miércoles, 14 de abril de 2010

México: Opacidad en expansión

Eduardo Ibarra Aguirre

¿Sabía usted que será hasta el año 2022 cuando los mexicanos nos enteraremos de cuánto gastará el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para conmemorar el bicentenario del Grito de Dolores y el centenario de la convocatoria maderista al alzamiento popular armado?.

El Instituto Federal de Acceso a la Información, órgano autónomo encargado precisamente de combatir la opacidad gubernamental, tomó la decisión de reservar esa información para los próximos 12 años. Vistos con esta lente, ahora se entiende muy bien el propósito de los últimos dos cambios operados en el Consejo General, bajo el impulso directo de Calderón Hinojosa. Y los gastos y los hechos del primer empleado de la República son precisamente los que debe transparentar el muy costoso órgano ciudadano, caro para los bolsillos de los empobrecidos causantes, amén de impulsar la rendición de cuentas.

Pues fíjese usted que no es así, con todo y las piezas oratorias generalmente reiterativas y mal expuestas por el afán de ser y sobre todo parecer coloquial y hasta simpático, chistoso –como lo hizo con muy poca fortuna Ernesto Zedillo Ponce de León-- ante auditorios que reclaman soluciones, para finalmente mostrarse con frecuencia como el “hombre de mecha corta” que hasta sus compañeros de partido, Acción Nacional, pero no de grupo, describen así.

Apenas en enero de 2010, Calderón hizo un enérgico llamado a su equipo de gobierno para poner fin a la opacidad –“2. Falta de claridad o transparencia, especialmente en la gestión pública”, define el diccionario--, en las 245 dependencias que integran la administración pública federal.

Y el valor de las palabras y de los discursos de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús –pronuncia hasta cuatro por día sin reparar, ni él ni sus múltiples asesores, que así bloquean su adecuado registro en los medios de comunicación--, resulta tan deslumbrante que en sólo dos meses aumentó en 416 mil 760 el número de expedientes señalados como reservados. Aquella cifra representa más del doble de lo clasificado como confidencial durante 2009, cuando 189 mil documentos dejaron de ser públicos.

De acuerdo a la reportera Elizabeth Velasco C., el total de los expedientes a los que la ciudadanía no tiene acceso asciende a 6 millones 542 257, a menos que acuda al IFAI para que revise caso por caso.

Respecto del gobierno de la tristemente célebre pareja presidencial, el del abogado y economista que recorre febrilmente los estados donde el 4 de julio se realizarán elecciones, la cifra de expedientes gubernamentales reservados aumentó en 56.8 por ciento, si nos atenemos al seguimiento hecho por La Jornada y dado a conocer el primer día de abril.

De tal suerte que ante los micrófonos y los auditorios seleccionados a modo y revisados con todo rigor por el Estado Mayor Presidencial, se hace una política con discursos sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Y desde las muy exclusivas oficinas del grupo gobernante –en el que predomina la lealtad absoluta y la incondicionalidad con el michoacano de Morelia--, se impulsa decididamente la opacidad y la negativa a rendir cuentas.

De qué magnitud será el derroche de recursos públicos para los festejos de dos gestas históricas en las que, años más tarde, fueron derrotadas las fuerzas del conservadurismo, y las que hoy detentan el poder político y más y mejor se identifican con las segundas, se niegan a informar y hasta dentro de 12 años dejará de ser secreto de Estado.

Con todo, ya trascendió que la gran fiesta del 15 y el magno desfile del 16 de septiembre costarán millones de dólares y que la producción estará a cargo de un señor que cobra las perlas de la virgen. Como si el país estuviera para tanto circo, escaso pan y abundante represión.

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