jueves, 27 de mayo de 2010

El Bicentenario, los embargos del juez Griesa, la responsabilidad del Congreso, y el canje fraudulento de deuda

Mario Cafiero - Javier Llorens

La prensa nos anoticia que el juez Griesa de Nueva York ordenó el embargo (o bloqueo) de los fondos del Banco Nación en el extranjero, además de otros que había dispuesto previamente.

Pese que supuestamente somos una nación soberana, desde la década del `70 quedamos bajo la jurisdicción del juez Griesa, por obra y gracia de Videla y Martínez de Hoz. Ambos están hoy presos, por haber sido condenados o enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Habiendo cometido esos horribles crímenes, a la par de que ponían a la Argentina -y a todos los argentinos y a lo argentino- bajo la férula del juez de Nueva York.

Ellos posteriormente fueron sentados en el banquillo de los acusados, pero previamente se encargaron de poner a Argentina en el banquillo de los demandados por parte de los jueces de Nueva York. Un absurdo total, que viola flagrantemente el concepto de soberanía, para una nación que en algún momento postulaba en su Constitución, que aspiraba a ser socialmente justa, económicamente libre, y políticamente soberana.

Pero como en los últimos treinta años no fuimos económicamente libres, tampoco pudimos ser una nación políticamente soberana (como se puede ver hoy con los embargos de Griesa. Al respecto hay un sencillo dicho africano que resume la cuestión: "el que da es el que dirige"). Y menos aun socialmente justa. Como se puede corroborar con las estadísticas sociales. Según las cuales pasamos de un índice de pobreza e indigencia del 6 % del total de la población en la década del '70, a un índice actualmente superior al 30 %. Con todas las secuelas que esto ha generado, comenzando por la seguridad ciudadana.

(Un reconocido economista de la deplorable Fundación Mediterránea, en la década de los '90 publicó un sesudo estudio afirmando que el auge de la delincuencia era la forma de redistribución de un ingreso, que previamente se había distribuido regresivamente o inequitativamente. Cualquier persona medianamente inteligente redistribuiría socialmente el ingreso, en una forma mucho menos traumática, y mucho mas armónica, que la consentida por la Fundación Mediterránea).

Sin embargo el Congreso, desde el inicio de la democracia, nunca corrigió esa aberración de someter a la nación a la jurisdicción de un juez comercial extranjero, que lesiona directamente nuestra soberanía, de la que acabamos de festejar sus primeros doscientos años.

Y menos lo hizo el Poder Ejecutivo Nacional. Ni Alfonsín (con la colaboración de Sorrouille y Machinea). Y menos aun Menem (con la estrecha colaboración de Cavallo y Roque Fernández). Ni tampoco De la Rúa (con la estrecha colaboración de Machinea y Cavallo). Ni KIRCHNER (con la colaboración de Lavagna). Ni Fernández de Kirchner (con la actual colaboración Boudou) se animaron a cuestionar dicha absurda medida otorgada por los criminales Videla y Martínez de Hoz. Por contrario la ratificaron plenamente. Como lo hizo a fines del año pasado nuestra actual Presidenta con el decreto 1.953/09. Con el que dispuso emitir bonos por 15.000 millones de dólares para destinarlos al actual canje de deuda, poniéndolos bajo la jurisdicción de Nueva York.

Por un lado el actual gobierno acusa al juez Griesa de "embargador serial". Y por el otro lado infantilmente parecería decirle "vení embargame". Al cumplir los doscientos años ya deberíamos haber aprendido que la soberanía, igual que el movimiento, no se demuestra declamando ni quejándose, sino andando.

La primera vez que la Cámara de Diputados de la Nación esbozó un cuestionamiento a dicha "prorroga de jurisdicción" (como se la denomina leguleyamente para disimular sus verdaderos efectos, en vez de decir "cesión de soberanía") fue a principios de este mes, cuando rechazó el mencionado decreto 1.953/09 de Fernández de Kirchner y Boudou. (Asunto que la gran prensa, pese a ser una ferviente opositora del actual gobierno, se encargó de disimular enteramente. La prensa opositora puede ser feroz, pero esa ferocidad no llega a determinados asuntos de alta sensibilidad económica o financiera.)

Sin embargo la Cámara de Diputados no se pronunció respecto la cuestión de fondo: la absoluta anticonstitucionalidad de ese mecanismo aberrante. Y menos aun los legisladores han recuperado el control efectivo del endeudamiento público, al punto que se han enterado de las condiciones de la propuesta del actual canje de deuda, leyéndola en los diarios.

