martes, 15 de junio de 2010

Panamá: El gobierno reivindica la ley de aviación

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El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, defendió el contenido del proyecto de ley 177 de aviación, considerado por organizaciones civiles como violatorio de normas laborales, ambientales y de seguridad.

El funcionario dijo el lunes, a través del telecanal local panameño TVN, que la iniciativa va a traer beneficios al pueblo panameño, y descartó que se esté dando con el proyecto licencia para destruir el medio ambiente.

Aprobado el sábado en tercer debate y a puerta cerrada en la Asamblea Nacional de Diputados, el texto ha sido cuestionado por plantear que no se requerirá de estudios de impacto ambiental, sino de unas guías ambientales.

Henríquez dijo que, en el campo laboral, se aprobó que los dueños de las empresas y los trabajadores que lo deseen puedan ingresar al lugar en que laboran, no obstante estar otras personas en huelga.

Afirmó que disposiciones como la no obligatoriedad del pago de la cuota sindical no son un invento del gobierno del presidente panameño Ricardo Martinelli, sino que provienen de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Henríquez indicó que, con la nueva ley, no se requerirá de un estudio de impacto ambiental cuando se trate de una obra de beneficio social (escuelas, carreteras y hospitales), pero aseguró que las obras "deberán ajustarse a las normas correctas".

El proyecto se aprobó a puerta cerrada en la Asamblea y en medio de una estricta seguridad, en tanto que varios miles de manifestantes formaron frente al órgano Legislativo una "cadena humana" para expresar su rechazo a la propuesta de ley.

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Mar Viva y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) han advertido sobre riesgo para el medio ambiente si no se exige el requisito de realizar estudios de impacto ambiental.

Las organizaciones civiles, que pidieron al presidente panameño no sancionar el texto, expresaron su disposición de acudir a instancias internacionales para denunciar el proyecto, por considerar que la norma es un retroceso en materia ambiental.

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