martes, 26 de enero de 2010

El Canal de Panamá, las bases aeronavales y el tratado de neutralidad

Julio Yao

Doctrina Monroe, Destino Manifiesto y Canal

Panamá ha sido sometida por Estados Unidos por las mismas razones que Latinoamérica y el Caribe quedaron bajo su influencia desde el siglo XIX, luego de que el vacío dejado por España tras la independencia de sus colonias fuese siendo ocupado por Inglaterra y Estados Unidos al amparo de la Doctrina Monroe de 1823, engendrada por ambas potencias, y del Destino Manifiesto veinte años después, con el fin de apropiarse del comercio, los recursos naturales, las materias primas y la mano de obra barata de la región, de los que se benefició España.

El control del Caribe como el Mare Nostrum de Estados Unidos se originó a principios del siglo XIX y tenía como objetivo la anexión de Cuba y la exclusión de cualquier otra potencia o grupo de potencias, así como de imposibilitar la soberanía de los Estados ribereños. El Caribe era la puerta de entrada de Europa rumbo a América Latina.

Pero Panamá cayó en las redes de Estados Unidos por otro motivo: el Istmo fue una de las tres esquinas del triángulo configurado posteriormente además por Cuba y Nicaragua, para dar cumplimiento a los intereses vitales de Estados Unidos de controlar a perpetuidad el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, mediante ferrocarril o Canal, para los fines de la “unidad, seguridad, paz y defensa de Estados Unidos,” y a la vez crear un espacio geopolítico que sirviera tanto para proyectar fuerzas hacia Suramérica como para acolchonar impactos negativos desde esta región hacia Norteamérica.

Monopolio y Control de Estados Unidos sobre el Canal

El control de la ruta interoceánica se inició con el Tratado Mallarino-Bidlack de 1846 entre Estados Unidos y la Nueva Granada; se consagró en el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, entre Estados Unidos y Panamá; continuó indirectamente con el Tratado de Neutralidad de 1977; se reforzó con la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989 y los acuerdos suscritos desde esta fecha, en especial los logrados con Panamá a raíz del 11 de septiembre de 2001.

Para obtener el monopolio sobre la ruta interoceánica, Estados Unidos separó a Panamá de Colombia; se anexó los territorios que servirían de enlace interoceánico; violó tratados internacionales con la Gran Bretaña, la Nueva Granada, Colombia y Panamá, transgrediendo el derecho internacional y normas constitucionales, derrocando gobiernos y eliminando líderes opuestos a sus intereses vitales.

Estados Unidos le impuso la Enmienda Platt a Cuba para intervenir militarmente en cualquier punto de su territorio nacional, y a Panamá le obligó a contemplar el mismo derecho en su primera Constitución de 1904, con el pretexto de imponer el orden público y constitucional cuando a su juicio fuere perturbado. El diputado constituyente Manuel Amador Guerrero fue quien propuso el pertinente Artículo 136 en la nueva Carta Magna, luego de lo cual fue escogido como primer presidente de Panamá. Las facultades intervencionistas convirtieron a Cuba y Panamá en protectorados.

Protección, Defensa y Neutralidad del Canal

De la prohibición de fortificar el Canal, según el Tratado Hay-Pauncefote entre Gran Bretaña y Estados Unidos en 1902, se pasó a la fortificación ilegal en el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, que se tradujo en instalación no autorizada de bases militares y en defensa unilateral del Canal hasta 1979, cuando entran en vigor los Tratados del Canal de 1977.

De las bases ilegales y la defensa unilateral se pasó, con los acuerdos de 1977, al compromiso de evacuar las 14 bases a más tardar el 31 de diciembre de 1999, y al concepto de defensa conjunta de la vía mediante la Junta Combinada de Defensa, de participación paritaria, hasta esa fecha.

