lunes, 1 de febrero de 2010

Inseguridad y vigilancia total

Pedro Rivera Ramos (especial para ARGENPRESS.info)

Hace sólo unos pocos años atrás, cuando se buscaba conocer cuál era el principal problema social que aquejaba a los panameños, la inmensa mayoría casi sin dudar, escogían al galopante desempleo como la causa fundamental de todos sus desvelos. Hoy ese lugar es disputado con mucha frecuencia, por la elevada y creciente inseguridad que estremece a todo el país. No obstante, no se trata de fenómenos separados y desconectados entre sí. No se trata tampoco que los niveles de desempleo se hayan reducido tan significativamente, que cada vez menos, venga inquietando a los ciudadanos.

Desempleo e inseguridad, crecen de la mano en la misma medida que las desigualdades y exclusiones sociales y económicas lo hacen. Y es que al margen de algunas particularidades y coyunturas propias de algunas naciones, no es la riqueza producida por la sociedad la que genera criminalidad y violencia, sino la injusta y aberrante distribución que termina haciéndose y que es, al fin y al cabo, la responsable principal de la alta tasa de desocupación y del crecimiento exponencial del llamado empleo informal.

Naturalmente que para los que aún se aferran al credo neoliberal que impuso la globalización capitalista, el ascenso sostenido de la delincuencia común y del crimen organizado en nuestro país, más que explicarse, ha de combatirse sobre todo con el mejoramiento de los pertrechos para la actividad policial y una sofisticación tecnológica de los sistemas y entidades para la represión y la vigilancia de toda la sociedad. Es decir, se aprovecha un problema que es netamente provocado por el modelo social y económico excluyente, discriminatorio y explotador imperante, para armar al Estado; refinar y justificar sus métodos de procedimiento judicial represión y control; invadir la privacidad e intimidad diaria mediante la vigilia constante de las actividades de los ciudadanos; valerse del miedo legítimo para restringir o suspender libertades individuales.

Nada de esto puede suponerse desproporcionado, porque nada de esto está dirigido solo y verdaderamente hacia el combate de la delincuencia, el crimen y el terrorismo como se quiere hacernos creer. Son las manifestaciones locales de un plan general y global del capitalismo de nuestra época que persigue, entre otros objetivos: criminalizar la pobreza y a los luchadores sociales; prepararse para desactivar con anticipación las protestas populares; contenerlas o aplastarlas con brutalidad, de ser necesario. Eso explica la reiterada insistencia de los gobernantes por dotar a su aparato represivo de armamento y dispositivos de contención más modernos, el extenso uso de cámaras convenientemente instaladas en toda la ciudad y leyes como la 48 de 2004 contra el pandillerismo o la 51 del 18 de septiembre de 2009, destinada a conocer nuestros movimientos por Internet y vigilar las comunicaciones por telefonía móvil, fija y troncal. Aquí en nada importa que Scotland Yard, famosa policía de Londres, confiese que sólo resuelve menos del 20% de sus casos con ayuda de cámaras. Y eso que esa ciudad es la más vigilada del mundo con estos aparatos.

En definitiva, encarar correctamente el fenómeno de la criminalidad en aumento en nuestra sociedad, no es un asunto que se deba considerar únicamente desde el ámbito administrativo y represivo. Es preciso que se aborde además, desde las causas socioeconómicas, políticas y culturales, es decir, estructurales, que son las que definen y configuran cabalmente este complejo problema. Es evidente ya, que no son eficaces las estrategias de mano dura o mano blanda, para detener la orgía de sangre, dolor y muerte, que todas las mañanas se le revela al panameño en cada ajusticiamiento, asalto, violación y tráfico de drogas que ocurre en el país.

Tampoco resulta suficiente el desarrollo de programas que inducen a los vecinos a participar en la vigilancia de sus comunidades, tarea cada vez más difícil y riesgosa, debido al crecimiento del número de policías devenidos más tarde, en peligrosos bandidos o antisociales. Esa desconfianza del ciudadano explica en gran medida, el llamado código del silencio que en muchas ocasiones, es el que termina prevaleciendo ante el crimen. Por eso es que más allá de lo que pueda aportar la lucha criminológica contra el delito, lo que existe aquí es un conflicto que nace de nuestra manera de producir, distribuir, vivir y percibir el mundo que nos rodea. Es el reconocimiento práctico del agotamiento de un modelo que, como quedó demostrado claramente en diciembre pasado en la reunión COP 15 de Copenhague, es evidentemente inviable desde el punto de vista ambiental y de la supervivencia humana.

Vivimos en un mundo que se ha vuelto excesivamente inseguro y violento y donde mucha responsabilidad le cabe en ello, a la errada política de las autoridades estadounidenses para enfrentar el llamado flagelo del terrorismo, a que sólo el 20% de toda la población humana se queda con el 80% de la producción total y a que los negocios más lucrativos del capitalismo sean el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas y el tráfico de seres humanos. No resulta para nada extraño saber entonces, que tan sólo algunos años atrás, la OIT aseguraba que entre el 2% y el 14% del PIB de Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia, era aportado por la trata de blancas; mientras que en el 2008 en un periódico guatemalteco se aseveraba que los carteles mexicanos de la droga, manejaban un capital anual que ascendía a casi 60,000 millones de dólares.

En Panamá, que según sus autoridades, exhibe un crecimiento económico anual entre el 4% al 5%, lo hace acentuando una realidad profundamente desigual, en la que 4 de cada 10 panameños están sumidos en la pobreza y la desnutrición infantil rebasa límites inadmisibles. Pero eso no es todo. Pese a que uno de cada 270 panameños está en la cárcel, los llamados “ajustes de cuentas” siguen representando un alto porcentaje de las muertes violentas, algunos policías son capturados participando en fechorías y los sicarios manejan impunemente autos lujosos por las principales carreteras del país. Nada de esto sería posible si no existiera cierto vínculo entre políticos, autoridades judiciales, policías y narcotraficantes. Si las campañas políticas fuesen tan transparentes para demostrar, que carecen por completo del financiamiento de carteles o capos locales.

Hoy el clima de inseguridad y la lacerante desigualdad que reina en el país, vienen haciendo de la seguridad un atractivo y creciente negocio. Perros, sistemas de alarmas, guardias de seguridad, cámaras, seguros y vigilancia satelital, son sólo algunos medios a los que se acude para proteger vidas y bienes. Sin embargo, escasa importancia se le concede al desarrollo de programas que promuevan permanentemente la educación, el deporte, la cultura y empleos dignos y bien remunerados para todos los ciudadanos. Pero estos programas requieren además, que los medios de comunicación cesen en la exaltación del pandillero y de los capos, a través de entrevistas muchas veces trucadas o la exhibición de bodrios, como el Cartel de los Sapos, el Capo o las Muñecas del Cartel.

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