miércoles, 5 de mayo de 2010

El Salvador: Un militar denuncia el proceso viciado en su contra

Zoraya Urbina (COLATINO)

Adrián Meléndez, coronel de la Fuerza Armada (FA) de El Salvador, jamás imaginó que publicar un anuncio en un periódico le iba a traer problemas con el entonces Ministro de Defensa.

La publicación le costó la baja de la institución castrense sin el pago de sus salarios, ni de los beneficios que le correspondían y una serie de irrespetos a sus Derechos Humanos.

Según el abogado de Meléndez, Henry Paul Fino, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), en 2005, su defendido publicó en un rotativo una carta abierta a su progenitor.

Cada año, desde que su padre falleció, a manera de homenaje, el coronel le expresaba, mediante el anuncio; su cariño y cuánto lo extrañaba, pero además comentaba sobre su vida, los problemas que tenía y sobre diversas situaciones que enfrentaba en la cotidianidad.

“El entonces ministro de la Defensa Nacional, Otto Romero se sintió ofendido”, dice Fino. “Lo que le decía al padre era la situación que él, particularmente, estaba viviendo producto de algunas situaciones que en su trabajo estaba enfrentado”.

En esa época, Adrián Meléndez tenía el cargo de mayor del ejército. En 2003, fungió como jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la institución. En ese contexto, realizó sendos señalamientos de irrespeto que se cometían al interior de la FA.

“Según parece, en algunas actuaciones del mayor, chocó con el ministro de la Defensa, entonces empezaron los procedimientos administrativos internos”, explica.

Desde entonces, Romero no desaprovechó oportunidad para perjudicar a Meléndez. Tomando como pretexto el comunicado del periódico, inició un proceso por el delito de calumnia, difamación e injuria en contra de Meléndez.

En el juicio ante un tribunal militar, el coronel fue condenado y dado de baja de las filas del ejército. Aunque se presentó una apelación y luego una casación, ante la Cámara de lo Penal y la Sala de lo Penal de la Corte, la sentencia fue confirmada.

Esta consistía en una pena de prisión o servicios a la comunidad, suspensión del cargo sin goce de sueldo y como Meléndez es abogado y notario, no podía ejercer sus funciones notariales.

Además fue detenido dentro de la Fuerza Armada por 28 días, acto que posteriormente fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia. El juicio contra el militar se desarrolló en el juzgado de 1era Instancia Militar, el juez de la causa fue José Eduardo Marroquín Ponce. Ante él se ha esgrimido distintos argumentos legales, no obstante con base a la misma ley, el juez no cede para derogar la pena a Meléndez.

Según Fino, la defensa y el Coronel tuvieron una entrevista con el actual Ministro de la Defensa, David Munguía Payés, para exponer el caso. Luego de una revisión del proceso, el funcionario declaró que la institución no presentaba cargos y no se sentía ofendida.

Pese a esto, el juez Marroquín argumentó que no podía aceptar la posición de Munguía Payés, puesto que, quien puso la demanda fue Romero; Fino indica que esta posición no es válida por cuanto quien se presentó como ofendido fue el Ministro de Defensa.

Por tanto, en su calidad de titular de la Fuerza Armada, Munguía Payés sí puede quitar la demanda en contra de Meléndez. El abogado defensor además, aduce que el juez debería de apartarse del proceso.

Basa su posición en que en diciembre de 2007, fue recomendado por Otto Romero, para viajar a Washington para participar en una visita a distintos sistemas de justicia militar estadounidense, con gastos pagados por la institución militar.

Fino se apoya en el Código Procesal Penal en artículo 73, numeral 6 de la sección 6ª, referente a impedimentos, que expresa que un juez está impedido de conocer una causa, si se han recibido beneficios de importancia de alguno de los interesados. Luego de sendos procedimientos para que el juez revoque la sentencia, no se obtuvo ninguna respuesta favorable. Pero también Meléndez y su familia han sufrido atentados, reciben llamadas anónimas donde los amenazan.

Uno de sus hermanos, Eurípides, fue atacado y herido con arma blanca, fue atendido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde a pesar de eso, no existen registros del incidente.

También sujetos desconocidos irrumpieron en la casa del hermano, donde robaron documentos y computadoras en las que se llevaba un registro de todo el proceso.

Ante estas situaciones, la defensa del Coronel acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar estos atropellos, las denuncias son recibidas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta estableció que se le brinde protección a Meléndez y a su familia; que se investiguen los hechos en torno a este caso. Sin embargo, hasta la fecha el Estado salvadoreño ha hecho caso omiso de las órdenes de la Corte.

Meléndez sólo pide justicia, que se le paguen los salarios y las prestaciones atrasadas y en vista que no hay argumentos sólidos que sustenten la condena, se levante esta.

Además, muestra su preocupación por las amenazas de las que él y su familia son víctimas, por lo que espera se le brinde la protección que la CIDH estableció para resguardar su vida y la de los suyos.

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