miércoles, 2 de junio de 2010

Argentina: Prueba piloto del “período de excepción” en Córdoba

CADDHH Córdoba - INDYMEDIA

El jueves 27 y viernes 28 de mayo de 2010, en los dos últimos días de la "prueba piloto" del estado de excepción en Córdoba, la policía allanó sin orden judicial (con el procedimiento que esta prueba les habilita) más de 50 viviendas solamente en Villa Inés.

El “período de excepción”, la “seguridad” democrática y las “facultades especiales” para el aparato represivo, con la excusa del combate contra el narcotráfico y la inseguridad.

Desde el 28 de abril de 2010 y hasta el 28 de mayo, rige en la ciudad de Córdoba capital el “período de excepción”.

Entre gallos y medianoche, el poder político, el poder judicial y la cúpula de la policía provincial junto al Ministerio de Justicia y la Gendarmería Nacional, iniciaron un “plan piloto” para el “combate al narcotráfico y la inseguridad”, que de acuerdo a los resultados obtenidos en Córdoba como laboratorio se comenzaría a aplicar en todo el país para avanzar en la reforma del Código Procesal Penal.

Partiendo de la remanida excusa de que las actuales normas de procedimiento penal “atan de manos” a las fuerzas de seguridad, la Justicia, el Gobierno y el aparato represivo avanzan en un experimento que significa luz verde para su accionar arbitrario e impune en el marco de esta pretendida lucha contra el delito organizado.

Con la opinión a favor fabricada por los grandes monopolios de la (des)información, y el silencio cómplice de los supuestos defensores del pueblo tanto municipal, nacional o provincial, los organismos de DDHH y el “progresismo” en general, este “periodo de excepción” significa el avasallamiento de las más mínimas garantías procesales: intervenciones telefónicas y de e-mail efectuadas por las fuerzas represivas sin control judicial, con la posibilidad de obtener ordenes de allanamiento por vía telefónica y luego del procedimiento basadas en la sola sospecha policial, seguimientos, filmaciones y detenciones preventivas, basándose para todo esto solo en denuncias anónimas, permiso para realizar a los detenidos “interrogatorios en profundidad”, etc.

Todas estas aberraciones jurídicas y avasallamientos de los más elementales derechos civiles son festejadas y aplaudidas por la corporación política sin distinción de credos políticos, aduladas en canales de TV, radios y diarios por los periodistas del poder, que se encargan de remarcar el excelente accionar de la policía y contabilizar cuantos allanamientos y detenciones se producen, y felicitando a los altos mandos policiales por el combate al narcotráfico y la inseguridad. De esta manera preparan el terreno para dar otra vuelta de tuerca a la criminalización de la pobreza y a la judicialización de la protesta social.

Pero veamos los números que nos esta dejando el “período de excepción”: en los primeros 20 días se detuvieron mas de 400 personas, un promedio de más de 20 por día; el 20 de mayo, en un solo día, se allanaron 42 domicilios y ya van mas de 150, todas estas detenciones y procedimientos fueron totalmente ilegales (cualquier abogado con dos dedos de frente consigue que se caigan las causas por fallas en el procedimiento) y solo sirvieron para hacer shows mediáticos que le laven un poco la cara a la policía represora y corrupta de Córdoba. Pero lo más llamativo es que, tratándose de un plan para combatir a uno de los más grandes negocios ilegales, el narcotráfico, solo se hayan allanado viviendas humildes en los barrios más pobres de la ciudad.

En cambio estos mega operativos sirven para que jefes de policía y políticos tengan minutos de aire y sobre todo para ir instalando en la sociedad la impunidad de estos procedimientos y que sea “natural” la constante militarización de nuestra Córdoba, o sea, que ver centenares de policías por todos los lugares céntricos, ver las requisas callejeras a transeúntes y las requisas de transportes públicos y de vehículos, ver las detenciones de los chicos de los barrios que ya no se pueden acercar al centro y ver que el control y el disciplinamiento social en democracia es mas férreo que en una dictadura, sea “natural”.

Es notable que, si hacemos un seguimiento de cómo los medios fueron instalando la cuestión del narcotráfico como problema social a resolver con urgencia, encontramos que siempre se refieren a él como una actividad de sectores marginales, vinculada a la pobreza y a determinadas zonas “rojas” de la ciudad.

Una preocupación que indican quienes hablan del problema es el crecimiento de los sectores “independientes” en el negocio, que no responden a grandes estructuras, ni pagan por protección o por “trabajar” y que en los últimos años habían logrado pasar del 3% al 25% del “mercado”. De esta manera queda claro que se criminaliza a determinados sectores de este gran negocio y se vincula directa e indirectamente a la pobreza con el delito. Esto es criminalización de la pobreza.

El eje del narcotráfico no es cualquier eje cuando se habla de “seguridad”

Las organizaciones sociales y políticas conocemos de la gran utilidad que la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado tiene para afilar las herramientas del estado y las paraestatales de control y represión social, y que esto incluye de forma para nada secundaria el control y la represión de las organizaciones populares.

La lucha “contra el narcotráfico” ha facilitado la instalación de un nuevo fantasma social como enemigo interno, que por su carácter de excepcional requiere herramientas excepcionales y “períodos excepcionales” para su combate. En América Latina tenemos terribles experiencias de lo que estos conceptos del enemigo social y del carácter excepcional de ciertos peligros implican en su aplicación para los sectores populares. Con un lenguaje que no oculta su similitud al de la guerra contra la subversión, el régimen avanza en crear herramientas que le permitan legalizar las formas de represión que siempre se consideraron ilegales, como el allanamiento sin orden del juez; o excepcionales, como la incomunicación del detenido por 24 hs. sin informe de paradero y con derecho a interrogar a los detenidos sin asistencia jurídica.

Por otro lado, no puede ignorarse la experiencia realizada en países como Colombia, México y más recientemente el Paraguay, donde la cuestión del narcotráfico sirve para estigmatizar a las organizaciones de lucha, justifica su represión y da lugar al “intercambio” con fuerzas represivas de otros países e inclusive la asesoría militar y la intervención militar extranjera.

En cualquier caso, dejar en manos de las fuerzas de seguridad y del gobierno determinar sin necesidad de elementos de prueba quienes son “narcotraficantes” o delincuentes es darles un arma extremadamente arbitraria y peligrosa.

Por todo lo expresado, las organizaciones y personas que integramos la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos nos pronunciamos en contra de esta prueba piloto, y nos oponemos a cualquier tipo de modificación del Código Procesal Penal basada o no en esta experiencia, que implique una merma en las ya menguadas garantías procesales.

Advertimos a la población en general del peligro que implica la instalación del discurso de la inseguridad y del enemigo interno, que dan lugar a políticas represivas contra el pueblo y sus organizaciones políticas y sociales.

Llamamos a todas las organizaciones del campo popular a interiorizarse en esta problemática y a enfrentar activamente este nuevo intento de legalizar el avance represivo del estado.

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