lunes, 26 de abril de 2010

Paraguay: El derecho es excepción

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Cinco de los 18 departamentos del país están desde este fin de semana bajo el régimen de Estado de Excepción, decretado por el Gobierno de Fernando Lugo, aunque con disidencias internas, pero apoyado por el parlamento enemigo, lo cual da una idea de las contradicciones que caracteriza a la actividad política paraguaya.

El propósito es de combatir la violencia y la inseguridad que se ha amparado de la zona, con la participación del Ejército y asesores en contrainsurgencia de Estados Unidos y Colombia, a pesar de que el Ministro de la Defensa, Luis Bareiro Spaini, califica esa colaboración de ingerencia en los asuntos internos y una amenaza para la soberanía nacional, en oposición con su colega del Interior Rafael Filizzola.

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) una fantasmagórica organización, de la que no se conoce ningún documento político, pero con mucha fabricación mediática, aparece como el principal autor de la mayor parte de los delitos, secuestros extorsivos y algunos asesinatos, acaecidos en los dos últimos años.

Desde 1995, más de 30 extorsiones registra la cartera del Interior, por las cuales se habría pagado más de 10 millones de dólares, lo cual alimenta serias sospechas de que la mafia esté mezclada en la autoría, hasta valiéndose, quizás, de un grupo de jóvenes radicalizados,con una densa carga emotiva generada por su condición de vida miserable.

Más de veinte presos, mujeres y hombres, mayoría muy jóvenes y todos del medio rural, han sido presentados por la fiscalía en las últimas semanas, como miembros del EPP aunque sin poder aportar pruebas, lo cual los exime de condenas por el momento, pero no de la cárcel, sin que trasciendan muestras de solidaridad de alguna organización de izquierda.

La decisión de militarizar el norte del país es, sin duda, una temeridad de Lugo, porque genera enconada resistencia en el conjunto de su base social, que es su mayor factor de sustento, y porque evidencia incapacidad autocrítica de su equipo de mando, en particular el Ministro Filizzola, primer fracasado en el terreno de las operaciones y mal visto en algunos ámbitos, por su confesa simpatía con el régimen criminal de Uribe.

En los 20 meses del gobierno de Lugo, se han incrementado los actos violentos en el norte del país, la zona de más fuerte militancia de los campesinos sin tierra, la misma donde el mandatario ejerció el obispado durante década y media, identificado con esas reivindicaciones populares, casi una excepción entre el clero conservador.

En forma valiente y humilde, Lugo se solidarizó con las tomas de tierra, con los cortes de ruta y con otras manifestaciones de las organizaciones campesinas, recorriendo en sandalias los rancheríos más humildes, llevando su aliento a las familias de las capueras de labriegos e indígenas marginados.

Ahí nació su prestigio, que permitió a algunos políticos progresistas experimentados, comenzar a deslizar su figura como la de un potable líder popular, muy necesario para todo el amplio y disperso abanico de la oposición que quería desplazar al Partido Colorado del gobierno, que tenía sometido desde 1947.

De ahí hasta ahora, Lugo ha recorrido un camino sinuoso, serpenteando descréditos por su paternidad poco asumida, y se ha fortalecido en el aprendizaje de las mañas de la política, donde la moral tiene poco quehacer, pero le resta demostrar ante el pueblo y ante el mundo, si tiene capacidad para conducir con éxito el proceso de cambios de las vetustas estructuras sociales, económicas y culturales que necesita Paraguay.

Querido por un porcentaje importante de la población, parte de la cual ha adquirido un pensamiento y accionar críticos y, por eso mismo, continúa siendo la principal fuerza contra una derecha revanchista y sin ideas, Lugo está constantemente entre dos cuerdas, la popular, que reclama justicia y la oligárquica, temerosa como nunca antes, que se resiste a dejar de obstaculizar toda idea de progreso.

Amenazado su poder en una lucha frontal en el marco de la democracia tradicional, la derecha se apoya en los únicos recursos que le quedan, su inmensa fortuna de origen dudoso y los grandes medios de comunicación. En la coyuntura regional actual, nada garantiza que Estados Unidos autorice dar manotazos a los cavernarios, aunque continúe alimentándolos como ejército de reserva.

Caso insólito en los últimos 70 años en Paraguay, las fuerzas progresistas están derrotando a la derecha con las propias armas de ésta, que se desespera por meter en el mismo saco a las fuerzas progresistas democráticas, con un terrorismo absolutamente exagerado, porque el país no registra hechos importantes de esa naturaleza y cuya motivación podría tener más tufo de organizaciones mafiosas que políticas.

En ese escenario, Lugo ha decidido militarizar un tercio del territorio, a un precio que puede resultar alto para la cohesión de las fuerzas progresistas, que acaban de celebrar los dos años de la victoria popular del 20 de abril del 2008, con un acto de impresionante concurrencia, con mujeres y hombres salidos de los rincones más apartados y míseros del país.

El Estado de Excepción, primo hermano del Estado de Sitio, aunque se le quiera arropar diferente, permite allanar hogares, detener y trasladar personas sin orden judicial, y prohibir o restringir reuniones y manifestaciones públicas, operativos represivos para los cuales la policía paraguaya tiene sobrada como siniestra experiencia.

Buscando a los miembros del EPP, han sido desempolvados los viejos archivos estronistas condenatorios de toda persona sospechosa ante los ojos de los jerarcas de la represión, en cuyas filas son numerosos los oficiales sumariados, aunque ninguno condenado, por hechos inocultables de contrabando, tráfico de estupefacientes, de vehículos, de personas y otros delitos.

Incluso, oficiales acusados de violaciones, asesinatos de luchadores sociales y secuestros y torturas, gozan de buena salud y altos salarios en la institución oficial, según denuncias del perseguido Partido Patria Libre que, al igual que la Federación Campesina, el Partido de los Trabajadores, la Federación de Educadores, y el Espacio Unitario-Congreso Popular, condenan el decreto de Estado de Excepción.

El proceso de cambios es del pueblo, advierten esas organizaciones junto con otras que aún no han difundido su posición, tal el caso del Frente Guasú, que nuclea a 20 movimientos y partidos, así como el 20 de Abril, cuyo líder es el Secretario General de la Presidencia, Miguel López Perito, en embarazosa posición.

Las elecciones municipales, de noviembre próximo, son un reto casi determinante para el proceso de cambios y, a partir de ahora los movimientos progresistas y sus precandidatos, están obligados a moverse con la contrariedad del Estado de Excepción.

Aunque limitado a 30 días, sabemos por Clausewitz que los represores saben cuando comienzan a operar, pero no saben cuando pueden dejar de hacerlo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.