jueves, 6 de mayo de 2010

Argentina, Buenos Aires: “Esta saña en la Central la conocemos, es un odio clasista"

ACTA

Dirigentes de la CTA La Plata-Ensenada, provincial y nacional, junto a diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, ratificaron su compromiso con los vecinos desalojados de Gorina, y apuntaron a la complicidad del juez con los intereses económicos e inmobiliarios de la zona.

Rodeado de fotos que daban cuenta de los destrozos perpetrados en el desalojo de las 50 familias platenses, el secretario general de la CTA La Plata-Ensenada, Carlos Leavi, no dudó en señalar directamente al juez César Melazo como principal responsable y anticipó que se están estudiando diferentes medidas políticas y legales “para que cesen sus atropellos. Un juez que debería ser de Garantías”, lo definió, “pero en realidad garantiza los negocios de la policía bonaerense, garantiza la impunidad, y ahora también parece que es la garantía de los negocios inmobiliarios en la ciudad de La Plata. Este personaje de la Justicia no puede seguir actuando con la impunidad que actúa, así que todas las organizaciones hemos tomado la decisión de ponerle freno”.

“Poder e Injusticia” se titula el documento presentado hoy durante la conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA provincial, sita en 1 entre 61 y 62 de la ciudad de La Plata, con la firma de numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos. Entre los principales puntos allí denunciados figuran que el desalojo fue ordenado por un supuesto delito de “usurpación”, cuando hay familias que viven allí desde hace más de 20 años; que la empresa Ferrobaires, dueña de los terrenos, firmó un convenio con los vecinos en donde les cede el lugar hasta septiembre, cuando debería encontrarse una solución definitiva, y que las familias desalojadas comparten los mismos terrenos con el country Gran Bell, donde viven varios funcionarios y empresarios.

Por otra parte, el mismo día del desalojo -que se produjo de manera sorpresiva y violenta sin notificación previa-, el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, hizo lugar a un habeas corpus presentado por los abogados de la CTA, y pese a que el magistrado se hizo presente en el lugar, el jefe del operativo se “sublevó” y no acató la orden.

Marcelo Ponce Núñez, coordinador del equipo jurídico de la CTA provincial, explicó por su parte que “la orden de desalojo es contraria a la ley y fue de una violencia inusitada. Hay personas que viven en las tierras desde el año 1972 y por lo tanto la ley las ampara como legítimos propietarios, lo cual está debidamente acreditado porque es la dirección que consta en sus documentos y los de sus hijos. También está el caso de un vecino que vive ahí desde hace 27 años, en una vivienda que el Estado provincial le dio por la enfermedad de su esposa, y ahora el mismo Estado se la rompió a patadas”. Finalmente, mostró los fundamentos de la denuncia realizada por “vecinos” de la zona, que alegan “desvalorización de sus terrenos lindantes”, y hasta “peleas entre perros” y “basurales que molestan al medioambiente”.

En tanto, Emilia Preux, vecina del lugar y referente del Foro por los Derechos de la Niñez de La Plata, repasó el intenso trabajo que se venía realizando con los vecinos desde hace dos años, y enmarcó el desalojo en “una política que viene implementándose desde el Municipio con la aprobación del nuevo Código de Planeamiento Urbano, porque esa zona de Gorina ahora fue destinada a los countrys. Esto no es casual”, afirmó, “es una trama relacionada con grandes negocios inmobiliarios”.

El coordinador del Comité provincial contra la Tortura, Roberto Cipriano, remarcó “la gravedad institucional, ya que había un fallo judicial de por medio. Las explicaciones las tienen que dar Stornelli y Scioli, que al parecer le soltaron la mano a la policía, y los apoyan hasta en la desobediencia a las órdenes judiciales”, y concluyó que “hay una campaña en la provincia para profundizar la mano dura”.

Apoyo nacional

El secretario general de la CTA bonaerense, Hugo Godoy, explicó que la presencia del secretario nacional de Derechos Humanos de la Central, Ricardo Peidró, estaba transmitiendo “la decisión del conjunto de la CTA nacional presidida por Hugo Yasky, Pablo Micheli y Pedro Wasejko, con los vecinos de Gorina, arbitraria, injusta y vandálicamente desalojados cumpliendo órdenes ilegales de Melazo”.

Godoy también subrayó los violentos pormenores del desalojo, efectuado con sierras, palos, y prendiéndole fuego muchas de las viviendas, “desde el viernes a las 8 de la mañana hasta el domingo, cuando ante la vista de los vecinos los policías hicieron, para festejar, un asado con los restos de sus casas”.

Peidró también eligió detenerse en este punto, señalando que “la saña con la que actúan, nosotros desde la Central la conocemos. Es un odio clasista. Por consiguiente, para nosotros esto no es sólo un tema local sino un tema nacional, y así vamos a encararlo desde la CTA, y seguramente, con la unidad de la clase trabajadora, esto como otras luchas que hemos tenido nos va a llevar a la victoria”.

En el lugar, y ante una masiva concurrencia de medios locales y nacionales, tuvieron oportunidad de dar su testimonio numerosos vecinos, algunos actualmente alojados en casas de familiares o la escuela nº 92 del barrio, que estuvo sin clases por este motivo y cuya directora Alicia Vaccarini también estuvo presente acompañando a los alumnos y sus familias.

Por la CTA bonaerense también participaron el secretario adjunto y titular de SUTEBA, Roberto Baradel, el secretario gremial y titular de la AJB, Hugo Blasco, y la secretaria de Derechos Humanos Rosana Merlos. Además estuvieron presentes Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru, Marta Vedio de la APDH, Alba Ñeca Mariotto de Madres de Plaza de Mayo - La Plata, y el vicepresidente de la Comunidad boliviana de La Plata, Víctor Torres, entre otros.

Junto con la CTA regional, provincial y nacional, suscribieron el documento la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité Contra la Tortura, APDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Justicia YA!, Foro por los Derechos de la Niñez, Agrupación María Claudia Falcone, Asociación Miguel Bru, Madres de Plaza de Mayo- La Plata, Movimiento Justicia y Libertad, Proyecto Sur, Quebracho, y el concejal platense Daniel Caferra.

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