Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)
Rubén Darío Buitrón, coordinador de opinión del diario El Comercio, suscribió las afirmaciones de Restrepo, a las que agregó que incluso en los medios de comunicación social que contaban con códigos deontológicos, se constataba su incumplimiento por parte de comunicadores obligados a respetarlos. Afirmación que condujo, inexorablemente, a repensar el problema desde otra perspectiva: la realidad nacional y el grado de conciencia social alcanzado para avanzar en un comportamiento moral colectivo. La respuesta no es alentadora: la corrupción no ha sido erradicada; los comportamientos delincuenciales, de cuello blanco o no, están al orden del día; los sobornos como práctica de relación entre el sector privado y el Estado se mantiene; las prácticas políticas acuden a la ideología para encubrir sus verdaderos objetivos; el enriquecimiento a través de medios ilícitos es una constante, por ilustrar la indeseable realidad moral que impera.
La utopía planteada por Restrepo entra, entonces, en abierta contradicción con la realidad lo que, si bien no niega la vigencia de su planteamiento, señala que la utopía aún no se ha alcanzado, que es todavía una quimera, por lo que resulta ineludible acudir a la fuerza coercitiva de los códigos deontológicos, de los cuales carecen la mayoría de medios de comunicación social en el Ecuador. No por desidia o incapacidad para elaborarlos, sino por la prepotencia del poder que se sabía intocable, más allá de todo control social, por el poder económico y político que detentaba y detenta.
La contradicción entre utopía y realidad antes expuesta, es de especial importancia para la preparación de la Ley de Comunicación, puesto que determina (si de avanzar hacia la utopía se trata) la necesidad de incluir la obligación de los medios de elaborar, aprobar y difundir códigos deontológicos, así como establecer los mecanismos que tramiten las denuncias sobre la violación de los mismos, las sanciones morales que el incumplimiento demanda, las obligaciones de los medios de publicar y difundir esas sanciones. El objetivo de la coerción se relacionará entonces con la credibilidad de los medios. De ninguna manera con medidas administrativas o cualquier otro tipo de sanción, que afecten a la libertad de expresión.
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