron a la productora Ideas del Sur para realizar una asamblea con los bailarines de El Musical de los Sueños, a raíz del conflicto generado por la diferencia en el pago de salarios de estos compañeros.

La respuesta de la empresa fue negarnos la posibilidad de contacto con los trabajadores, en clara violación al Convenio Colectivo de Trabajo 322/75, que expresa claramente la obligación de la patronal de facilitar a la Asociación Argentina de Actores dicha tarea.

Hoy Tinelli adeuda gran parte de los salarios, ya que los haberes percibidos por los compañeros apenas llega a la mitad de lo que deberían haber cobrado según nuestro Convenio. La actitud de la empresa de prohibir la entrada del sindicato no nos permitió adoptar las medidas gremiales necesarias para que Ideas del Sur cumpla con sus obligaciones.

Esta situación ya fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Asimismo la Obra Social de Actores realizará los requerimientos legales para hacer efectivo los aportes y contribuciones que correspondan y así garantizar nuestro sistema solidario de salud", concluye la nota.

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Más juicios de jubilados

MOMARANDU

Han crecido fuertemente los juicios de jubilados por reajuste de haberes.

En 2003 se iniciaron apenas 3.558 y para este año ya se acumularon 55.252 demandas y la mayoría surge a partir de la sentencia de la Corte del caso Badaro.

Desde 2003 hasta noviembre de 2009 se presentó la cifra récord de 333.672 demandas y dentro de ese período, los juicios por reajuste de haberes aumentaron 15 veces.

Si bien en el 2003 apenas el 11% de las demandas eran por reajustes de haberes, en la actualidad superan el 60% del total que se presentan.

Esto se aceleró por el caso Badaro por el cual la Corte Suprema fijó un ajuste de los haberes del 88,6% por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006 y el pago de la retroactividad acumulada en todos esos años, más los intereses.

Y ahora se suma el reciente fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de la Seguridad Social del caso "Raúl Rosso" (ver fallo) que otorgó el ajuste Badaro por vía cautelar por lo que aunque lo apele, la ANSES debe reajustar la jubilación mientras prosigue la causa.

Pero, además, para evitar que el expediente se demore por una apelación se ordena que el Prosecretario Administrativo de la Sala notifique en forma "personal" al Fiscal por lo que la causa puede ser remitida de inmediato al juez federal para que también notifique el fallo a la ANSES.

Además si en 30 días el organismo encargado de pagar las jubilaciones no cumple con el pago de la sentencia, debe pagar una multa diaria y creciente y los directivos de la ANSES van a ser denunciados en la Justicia penal.

Por las más de 300.000 demandas judiciales iniciadas el Fuero de la Seguridad Social declaró que estaba colapsado con casi unos 500 por día y se estima que los jubilados y pensionados que tuvieron ajustes inferiores al fijado por la Corte Suprema y no hicieron ningún reclamo suman más de un millón de personas según informa infobaeprofesional.

Según la ANSeS, este año se terminarán de pagar sentencias por unos $2.000 millones y en el Presupuesto 2010 está previsto pagar sentencias por ese monto.

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Argentina, Córdoba: Abuso y represión es el precio del cospel

INDYMEDIA

En una de las últimas sesiones extraordinarias del 2009 el Concejo Deliberante aprobó con el voto del bloque Giacominista, Radical y Peronista, el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros a $2.- el cual va a beneficiar al sector empresarial de la FETAP.

El jueves 17 de diciembre fue un día atípico no solamente por estar a pocos días de las fiestas y por la agitada dinámica del centro cordobés que esa fecha implica, sino porque el Concejo Deliberante venía teniendo sesiones maratónicas extraordinarias donde trató y decidió sobre temas trascendentales para la sociedad cordobesa.

Como es costumbre en los últimos años, los gobernantes esperan el cansancio y desorganización de fin de año para avanzar con medidas antipopulares. Allá por el año 2006 el festejo de año nuevo hizo sentir el trago amargo de la entrega (una vez más) del agua a Suez-Roggio, en manos de la Legislatura Unicameral y gracias a la represión policial, el 28 de diciembre de 2005 Tarifazo del Agua en Córdoba y en aquel diciembre con Juez como Intendente se aprobó el aumento del cospel. Para este fin de año el transporte fue el protagonista.

En los últimos años el aumento del boleto de transporte urbano fue exuberante, en 6 años aumentó casi un 300%, considerando la aprobación del día que permitirá que a partir del próximo martes viajar en ómnibus signifique desembolsar dos pesos –en vez de $1.50- por cada trayecto. Además, la sesión de los concejales aprobó la suba de la tarifa de taxis y remises.

18 concejales aprobaban la suba del cospel, y otros 12 se negaban a darla, afuera la cacería había comenzado. A mediados del año pasado, en el aumento del cospel, se había dado un accionar represivo similar: la sesión del Concejo se trasladó a la Legislatura y sus inmediaciones pintadas de azul y valladas. Este año redoblaron la apuesta: los detenidos serían tantos como para que quede grabado en la retina, sembraron tantos efectivos policiales que garantizaran tal medida.

