viernes, 8 de enero de 2010

Colombia: La privatización de la guerra

ANNCOL

Esta constatación, nos trae dos mensajes claros que deben ser objeto de debate, el primero es la dificultad de diferenciar un objetivo militar, por ejemplo la diferencia entre un civil y un militar se hace más difusa, por la dinámica misma de la guerra actual (Afganistán, Irak, Colombia, etc.). El segundo, tiene que ver, con la pérdida del Estado, en el sentido Weberiano del término, del monopolio de la violencia, o del monopolio sobre las armas y ejercer justicia. En muchos países, se imponen más la justicia privada, la guerra privada, y la suplantación del Estado, muchas veces promovido por el Estado mismo, como ocurre en Colombia, en los EEUU y en Afganistán, sólo para citar algunos ejemplos.

Un civil y un militar en Colombia, ¿cual diferencia? El Estado colombiano, sus instituciones, y en fin todo su régimen político, promueve una visión de ciudadano-soldado, como estrategia de defensa nacional. Para empezar, la policía nacional que debería ser una institución cívica, está completamente militarizada, con su inscripción al ministerio de defensa, y no al ministerio del interior, como en todo país civilizado. Sólo basta mirar los diferentes cursos militares que dicta el ejército colombiano, a empresarios, a periodistas, a ganaderos, y otros sectores de la sociedad colombiana, así como también, el proyecto paramilitar que ha sido, sin lugar a dudas una política de Estado (Un millón de informantes, Guarda bosques, familias en acción, Convivir, cooperantes). En Colombia, el militarismo de los civiles que integran el régimen político-económico lo hace aún más difícil. Esto explicaría por qué el actual ministro de defensa colombiano, viene de ejercer la presidencia de un gremio cafetero y de ahí pasa a dirigir el ejército más profesional, y más criminal de América Latina. Y qué no decir de su discurso, no sólo ha suplantado al ministro de exteriores, sino que opaca el discurso mismo de los militares activos.

El ejército en el terreno, en las zonas de guerra invade todos los espacios civiles, no para proteger a los civiles como lo dice el discurso oficial, sino para protegerse con ellos. En muchas zonas de orden público, el ejército construye sus trincheras a propósito, al lado de escuelas, puestos de salud, viviendas de indígenas y campesinos, utilizándolos como escudos humanos.

Todo este ambiente nacional hace que, el régimen en su conjunto, es decir todos sus representantes y todas sus instituciones nacionales, departamentales o municipales sean consideradas objetivos militares por las fuerzas insurgentes. Los ministros, independientemente de la cartera, son objetivos militares porque participan, activamente en la implementación de la guerra en Colombia, sea aprobando una ley, sea desarrollando las políticas de guerra y del ejercicio del poder.

Involucrar a los civiles a defender la patria, es la estrategia de los patrioteros del régimen, que cuando les conviene, la patria es de todos, y con ese discurso, se convoca a los pobres de Colombia a prestar servicio militar y hacer la guerra, en nombre de una supuesta patria imaginaria, que no existe para los millones de pobres y desplazados del país. A la hora de repartirse el pastel burocrático, y la riqueza de la nación, entonces en ese momento supremo, el círculo se cierra a sus más cercanos y los "carne de cañón" que hacen la guerra en su nombre, no cuentan para las oligarquías.

Lo peor de todo, es la derrota del Estado, dos ejemplos sencillos de dos aliados estratégicos como los EEUU y Colombia, muestran que por alcanzar objetivos que permitan la supremacía de los grupos de poder correspondientes, son capaces de sacrificar su propio aparato de cohesión et coerción social.

El Estado colombiano, ante la imposibilidad de garantizar una distribución equitativa de los recursos, se convirtió en un ente represivo, instrumentalizado para aplastar el pensamiento diferente, por eso, todo su esqueleto represivo-jurídico esta en función del enemigo interno.

Desde el Estado se han gestado todas las generaciones de paramilitares, desde sangre negra, chispas y otros, pájaros y Chulavitas, pasando por los hermanos castaño y otros de nefasto recuerdo. Todos con el signo macabro de extender la represión del terrorismo de Estado. El Estado, puso su departamento de seguridad, DAS al servicio paramilitar cerrando con broche de oro, su círculo vicioso de entregarse al servicio de intereses nefastos. La disolución del DAS, o su cambio de nombre no resuelve el problema, porque todo lo ocurrido, es simple y llanamente una política de Estado.