Por su parte los ahorristas, simultáneamente que promovieron dicho embargo contra el Banco Nación, expresaron sus cuestionamientos, tanto respecto el actual canje de deuda, que ha sido orquestado solamente en beneficio de determinados fondos buitres allegados al gobierno; como la falta de control constitucional de ese canje por parte del Congreso.

En el Bicentenario de nuestro primer intento de autodeterminación y soberanía como Nación.

Al respecto reproducimos la carta que el 12 de mayo pasado enviamos personalmente a cada uno de los legisladores, con motivo del fraudulento canje en cuestión.

Sres Legisladores Nacionales:

Asunto: promoción de acción penal por el canje de deuda dispuesto por decreto 563/10, en abierta violación a lo dispuesto en la ley de suspensión del “cerrojo”

De nuestra mayor consideración:

La gravedad que para el patrimonio nacional implica lo dispuesto por el decreto 563/10 y lo decidido por el Ministro de Economía Amado Boudou, y la inercia por parte de la mayoría los Srs. legisladores en advertir los inusitados ribetes de esa operación, nos ha obligado a los firmantes de la presente, el ex Diputado Nacional MARIO CAFIERO; el autor de numerosos trabajos económicos JAVIER LLORENS, y el Presidente de la Asociación Civil Anticorrupción RICARDO MONNER SANS, a radicar una acción penal ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, a cargo del Dr. Oyarbide, con intervención de la Fiscalía Nº 2, a cargo del Dr. Rívolo (CAUSA Nro.6197/2010).

Promovimos la misma en base al informe que se adjunta: “Los fraudes y defraudaciones en la reapertura del canje de la deuda en default” de Mario Cafiero y Javier Llorens, donde se demuestra la existencia de gravísimas irregularidades de clara connotación penal en esa operación en curso. Desde el posible delito de violación de deberes de funcionarios públicos, hasta el ilícito de negociaciones incompatibles por parte de funcionarios del gobierno nacional.

Aprovechando la laxitud con que se sancionó -por parte de la anterior composición parlamentaria- el texto de la norma mediante la cual se devolvió al Poder Ejecutivo la facultad de renegociar los bonos en default (Ley 26.547), sin imponer límites precisos a la oferta, ni exigir ninguna comprobación respecto de los tenedores de bonos; el Sr. ministro de Economía Amado Boudou, burlándose de la ley, ha lanzado un canje con una sideral mejora en relación al canje del año 2005, respecto una determinada categoría de tenedores de bonos: concretamente los especuladores que compraron bonos después del default. Ha posibilitado así que determinados fondos buitres consumen una maniobra que les permitirá una diferencia por arbitraje de bonos, estimada en el orden de los 3.500 millones dólares.

Los Sres legisladores pueden encontrar en el informe las pruebas de quiénes son concretamente algunos de los fondos vinculados y beneficiados con la maniobra (principalmente Fintech, Fidelity y Gramercy). Como así también la de estudios de abogados donde participan ex funcionarios como Horacio T. Liendo. O sea los mismos personeros del escandaloso endeudamiento externo que el Congreso nunca se animo a investigar; cuyas maniobras llegaron a su climax con el megacanje del 2001, que tuvo como uno de sus autores intelectuales al mencionado Liendo.

Ahora bajo las barbas del Congreso, nuevamente está sucediendo lo mismo. Y el ciudadano común se pregunta si la cuestión del matrimonio gay, que afecta según las estadísticas mundiales, a menos de una cada cincuenta mil personas, no ha sido una maniobra de divertimento del oficialismo para distraer la atención del Congreso respecto temas mucho mas trascendentes. Como el de la deuda y el canje de ésta, cuestiones que afectan de una u otra manera al 100 % de la población y a la calidad de vida de ella. Resulta incluso notable la importancia dada al tema del matrimonio gay, en momentos en que la mayoría de las parejas heterosexuales nuevas optan por juntarse y evitar el matrimonio. Muchas de ellas por las dificultades y el incierto horizonte económico que afrontan. (De esta manera en un futuro es probable que se defina al matrimonio, como la unión de dos personas del mismo sexo, y al concubinato la unión de dos personas de sexo distinto…).

Si los Srs. Legisladores representantes del pueblo hubiesen prestado atención a los problemas que en realidad interesan y repercuten en todos los argentinos (y que por ausencia de esto nos estamos convirtiendo en un país insignificante, que no se anima ni siquiera a afrontar el conflicto de Malvinas, ni aún ahora que ha aparecido las verdaderas causas de él) habrían advertido en los 19 anexos y más de mil páginas que acompañan al Decreto 563 y la Resolución 230 del Ministerio de Economía, que además del canje de los bonos en default, se ha instrumentado de manera subrepticia un RECANJE de los bonos emitidos en el canje del 2005, de inusitados alcances.