Con la invasión del 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos hizo trizas de la Junta Combinada de Defensa – un elemento básico del Tratado -- cuando decidió desmantelar las Fuerzas de Defensa de Panamá, de modo que la defensa de Canal volvió a quedar, por la vía de los hechos, en las únicas manos de Estados Unidos.

Al terminar la vigencia del Tratado del Canal el 31 de diciembre de 1999 y devolverse a Panamá la vía y la Zona adyacente, el Canal quedó al amparo del Tratado de Neutralidad, que no tiene fecha de terminación y que contiene ambigüedades no resueltas acerca de la defensa del Canal, las cuales dan lugar a interpretaciones contradictorias, basadas, por un lado, en la Enmienda DeConcini que le permitiría a Estados Unidos la facultad de intervenir para reabrir el Canal o para defenderlo de amenazas, y, por la otra, en enmiendas dirigidas supuestamente a mediatizar la primera.

Bajo sus enmiendas al Tratado de Neutralidad, Estados Unidos se considera autorizado para reabrir el Canal sin requerir de autorización panameña en caso de que sea cerrado o bien para defenderlo, mientras que los panameños rechazamos esa interpretación, pues Estados Unidos debe antes obtener la aprobación del soberano, o sea, de Panamá, como lo exige el derecho internacional y como lo entendió el expresidentes Jimmy Carter durante el traspaso del Canal el 31 de diciembre de 1999.

La experiencia histórica ha demostrado que las bases militares no han servido para defenderlo, sino para intervenir en la región y como instrumento de la defensa nacional de Estados Unidos.

El Atentado a Omar Torrijos Herrera
y la Desestabilización de Panamá

La ultraderecha republicana bajo Ronald Reagan se opuso a la entrega del Canal y a los Tratados Torrijos-Carter, al punto de que fue su tema principal en la campaña para la presidencia. Sobre el Canal, Reagan decía: “lo compramos, lo pagamos, es nuestro y lo vamos a retener” y se mofaba del General Torrijos, llamándolo “dictador de hojalata” (tin can dictator).

En mayo de 1981, cuatro meses después de asumir Reagan la presidencia, murió en un atentado aéreo el presidente Jaime Roldós junto con miembros de su familia y de su estado mayor. Dos meses más tarde, el 31 de julio de 1981, murió el General Omar Torrijos en un atentado aéreo parecido junto con otras personas. Según John Perkins, de la National Security Agency de Estados Unidos, ambos mandatarios fueron víctimas de los “chacales” porque Roldós y Torrijos no se plegaron a las presiones de Washington.

Torrijos fue presionado inútilmente por la Bechtel Corporation para que desistiera de sus gestiones ante Japón para modernizar o construir un Canal al Nivel del Mar en reemplazo del actual, a esclusas, pero el militar panameño no cedió. Dueños y representantes de la Bechtel Corporation ocupaban los más altos cargos en la administración Reagan, y fue ésta la razón, según Perkins, del asesinato de Omar Torrijos Herrera. Las negociaciones entre Panamá y Japón constituían una amenaza al monopolio y el control que Estados Unidos ejercía sobre la ruta interoceánica.

Las acusaciones contra Manuel A. Noriega

Las negociaciones con Japón quedaron suspendidas en espera de mejores circunstancias, hasta que las retomó el General Manuel Antonio Noriega. Torrijos y Noriega coincidían en que Panamá no debía sufrir la experiencia dolorosa que le habían acarreado casi ocho décadas de relaciones con Estados Unidos, pero no sopesaron cuáles serían las reacciones de Reagan a las tratativas con Japón.

A principios de abril de 1986, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos había decidido desestabilizar a Panamá para eliminar los Tratados Torrijos-Carter y cortar toda posibilidad de un Canal controlado por Japón, o de que el mismo cayera bajo la influencia de Cuba o la Unión Soviética. La desestabilización incluyó cientos de agresiones militares, intervenciones de todo tipo en los asuntos internos de Panamá, bloqueos monetarios, financieros, comerciales, diplomáticos, dos revueltas cuartelarias, operaciones encubiertas, provocaciones, etc., contra Panamá y Noriega.

