viernes, 11 de junio de 2010

Aspero camino hacia la recuperación económica de España

Antoni Espasa - Emiliano Carluccio (XINHUA)

El gobierno español ha tomado medidas drásticas para reducir los gastos públicos con el fin de reducir el alto déficit fiscal y la deuda pública, lo que ha afectado la recuperación experimentada durante los cuatro meses anteriores.

La economía española ha vivido en mayo un mes crítico que ha obligado al gobierno a tomar decisiones drásticas. La crisis de la deuda soberana en los países más débiles de la zona euro alcanzó su máxima tensión en los mercados el día 7 de mayo.

En la primera semana de mayo se evaporaron de la renta variable española 61.240 millones de euros, más de la mitad del paquete de rescate a Grecia.

El 10 de mayo, presionado por las Instituciones Políticas, el Banco Central Europeo (BCE) comenzaba la compra esterilizada de deuda soberana de dichos países. El 12 de mayo, el gobierno español anunciaba un duro plan de recorte del gasto público cuyos aspectos más relevantes son:

Un recorte medio del 5 por ciento en el salario de los funcionarios a partir de junio, congelación de estos hasta 2011, congelación de las pensiones superiores a las mínimas a partir de 2011, una reducción de la inversión del Estado cercana a los 6.500 millones de euros (0,65 por ciento del PIB) en 2010 y 2011 y la eliminación de una ayuda de 2.500 euros para la natalidad.

Otros países, entre ellos Portugal, Italia, pero también Alemania y Francia, anunciaron sus propias medidas de ajuste pocos días después.

Sin embargo, una vez finalizada la intervención directa del BCE, los diferenciales entre los rendimientos de la deuda alemana y la de los otros países del área euro han vuelto a dispararse e incluso la deuda francesa podría ver reducida su calificación de triple A.

Es decir, la consolidación fiscal sólo es una parte del problema; cualquier ajuste resultará insuficiente para reconstruir la confianza de los mercados si España (y los otros países de la zona euro) no demuestra al mismo tiempo que su economía puede volver a un crecimiento significativo y estable.

En este contexto se ha producido un cambio claro y negativo en las expectativas de los agentes. Una medición de tales expectativas se recoge, por ejemplo, en el Indicador de Sentimiento Económico que en España ha bajado notoriamente en mayo, anulando la recuperación experimentada durante los cuatro meses anteriores.

Las nuevas previsiones de crecimiento del PIB español publicadas en el Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico de la Universidad Carlos III de Madrid, están afectadas de forma especial por dos factores: comienzo de una fase de contracción del gasto público y empeoramiento generalizado de las expectativas de los agentes.

En dichas predicciones, obtenidas a partir de modelos econométricos, se revisa a la baja en tres décimas de punto porcentual el crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) para 2010 hasta una tasa negativa del 0,7 por ciento (±0.5).

Para 2011 se predice una tasa positiva del 0,6 por ciento (±0.8), que es inferior en cinco décimas a la predicción realizada en abril.

Las revisiones a la baja afectan prácticamente a todos los sectores con la excepción de la industria y la energía por el lado de la oferta, y del consumo privado en la vertiente de la demanda.

Según la información actualmente disponible se estima que la economía española puede volver a estar en recesión durante el segundo y el tercer trimestres de 2010, para situarse a continuación en tasas de crecimiento tendencial trimestral positivas entre el 0.2 y 0.3 por ciento.

Existe un punto sobre el cual la mayoría de los analistas coinciden y que incluso parecen compartir el gobierno y la oposición: para salir de la crisis actual, España necesita reformar radicalmente su modelo productivo.

La idea de que esta trasformación pudiera ser apoyada por un ambicioso plan de gasto público ha sido tumbada por la desconfianza de los mercados.

El camino obligado para España en este momento es, además de progresar en la consolidación fiscal, poner en marcha con prontitud y firmeza las reformas necesarias para que se despliegue el potencial de crecimiento del sector privado.

La palabra firmeza no es casual ni retórica: el brusco empeoramiento de las expectativas de crecimiento también depende de una estrategia de comunicación de la política económica que en ocasiones ha resultado poco clara y contradictoria.

Aunque con retraso, el gobierno ha pasado ya a tomar medidas firmes. La reforma laboral, después de dos años de negociaciones poco fructíferas entre sindicatos y patronal, será aprobada por decreto en la primera quincena de junio.

Esta reforma es necesaria y representa una señal importante para los mercados, pero no será una panacea y la tasa de paro española tardará años en volver a estar por debajo del 10 por ciento.

Es más, si no se afrontan de forma global y coherente los temas claves del mercado laboral (negociación colectiva, dualidad del mercado, fomento de la movilidad intra-empresarial, sectorial y geográfica, políticas activas de empleo y vinculación de salarios con productividad) no se obtendrán grandes beneficios con ella e incluso podría añadirse más incertidumbre sobre el mercado de trabajo, lo que tendría efectos negativos en las decisiones de consumidores y empresas.

Junto con la reforma del mercado laboral, se requieren además cambios estructurales y medidas de política económica que apoyen y fomenten planes productivos que resulten competitivos y generen crecimiento estable, por su incorporación de mayor innovación en la acepción más amplia de la palabra.

No se trata de aumentar subvenciones o generar nuevo gasto público: entre los países desarrollados el estado español ya es el que más invierte, en relación al PIB, en investigación, desarrollo e innovación.

Se trata de reorganizar esta inversión e implementar las reformas necesarias para que el sector privado se beneficie de ella y se sume al esfuerzo.

Si estas medidas no se ponen en marcha rápidamente y con un diseño realmente apropiado, los mercados internacionales seguirán desconfiando en la deuda española, pública y privada, obligando al gobierno a un nuevo ajuste fiscal, con reducciones adicionales importantes en salarios públicos, pensiones, subvenciones y ayudas al estado del bienestar, así como nuevas subidas de impuestos, que a su vez retrasarían aun más la recuperación económica.

El reto actual y urgente en la economía española es encontrar un justo ritmo en la implementación conjunta de la consolidación fiscal, las reformas estructurales y las medidas de fomento a la producción competitiva.

El proceso parece estar en marcha y la sociedad española en conjunto tiene que demostrar que es capaz de llevarlo a cabo.

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