El mismo, a la luz del decreto 1.953/09 rechazado recientemente por la Cámara de Diputados, involucraría nada menos que la cifra de 6.000 millones de dólares. Y estaría destinado a beneficiar inusitadamente a determinados tenedores de bonos que en aquella oportunidad eligieron títulos en pesos ajustados por inflación, bajo legislación argentina, y luego se vieron perjudicados por el índice CER, como consecuencia de la intervención en el INDEC. Y ahora el ministro Boudou solapadamente les ha abierto la posibilidad de canjearlos por bonos en dólares, bajo legislación de Nueva York.

Los autores del referido informe, tras décadas de haber analizado este tipo de operaciones y sus instrumentos, manifestamos que nunca hemos visto una documentación tan enrevesada, opaca, y abstrusa casi hasta lo ininteligible, como la documentación en cuestión. Supera en falta de transparencia a las emitidas en el período más aciago de predominio de los intereses financieros, como fue la década de los ‘90.

La falta de transparencia abarca también a todo el proceso de canje, que está contaminado de inconfesables entendimientos y arreglos entre altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional e interesados directos, como bancos internacionales, fondos buitres, y consultoras. Le cabe –según ha quedado públicamente difundido y nunca desmentido- al Coordinador de Asuntos Políticos de Presidencia, Juan Carlos Mazzón, la responsabilidad de haberle abierto la puerta a la participación del Barclays Capital Inc, entidad inglesa que ilícitamente eludió inscribirse en los registros petroleros relacionados con la cuestión Malvinas, para poder encabezar sin cuestionamientos la operación. Pese a que esta situación fue denunciada ante la Justicia y por algunos legisladores nacionales.

La opacidad prosigue con la inusitada aparición en los prospectos de Arcadia Advisors, una consultora insignificante en relación a la magnitud de la operación y de los bancos internacionales intervinientes, pero cuyos honorarios (que son parte de un paquete de 120 millones de dólares) se mantienen sin embargo velados al conocimiento público. No sería la primera ni la única vez en la larga historia de la corrupción argentina, que una consultora es el vehículo para el pago de sobornos. O peor aun, que haya sido Arcadia Advirsors quién redactó la letra artera de las bases del canje en cuestión. Habiendo terminado así la crónica delegación de funciones por parte de ese Congreso en lo referido a la deuda publica, no en el Poder Ejecutivo, sino en una consultora de cuarto orden. Concretándose así una inaudita privatización de la administración de ella.

Para terminar de perpetrar este enorme negociado y maximizar sus ganancias (consistente en comprar bonos en default a precios irrisorios, para canjearlos al Tesoro a mas de tres o cuatro veces su precio de compra) los fondos especuladores buitres necesitaban que el Poder Ejecutivo no solo suspendiese la ley cerrojo, sino que mostrara una firme voluntad de pago de la deuda, poniéndola en sus prioridades absolutas (como en su momento fue la ley de déficit cero en el año 2001). Con esa finalidad se habría instrumentado la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda, a través de los ya famosos DNU 210 y 298. A los efectos de bajar la tasa de riesgo país y subir concomitantemente el valor de los bonos a canjear. Dejaron así la mesa servida para que los fondos buitres consumaran un enorme negociado basado en la valorización de “bonos tirados a la basura” (por el art.4 de la ley 26.017 debían ser retirado de los mercados; lo que no por casualidad nunca ocurrió) posibilitando que los mencionados fondos especulativos compraran los bonos a canjear a precios de ganga.

Lamentablemente para los argentinos, el gobierno parece haber concretado en beneficio ajeno, la picardía del viejo Vizcacha del Martín Fierro, de escupir el asado (los bonos en default) para que luego los fondos buitres se lo comieran. Alzándose con una ganancia del orden de los 3.500 millones de dólares. Y como si ese banquete no fuera suficiente para los bancos y fondos buitres agasajados en él, el menú viene aderezado con un recanje de los bonos emitidos en el 2005, para pasar deuda interna en pesos ajustada por CER, a deuda externa en dólares con altos intereses, por un monto de 6.000 millones de dólares.

Luego de radicar la denuncia penal ya individualizada, con esta presentación cumplimos en advertir a los Sres. legisladores nacionales representantes del pueblo, respecto los alcances inauditos de la operación de canje en curso; ya que por mandato del art 75 inc 7 de la Constitución, son los Srs. Legisladores quienes están funcionalmente obligados a poner límites a esta situación, e impedir que se consume esta escandalosa maniobra.

Ing.Mario Cafiero y Javier Llorens

Ver también:
- Argentina: Los fraudes y defraudaciones en el nuevo canje de deuda de bonos en default (Parte I)


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