La colaboración que le brindó Noriega a Estados Unidos en distintos ámbitos y coyunturas no había sido suficiente para impedir que la administración Reagan se deshiciera del militar cuando éste se negó a convertirse en peón de la política del imperio en su guerra en Centroamérica. Ésta fue la respuesta de Noriega el 10 de diciembre de 1985, al Almirante John Poindexter, quien recién había sido nombrado nuevo director del Consejo de Seguridad Nacional, cuando le exigió al comandante que Panamá invadiera a Nicaragua, deshiciera la iniciativa de Contadora, nacida en Panamá, y permitiera el entrenamiento de la Contra y los escuadrones de la muerte de El Salvador en la Zona del Canal.

El 12 de diciembre de 1986, Noriega pronunció en Tokyo un discurso crítico de Estados Unidos ante los más altos círculos del poder de Japón, donde afirmó lo siguiente:

“Enfrentamos… el innegable hecho de que la crisis política y militar en Centroamérica está siendo prolongada y, junto a ello, la crisis económica de la región se hace más aguda. La insistencia en una solución estrictamente militar conspira contra programas sociales, porque mientras más se gasta en armas hay menos recursos económicos para hospitales, escuelas, viviendas de bajo costo y carreteras. En realidad, lo que ocurre en Centroamérica, dejando a un lado los adornos literarios para explicarlo, es que la región está simplemente convirtiéndose en un campo de batalla experimental para nuevas doctrinas militares y conceptos tales como, por ejemplo, aquél de la “paz violenta”.

Crónica de una Invasión Anunciada

¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Era lo que se rumoreaba con mucha insistencia entre 1988 y 1989, pero el lobo no llegaba, así que – como ocurría con el cuento – ya nadie le hacía caso a los gritos de advertencia. Pero el lobo seguía afilándose las garras pacientemente.

Los planes de invadir a Panamá se prepararon con mucha antelación, mientras se les hacía creer a la oposición en Panamá y a la Cruzada Civilista que Estados Unidos solamente deseaba restaurar la democracia y los derechos humanos con la eliminación del militar. Nunca ni Reagan ni Bush padre dejaron entrever que su afán era recuperar y reimplantar sus intereses estratégicos en Panamá, objetivo que no guardaba relación con la democracia, con los derechos humanos o con el narcotráfico. John Maisto, quien había ejecutado el plan que derrocó a Ferdinand Marcos en las Filipinas, fue traído a Panamá para aplicar exactamente el mismo modelo de desestabilización, para lo cual invitaron a algunos panameños a viajar a Manila.

Prueba de ellos es que tanto el Jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el Almirante William Crowe, como el Jefe del Comando Sur, el General Fred Woerner, opinaron ante el Pentágono, meses antes de la invasión, su desacuerdo con las acciones desestabilizadoras y los planes de usar la fuerza, motivo por el cual los dos más altos militares con competencias pentagónicas sobre Panamá fueron destituídos de inmediato y reemplazados con elementos desequilibrados como el General Maxwell Thurman, a quien llamaban en Vietnam “el loco Max” – “Mad Max”, o como el ambicioso Colin Powell, quien decidió no llevarse a Noriega luego de que éste fuera apresado por las fuerzas rebeldes de Moisés Giroldi, pese a que este operativo había recibido apoyo del Comando Sur hasta ese momento.

A raíz del no reconocimiento del “Régimen Noriega-Solís Palma”, Reagan invocó en marzo de 1988 los Poderes Económicos de Emergencia en Tiempos de Guerra con el fin de tender un cerco completo a Panamá; suspendió el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter para abolir la Junta Combinada de Defensa y operar sin contrapesos panameños, así como para evitar la designación de un candidato propuesto por Noriega (Tomás Altamirano Duque) al cargo de Administrador del Canal el 1 de enero de 1990, y para retener los pagos anuales que la Comisión del Canal debía hacerle al gobierno panameño.

