jueves, 10 de junio de 2010

Argentina, La Pampa: Archivos que se pierden en la lluvia

LA ARENA

La misteriosa pérdida de las historias clínicas en el archivo del hospital Lucio Molas ha tendido un manto de sospecha sobre el establecimiento. El problema saltó cuando el Tribunal Oral Federal, que juzgará a los responsables de la represión durante la última dictadura militar, pidió esa documentación como parte de los elementos probatorios que se utilizarán durante el juicio. La cronología de los hechos resulta harto sugestiva: el pedido de la Justicia se hizo el 22 de febrero; el anegamiento del hospital por la fuerte lluvia fue el 8 de marzo, es decir, 14 días después; y la respuesta negativa conteniendo la sorpresiva información de que los legajos se habían "perdido" con la inundación apareció recién el 16 de marzo.

¿Por qué son relevantes esos documentos para los jueces? Por la sencilla razón de que contienen los nombres de los médicos que intervinieron en la atención de dos ex detenidos políticos y las heridas que padecieron durante las sesiones de tortura. Nada menos.

Un diputado nacional por el radicalismo pidió una urgente investigación al Ejecutivo Nacional. Es elogiable la rápida reacción del legislador y la preocupación que demostró ante un caso de tanta gravedad. Pero, sin perjuicio de que lo que abunda no daña a la hora de investigar un hecho tan delicado, debe tenerse en cuenta que el hospital pertenece a la jurisdicción provincial. Por lo tanto, las autoridades políticas y judiciales pampeanas no deberían pasar por alto semejante irregularidad y, sin demora, proceder a iniciar las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de lo ocurrido.

En pocas semanas más Santa Rosa se convertirá en el centro de atención del país cuando se inicien las audiencias del juicio que tendrá en el banquillo de los acusados a los represores que actuaron bajo la jurisdicción de la siniestra Subzona 14, denominación que tuvo, para la burocracia militar procesista, el territorio provincial. Esta sospechosa "pérdida" de documentación aparece, a primera vista, como un intento de encubrir a quienes tuvieron responsabilidades primarias en aquellos años en que las fuerzas armadas y policiales apresaban a las personas y luego las confinaban en centros de detención y tortura. Hay testimonios que involucran a médicos locales en las tareas de atención de esas personas. El juicio que empezará en agosto buscará establecer los diferentes grados de responsabilidad de quienes integraron el aparato represivo y, para alcanzar ese propósito, la documentación que se sindica como "extraviada" a causa de la lluvia debería aportar valiosa información. ¿Será por eso, precisamente, que no aparece por ninguna parte?

Cómo evitar las sospechas, los pensamientos suspicaces, la desconfianza ante tal "pérdida". Cómo no alarmarse cuando se advierte la notable demora entre la solicitud de la justicia y la respuesta como se señala líneas arriba.

Sólo una exhaustiva investigación administrativa y judicial podrá poner las cosas en su lugar y devolver la tranquilidad a la población que hoy está expectante ante el inminente comienzo de un juicio que buscará echar luz sobre aquellos oscuros años del terrorismo de Estado.

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