Judicializar la protesta es el objetivo

Toda la situación indicaría que la orden de represión y detenciones a mansalva era un acuerdo previo, de las 33 personas detenidas (entre ellas 2 menores), al menos 10 fueron detenidas dispersas en las inmediaciones. También casi una decena fue extraída violentamente de las instalaciones del Sindicato Provincial de Obras Sanitarias (SIPOS), local que había receptado a quienes huían del garrote policial. “Este accionar policial está plagado de irregularidades, para empezar la manera en la que ingresaron a SIPOS”, declaró Sergio Job, uno de los abogados que intervinieron en la defensa de los detenidos. En el local sindical se encontraban algunas de sus autoridades, quienes intentaron evitar el abuso policial, y fueron detenidas también. En la historia de nuestra ciudad este proceder solamente es comparable con el de Lacabane en 1974.

A las 13 hs. eran 22 presos, luego 28, hasta llegar a contabilizar 33 personas detenidas; número que dejó atónito a todo oyente, televidente, familiar, que lo escuchó. Las historias fueron circulando de a poco y así comenzaron a aparecer más abusos: algunas de las mujeres detenidas fueron manoseadas, entre las personas que fueron detenidas “sueltas” figuraba un abogado del Movimiento Campesino de Córdoba. En el persistente accionar represivo uno de los abogados defensores fue detenido –ya en el precinto 1- por un par de minutos y luego liberado, 3 personas fuertemente golpeadas y sin atención médica. Además, Gustavo Valdez, otro de los abogados defensores, afirmó: “los policías intentaron meter en las mochilas de los detenidos piedras y bombas molotov, ahora están realizando las revisaciones de las pertenencias con testigos”; como otra de las perlas del modus operandi de los uniformados.

Las numerosas irregularidades del accionar policial, sostenidas durante toda la jornada, son muestra clara de que la violación de los derechos perdura, que la policía cordobesa avanza diariamente sobre ellos en cada paso que da, y que accionará con garrote y detenciones cada vez que el Gobierno requiera tomar medidas antipopulares que sean resistidas.

“Pan y circo”. Mientras se endulzan los oídos ansiosos por una libertad de medios que hará de la comunicación un derecho humano, a ser satisfecho por toda la sociedad; las instancias en las que es necesaria la libertad de expresión son violentadas, reprimidas, castigadas. Los medios que se ostentan desde el Estado o la Universidad, criminalizan a la protesta y desenmascaran su discurso de mano dura para quienes luchan. Por un lado la misma mano que aprueba la nueva ley de medios audiovisuales sostiene la ley antiterrorista. El mismo estado que habla de derechos humanos aumenta el número de personas asesinadas en manos de fuerzas del Estado.

Todos los que se llenan la boca hablando de libertad de expresión brillan por su ausencia ante estas realidades. ¿donde están los medios de comunicación y su tan defendida libertad de expresión y de prensa, cuando se reprime brutalmente a quienes expresan su repudio a una medida totalmente arbitraria y antipopular?

Correpi en su informe 2009 dice que en las gestiones del matrimonio Fernández- Kirchner se mataron a 1323 personas en este tipo de asesinatos, contra el promedio de 200 por mandato de los anteriores.

Pero algo digno y esperanzador de señalar es el aguante sostenido por cientos de militantes de distintos sectores políticos de nuestra ciudad que desfilaron por las intersecciones de Corrientes y Paraná, a metros de la Comisaría Primera, mostrando su solidaridad y exigencia de libertad a los presos. La presión mantenida desde afuera fue lo que en parte aceleró el proceso de liberación de los detenidos en menos de 24hs.

No únicamente fue el festival llevado adelante por bandas, que impulsaron una forma de sostener el aguante, ni la disposición de los equipos de audio de Indymedia para potenciar las voces de resistencia, ni la persistencia de los abogados para evitar la cárcel de quienes luchan, lo que logró la liberación de los 33 presos del cospelazo, fue la SOLIDARIDAD expresada en las calles, aquella que la dictadura pretendió arrancarnos, que el neoliberalismo intentó que olvidáramos y que hoy los gobiernos progresistas pretenden que domestiquemos.

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Argentina: Con participación democrática y asamblearia los cordobeses frenan a la minería contaminante

Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)

En septiembre de 2008, en la provincia de Córdoba la Legislatura sancionaba por unanimidad una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, la actividad minera nuclear y el uso de toda sustancia química contaminante en cualquiera de las etapas de la industria extractiva. Las asambleas de vecinos autoconvocados celebraron entonces lo que consideraban un «triunfo» de la sociedad civil que, organizada, venía movilizándose por el derecho al agua y contra la contaminación.

La esperanza estaba puesta en la proyección que una ley de estas características podía tener sobre el resto del territorio nacional. ¡Traslasierra Despierta! (¡TD!) y ¡Ongamira Despierta! (¡OD!), dos de los grupos vecinales más movilizados por el tema, advertían también que en ese momento no se estaban realizando el tipo de explotaciones que la ley prohíbe y que, por lo tanto, la actividad minera tradicional ―abastecedora de materiales para la construcción― de la que viven muchas familias cordobesas no se vería afectada.[1] El 31 de octubre del mismo año, desde su blog, ¡TD! volvía a festejar: «¡Se publicó la ley!». El boletín oficial del gobierno cordobés ya daba cuenta de la Ley 9.526.[2]

A no dormirse

Durante los primeros días del mes de diciembre de 2009, los vecinos se ponían en «estado de alerta y movilización permanente». Parecía inminente la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Desde los valles de Traslasierra y Ongamira, en el oeste de la provincia, volvían a levantarse las consignas para defender el agua y el aire de la creciente ofensiva minera.[3] Por otro lado, y a los pocos días, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvía rechazar los 3,3 millones de pesos que debía recibir como distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).[4] La Ley 14.771 del año 1958, responsable de la creación de YMAD, dispone que un porcentaje de las utilidades de esta empresa del Estado pase a formar parte de un fondo nacional a ser distribuido entre las universidades públicas. YMAD está compuesto por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional. En el año 1994 conforma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con
Minera Alumbrera Limited (Xstrata, suiza) para explotar el Yacimiento Bajo de la Alumbrera. La resolución de la UNC solicita a las autoridades la revisión de los contratos mineros, la aplicación de sanciones correspondientes y manifiesta su apoyo a las comunidades afectadas por la minería. Según informa la propia empresa, la Alumbrera es uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo, produciendo anualmente unas 650 mil toneladas de un concentrado que contiene 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas troy de oro.

