lunes, 17 de mayo de 2010

Estrategias anti corrupción: En Cuba

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Con sus luces y sus sombras, la sociedad cubana de nuestros días, fruto de una revolución legítima y autóctona, de un liderazgo eficaz y de una epopeya nacional de cincuenta años desplegada sobre dos siglos decisivos en la historia humana, se enfrenta a tareas tradicionales que han marcado su desempeño y a desafíos inéditos, entre estos últimos el de reinventarse ella misma y, sin desmentirse sobrevivir no sólo a la agresión externa y a la adversidad económica, sino al desgaste que para todo y proyecto y todo organismo significan los años.

Comprender las circunstancias que aproximadamente en la última década han generado el auge del delito económico y revelado manifestaciones de corrupción en Cuba son fenómenos cuyas particulares formas y esencias son capaces de poner a prueba al más calificado equipo de sociólogos y convertir en ineficaces probados instrumentos metodológicos.

Una característica del fenómeno de la corrupción en Cuba es que algunas de sus expresiones más extendidas, nacen no de un clima de relajamiento moral o deshonestidad, del mal ejemplo de los gobernantes o de la impunidad de los poderosos, sino de una desafortunada y confusa combinación entre el modo de administrar la propiedad estatal, la quiebra económica, la introducción de instrumentos de mercado, la aparición de desigualdades sociales y privilegios; así como del debilitamiento de valores ideológicos asociados al justificado escepticismo que acompaña a la desaparición del socialismo real en la Unión Soviética y otra decena de países.

Alguno de estos fenómenos, como por ejemplo la situación económica y las desigualdades sociales se incorporaron al discurso político y se enfrentaron con lucidez y profundidad, otras como son reflexiones mayores acerca de las causas del fin del socialismo real, cuestiones ideológicas asociadas a ese fenómeno y todo lo relacionado con la eficacia de las instituciones de la superestructura, los déficit existentes, así como los referentes teóricos y los paradigmas políticos, son asignaturas pendientes.

Debido a particularidades de la sociedad cubana de hoy que tal vez sólo los cubanos alcanzan a comprender; para los inspectores, auditores y vigilantes, identificar en Cuba a quienes con ánimo de satisfacer necesidades perentorias, servir a compañeros de trabajo, devolver favores u otros fines, desvían recursos estatales es tan difícil como individualizar a quienes en Fuenteovejuna, para hacer justicia, mataron al Comendador. En la Isla la culpa también es social.

Hay en Cuba personas que se apropian de lo que no es suyo sin ser ni considerarse a sí mismos como ladrones, funcionarios que desvían recursos sin lucrar y personas que participan en el tráfico de influencias sin saber que lo hacen. Naturalmente que en ese clima de difícil comprensión y pronóstico, escudándose en duras y complejas realidades, medran los villanos que amparándose en tal estado de cosas, roban, trafican, practican el cohecho, aceptan sobornos y son, como en cualquier otra parte, francamente corruptos. Probablemente los de esa ralea no sean tantos como a veces se supone.

Consta que el gobierno cubano dispone de la voluntad política, la calificación, las instituciones y los instrumentos metodológicos necesarios para un diagnostico de la situación social, incluyendo los brotes de corrupción; así como de las capacidades para combatir ese flagelo frente al cual lo más difícil parece ser elegir la estrategia correcta. La mala noticia es que, hasta ahora la aplicada parece ser excesivamente unilateral.

La naturaleza estatal altamente centralizada y verticalizada de la economía, la producción, los servicios y la totalidad de la gestión social y cultural en Cuba obligan a confiar la utilización y la custodia de los recursos materiales y financieros a miles de administradores y funcionarios dotados de facultades para decidir lo que conviene a las comunidades y los colectivos y actuar en nombre del pueblo. Durante décadas, esa miríada de cuadros revolucionarios manejó y todavía hoy administran honradamente bienes y dinero de propiedad y destino social.

Sin embargo, en la última década, el deterioro del poder adquisitivo del dinero recibido como salario y la caída libre del nivel de vida de todas las categorías de la población han motivado el auge del delito económico, las malversaciones, la aparición de diferentes variantes de soborno, el cobro de comisiones y otras tendencias negativas, que han quebrantado esa confianza haciendo que las autoridades apuesten por incrementar los controles, la supervisión y la vigilancia, como dicen los cubanos: “aprieten”

Como resultado de esa orientación, en un grado visible han proliferado los cuerpos de inspectores, las agencias de seguridad y vigilancia, los custodios a cuenta de los centros de trabajo que se suman a la policía, a las guardias obreras y a la actividad de los vecinos que por las noches, en número de decenas de miles en las ciudades y pueblos se integran a las tareas de vigilancia. De conocerse, el número de personas dedicadas a esas tareas de dudosa efectividad pudiera ser abrumador.

Los administradores y empresarios se quejan de vivir pendientes de las inspecciones y de tener que dedicarse excesivamente al papeleo, a rendir cuentas y a controlar los recursos, sin que por ello se frenen las tendencias al crecimiento de los delitos y otras faltas que afectan a la producción, dañan las obras de construcción, mantienen descontentos a los usuarios y clientes de comercios y servicios diversos.

Algunos creen, que tal vez debía probarse y combinar el apretón con la liberalización, hacer a los colectivos laborales participes reales del control de la producción y los servicios y naturalmente de sus lucros, liberando al Estado de la obligación de fiscalizar cada acto. He escuchado decir que cada inspector y cada guardia de seguridad es una premisa para la corrupción. En definitiva ellos también tienen necesidades, están sometidos a las mismas influencias que sus congéneres y no son de piedra.

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