La nueva jefatura del Comando Sur, responsable de ejecutar la invasión, lanzó toda clase de provocaciones militares contra las Fuerzas de Defensa. En lo concreto, las bases militares de Estados Unidos en la Zona del Canal sirvieron para:

(1) Facilitar la movilización a los elementos de la oposición, de modo que no utilizaran aeropuertos y puertos nacionales controlados por las Fuerzas de Defensa.
(2) Utilizar los diarios de las bases militares, como el Tropic Times, así como las radioemisoras y televisoras en la Zona del Canal para propaganda anti-Noriega, en violación de los Tratados del Canal y el derecho internacional.
(3) Posibilitar la invasión a Panamá, usando las bases como puntos de apoyo y trampolín para el ingreso de naves y aeronaves desde y hacia Estados Unidos.
(4) Proyectar fuerzas militares hacia territorio nacional panameño, en violación de los Tratados del Canal, para maniobras, ejercicios y provocaciones.
(5) Perseguir fines diversos no relacionados con los propósitos autorizados en los Tratados del Canal.
El presidente Bush dio falsas razones para justificar la invasión: proteger a ciudadanos y militares de Estados Unidos; mantener los Tratados del Canal; capturar a un narcotraficante.

A raíz de la agresión murieron entre 4,000 y 7,000 panameños, casi en su totalidad civiles inocentes, no beligerantes, quemados por incendios provocados por los helicópteros, por la metralla a discreción, por los bombardeos de los F-117, aviones fantasmas indetectables a radares que no teníamos, por los tanques, bazookas, armas químicas y desconocidas, artillería, etc. Al día siguiente de la invasión, las fuerzas invasoras detuvieron a siete mil panameños por ser funcionarios o miembros del Partido Revolucionario Democrático, manteniéndolos en campos de concentración.
En la invasión participaron casi 50 mil soldados yanquis, repartidos así: 16,000 normalmente acantonados en las bases; 26,000 traídos para el operativo; varios miles adicionales que habían ingresado clandestinamente años antes para el estudio de campo requerido por la invasión, alojados en territorio nacional, casas particulares, hoteles, etc. Se usaron aeronaves, vehículos, armas, municiones, equipos y procedimientos nunca antes probados en combate. La invasión fue la mayor operación militar después de la guerra de Vietnam.

Cuando menos se le esperaba y luego de tantas veces gritar, ¡viene el lobo!, el lobo llegó cuando menos se le esperaba, y llegó cargado de bombas, cohetes balas y láseres. El propio General Noriega, que iba rumbo hacia la ciudad capital, pensaba que podrían ser una de las tantas maniobras de los gringos, pero pronto se vio envuelto en la refriega, y el pequeño grupo que lo acompañaba, y él mismo, pudieron combatir a los invasores cerca del aeropuerto Tocumen.

Visión Estratégica y Bases Militares en Colombia

El triángulo formado por Cuba, Panamá y Nicaragua para la dominación en Centroamérica y el Caribe sufrió la pérdida de Panamá a raíz de los Tratados, que eliminaron al Comando Sur, establecido en nuestro país. Como contrapeso se mantuvieron y erigieron bases y locaciones nuevas en Honduras, El Salvador, Manta y Aruba, así como centros de espionaje y radares en otros países. Donde no hay bases se obtuvieron derechos de libre tránsito en nuestros mares territoriales y ríos, y se impuso el control de Estados Unidos en alta mar, donde emplea su poder de fuego conforme a sus propias leyes y en consonancia con el Arreglo Complementario 2002 (conocido como Tratado Salas-Becker).