María Cuestas es abogada y asambleísta de ¡Traslasierra Despierta!. Tras recorrer los pasillos de los tribunales cordobeses buscando información sobre el estado de la Ley 9.526, detalla en esta charla cómo fue el proceso de participación que dio nacimiento a una norma provincial que intenta restringir al avance de la minería metalífera y nuclear. Además, María da cuenta de los poderosos intereses que hay detrás de la campaña mediática en contra de esa legislación, los mismos que pusieron en estado de alerta y movilización a las asambleas cordobesas.

―¿De qué se trata esa ley minera que se sancionó el año pasado?

Cuestas.―Concretamente la prohibición recae sobre cierto tipo de minería, la minería del tipo a cielo abierto y aquella que utiliza sustancias químicas y tóxicas contaminantes: ácido sulfúrico, ácido nítrico y otras sustancias que están enumeradas y que también se establecen en base a la ley que existe sobre residuos tóxicos.

―¿Existían en la provincia proyectos o algún interés creado respecto a esa forma de minería?

Cuestas.―Proyectos existían y varios. Mi colega, la Dra. Martínez Meijide, cuando fue a la secretaría de Minería de la provincia de Córdoba se encontró con un mapeo que parecía un queso Gruyère. Lleno de proyectos de explotaciones mineras y algunas pertenencias concedidas. Explotación activa de este tipo de minería no había, pero sí había un expediente con respecto al uranio, que es un tipo de explotación que también se prohíbe expresamente y específicamente en esta ley. Aparte de la prohibición de la minería del tipo a cielo abierto y de la minería que utilice sustancias tóxicas y contaminantes, también se prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad minera respecto de todo lo que son minerales nucleares como el uranio y el torio. Había unas solicitudes en la secretaría de Minería pidiendo la concesión de pertenencias mineras, por ejemplo, en el sector de Ongamira, para explotar oro, plata y derivados; y en el sector de Traslasierra, en la parte de las Altas Cumbres, afectando lo que es la Reserva Hídrica Pampa de Achala, había también una solicitud de concesión de pertenencia minera para la explotación de uranio. Esto entre otros tantos pedidos y solicitudes. También sufrimos en Cruz del Eje, donde habían concecido una pertenencia, a punto de ser explotada, de oro y plata.

―Es decir, si bien no se estaban explotando proyectos de esa índole, había intereses y un mapeo que daba cuenta de la existencia de esos minerales.

Cuestas.―Había como estos de Salsacate, en la zona de Cruz del Eje, que estaba ya con los pies puestos en la cancha, es decir, habían llevado maquinaria y todo. Estaban a punto de efectivizarse en algunos lados y otros estaban en marcha en lo que son las tareas previas: habían hecho algunas exploraciones y en base a las exploraciones estaban pidiendo la concesión de las pertenencias mineras. Ahora, explotándose, no había en el sentido técnico, donde ya empieza a ubicarse, a realizarse todas las explosiones propias para poder realizar las explotaciones a cielo abierto, todavía no. Pero sí, yo diría que había proyectos en marcha, solamente que no en una instancia de explotación. Algunos habían ya pasado la etapa de exploración, que es la primer etapa de minería y ya estaban a punto de explotar, y otros simplemente estaban solicitando explorar como en el caso de Traslasierra, que había una solicitud de permiso de exploración.

―¿Cómo se logra la sanción de la Ley 9.526?

Cuestas.―La ley se logra gracias al gran esfuerzo de toda la comunidad que se levantó en pie de defensa, no en pie de guerra, en defensa de los recursos naturales de la provincia, sobre todo del recurso agua, bosque, que es muy frágil en este momento, y sobre todo teniendo en cuenta que hay provincias hermanas que están sufriendo el flagelo de este tipo de minería. La sociedad se levantó toda a defender esos recursos naturales para que no se realice este tipo de explotación. No así el tipo de minería tradicional que se hace desde hace años en la provincia de Córdoba y con la cual no tenemos ningún tipo de prohibición. Esta ley no afecta a ese tipo de minería. La comunidad se levantó principalmente en el Valle de Punilla y en el Valle de Traslasierra, en Córdoba ciudad, y bueno, en realidad nos brindaron apoyo de toda la provincia y de todo el país. Gracias al esfuerzo de muchas asambleas que se juntaron, que estuvieron, que no dejaron un espacio sin cubrir de información, que estuvieron estudiando. Se organizaron muy bien, de manera que había marchas en Córdoba y a la par se estaba tratando de articular con las distintas instituciones de la provincia, se había pedido información a la Facultad, al Poder Legislativo, llámese Poder Ejecutivo. Se obró en todas las áreas y de una manera muy democrática, asamblearia, pero muy democrática y ejerciendo el derecho de participación que tienen todos los ciudadanos.

