miércoles, 19 de mayo de 2010

Eichmann, medio siglo después

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Días atrás se cumplieron 50 años del secuestro de Adolf Eichmann en Buenos Aires. Entonces nadie imaginaba la trascendencia que ese oficial nazi adquiriría con el tiempo y de qué modo el análisis de su rol funcional incidiría en la reconstrucción conceptual del aparato nacionalsocialista puesto al servicio de la purga racial y el exterminio.

En la actualidad, su captura y posterior juicio forman parte trascendental de la historia de la joven nación israelí. Aquella por medio de la cual se elabora una narrativa en torno a la persecución y asesinato de seis millones de judíos en la Europa de 1941 y 1945.

Los motivos de su huida hacia nuestro país se remontan al mes de noviembre de 1945. Entonces se habían iniciado en Nüremberg los juicios en contra de los principales criminales de guerra, ocasión en la que el nombre de Eichmann comenzó a sonar con inquietante regularidad.

Oculto bajo el nombre de Otto Heninger, logró a principios de 1950 establecer contacto con la Odesaa, la organización clandestina de ex miembros de las SS, que colaboró con su traslado a Buenos Aires. Con un pasaporte falso de refugiado, obtuvo un documento de identidad y un permiso de trabajo a nombre de Ricardo Klement, católico, soltero, apátrida y de 37 años de edad, siete menos de los que en realidad tenía.

Su secuestro se produjo el día 11 de mayo de 1960 por parte de agentes de inteligencia del Estado de Israel. Días después, burlando los controles migratorios y aduaneros, Eichmann fue sacado del territorio de la República Argentina y trasladado en avión a Jerusalén.

Todo ello ocurrió subrepticiamente y en violación de la soberanía argentina, en el marco de un total desprecio por las instituciones de cooperación policial y penal y, de modo más general, por la legalidad y sus formas jurídicas.

La justificación del secuestro, desde la perspectiva israelí, se hallaba en que los crímenes que se le atribuían carecían de antecedentes y en la circunstancia atenuante de que no había ninguna otra alternativa si en verdad se lo quería someter a un juicio.

Tal cosa, puesto que la Argentina tenía un importante historial en cuanto a no conceder la extradición de criminales nazis. Entre los antecedentes contaban para entonces las frustradas extradiciones de Karl Klingenfuss y Josef Mengele.

Durante el juicio a Eichmann, Israel argumentó que la infracción de las normas internacionales era un asunto que tan sólo concernía a ambos Estados y que, por lo demás, era una circunstancia que en nada impactaba en contra de los derechos del acusado.

En definitiva, dicha infracción quedó "subsanada" por la declaración conjunta de los dos gobiernos del día 3 de agosto de 1960, según la cual "resolvían considerar zanjado el incidente provocado a raíz de los actos de unos ciudadanos israelitas que violaron los derechos fundamentales del Estado de la República Argentina".

En Jerusalén se acusó a Adolf Eichmann de la comisión de crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra perpetrados durante el período nazi y, en especial, durante la Segunda Guerra Mundial.

El final del juicio es bien conocido: el 15 de diciembre de 1961 se dictó la sentencia por medio de la cual se lo condenó a muerte. Tres meses más tarde se inició el procedimiento de apelación, que dio lugar a una confirmación tajante de la sentencia recurrida.

Días después, a pocas horas de la medianoche, el condenado fue ahorcado, su cuerpo incinerado y sus cenizas arrojadas al mar Mediterráneo, fuera de las aguas jurisdiccionales israelíes.

El juicio a Eichmann sirvió para poner de relieve la eficientísima organización burocrática del régimen del nacionalsocialismo alemán y cómo ella se puso al servicio de un proyecto de tamaña envergadura criminal.

Y en términos más generales, para demostrar que un plan genocida no puede prosperar sin el protagonismo y complicidad de todo o al menos una parte sustancial del aparato estatal. Cuestión que desde Nüremberg venía atrayendo la atención de diversas disciplinas intelectuales, desde la filosofía hasta el derecho penal.

Martín Lozada es Juez Penal. Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Paz y Democracia por la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

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