¿Quién confía en la justicia española?

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

Estoy seguro de no exagerar si digo que la justicia española siempre está bajo sospecha para todos, excepto para quienes son favorecidos por ella. Además, es manifiesto el influjo del franquismo en jueces que provienen directamente todavía de aquella sociedad, y en los que, sin venir de entonces, se inclinan por la justicia del autoritarismo cuando la aplican a los débiles, y por la justicia que satisface el interés privado cuando está por medio un poderoso. Y por si fuera esto poco, a menudo parece que estuviéramos en países diferentes cuando los mismos hechos merecen interpretaciones demasiado dispares de jueces diferentes. Lo que inspira en el fondo a la justicia española en todo lo relacionado con el trasunto social y político y aún el moral, no son los principios de la Revolución Francesa sino los del Movimiento Nacional.

Hay de todo en la judicatura, en efecto. Como en todas las profesiones, oficios, instituciones y partidos. Pero hablamos de lo que prevalece, de lo que abunda, de lo que destaca, no de la excepción. Y lo que prevalece en esta democracia de mínimos (acotada por una monarquía prácticamente impuesta y por una constitución muñida entre siete logreros) es eso, una justicia vacilante pero ostensiblemente a favor del rico, del poderoso y de las resonancias caudillistas. Una prueba irrefutable es esa regalada vida de la familia del dictador desaparecido, cada vez más enriquecida sin que nadie le haya dado el alto ni reclamado la devolución de las usurpaciones del abuelo. Porque una cosa es mostrar civilización no haciendo responsable a la descendencia del dictador, y otra casi encumbrarla.

Sea como fuere, la mayor parte de los juzgadores, la mayoría de los tribunales territoriales y, sobre todo, los más altos tribunales -Tribunal constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional (cuyos antecedentes están en el Tribunal de Orden Público franquista)- interpretan las leyes de vocación progresista, no conforme a su espíritu aperturista sino a favor de los poderosos, de los aforados y de la causa hipercentralista. Para colmo gentes privilegiadas, que incitan a los recortes sociales por abajo, como el gobernador del Banco de España, se permite negar publicidad a su retribución

El lastre del conservadurismo de la España profunda es notable, perpetúa privilegios y prolonga la marginación. Siempre encuentra resquicios la justicia española para no dañar demasiado a los influyentes, a los opulentos y a los sinvergüenzas ilustrados. Véase que, o no son encarcelados (caso Fabra) o entran y salen de la cárcel fácilmente gracias a la perversa institución de la fianza. La fianza: otra perfecta argucia capitalista para los capitalistas.

Así es cómo los grandes defraudadores y los estafadores a lo grande se enriquecen, pese a la apariencia y amagos de la justicia. Nunca acaba ésta, incompetente o desidiosa o ambas cosas a la vez, de localizar los capitales robados, defraudados o evadidos. Aunque está claro que el mismo sistema capitalista, los países y los bancos donde tienen su sede amparan perfectamente la treta.

La Justicia española, decía al principio, tenía poco prestigio, y el caso del juez alguacilado es una jugada maestra del estamento judicial. Habida cuenta el desprestigio de la justicia española, sentar en el banquillo a este juez supone lograrse varios objetivos al mismo tiempo. En primer lugar, disipar en alguna medida el fantasma del corporativismo sacrificando a su más significado funcionario. En segundo lugar, apartándole de su destino por haber aplicado una Ley incómoda para muchos, se da gusto a los sectores nostálgicos del franquismo y a la Falange. Y, sobre todo y en tercer lugar, se quita de en medio a un sabueso que seguiría investigando la trama Gürtel en la que faltan por descubrir aún docenas de implicados de postín. Así, de un solo trazo, se da cobertura al partido conservador, se evita arreciar en la caza de más saqueadores de ese partido. Así supone que se rehabilite el pésimo concepto que el ciudadano común tiene de la justicia. Total, un hattrick judicial-político en toda regla.

Todo esto sería en materia de justicia social. Pero ¿qué decir en cuestiones territoriales relacionadas con la soberanía, la independencia política o la desvinculación mayor posible que mayoritariamente demandan Catalunya y Euzkadi? Independencia, soberanía o desvinculación, por cierto, favorecidas por el encono que les dedican a ambas nacionalidades o naciones naturales otros territorios, azuzados sus habitantes por los propulsores y custodios del centralismo a cualquier precio. Y si esto es así ¿quién imaginará que la justicia española, una justicia pacata, como la religión que sigue imperando en este país; una justicia estrecha de miras, provinciana o pueblerina en la más despectiva de sus acepciones, pueda siquiera atisbar lo que significa la justicia universal? No. La justicia española está mucho más cerca de lo que parece de la justicia del medievo.

Por eso es imposible confiar en ella. España, como sociedad, ni escarmienta ni aprende. Las pocas ocasiones que ha tenido históricamente de levantar el vuelo, las ha desperdiciado por culpa de las clases dominantes de siempre. Por eso no extraña que los más alejados del espíritu dominador (que abunda en el centro y capta a los caracteres sumisos, débiles o demasiado acomodados) que viven en los territorios periféricos, traten denodadamente de desembarazarse de esa España lamentable; esa España dominada por la prepotencia, por el autoritarismo, por el centralismo y por el caudillismo que surgen a lo largo y ancho de sus instituciones; rasgos de hecho, inextirpables. Eso es lo que confirma que, a lo largo de estos 32 años volátiles, la justicia española no ha dejado de estar, de muchas maneras, condicionada y contaminada por el franquismo. Desde luego no es la Justicia de la República y el federalismo a los que los dueños de la Justicia, de la Iglesia, del dinero y del resto de instituciones, cierran casi criminalmente el paso.

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