―Recientemente las asambleas de Ongamira y Traslasierra circularon un alerta advirtiendo que la Justicia podría llegar a expresar la inconstitucionalidad de la ley, ¿en qué situación está este tema?

Cuestas.―Lamentablemente, hubo un artículo en un diario reconocido que salió en primera plana un día domingo, no recuerdo bien la fecha, fue dos o tres domingos atrás. En el Diario La Voz del Interior salió una noticia manifestando que existía una presentación por parte de la Cámara de Empresarios Mineros (Cemincor) y la Asociación de Profesionales ligados con la Comisión de Energía Atómica (Apcnean) que habían realizado al Tribunal Superior de Justicia, solicitando se declare inconstitucional esta ley. De la nota surgía la inminencia de un fallo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto a este tema, lo cual nos alertó a todas las asambleas y a toda la población. En su oportunidad, en momento de aprobarse la ley, ellos mismos decían que era una ley «anti-susto» porque no había ningún tipo de explotación en la provincia, entonces evidentemente no afectaba ningún interés. Pero al parecer sí, como nosotros sabíamos que afectaba a intereses concretos, hicieron esta presentación. ¿Qué pasó? Al ir a las fuentes que estaban mencionadas en el artículo, es decir al TSJ, a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, dimos con la información de que esta presentación que habían hecho en mayo de este año estas dos instituciones, Cemincor y la Apcnean, simplemente tenía un decreto de autos a los fines de evaluar la admisibilidad de ese tipo de recurso. Es decir, el Tribunal en este momento está viendo si es formalmente admisible el concurso, de ninguna manera se va a expedir todavía sobre fondo. En caso que diga que es admisible, recién entraría en un proceso por el cual se le participaría a la Provincia para que realice su descargo y que oportunamente se dicte el fallo que corresponda. Ahora, si el Tribunal Superior de Justicia todavía no se expidió, si recién está viendo si admite o no este tipo de recurso, me parece que no existía noticia para dar. Evidentemente ha sido una manera, creo yo, particular de presionar a distintas instituciones como el Tribunal para que se expida más rápido.

―En el caso particular de La Rioja, una ley que prohibía la minería con el uso de sustancias químicas, al cambiar el escenario político, fue derogada. ¿Sienten que una situación de similares características podría vivirse en Córdoba?

Cuestas.―Todos sabemos, no solamente en Córdoba, sino en todas las provincias que tienen una ley de este tipo, que puede ocurrir. Lamentablemente, los intereses políticos, nuestros representantes y las banderas políticas que representan, los intereses económicos que están detrás de todo esto, van cambiando, y los intereses económicos siempre están para poder instar por parte de las empresas mineras a que esta explotación se pueda realizar. Por ende, brindan de su parte todos los recursos con los que puedan contar, tales como estos fondos que querían aportar a la Universidad (Nacional de Córdoba) y que algunas universidades aceptaron. Respecto de que esto pueda ocurrir en la provincia de Córdoba, esperemos que no, pero sí es posible en algún momento que cambie el ideario político y que también se vea en riesgo esta ley. Sería lamentable porque fue una ley que nació fruto del consenso y de la unanimidad de una legislatura con el apoyo total de la comunidad. Solamente hubo un escaso número de personas que se opusieron, por supuesto del área minera o industrial, pero que más que nada querían defender intereses de la minería de la tercer categoría, que no es la aceptada por la ley.

―¿Hay algo que te gustaría agregar?

Cuestas.―Me gustaría rescatar, si bien nos preocupa y pone alerta a las comunidades, que tiene que ver con que estamos luchando por un ambiente sano, equilibrado, como dice la Constitución, que de todo este movimiento surgieron muchas participaciones, un actuar que abarcó a distintos estamentos de la sociedad y que realmente sacó lo mejor de la sociedad misma. Se vió, por lo menos en Córdoba, la participación de todas las instituciones, de muchas áreas de gobierno y de muchas personas particulares sin ningún interes político, despojados de muchos intereses generalmente espurios que están dando vuelta. Fue muy emocionante ver el debate que se dio en la Universidad Nacional de Córdoba y la altura con la que se dio el debate, la altura de la resolución que se emitió respecto de esa universidad, lo que despertó en la sociedad de Córdoba todo este peligro. Despertó cosas buenas y se vio cómo la sociedad misma cuando se pone a trabajar en conjunto tiene logros indiscutibles.

Notas:
1] ¡Traslasierra Despierta! y ¡Ongamira Despierta!, 30 septiembre 2008. «Un triunfo del pueblo de córdoba con proyección nacional».
2] ¡Traslasierra Despierta!, 31 octubre 2008. «¡Se publicó la ley!».
3] ¡Traslasierra Despierta!, 6 diciembre 2009. «Defendemos la Ley 9.526 y nuestros territorios».
4] Universidad Nacional de Córdoba, 15 diciembre 2009. «La UNC rechazó los fondos de la minera Alumbrera».

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Argentina: Nueva sede del Diario Cooperativo de Villa María, Córdoba. La autogestión con techo propio

Manolo Robles (REDACCION ROSARIO)

En El Diario del Centro del País de la ciudad de Villa María son 30 los apóstoles que arremetieron contra la adversidad cuando Jesús y la diosa fortuna los dejaron solos. La editorial Talamochita, propietaria del periódico, había quebrado y justo corrían aquellos días de diciembre de 2001 grabados a fuego en la memoria de todos los argentinos.