Las bases en Colombia acercan a las fuerzas armadas de Estados Unidos a previstos escenarios de guerra y agresión y les permiten alcanzar a todo el continente, desde la base de Palanquero, excepto el Cabo de Hornos, según documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentado ante el Senado de ese país. Ello contradice y echa por tierra lo declarado por el presidente de Colombia: de que las bases solamente serán usadas dentro de territorio colombiano y no representan amenazas a países vecinos.

Las bases de Colombia en poder de Estados Unidos implican el fracaso del presidente Álvaro Uribe en contener o derrotar a las guerrillas y al narcotráfico; implican amenazas reales a los gobiernos y pueblos opuestos a las políticas que emanan de Washington y Miami; implican cesión de soberanía y ocupación de Colombia.

Bases Militares y Derecho Internacional

Las bases militares extranjeras siempre simbolizan la inserción de una soberanía extraña dentro de otra, que amenaza y agrede, especialmente cuando no se enmarcan dentro del principio de la igualdad soberana de los Estados.

Las bases militares de Estados Unidos en Europa o países desarrollados en tiempos de paz generalmente están sometidas al principio de la igualdad soberana de los Estados y a un régimen de derecho, como por ejemplo el Status of Forces Agreement o SOFA, Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas.

En casos de guerra o conflicto se aplican las Convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Pero cuando se instalan en países del Tercer Mundo, en “oscuros rincones del planeta”, y escenarios de guerra en desarrollo como los que anticipa el Comando Sur en Suramérica, donde Estados Unidos opera sin cortapisas como si no existieran soberanías que respetar o tomar en cuenta, entonces las bases se convierten en verdaderos instrumentos de agresión que, por una parte, disminuyen la personalidad internacional del Estado receptor o anfitrión, convirtiéndolo en protectorado, mientras que, por la otra, significan un peligro grave para la población, que se verá en la encrucijada de aceptar la opresión extranjera para mantener el status quo o de rechazarlas porque la soberanía no es negociable.

No habrá forma de hacer compatibles dos fuerzas armadas con cadenas de mando y jurisdicción independientes dentro de un mismo territorio. No habrá forma de integrar una especie de Junta Combinada de Defensa de carácter paritario entre Estados Unidos y Colombia para fines nacionales o extranacionales con tan solo tomar en cuenta las asimetrías profundas entre las fuerzas armadas de ambos países y los impedimentos del propio Pentágono.

A nuestro juicio, es deber y derecho del pueblo colombiano rechazar el acuerdo o tratado de bases con Estados Unidos, llámesele arreglo o acuerdo complementario, enmienda o protocolo a anteriores tratados; es deber y derecho del pueblo colombiano someter dicho acuerdo a los procedimientos constitucionales de Colombia y a las normas internacionales pertinentes. Es deber y derecho a la vez de los países que se sienten amenazados con dichas bases militares exigir que sean prohibidas, ya que el derecho internacional y las Cartas de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos no solamente prohíben el uso de la fuerza – salvo en caso de legítima defensa – sino que proscriben igualmente la amenaza del uso de la fuerza.

Bases Aeronavales en Panamá

Las bases militares en la Zona del Canal fueron desmanteladas el 31 de diciembre de 1999. Además, existe el Artículo 310 de la Constitución Nacional de Panamá, mediante el cual le está prohibido a nuestro país tener ejército. Por otra parte, el Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, “después del 31 de diciembre de 1999 solamente la República de Panamá podrá mantener sitios de defensa, instalaciones y fuerzas militares dentro de su territorio nacional.”

Desde el punto de vista del Tratado de Neutralidad, Estados Unidos ni ninguna otra potencia o Estado podrá mantener presencia militar en Panamá, sin que importe el tiempo de duración de dicha presencia. No queda prohibido el paso de naves de guerra por el Canal. Por su parte, el Artículo 310 de la Constitución haría posible un debate sobre si las propuestas bases aeronavales serán manejadas por militares o policías.

