miércoles, 5 de mayo de 2010

México: ¿Y qué con la justicia?

Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

Muy bien que los periodistas; luego las Organizaciones No Gubernamentales, y otros organismos de la sociedad civil hayan presionado como nunca para lograr la libertad de los tres compatriotas, indígenas otomíes: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas, apresadas, consignadas, enjuiciadas y sentenciadas en forma injusta y por ende inhumana, brutal y criminal.

Qué bueno que esas mismas manifestaciones obligaran a la Procuraduría General de la Repùblica a retirar la acusación contra Jacinta Francisco Marcial, “por duda razonada” por lo que el fiscal no presentó pruebas acusatorias.

Qué malo que en la misma decisión se dijera textual: “De las pruebas en el procedimiento quedó claro que la duda razonable únicamente fue generada para Jacinta, no así para las demás inculpadas, “ya que existe imputación directa y categórica en cuanto a su participación en los delitos enunciados”, por lo que siguieron encerradas en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, Querétaro las coacusadas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio

Qué bueno que Naciones Unidas tomó carta en el injusto y bochornoso asunto y pidió, en su momento, la pronta excarcelación de las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, recluidas en un penal del estado de Querétaro, y “que puedan demandar la reparación por las violaciones a sus derechos humanos”.

Las tres mujeres fueron encarceladas desde agosto de 2006, como todos sabemos, por su presunta participación en la retención ilegal en su modalidad de secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, AFI, es decir de 6 rambos armados.

Magnífico que al fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente la Primera Sala del Alto Tribunal respaldara el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero de absolver a estas dos mujeres de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, delito contra servidores públicos, y una de ellas por delitos contra la salud -le sembraron marihuana a Alberta-, las haya declarado inocentes y decretado su liberación inmediata.

Muy malo si las cosas se quedan así, en la impunidad, sin llevar hasta sus ultimas consecuencias a todos los responsables de este criminal caso, como seguramente hay miles en el país. Todos deben de pagar su falta, su parte de culpa, no sólo es lograr la “reparación del daño” ¿Cómo se pueden pagar cerca de cuatro años de injusta presión?

De lo que se trata es que estos bochornosos casos que nos exhibieron como nación en el mundo entero no se vuelvan a repetir, y la única forma es llevar ante las autoridades a todos los presuntos culpables, a saber:

A los seis “tembeleques” afis, Juan Francisco Melo Sánchez, Jorge Evaristo Preda, Luis Eduardo Nache, Antonio Guadalupe Romero, Antonio Bautista y Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas quienes, descarados, se dijeron secuestrados por tres humildes e indefensas mujeres indígenas.

Los agentes del Ministerio Público Federal, peritos y desde luego el procurador general de la República de aquel entonces, Eduardo Medina Mora, quienes se confabularon para consignarlas en forma ilegal.

Y finalmente el juez, señalado de corrupto, Rodolfo Pedraza Longi quien las sentenciara sin escrúpulo alguno y en violación flagrante a las leyes a 21 años de prisión.

De ahí la ominosa pregunta: ¿y qué con la justicia?

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