Allí fue que arrancó la recuperación, con la conformación de la cooperativa Comunicar que ahora, a ocho años de aquel oscuro panorama, se dio el lujo de encender las luces de su nuevo y amplísimo local que, además, es la encarnación del sueño de la casa propia y no ya para 30 sino para 50 trabajadores de prensa y gráficos jugados a la autogestión. El acontecimiento se festejó como es debido, con amigos llegados de distintos lugares del país y con la emoción lógica que provocan los hitos de las epopeyas.

La flamante sede propia de Comunicar queda en una calle villamariense que se llama –oh diosa casualidad- Periodistas Argentinos. Y del galpón pelado que era hace dos años, cuando la cooperativa la compró en un remate, devino en redacción, planta de impresión y oficinas del Diario del Centro del País.

En rigor, la mudanza se va a terminar en los próximos días, por lo que a poco de terminado el acto y el festejo que se realizó el mediodía los laburantes del diario volvieron a la que pronto va a pasar a ser la “vieja” redacción sobre Irigoyen, uno de los anchos bulevares que cruzan Villa María.

En el trabajo cotidiano en ese lugar se edificó la posibilidad de construir la nueva sede, que ocupa 1600 metros cuadrados y que está pensada para albergar más de lo que hoy genera Cooperar. Allí se está instalando ya la rotativa a color que la cooperativa adquirió a través de un subsidio del gobierno nacional y que va a marcar un nuevo escalón de crecimiento y, a la vez, un nuevo frente de batalla.

Es que “la lucha por la dignidad no se detiene”, recordó a los cooperativistas villamarienses Julio Delgado, de El Independiente de La Rioja, el decano de los diarios cooperativos del país ahora agrupados en la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Adiccra), de la que El Diario del Centro del País es activo participante.

Delgado fue el primer orador del acto de inauguración de este lunes y aprovechó para repasar la agenda de desafíos del sector que le tocó representar con su discurso. “Ya pudimos lograr la ley de medios audiovisuales y ahora vamos por el acceso al papel, nuestra materia prima, para asegurar la libertad de expresión”, remarcó, retomando el reclamo de los diarios cooperativos y de pymes contra el monopolio de la empresa Papel Prensa.

El siguiente orador fue el abogado Miguel Rodríguez Villafañe, un referente más que jurídico del sector cooperativo y protagonista de muchas luchas por garantizar el desarrollo de las experiencias de la economía solidaria.

“Acá hubo una apuesta a la esperanza, al nosotros”, destacó Rodríguez Villafañe, para dar paso al recuerdo de aquellos primeros meses en que los trabajadores del diario villamariense se repartían apenas unos veinte pesos por semana y cotejarlo luego con la realidad actual. Pese a ejemplos como este, destacó, siempre abundaron “los defensores de la propiedad privada” y nadie o muy pocos hablan de “la propiedad solidaria”.

“Para los grandes desafíos en valores no hay militantes pequeños”, continuó, ya en el tramo final de su intervención, en el que calificó a los trabajadores de Cooperar como “héroes de la civilización democrática”.

Delgado y Rodríguez Villafañe formaron parte de la gran cantidad de invitados especiales que aceptaron el convite a la inauguración. Estuvieron referentes de las instituciones locales y autoridades municipales y provinciales, dirigentes de otras cooperativas y de mutuales, funcionarios nacionales del área de comunicación y hasta un ex campeón mundial de boxeo como Gustavo Ballas, uno de los miles de villamarienses que hicieron de El Diario del Centro del País el líder periodístico de toda la región.

El cierre de los discursos estuvo a cargo de la presidenta de Comunicar, Mercedes Dagna, y ya para entonces la emoción en su rostro y el de sus compañeros y compañeras transmitía más que cualquier texto.

Igual hubo tiempo para extender el festejo en un generoso lunch, disfrutar el arte de actores y músicos y apreciar un video sobre la historia de la cooperativa.

En el final del video, cuando ya los ánimos estaban más distendidos, menos pendientes de la atención a los invitados, los trabajadores largaron el grito de desahogo con la consigna que resume todo: “el diario es/de los trabajadores/y al que no le gusta/se jode”.

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Argentina, Córdoba: Lock out patronal en Canal 8 y amenaza de despidos en LV2

PRENSA RED

La empresa del Grupo Telefé fue intimada por el Ministerio de Trabajo de la Nación a poner nuevamente en el aire al noticiero local “Teleocho Noticias” en virtud de la vigencia de la conciliación obligatoria dictada el viernes pasado. En LV2, y por el mismo motivo, se reincorporaron a cuatro compañeros. Repudio del Cispren.

“Los Trabajadores de Prensa y la Comunicación de Córdoba asistimos hoy a una nueva provocación de parte de las empresas periodísticas, que con medidas de intimidación buscan abortar el legítimo reclamo de los trabajadores por un salario digno”, denuncia en un comunicado el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren).

En horas de la mañana de hoy, la Delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación multó a Canal 8 y lo intimó a retomar las actividades del servicio informativo, que se encontraba afectado desde el miércoles pasado a raíz de la realización de asambleas informativas decretadas por el Cispren.

Sin embargo, directivos del Grupo Telefé-Telefónica, propietario de la emisora, bajaron la orden de no permitir la reanudación de las actividades, incurriendo en un lock out patronal que desconoce la Conciliación Obligatoria dictada el viernes pasado por la autoridad laboral.