Las bases en Bahía de Piñas, Isla Chapera, Punta Cocos, Rambala y otras (al momento de esta conferencia eran cuatro bases aeronavales, ahora son once) no podrán ser puestas a la disposición de Estados Unidos a menos que Panamá y Estados Unidos invoquen algún acuerdo secreto como el Tratado Salas-Becker 2002, acuerdo que permite su uso a Estados Unidos y cuya inconstitucionalidad ha sido objeto de demandas ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno del presidente Martinelli declaró el pasado octubre en Washington que se celebraría un acuerdo “internacional” operar las bases aeronavales. Pero la reacción en contra hizo que el gobierno desestimara como falso lo dicho por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino. Nosotros denunciamos que las bases aeronavales podrían ser utilizadas por Estados Unidos mediante acuerdos anteriores. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Barbara Stephenson, declaró que, “las operaciones contarán con apoyo logístico de los Estados Unidos… Les brindaremos apoyo en combustibles, entrenamientos y otros”.

Hemos sido informados que el gobierno panameño está tratando de que Estados Unidos aumente su aporte financiero por el uso de las bases o por nuestra participación en el Plan Mérida, y que dicha utilización es considerada como una precondición para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con ese país.

De más está decir que el uso de las bases aeronavales panameñas por parte de Estados Unidos constituiría una violación del Tratado de Neutralidad y su Protocolo de Adhesión y una afrenta histórica por razones conocidas.

Hacia una nueva Doctrina de Seguridad Colectiva en América Latina y el Caribe

Con la aparición de gobiernos independientes de la política de Estados Unidos que rechazan toda forma de intervención extranjera, ya están maduras las condiciones para que nuestra región adopte una nueva Doctrina de Seguridad Colectiva para Latinoamérica y el Caribe.

Ya en 1982, con motivo de la visita de Adolfo Pérez Esquivel a Panamá, quien les habla propuso la creación de una Zona de Paz, Desnuclearizada y Neutral en Centroamérica y el Caribe como un medio para mantener esta región alejada de guerras y conflictos militares y para que la Zona de Paz fuese el entorno de la neutralidad del Canal de Panamá.

Presentamos esta iniciativa en el IV Congreso Continental del Movimiento Unidad Latinoamericana, de 1984, de cuyo Comité Ejecutivo éramos Vicepresidente por Panamá, la cual fue aprobada. A pesar de que no se le dio ejecución al proyecto, el mismo fue bien acogido en el Centro para Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, de México; en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, del cual fuimos uno de sus fundadores, y rodó por Mesoamérica hasta llegar a la Universidad de la Paz en Costa Rica.

Entre los objetivos centrales de la nueva doctrina, que puede ser ampliada a toda la región, están:

- La prohibición de fabricar, almacenar, usar o transportar armas nucleares o de destrucción masiva por el espacio latinoamericano y caribeño;

- La prohibición del paso por los mares territoriales de Centroamérica y el Caribe, incluso por el Canal de Panamá, de naves con cargas peligrosas para la preservación de la vida y el medio ambiente;

- El sometimiento de litigios pendientes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la adopción de la Solución Pacífica de las Controversias en general;

- La prohibición de bases militares extranjeras;

- La disminución progresiva de los presupuestos militares y de defensa de cada uno de los países de la región, conforme a sus necesidades reales;

- Suscripción de tratados de no agresión.

- El rechazo del Comando Sur de Estados Unidos y de cualquier otro esquema estratégico o esfera de influencia incompatible con la neutralidad e independencia de la región;

- El respeto por la libre determinación, la independencia política y la integridad territorial de todos y cada uno de los Estados de la región.

De esta manera, damos por terminada nuestra presentación, no sin antes agradecer a los organizadores de este evento por invitarme a participar en esta importante conferencia.

Muchas gracias.

Ponencia de Julio Yao, presidente del servicio paz y justicia en Panamá, en la II conferencia internacional por la abolición de las bases militares extranjeras . Buenos Aires, Argentina, 1 al 3 de diciembre de 2009.

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