lunes, 17 de mayo de 2010

Bruselas tutela el recorte del déficit de España

Paul Mielgo (XINHUA)

España no escapa a la corriente de austeridad presupuestaria que recorre Europa, acosada por la crisis griega y las turbulencias de los mercados financieros.

El gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a acatar las órdenes dictadas desde la Unión Europea para reducir el elevado déficit fiscal.

El histórico plan de estabilización de 750.000 millones de euros, (937.500 millones de dólares) que sellaron los líderes europeos la semana pasada para vacunar a la zona euro del contagio de Grecia, implica también un control más severo de las cuentas públicas de cada país miembro.

España, que arrastra el tercer mayor déficit de la región con un 11,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), no ha tenido más remedio que "apretarse el cinturón".

Rodríguez Zapatero se comprometió en Bruselas a ahorrar 15.000 millones de euros (18.750 mdd) y acelerar así la reducción del déficit en un 0,5 por ciento del PIB adicional en 2010 y en un 1 por ciento en 2011.

Para cumplir con su promesa, el presidente del gobierno español presentó el miércoles en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas que representa el mayor ajuste presupuestario en 30 años y que en gran parte contradice lo que hasta ahora ha sido el principal baluarte de su política social.

Rebaja salarial de funcionarios

La propuesta contempla una reducción del salario de los funcionarios de un 5 por ciento en promedio durante 2010. Una rebaja que afectará a un total de tres millones de trabajadores del sector público, es decir, el 20 por ciento de la población activa.

Los miembros del gobierno han querido predicar con el ejemplo y se han bajado el sueldo un 15 por ciento.

Asimismo, Rodríguez Zapatero adelantó que se congelará en 2011 la revalorización de las pensiones, salvo para las no contributivas y las pensiones mínimas. Más de seis millones de jubilados verán así mermado su poder adquisitivo.

Se pone fin así a 25 años de subidas garantizadas por ley, con base en el incremento anual de la inflación. Por otro lado, el Ejecutivo pretende también reducir el gasto farmacéutico logrando un consumo de medicamentos más eficiente.

Otra iniciativa anunciada por el jefe del Ejecutivo socialista fue la eliminación a partir de 2011 de la prestación por nacimiento de 2.500 euros (3.125 dólares), conocida como "cheque bebé".

La supresión de esta ayuda para fomentar la natalidad, se produce en un momento en que el envejecimiento de la población presenta un riesgo para el sostenimiento del sistema de la Seguridad Social, lo que ha obligado al gobierno a proponer la ampliación de la edad de la jubilación de los 65 a los 67 años.

Las inversiones en obras públicas, como la construcción de la red ferroviaria de alta velocidad, sufrirán también el "tijeretazo". Se verán reducidas en 6.045 millones de euros (7.550 mdd) entre 2010 y 2011.

También se llevará a cabo un recorte de 600 millones (750 mdd) en la ayuda oficial al desarrollo en el mismo periodo. A las administraciones públicas de las comunidades autónomas y ayuntamientos, el presidente del gobierno les pidió un ahorro adicional de 1.200 millones de euros (1.500 mdd).

Rodríguez Zapatero dijo que estas medidas son "imprescindibles" y procuran ser "lo más equitativas posibles" para cumplir con el compromiso de reducir el déficit al 3 por ciento del PIB -- el límite fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento -- en 2013 y pidió un esfuerzo nacional para llevar a cabo esta tarea.

El gobierno no descartaba adoptar nuevas medidas de austeridad y tampoco una posible subida de impuestos sobre las rentas más altas. Según la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, "las personas que tienen más capacidad económica son las que tienen que aportar más".

En la buena dirección

La reacción de las autoridades europeas a los recortes no se hizo esperar. Desde Bruselas, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Ollie Rehn, declaró que las medidas del gobierno de Rodríguez Zapatero "parecen ir en la buena dirección".

En tanto, el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, las describió como un "paso lógico", añadiendo que los recortes son "estrictamente necesarios" para "evitar males mayores en los mercados financieros y para salir de la crisis de la forma más rápida".

Incluso el presidente estadounidense, Barak Obama, que con anterioridad telefoneó a Rodríguez Zapatero para convencerle de las recomendaciones de Bruselas, celebró las "medidas audaces" adoptadas por el gobierno socialista.

La mayoría de expertos y analistas coinciden en que las medidas son necesarias pero no suficientes para atajar el déficit y consolidar la recuperación económica.

José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, aseguró que "las medidas son las necesarias, superan las expectativas y retornan a España a una senda de estabilidad presupuestaria que tan buenos resultados nos ha dado en los últimos 15 años".

Oposición sindical

El plan de ajuste del gobierno no ha tenido la misma acogida en las filas del Partido Popular (PP), en la oposición. Su líder conservador, Mariano Rajoy, acusó a Rodríguez Zapatero de "improvisación" en su política económica y de perpetrar "el mayor recorte social en la historia de la democracia española".

Por su parte, los dos sindicatos mayoritarios, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), anunciaron movilizaciones y no descartaron una huelga general.

Tras reunirse con el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa, "las aclaraciones de Zapatero nos han ratificado en nuestra oposición y rechazo", aseguró Cándido Méndez, secretario general de la UGT.

La última huelga general en España tuvo lugar el 20 de junio de 2002 en protesta contra la reforma contra las prestaciones por desempleo del gobierno popular de José María Aznar.

De momento, UGT y CCOO, junto con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), han convocado una huelga limitada al sector público para el 2 de junio.

Se confirmaba así el distanciamiento entre gobierno y sindicatos, ante una reforma del mercado laboral que podría incluir el abaratamiento del contrato y el despido. Una reforma estructural que muchos economistas ven inevitable para combatir la falta de competitividad de la economía española y un paro masivo que afecta a 4,6 millones de personas, el 20 por ciento de la población activa.

Los empresarios serán la tercera parte negociadora de la reforma, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, calificó de "positivo" el plan de ajuste y en referencia a los sindicatos declaró que "el país no está para huelgas".

Temor a otra recesión

Las medidas de austeridad presentadas por Rodríguez Zapatero tuvieron una primera lectura positiva en la Bolsa, pero a medida que los inversores digirieron todo su contenido, la interpretación de las mismas fue más pesimista.

El mercado teme ahora que una drástica reducción del gasto público frene la incipiente recuperación económica.

El Instituto Nacional de Estadística confirmó esta semana la salida de la recesión de España con un mínimo repunte del PIB del 0,1 por ciento en el primer trimestre de 2010, después de casi dos años de contracción.

La Bolsa de Madrid vivió otra semana de extrema volatilidad, que empezó con la mayor subida de la historia y terminó con la mayor caída desde octubre de 2008.

El lunes, el índice Ibex-35 celebró por todo lo alto el plan de blindaje de la UE con una escalada nunca vista del 14,43 por ciento, mientras que el viernes el miedo a una recaída en la recesión desplomó al selectivo español un 6,64 por ciento hasta los 9.314 puntos.

Con todo, el Ibex saldó las cinco últimas sesiones con un avance del 3 por ciento y rompió una racha de cuatro semanas de pérdidas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.