Cartas documento en LV2

Por otro parte, en LV2 cuatro compañeros recibieron cartas documento en las que se les informaba que dejaban de pertenecer a la empresa, luego de lo cual inspectores de la cartera de Trabajo le aplicaron la multa correspondiente e intimaron a las autoridades de la emisora –propiedad del Grupo Vila- a retrotraer la situación hasta antes de la conciliación obligatoria, por lo que los cuatro trabajadores volvieron a cumplir con sus tareas habituales.

“Este accionar no hace otra cosa que revelar el perverso doble discurso de la patronal, que a pesar de la resolución del Ministerio les impide a los compañeros desarrollar sus tareas con normalidad, y ante esta situación el Cispren repudia este nuevo intento de amedrentar a los trabajadores”, advirtió el gremio.

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Argentina: Santa Fe no cumple. El gobierno provincial no informa sobre sus gastos en publicidad oficial

Horacio Çaró (REDACCION ROSARIO)

La Asociación Derechos Civiles (ADC) elaboró un informe a través del cual, entre otras cuestiones, establece que “el gobierno provincial se niega a dar a conocer los gastos en publicidad oficial”. La ONG sostiene que sólo logró “obtener un informe mensual de los gastos de los años 2006 y 2007”. Redacción Rosario tuvo acceso al informe, denominado “Publicidad oficial: dificultades de acceso a la información pública en cinco provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires”, el cual puede ser consultado y bajado desde el sitio web de la institución civil. (1)

Pese a que en la provincia de Santa Fe rige el libre acceso a la información a partir de un decreto, el gobierno encabezado por Hermes Binner “se niega a dar a conocer los gastos en publicidad oficial”, según consignó la asociación civil al programa Una mañana de locos, que se emite por la emisora santafesina LT9 y reproduce el portal Datasantafe. (2)

Según el portal de la capital provincial “si bien el gobierno socialista levantó las banderas del libre acceso a la información pública, un informe de la Asociación Derechos Civiles reveló que existe una terminante negativa de parte del gobierno de Hermes Binner de dar a conocer datos de su gestión, pero sí brinda información de los gobiernos anteriores”.

El informe

En el informe, en el que consta el rechazo del Gobierno de Santa Fe a entregar información pública, ADC publica además la situación de otras cinco jurisdicciones: Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una primera conclusión del informe ya resulta lapidaria: “De acuerdo a los resultados obtenidos, sólo el 44,16 por ciento de los pedidos presentados sobre gastos en materia de publicidad oficial en las distintas jurisdicciones obtuvieron algún tipo de respuesta por escrito, el restante 55,84 fue lisa y llanamente ignorado. A su vez, de ese 44,16 por ciento, poco menos de la mitad de las respuestas (45,28 por ciento) no contenía ninguno de los datos solicitados. Solamente en un 24,16 por ciento de los casos se obtuvo alguna respuesta relacionada con el objeto de los pedidos, y únicamente el 5 por ciento de los requerimientos fue contestado en tiempo y forma”.

La investigación de ADC la llevaron adelante, en Santa Fe, Domingo Rondina, Horacio Coutaz y Lucía Pussetto, de la Fundación Derecho Social (3); en Jujuy, la periodista Amalia Eizayaga; en Entre Ríos, el periodista Oscar Londero; en Tucumán, Sebastián Lorenzo Pisarrello y Betania Álvarez Aráoz, de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) (4); y, en Salta, Elena Corvalán, de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS). (5)

2.3, el capítulo Santa Fe

Según el informe, “la provincia de Santa Fe, al momento en que fueron presentados los pedidos de acceso a la información, no contaba con una norma que regulara ese derecho. Con posterioridad a esas presentaciones, se aprobó un decreto de acceso a la información pública (decreto provincial 962/09). Los investigadores de la ADC presentaron en esa jurisdicción siete pedidos formales de acceso a la información entre abril de 2008 y febrero de 2009”. Es decir, una solicitud cada 43 días.

El informe continúa: “En términos generales, a todas las reparticiones se les solicitó que indicaran respecto de los ejercicios 2006, 2007 y 2008:

1) Normativa vigente y aplicable en relación a la adjudicación de publicidad oficial y tipo de procedimiento administrativo empleado en cada erogación, como asimismo informe sobre los mecanismos y/u órganos de control sobre los mismos;

2) Total presupuestado y ejecutado para publicidad oficial durante los años 2006, 2007 y 2008, y si los montos fueron presupuestados o aumentados con partidas complementarias;

3) Total de fondos públicos destinados a publicidad oficial detallada según el rubro, a saber: medios gráficos, radiales, televisivos, cinematográficos, sitios de Internet y vía pública durante los años 2006, 2007 y 2008;

4) Total de fondos públicos destinados a publicidad oficial detallada según el medio, y en caso de que la pauta haya sido contratada con productoras, agencias de publicidad u otros intermediarios, indicar el medio de comunicación donde el aviso haya sido publicado;

5) Totalidad de los fondos destinados discriminados por el Gobierno Central, entes autárquicos y empresas del Estado durante los años 2006, 2007 y 2008 y 6) Detalle de las campañas publicitarias ejecutadas con fondos públicos durante los años 2006, 2007 y 2008”.

En tren de detalles, la ADC comenta en su informe que “fueron consultados los siguientes organismos públicos: Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado; Secretaría de Comunicación Social; Subsecretaría de Planificación Publicitaria; Ministerio de Economía; Comisiones de Presupuesto de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Santa Fe; y Lotería de la Provincia de Santa Fe”.

