miércoles, 26 de mayo de 2010

Violaciones graves de ley en la Universidad de Puerto Rico

Jesús Dávila (NCM, especial para ARGENPRESS.info)

El Consejo de Educación Superior advirtió que Puerto Rico puede perder su universidad pública debido a que la jefatura del sistema ha permitido que se haya “exacerbado” la huelga estudiantil, decretó un cierre académico, puso en peligro las investigaciones y dejó de rendir informes económicos requeridos para poder garantizar la viabilidad fiscal del sistema.

La carta del CESPR –copia de la cual obtuvo NCM Noticias- fue entregada por mensajero a la presidencia y la junta de síndicos de la Universidad de Puerto Rico y viene a ser un golpe devastador a la estrategia del Gobierno para descarrilar la huelga estudiantil, al validar las quejas de los huelguistas de que la dirección universitaria ha estado incumpliendo sus deberes docentes y fiscales.

Al otro día de entregarse la carta del organismo licenciador del Estado, en la que se amenaza con multas, imponer una probatoria o el extremo de quitarle la licencia a la UPR, los funcionarios gubernamentales bajaron un poco su lenguaje fuerte contra los estudiantes, cambiaron de abogados y le pidieron al tribunal que paralizase el pleito “para dar espacio a las negociaciones”. Apenas la víspera, la presidenta de la junta de síndicos, Ygrí Rivera, había dicho que no había negociaciones porque los estudiantes estaban desarrollando una huelga ilegal y no tenían derechos sindicales.

Mientras tanto, la fiscalía canceló las citaciones a dos estudiantes por los incidentes del jueves pasado en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones. Los hechos han motivado denuncias por las fotos del coronel José A. Rosa Carrasquillo, pateando a un estudiante que estaba sometido en el piso y las escenas de palos y gases lacrimógenos a mansalva por parte de la temida fuerza de choque.

A la hora del cierre y en el sexto día de negociaciones, las conversaciones eran intensas y cuando finalmente hubo un receso, Arturo Ríos Escribano, uno de los portavoces del Comité Negociador Nacional, dijo con cautela que “está moviéndose”.

La estrategia de confrontación contra los huelguistas ya había sufrido otro revés cuando el lunes una asamblea del Recinto Universitario de Mayagüez, importante centro de formación de ingenieros y de investigación científica, ratificó continuar la huelga indefinida. Así las cosas, el movimiento sigue ganando en intensidad y visibilidad.

La importante cadena Telesur ya trasladó un equipo de producción a Puerto Rico para transmisiones en vivo sobre la huelga universitaria, que además ha sido reseñada en muchos periódicos y medios de noticias de diversos países del mundo. Hasta el periódico conservador Miami Herald publicó un reportaje en el que se compara la huelga estudiantil con el movimiento popular que logró desalojar a la Armada de Estados Unidos de la isla puertorriqueña de Vieques entre 1999 y 2003.

Uno de los principales argumentos del Gobierno contra los estudiantes es que en realidad las finanzas de la institución están claras, los informes pertinentes disponibles y que los atrasos en auditar los libros de cuentas son normales. Esos argumentos se vinieron al piso con la carta del CESPR, fechada el 24 de los corrientes, en la que se consigna que el informe económico completo “que debió haberse sometido en marzo de 2010, no ha sido enviado aún” y no se ha respondido “ni siquiera a grandes rasgos” los requerimientos de que se aclare la situación fiscal y las medidas para enfrentar el supuesto déficit presupuestario.

Según se desprende de la carta del CESPR, el incumplimiento viene de mucho antes de que los estudiantes decretaran la huelga que comenzó el 21 de abril, pero tampoco se trata de algo que haya sido un patrón en la forma de manejar las finanzas de la UPR por parte de las administraciones anteriores. Por el contrario, el organismo consignó que “la UPR se ha caracterizado por cumplir con las obligaciones relacionadas a la licencia de operación y ha cooperado en brindarle al CESPR la información que se ha solicitado para los procesos de evaluación que se conducen ante esta agencia”.

Otro tanto pasa con el delicado tema de las investigaciones, especialmente las de índole científica y por las cuales la UPR tiene contratos importantes con la Administración Aeroespacial de EEUU (NASA) y el Departamento de la Defensa, entre otras. Desde el primer día de la huelga, los estudiantes garantizaron escoltas para que los científicos pudieran tener acceso a los laboratorios en los recintos tomados, pero la jefatura optó por suspender los proyectos de investigación.

En la carta del CESPR se critica severamente la decisión administrativa de afectar las investigaciones, de igual forma que se advierte sobre las consecuencias de incumplimiento a que se expuso la jefatura al decretar el cierre académico y se le exige que informe cómo se hará para reponer el tiempo perdido. Dicho cierre, que se supone está en vigor hasta el 31 de julio, fue decidido con la explicación de que así se presionaría a que surgieran grupos de estudiantes que se opusieran a los huelguistas.

Uno de los señalamientos más graves, de acuerdo a la carta y que también coincide con las denuncias estudiantiles, es la falta de atención a los reclamos y las advertencias del propio CESPR. El documento indica que a pesar de que ante las noticias preocupantes sobre la UPR se le pidieron explicaciones al presidente desde el 28 de abril, José Ramón de la Torre, el funcionario vino a contestar el 20 de mayo y lo hizo con vaguedades e información imprecisa.

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