lunes, 14 de junio de 2010

Argentina, Entre Ríos: Por primera vez, la asamblea analiza levantar el piquete temporalmente: ¿El corte final?

REDACCION ROSARIO

Mientras este lunes el gobierno nacional oficializó el decreto que ratifica la presentación contra los asambleístas de Gualeguaychú por el corte del puente, a la vez trascendió que la Asamblea analiza negociar con la Casa Rosada la posibilidad de levantar temporalmente por 60 días el piquete bajo la condición de que el Gobierno exija el control ambiental de la pastera UPM (ex Botnia) en el interior de la planta. La decisión final sobre esta iniciativa se tomaría el miércoles, en una asamblea ampliada con todos los vecinos que quieran participar.

Según adelantó el diario La Nación, la moción de la tregua de 60 días en el corte de ruta fue la más aplaudida anoche por los más de 100 asambleístas reunidos y fue presentada por el abogado Luis Leissa, quien postuló la posibilidad de ofrecer una tregua de 60 días en el corte a condición de que la Casa Rosada presione a Uruguay para conseguir el monitoreo binacional de científicos e investigadores de universidades públicas desde dentro de la planta y directamente de sus efluentes.

Hoy, los controles ambientales se realizan a varios kilómetros (entre 3 y 7) de distancia de la planta. “Uruguay no va a aceptar, lo vamos a poner en un brete, y eso nos va a relegitimar ante la sociedad”, sostuvo Leissa.

Para los más duros, en cambio, la propuesta de una tregua no es ingenua: están convencidos de que Uruguay no aceptará controlar el interior de la pastera ni su salida al río.

Pero ese mismo día podría votarse también una iniciativa radicalmente diferente, que es una respuesta al Gobierno: que todos los adherentes a la asamblea se imputen los 18 delitos de la causa penal anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

De esa manera, cientos o miles de vecinos podrían convertirse en acusados por defender el medio ambiente, y no sólo una decena de los dirigentes de la asamblea, como pretende el Gobierno.

Mientras tanto, mediante el decreto 828/2010, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avaló la denuncia gubernamental efectuada por el procurador del Tesoro en la causa número 57.839, según informó la agencia Télam.

En el texto se fundamenta que “en la mencionada causa se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del Paso Fronterizo Internacional de Gualeguaychú-Fray Bentos, como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en la citada ciudad uruguaya”.

Agrega que la causa `Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional comunica corte de ruta` (Expediente Nº 56.200) se encuentra “en trámite” ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel (juez subrogante).

El Gobierno entiende que “la ocupación denunciada ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado”.

Se explica además que el fallo del 20 de abril de este año por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya “resolvió que la República Oriental del Uruguay violó sus obligaciones procesales de notificar, informar y negociar de buena fe, establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975”.

Sin embargo, añadió que lo hizo “sin vulnerar sus obligaciones sustantivas relacionadas con la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de fabricación de pasta de celulosa, disponiendo que ambos países debían monitorear en forma conjunta el funcionamiento de la misma”.

“Corresponde -continúa el texto del decreto- garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos”.

Agrega que el corte que los asambleístas realizan desde noviembre de 2006 en la ruta 136 involucra ilícitos referentes a “homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito”.

“En función de ello, se considera necesario asumir el rol de querellante frente a los delitos imputados que vulneren bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio y responsable”, añade.

El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak.

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