Resulta interesante analizar las respuestas que la institución obtuvo de las principales áreas. Por ejemplo, ante el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, siempre según el estudio, hubo un “pedido formal de acceso a la información pública de fecha 23 de abril de 2008, que conformó el Expte. N° 00101-0176-352-0. En referencia a este pedido se solicitó pronto despacho el 12 de junio de 2008. No se obtuvo respuesta de esa dependencia administrativa”.

Ante la Secretaría de Comunicación Social, ADC hizo un “pedido formal de acceso a la información pública de fecha 23 de abril de 2008. En referencia a este pedido, se solicitó pronto despacho el 12 de junio de 2008. En el pedido original se habían solicitado ciertos datos de los años 2006, 2007 y 2008. El gobierno actual de esa provincia asumió funciones a finales de 2007, y fueron sus funcionarios los que respondieron a la solicitud. Si bien brindaron información de los primeros dos ejercicios requeridos, esto es, información de la gestión anterior, no dieron a conocer datos del 2008, «por encontrarse en plena vigencia y ejecución», (respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la ADC el 23 de abril de 2008, de fecha 20 de octubre, firmado en Santa Fe por Rubén Darío Galassi, secretario de Comunicación Social). Sin embargo, a principios de 2009 y ya cerrado el ejercicio 2008, ADC insistió mediante otro pedido de acceso a la información, de fecha 2 de febrero de 2009, que nunca fue contestado”.

Qué opina la ADC

Este lunes, Horacio Coutaz, uno de los integrantes de ADC que realizaron el trabajo de campo en Santa Fe, refirió a LT9 “la dificultad para conseguir información acerca de los gastos de gobierno, especialmente en lo que respecta a publicidad oficial, desde el 2007 hasta el corriente año”, y señaló que la única información que se posibilitó fue un informe mensual de los años 2006 y 2007.

“Nosotros tuvimos una reunión con (el subsecretario de Comunicación Social Rubén) Galassi, quien nos dijo que nos iba a dar la información. Esto fue antes de que nos dieran estos datos de 2006 y 2007. Después ya no tuvimos mas información”, señaló Coutaz.

El miembro de la entidad sostuvo que, “si bien no se trata de una censura directa, la no entrega de la información solicitada constituye un acto de censura indirecta, ya que no se está cumpliendo con el decreto que establece el libre acceso a la información pública”.

Para Coutaz, “éstos son fondos públicos, de todos, es decir que ellos no pueden dar la información que quieran, sino que deben dar toda la información, porque es un derecho”, Y recordó que “el libre acceso a la información pública rige en la provincia a través de un decreto y no de una ley”.

“No está reglamentado por ley pero si por decreto. Tiene algunas limitaciones en lo que refiere a la información sensible pero en el resto la deberían dar”, sentenció Coutaz.

Notas:
1) http://www.adc.org.ar/download.php?fileId=480
2) http://datasantafeonline.com/noticia.php?noticia_id=19472
3) http://www.derechosocial.org.ar/index.php
4) http://www.andhes.org.ar/
5) http://periovista.com.ar/2009/06/la-asociacion-de-periodistas-de-salta-llama-a-defender-la-libertad-de-expresion/?comments=true

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Bolivia: El presidente Evo Morales prepara una cumbre climática de pueblos

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El presidente boliviano, Evo Morales, anunció su decisión de realizar una cumbre de pueblos contra el cambio climático en Bolivia para que responda a los desafíos que la Cumbre de Copenhague no pudo superar.

La cita podría realizarse el 22 de abril del venidero 2010 cuando se celebre el Día Internacional de la Tierra, ocasión en la que además se realice una gran movilización desde Bolivia.

"Estoy pidiendo más argumentos técnicos y científicos para que desde aquí (Bolivia), se garantice una gran movilización internacional para defender el medio ambiente y el agua especialmente", dijo Morales.

Durante la reunión internacional de Copenhague, Morales propuso un referendo mundial para que los pueblos decidan las medidas necesarias para frenar los efectos del calentamiento global. En ese marco culpó al desarrollo capitalista por este problema mundial.

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Ecuador: Admite el presidente Correa el fracaso frente al racionamiento eléctrico

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El presidente Rafael Correa, reconoció que fracasó en su ofrecimiento de terminar desde el 15 de diciembre pasado con los racionamientos de energía eléctrica, principalmente por cuestiones climáticas.

En su habitual informe radiofónico semanal, Correa dijo que los apagones se mantienen pese a todos los esfuerzos gubernamentales por acabar con el racionamiento eléctrico.

El presidente dijo que el primer factor de ese fracaso fue porque empeoraron las condiciones climáticas que afectaron a la Central Hidroeléctrica de Paute, la mas grande del país y que en condiciones normales abastece 35 por ciento de la energía a nivel nacional.

"Lastimosamente, el clima nos jugó una mala pasada; más aún cuando el caudal de Paute bajó a 25 metros cúbicos por segundo, por lo que la hidroeléctrica Paute estuvo a punto de colapsar", dijo Correa.

Un segundo factor fue la suspensión de actividades, del 1 al 6 de diciembre, de una planta termoeléctrica en la ciudad de Guayaquil, al oeste del país, que genera 130 megavatios.

Tambien se registró una caída de 19 horas de producción, durante tres días consecutivos, en la Termoeléctrica Victoria II.

Correa también indicó que la Planta Hidroeléctrica de San Francisco no entró en operación por fallas en una turbina que probablemente no se podrán superar de inmediato.