A los EEUU le está pasando lo mismo con la CIA, central de inteligencia mediocre y delictiva cuyo control nadie tiene, ni el comandante en jefe del ejercito, el presidente Obama.

La CIA pasó de ser una agencia de espionaje e surtidora de información para la toma de decisiones políticas, a un órgano militar que nadie controla. La CIA es un cartel del crimen, que cambia drogas por armas, (caso irán-contras) y que ha asumido, últimamente, después de los dos Bush, un rol operativo, son mercenarios sin Dios ni ley. La muerte de sus ocho terroristas en Afganistán el miércoles 30 de diciembre hizo sonar todas las alarmas, de verdadera implicación de la CIA en la parte operativa de la guerra.

La CIA de viste de ONG’s, de fundaciones de desarrollo, de centros de investigación, de mormones, de misioneros, de oficina de mercenarios. El uso de la USAID por parte de la CIA se ha hecho evidente en toda América Latina y CONVIERTE a la USAID, sin lugar a dudas en objetivo militar. Los EEUU utilizan a los civiles y contratistas que son, en términos operativos, mercenarios y terroristas por tanto objetivos militares. El 15 de diciembre, uno de estos mercenarios fue detenido en Cuba y se rumora, que como éste, muchos otros se desplazan en territorio latinoamericano, con la fachadas de ong’s que pregonan la paz, el desarrollo, la ecología, y otros discursos que sirven de cobertura legal a sus conspiraciones y golpes de estado.

Miremos un ejemplo puntual, citado por la abogada, Eva Golinger sobre Venezuela y Bolivia:

"Desde junio 2002, la USAID mantiene una Oficina para las Iniciativas hacia una Transición (OTI) en Venezuela, a través de la cual ha canalizada millones de dólares a la oposición contra el Presidente Hugo Chávez. La misma empresa activa en Afganistán y conectada con la CIA, Development Alternatives, Inc. (DAI) fue contratado por la USAID en Venezuela para manejar el presupuesto multimillonario con el objetivo de "apoyar a la sociedad civil y la transición a la democracia. Más de dos mil páginas parcialmente desclasificadas de la USAID sobre sus actividades en Venezuela evidencian la relación entre DAI y sectores de la oposición, con programas que buscan "fortalecer" sus partidos políticos, diseñar sus campañas políticas y ayudarles consolidar un movimiento contra el gobierno venezolano. En Bolivia, la USAID fue expulsada este año por los habitantes de dos municipios, Chapare y El Alto, bajo la acusación de intervencionista. En septiembre, el presidente Evo Morales anunció la terminación del convenio oficial con la USAID debido al desvío de fondos multimillonarios hacia grupos separatistas que buscaban la desestabilización del país".

La pregunta obligada es, éstos empleados de la USAID son simples civiles, o son en potencia objetivos militares de fuerzas insurgentes. Lo grave es el precedente sentado por los estados, al considerar que un periodista crítico, un sindicalista, o un defensor de DDHH es un terrorista vestido de civil, como los ha llamado Uribe Vélez. La doble moral es increíble, porque con esa misma lógica con que declaran terrorista, a todo enemigo político, les sirve para ocultar que en la división de trabajo represivo, ciertos civiles cumplen tareas militares. Un alcalde y un gobernador, que financian los paramilitares, que trabajan en conjunto con los organismos de seguridad departamental o municipal son, a todas luces objetivos militares, o no?

La degradación de la guerra se impone desde las instancias de poder. No son los rebeldes quienes han escogido el método de lucha, éste se ha impuesto desde arriba. La degradación de la guerra nos sugiere el imperativo ético de ponerle fin. Dejemos ese cuentico de la humanización de la guerra, lo que debemos hacer todos, es luchar por finalizar la guerra.

La privatización de la guerra por parte de los Estados, impone un discurso que transcienda la frontera moralizadora. Una práctica no puede ser buena porque se practica desde el Estado y mala porque la practican los insurgentes.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.