lunes, 15 de marzo de 2010

De las estructuras sociales (Parte I)

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Comprender las instituciones y las estructuras sociales es parte de la formación teórica y cultural necesaria para asimilar no sólo la historia sino también los procesos políticos contemporáneos. Entre esas entidades figuran el poder y el Estado.

El Poder es la capacidad de un sujeto o entidad para imponer a otros su voluntad. El poder político es mucho más que eso: es su quintaesencia y la única expresión de la autoridad que gravita sobre toda la sociedad.

La enormidad del poder político surge de su asociación con el Estado, la única creación humana equiparable a Dios porque como Él, es todopoderoso, omnipresente y está dotado del don de la ubicuidad y, en algunos entornos es sacralizado. El Estado no rinde cuentas ni se subordina a nadie, excepto a sí mismo.

En las sociedades preindustriales, unidades territoriales relativamente pequeñas y gobernables por unas pocas personas, el poder se ejercía de modo directo y brutal. Donde como ocurría en la esclavitud y el feudalismo las personas carecían de derechos no se necesitaban leyes ni instituciones. Dado el carácter autoritario de la organización social, no era necesario construir consensos y se prescindía completamente de la participación de las personas.

Por esas y otras razones, el término poder se asoció con elitismo, arbitrariedad, injusticia y violencia, cosa que comenzó a cambiar con la introducción de la democracia, la más importante de todas las categorías políticas existentes, a partir de la cual se estableció un tipo de organización estatal que por estar basada en el sufragio, requería la participación de las personas dotadas de derechos, proceso en el cual aparecieron también las instituciones y se configuró el Estado moderno.

En la medida en que los gobernantes y las autoridades fueron electas necesitaron del acatamiento de las mayorías, el centro de gravedad del poder político comenzó a desplazarse y las élites tuvieron que compartirlo con las mayorías que aunque iletradas y pobres, tuvieron la facultad de elegir y, al menos una vez cada cierto número de años, aunque fuera sólo por un día, convirtieron el voto en poder.

Con frecuencia la aparición de la democracia, hija de la conversión del liberalismo en ideología dominante se atribuye a la burguesía, como si esa clase fuera un demiurgo surgido de la nada y no un fenómeno hecho de la misma sustancia social que los demás. Realmente ninguno de esos elementos es patrimonio de alguna clase, sino resultados del proceso civilizatorio y expresiones de la cultura universal.

Asumir que la democracia, el liberalismo o los derechos civiles son burgueses es tan erróneo como creer que el espíritu gregario y la tendencia al colectivismo son socialistas o que la religiosidad la inventó algún pillo para embaucar a las gentes. La democracia, lo mismo que la escritura, la fe, la autoridad y los ideales de libertad, aparecieron y se desarrollaron porque constituyeron necesidades sin cuya satisfacción la humanidad no hubiera podido sobrevivir.

Lo mismo ocurre con el Estado, uno de los grandes frutos de la cultura dotado de plasticidad y redundancia, únicamente comparable con la del sistema nervioso de los humanos, sólo que opera en una escala incomparablemente más amplia, tanto que lo incluye todo: al Estado nada le es ajeno, excepto cuando el mismo así lo decide.

El Estado es quien hace las reglas que regulan hasta los menores detalles de la convivencia social, institucional e incluso familiar, de sus normas surgen los prolegómenos para la moral y la ética. Él es la única entidad autorizada a, por intermedio de sus agentes aplicar la violencia y a partir de los códigos de justicia, privar a alguien de la libertad y todavía en muchos países, incluso de la vida. El estado habilita a unos humanos para regir, gobernar, juzgar, castigar o premiar a otros.

Ante un poder tan inmenso y necesario, aunque esencialmente enajenante, la misma humanidad que lo creó intento protegerse y proteger a los individuos de una abrumadora opulencia, que conducida arbitrariamente es letal. La única manera de neutralizar ese poder sin suprimirlo, fue introducir la clausula de la legitimidad y dividir las prerrogativas evitando que todas las facultades pudieran concentrarse en una o pocas manos; todo ello acompañado por la idea de la institucionalidad.

La legitimidad del poder es un requisito que se realiza en circunstancias históricas concretas, por medio de instituciones establecidas conforme a Derecho, leyes escritas, prácticas consuetudinarias, principalmente elecciones desplegadas de diferentes formas y reguladas por leyes nacionales. Frente a los poderes ilegítimos, el despotismo y la tiranía, en consonancia con el espíritu de las leyes, las protestas y las rebeliones son jurídicamente aceptadas y las revoluciones consagradas como fuente de Derecho, de justicia y consideradas instrumento para alcanzar la libertad.

Si bien, en sentido general, el Estado representa los intereses de la clase dominante que, desde el poder político controla sus palancas, su trascendencia y sus obligaciones contractuales se esparcen por sobre toda la sociedad, en ese sentido, en múltiples asuntos, el Estado actúa como árbitro entre las clases sociales y otros actores políticos, imponiendo reglas a todos y “evitando que la sociedad se desangre en luchas estériles”.

Bien mirado, el Estado es el país y la nación, los pueblos y la tierra, la cultura y el patrimonio material, la espiritualidad y la Patria. Un error frecuente confunde al Estado con el gobierno, que es apenas una parte del mismo.

El Estado es una criatura perfecta, entre otras cosas por su capacidad para evolucionar, adaptarse a situaciones cambiantes y lograr su mayor esplendor en los ambientes democráticos que, dicho sea de paso, él mismo contribuye a construir valiéndose para ello del poder político legítimo.

Falta por decir que el poder es una criatura que existe en más de una dimensión, la política es una, la económica otra. Luego les cuento.

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