A ello se agregó que Colombia no entregó el energético que se tenía previsto para Ecuador.

El presidente dijo que se reanudaron los racionamientos de energía en Guayaquil debido a que el 19 de diciembre se incrementó la demanda, porque la población consideró que ya se podía consumir cualquier cantidad.

Correa instó a la población a ahorrar energía eléctrica. "Tenemos que seguir ahorrando energía, celebremos una navidad alegre en solidaridad pero sin tantas luces. Necesitamos ahorrar energía", agregó.

El gobernante admitió que el error fue decir que se acababan los cortes de energía durante una reunión con el Comité de Crisis Energética.

"El gobierno tenía que afrontar la crisis en la Central Hidroeléctrica Paute, pero como me dijeron que los cortes iban a retomarse en Guayaquil luego de haber anunciado lo contrario, pedí la renuncia al ministro y asesor eléctrico del Comité de Crisis", reveló Correa.

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El Salvador: Asesinan a otro ambientalista de Cabañas, pese a tener seguridad

COLATINO

Hace dos meses se salvó de morir acribillado, sin embargo, ayer domingo, aunque contaba con protección policial, el líder ambientalista Ramiro Rivera, no corrió con la misma suerte, pues tras ser ametrallado junto a otras dos personas, falleció en el instante.

Ramírez, quien era síndico del Comité Ambiental de Cabañas, fue asesinado junto a la señora Felicita Echeverría, de 57 años de edad, y una menor de 13 años quien resultó lesionada.

Según la versión de la Policía Nacional Civil (PNC) el crimen ocurrió en el Cantón Trinidad, en Ilobasco, departamento de Cabañas, aproximadamente a las 4:30 de la tarde.

El ambientalista fue atacado a pesar de la custodia de dos miembros de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos; algunos amigos a la víctima denunciaron que ambos agentes no habrían actuado para repeler el ataque, aunque la policía asegura que sí, y que uno de los custodios habrías sido lesionado.

Ramiro es el segundo ambientalista que sicarios asesinan en condiciones extrañas en lo que va del año.

La primera víctima fue Gustavo Marcelo Rivera Moreno, quien primero fue secuestrado, días después fue ubicado torturado y asesinado de forma brutal.

A ambos asesinatos se suman las amenazas a empleados de Radio Victoria, al intento de secuestro y asesinato del sacerdote Luis Alberto Quintanilla y las amenazas a otros miembros de grupos ambientalistas que condenan la explotación minera.

Allegados a ambos ambientalistas condenan las acciones de violencia en contra de las personas que participan en actividades contra la explotación minera en el país, y especialmente en el departamento de Cabañas.

Asimismo, colegas de las víctimas denuncian la “poca importancia” que autoridades policiales y de la Fiscalía General de la República dan a este tipo de hechos contra grupos de ambientalistas, hechos que atribuyen a la delincuencia común, según activistas, lo que podría ser una tesis errada.

Un amigo de la víctima, que prefirió el anonimato, dijo que las autoridades no hicieron esfuerzos por garantizar la seguridad de Rivera, porque a pesar de tres intentos de amenaza de muerte no existían indagaciones al respecto.

Por su parte, el director del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, lamentó este nuevo incidente en el sector ambiental.

Incluso recalcó que debido a las constantes amenazas y hostigamientos que han sufrido miembros de grupos ambientalistas del departamento de Cabañas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una resolución que manda al Estado salvadoreño a proteger la vida de las personas ambientalistas.

“Fue algo planificado”: Melgar

“Muy probablemente se trato de una emboscada, un asunto planificado, no es de un asalto común y corriente”, esta fue la reacción de Manuel Melgar, Ministro de Justicia y Seguridad, con respecto al asesinato, el pasado fin de semana, de un activista contra la minería en Cabañas.

Mientras que Carlos Ascencio, director de la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó que en el hecho ocurrido la tarde de este domingo, en la zona de Jutiapa, Cabañas también resultó lesionado uno de los agentes del PPI, que había asignados para la protección de esta persona.

Ambos funcionarios se mostraron cautelosos con la prensa sobre la temática, y confían que las investigaciones revelen los motivos de este crimen, que por ahora no se atreven a decir que está ligado con el asesinato de Marcelo Rivera, ocurrido a mediados de este año y que causó indignación en el movimiento contra la minería en el país. Incluso, el caso de Rivera, ha sido tema de preocupación del influyente congresista estadounidense James P. McGovern, y de otros organismos internacionales.

“Anoche fue informado del asesinato de dos personas, ellos estaban teniendo protección por ser testigos en un caso, entonces, asesinaron a un señor y una señora, y resultó lesionado uno de los miembros del PPI. Cómo avanzan las investigaciones no sabría decirlo, (pero) es algo que evidentemente estaba montado para asesinarlo”, puntualizó el Ministro Melgar.

Mientras que Ascencio dijo que por el momento no se tienen indicios de que el crimen haya sido por los mismos motivos por los cuales asesinaron a Marcelo, o por delincuencia común.

“Inmediatamente nos enteramos de este hecho, se reportó en el municipio de Jutiapa, le estamos dando la cobertura que corresponde, estamos tomando todas las medidas que corresponden para determinar si está relacionado con el de Marcelo Rivera o tiene otro tipo de relación, (ya que) tengo entendido que una persona asesinada ayer por la tarde está relacionada con una muerte anteriormente de otro pariente de otro grupo familiar y no sabemos si esta rencilla está de por medio”, agregó.

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