miércoles, 10 de febrero de 2010

YPFB: Las “plantas” separadoras y el fin de la industrialización

EL NACIONAL (Tarija, Bolivia)

El “salto industrial” propuesto por el MAS en su programa de gobierno con el que ganó las elecciones generales del seis de diciembre pasado, corre el serio riesgo de ser un salto al vacío.

La licitación publicada por YPFB para contratar servicios de una empresa consultora que haga el “estudio conceptual básico” para la posterior eventual construcción de una Planta Separadora de licuables en Río Grande, obligará a la empresa a limitar su trabajo a las condiciones establecidas en el contrato de exportación de gas al Brasil, denominado GSA (Gas Supply Agreement), que se firmó el año 1996 y se lo modificó hace muy poco, el 18 de diciembre de 2009, cuando el actual presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, suscribió la cuarta adenda.

Tanto el GSA como la cuarta adenda firmada por Villegas, constituyen poderosos frenos para hacer realidad la propuesta del salto industrial con que sueña Evo.

En efecto, el gas “seco” (metano), que es el que Bolivia se comprometió a exportar al Brasil, tiene un poder calorífico de 8.900 kilocalorías por metro cúbico (kcal/m3). Los “negociadores” bolivianos del GSA firmado el año 1996 (durante el gobierno del “capitalizador” Sánchez de Lozada), obligaron a YPFB a entregar a Petrobras un gas con poder calorífico de 9.200 kilocalorías por metro cúbico. Para llegar a ese valor, el gas, necesariamente debe contener otros gases, como el etano, propano, butano y otro tipo de moléculas que, con procedimientos relativamente sencillos (Planta Separadora), pueden ser retirados del torrente de gas metano y utilizados como materia prima por excelencia para la industria petroquímica.

Desde 1999, cuando se inició el bombeo de gas al Brasil en virtud del GSA, Petrobras recibió diariamente gas rico (con poderes caloríficos de hasta 9.400 o más kcal/m3), pero pagó como si recibiera gas metano de 8.900 kcal/m3. Los licuables son separados en territorio brasileño y han sido utilizados para una rica industria petroquímica que produce hoy mismo un plusvalor de hasta 1.000 millones de dólares anuales. Una verdadera y generosa “yapa” del agónico YPFB boliviano a Petrobras de Lula que, de paso, ese la que opera los dos megacampos bolivianos de San Alberto y San Antonio.

La Planta Separadora de Líquidos que YPFB acaba de licitar para instalarse en Río Grande, tendrá una capacidad de procesar tan sólo la quinta parte del volumen de gas que se exporta al Brasil (6 de los 30 millones de metros cúbicos diarios). ¿Por que? La respuesta está en la Cuarta Adenda firmada por Villegas el 18 de diciembre pasado.

En ésta YPFB, en vez de negociar la modificación del GSA para entregar a Petrobras gas metano puro, con 8.900 kcal/m3, se obliga, por el contrario, a seguir entregando gas enriquecido de al menos 9.200 kcal/m3 hasta la finalización del contrato (la adenda estipula que entre enero de 2008 y diciembre de 2012 podrá entregar gas con valores caloríficos de hasta 9.400 kcal/m3). Esto significa, ni más ni menos, que Bolivia está renunciando a la petroquímica con la que puede generar productos valorados en más de mil millones de dólares anuales, a cambio de recibir pagos de entre 100 y 180 millones de dólares anuales. La cuarta adenda ha formalizado la entrega de materia prima para esta industria a Brasil. La mini planta separadora que acaba de licitar YPFB sólo servirá para extraer una mínima parte de licuables, aquella necesaria para entregar el gas con 9.200 kgal/m3.

¿Que magnitud de petroquímica económicamente viable podrá proyectarse con tan pequeñas cantidades de licuables obtenidos? Esto será materia de otra reflexión en este espacio.

Por hoy corresponde alertar que el presidente interino de YPFB, recientemente ratificado por el presidente Morales, cuando se le indaga sobre los términos de la negociación del contrato de exportación de gas a Argentina, ha respondido que no informará nada hasta que el documento haya sido suscrito. ¿Que otras sorpresas traerá? ¿Por que tanto secreto en asuntos que corresponde a todos los bolivianos conocer y, en su caso, aprobar o rechazar antes de que causen perjuicio.

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