jueves, 13 de mayo de 2010

Corrupción: Tolerancia cero

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

En una sociedad como la cubana en la cual la estabilidad del sistema político y la gobernabilidad dependen de la cohesión social y política y estas a su vez, se asocian a un discurso ideológico fundado en la igualdad, la corrupción recuerda a una cuña que divide y debilita a un cuerpo necesitado de la unidad.

Un pueblo cuyas masas y élites han vivido durante cincuenta años bajo reglas auto impuestas de austeridad virtualmente monásticas, adoptando estilos de vida basados en acéticos niveles de consumo y de confort, no puede aceptar que elementos inescrupulosos, valiéndose precisamente de los cargos y de las funciones de servicio asignadas por la Revolución, disfruten de privilegios que en otros entornos pueden ser normales pero que aquí resultan irritantes.

Paradójicamente, lo realmente peligroso de la corrupción para el proceso político y el proyecto social cubano no es el rechazo social sino la aceptación que conlleva a un deterioro y a un desmentido de los valores revolucionarios, socialistas y éticos en los cuales se han educado varias generaciones que hicieron del desinterés y de la capacidad de prescindir, una especie de código moral no escrito aunque ejemplarmente practicado.

A diferencia de otros países, donde la corrupción es un fenómeno que afecta exclusivamente a las cúpulas y a la clase política, a empresarios a cargo del sector público y a funcionarios de la administración estatal e incluso a elementos de la empresa privada, en Cuba ese fenómeno, camuflado en una deficiente administración es más bien horizontal.

La naturaleza estatal de la economía, la producción, los servicios y la gestión social en Cuba obligan a confiar la utilización y la custodia de voluminosos recursos materiales y financieros a miles de administradores y funcionarios que, padeciendo al igual que los trabajadores, carencias materiales, manejan con honradez bienes y dinero de propiedad y destino social.

Si bien durante décadas, sostenido por la vigencia de firmes convicciones políticas y morales, el ejemplo personal de los líderes y a la creencia en preceptos y valores asociados a la experiencia socialista, el sistema funcionó de modo razonablemente pulcro, no impidió que se introdujeran prácticas negativas, entre ellas la costumbre de que los trabajadores y los funcionarios de todos los rangos, resolvieran sus necesidades materiales con recursos de los centros de trabajo.

Aquel fenómeno, convertido en habitual para millones de personas, dio lugar a una extendida práctica, que usando un juego de palabras, se llamó “sociolismo”, consistente en que sobre bases de amistad y compañerismo, los trabajadores resolvían sus problemas a cuenta de los recursos de sus centros de trabajo. Uno de los críticos de ese fenómeno, desde hace cuarenta años ha sido el actual presidente Raúl Castro.

El paso del tiempo, el relevo generacional, la construcción de proyectos de vida individuales basados en parámetros que el proyecto colectivo no puede satisfacer, las expectativas no cumplidas y sobre todo las confusiones asociadas a la crisis del socialismo real, golpearon seriamente los referentes teóricos y los paradigmas ideológicos en los que se asentaban los presupuestos básicos del proyecto socialista y dieron lugar a mutaciones en la mentalidad y el comportamiento de muchos individuos.

En los años noventa, la entrada del capital extranjero, el turismo, la liberalización de las remesas, la despenalización de la tenencia de divisas, la autorización del trabajo por cuenta propia y el hecho de que miles de trabajadores y cuadros revolucionarios se involucraran en actividades vinculadas a empresas mixtas, asociaciones con capital extranjero, contratación de suministros y ventas y otros procesos análogos, si bien permitieron sortear la crisis y salvar el proyecto socialista y sus más preciadas conquistas, no impidieron que se entronizaran desigualdades y contradicciones que crearon un plano inclinado.

La crisis económica que colocó a los cubanos ante el dilema de luchar la subsistencia, fenómeno hasta ese momento desconocido para buena parte de la sociedad, conllevó al debilitamiento de referentes ideológicos, que si bien no quebrantaron la conciencia política de las mayorías, introdujeron vicios en el manejo de los recursos estatales y lesionaron las defensas de un sistema de gestión económica que, en gran medida se asienta en relaciones de confianza y en la probidad de directivos y trabajadores.

El dilema que actualmente confrontan las autoridades cubanas es cómo lidiar con un fenómeno que involucra a millones de personas, incluyendo a trabajadores, administradores y directivos, que amenaza a las altas esferas y puede alcanzar a los órganos encargados de detectarlos y reprimirlos. No se trata como en el pasado de individualizar y sancionar a algún funcionario corrupto o a un mal administrador, sino de descontaminar la gestión económica de fenómenos masivos de desvío de recursos con fines de uso particular y fines de lucro.

Resulta obvio que en la lucha contra la corrupción es imposible establecer un orden de precedencias y esperar hasta que el salario y los ingresos legítimos de trabajadores y directivos se estabilicen y funcionen como regulador espontáneo para luego ordenar la administración, ni tratar de contener el fenómeno con campañas moralizadoras o cediendo a la tentación de la represión o a los excesos de control y fiscalización.

Aunque no existen recetas para atajar el fenómeno, es preciso apoyar a la dirección revolucionaria y cada cual, en el lugar que ocupa, evitar que el fenómeno prospere. La idea de “Tolerancia Cero” no es una alternativa represiva sino una opción social que puede combinar todos los factores para frenar la corrupción, evitar que se extienda y se ramifique y luego hacerla retroceder; cosa que también es un asunto de seguridad nacional; sin dramatizar, de vida o muerte.

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