lunes, 17 de mayo de 2010

La represión por sospecha en Chile

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

1. La delincuencia en Chile, al igual que en el resto del planeta, es resultado esencialmente de la miseria y la ignorancia. Salvo insignificantes porcentajes de patologías asociadas a comportamientos criminales, en cualquiera de sus formas, son las precarias condiciones materiales y culturales las que subyacen al fenómeno delincuencial.

Al mismo tiempo, el fetiche de la mercancía, lejos ya de su condición puramente instrumental para la vida, y convertido en un fin en sí mismo, es reificación objetiva de la mercancía alentada obligatoriamente por el capital para la reproducción de sus relaciones sociales donde el hombre es un mero agente productivo o de consumo; asalariado, cliente y sujeto de deuda. Y la condensación de la mercancía, o la mercancía de las mercancías, es el dinero. Esa demanda del capital –que se sostiene sobre la contradicción incontrarrestable que contiene la apropiación privada de la riqueza socialmente producida- es fomentada de manera totalizante y multidimensional a través de la incesante y ampliada construcción simbólica a través de las instituciones que mantienen el capitalismo y los medios de comunicación, en particular. Es decir, el innegable fenómeno de la delincuencia, también es provocado por el Estado y la clase que domina cuando convierte la mercancía en objeto de deseo, materia de satisfacción alienada, felicidad momentánea que compensa la realidad concreta de la mala vida, las relaciones de injusticia y desigualdad que gobiernan el movimiento del capital y sus expresiones en la cotidianidad de las grandes mayorías.

Por supuesto, la delincuencia amplificada, y la edificación del sentido común de habitar en medio de la delincuencia, son ámbitos nucleares del programa de la burguesía y sus partidos políticos. Al respecto, tanto en Chile como en casi todo el planeta, la delincuencia significa cualquier forma de perturbación del orden de las cosas. Delincuencia es cantar en la calle a todo pulmón; sustraer alimentos de un supermercado; ser joven y vestir y conducirse como tal; hacer una huelga; defender territorios originarios usurpados; cuestionar, incluso moderadamente, la propiedad privada; marchar por la calle por derechos sociales y contra abusos de toda índole; o vivir en una casa abandonada.
2. Los gobiernos de la Concertación dieron trágicas pruebas del empleo policial para reprimir al movimiento de trabajadores, al pueblo mapuche y al mundo poblador. Asesinatos de trabajadores en huelga (como Rodrigo Cisterna); de comuneros mapuche (Jaime Mendoza Collio, Alex Lemún Saavedra, Matias Catrileo Quezada y Juan Collihuin Catril, entre otros); y jóvenes estudiantes y pobladores (como Claudia López), fueron hechos que conmovieron a la opinión pública y permanecen en la memoria profunda de los siempre castigados. Los operativos policiales, con renovado arsenal, realizaron allanamientos a discreción en casas ocupa, comunidades mapuche, locales sindicales, domicilios particulares; y reprimieron con nuevas tecnologías (el ex sub secretario del Interior, Felipe Harboe, el 11 de septiembre de 2008 estrenó un carro policial que emite ondas de ultrasonido para disolver la protesta social en Lo Hermida), y nuevos formatos paramilitares. El actual paradigma policíaco-militar post dictadura, se originó en los gobiernos de la Concertación. Tras el terremoto-maremoto del 27 de febrero, fue el gobierno de Michelle Bachelet quien dispuso el toque de queda y la militarización en las regiones del Maule y el Bío-Bío, epicentros de la tragedia, con fines de resguardar la gran propiedad privada. En términos de disciplinamiento jurídico antisocial, basta contar los más de 50 presos políticos mapuche, encarcelados en el marco de la lucha por la recuperación de sus tierras.
3. Por eso, la nota aparecida en un matutino chileno donde se afirma que según fuentes de La Moneda –ahora tutelada por Piñera- estaría en curso una “nueva estrategia” gubernamental para contener manifestaciones sociales y asfixiar conflictos rápidamente, no es del todo reciente y menos novedoso. El plan habría debutado “en el Día del Combatiente (29 de marzo), el 9 de marzo (Día de la Mujer), lo que se repitió el 1° de mayo y en el conflicto de la mina Collahuasi”. Las características esenciales del “nuevo” plan de represión por sospecha, es la combinación de la policía con fuerzas militares a la hora de contener eventuales o reales incidentes propiciados por el movimiento social en su madrugada. Al parecer, la idea es abarrotar de uniformados los escenarios de concentración de trabajadores y pueblo; emplear “precautoriamente” –antes de que nada ocurra- gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias. La intimidación busca amedrentar “por presencia”, por un lado, e incertidumbre popular, por otro. El último Primero de Mayo, locales sindicales y políticos fueron cercados y allanados, y alrededor de 150 personas fueron arrestadas antes de llegar siquiera a la marcha histórica de los asalariados, y sin más motivo que el criterio gratuito de fuerzas especiales de carabineros. De hecho, los aprehendidos fueron liberados horas después, sin cargo alguno. En la huelga de los mineros contratistas de Collahuasi (minera todopoderosa del norte grande que produce el 3,3 % del cobre mundial), los trabajadores sufrieron la represión a través de el arribo, en un avión Hércules, de más de 300 efectivos policiales, el 12 de mayo y a más de 4 mil metros de altura. En Calama, ocurrió otro tanto, al día siguiente. El objetivo, en estos últimos casos, es volver irrepetible la gran movilización de los contratistas cupríferos de 2007 que abrió un nuevo ciclo de lucha de los trabajadores tercerizados. Por ello, el presidente del Consejo Minero (gremio patronal de la industria del cobre) afirmó al respecto que “Valoramos y agradecemos que el gobierno haya ejercido su rol, tomando las medidas correspondientes, para exigir que se respete la legalidad vigente”.

La estrategia es sencilla y antigua. Primero represión por sospecha; y luego palo y duro contra los trabajadores y el pueblo; criminalización de la protesta y organización social; establecimiento de un Estado policíaco y militarizado; y defensa a ultranza de los intereses de los grandes capitales en desmedro de la vida de la gente.

Sin embargo, el capital y su gobierno de turno, no deben olvidar que en las peores condiciones de represión política, durante la década de los 80, amplias franjas de pueblo destruyeron el miedo e hicieron frente con creatividad de gigantes la peor dictadura militar de la historia de Chile. Y que Pinochet también trataba de delincuentes a sus opositores.

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