jueves, 10 de junio de 2010

Referendo del odio (Parte I): El papel del progresismo costarricense

Luis Paulino Vargas Solís (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando meses atrás algunas personas bienintencionadas y honestas se esforzaban por forjar una posible coalición progresista que enfrentara al neoliberal PLN, una de las condiciones puesta por algunos sectores fue la supresión, dentro de cualquier posible programa de coalición, de toda mención a los derechos de las personas sexualmente diversas (gays, lesbianas, transexuales, transgénero, bisexuales).

A uno de los partidos que estaba siendo invitado a participar de esa coalición –el cual en su programa contempla un apartado dedicado a este tema- explícitamente se le solicitó aceptar esa exclusión. Dirigentes muy respetables, de distinguida trayectoria en la izquierda histórica de Costa Rica, avalaban con todo convencimiento esa solicitud. Una de esas personas me aseguró en un correo electrónico que, a su juicio, ese tema debía quedar restringido a los programas de los partidos -si es que alguno quería incorporarlo- pero que no podía tener espacio en una propuesta de coalición. Por esos mismos días circulaba un posible “programa mínimo de coalición”, en el cual resultaba ostentosa la ausencia de este asunto.

Por otra parte, he podido constatar –incluso a propósito de artículos que he escrito- que cuando este debate se plantea, personas vinculadas al movimiento social progresista, de respetables credenciales patrióticas y reconocido compromiso social, sostienen con toda firmeza que este asunto no es importante –no puede ni debe ser importante- para el progresismo nacional en ninguna de sus diversas expresiones. Y subrayan y enfatizan: muchos otros asuntos son mucho más importantes.

A estas alturas ya no me cabe ninguna duda de que las personas que así se expresan están en lo correcto. Es efectivamente cierto que, como tendencia dominante, al progresismo nacional este asunto no le interesa. Así, he podido constatar, muy a mi pesar, la certeza de una tesis que formulé en varios artículos escritos meses atrás, cuando hice ver que, entre las distintas agendas de reforma que una coalición progresista habría de impulsar en Costa Rica, el aspecto donde existían mayores carencias era la agenda de cambio socio-cultural. Hay vacíos importantes en género, juventudes y tercera edad, pero en lo relativo a los problemas asociados a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el rezago es simplemente sideral.

En general, este asunto tiende a generar como al modo de dos columnas diferenciadas pero no enemistadas dentro del progresismo nacional. De un lado, los que apoyan discursivamente. Del otro los que expresan un profundo desprecio e insisten en que hay mil asuntos más importantes. La distancia entre unos y otros es apenas de matiz, fácilmente salvable, por la sencilla razón de que quienes apoyan, jamás se desgastan más allá de lo estrictamente indispensable en ese apoyo. En la práctica actúan más o menos como los otros aseveran que debe actuarse: colocan el tema de la discriminación por razones de diversidad sexual en un sitio muy, muy lejano dentro del orden de prioridades de las agendas políticas.

Y, en efecto, un millón de asuntos capta su atención y absorbe su energía. Todas son cuestiones cuya importancia y significación es absolutamente indiscutible: minería a cielo abierto, el agua de Sardinal o la del macizo del Barba, la autonomía sindical en JAPDEVA, la autopista a Caldera, los servicios municipales, la Ley General sobre Electricidad, la seguridad alimentaria, etc. etc. Innumerables asuntos de indiscutible importancia.

Lo relevante aquí es constatar que todo ello justifica el que no pueda incurrirse en un desgaste mayor que el que ocasiona una expresión verbal de apoyo (o una firma sobre un proyecto de ley). En todo caso, ya esa sola manifestación pública tiene sus costos, por ejemplo, la maledicencia de curas y pastores que llaman a no votar por partidos que apoyan el “matrimonio” homosexual. Esto es algo que el progresismo que apoya esta reivindicación trae a colación cada vez que tiene oportunidad, así como recalcando: “pero vean que duro que nos la ponen ¿cómo pretenden que hagamos más?”.

No entro aquí a analizar –mucho menos a juzgar- las razones de ese proceder. Simplemente lo constato.

Por estos días se plantea el asunto de un referendo donde se votará por la aceptación o rechazo de un proyecto de ley (llamado de Sociedades de Convivencia), que reconocería algunos derechos mínimos a las parejas del mismo sexo (no es, ni de lejos, algo equiparable al matrimonio heterosexual). La señora Taitelbaum, Defensora de los Habitantes –por mil razones muy mal querida del progresismo nacional- se ha pronunciado en contra de ese referendo. También, cosa notable, el conservador periódico La Nación. Dejando de lado aspectos accesorios (como el ataque que el editorialista de La Nación desliza contra Hugo Chaves), en todo caso el punto de partida en ambos casos es tan elemental como ineludible: los derechos humanos.

Llegado a este punto, ya no me sorprende en absoluto el estridente silencio del progresismo nacional. Sin duda hay razones en virtud de las cuales las predicas de igualdad y justicia –tan caras a ese progresismo- quedan canceladas cuando entran en juego las personas discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género. Pero aún así no deja de asombrar la facilidad con que se dejan arrebatar el liderazgo en un campo –los derechos humanos- donde deberían aspirar a ser vanguardia. Y, desde luego, se ve improbable que en el futuro el progresismo pueda tener una voz audible entre las minorías sexualmente diversas ¿a cuenta de qué se le querría prestar oídos?

Para enfrentar la lucha que este referendo plantea, la población sexualmente diversa de Costa Rica necesitaría visibilizarse. Esa es la primera e indispensable condición. Las personas heterosexuales no tendrían por qué entender lo que eso significa, porque siempre han sido visibles. Pero los hombres gay y las mujeres lesbianas –y aún más crudamente quienes tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico- aprendimos, ya desde muy temprano en nuestras vidas, que para sobrevivir debíamos hacernos invisibles. Invisibilizar nuestra sexualidad, nuestros afectos y emociones. Desdoblar nuestras vidas y tener dos rostros: el uno visible pero esencialmente falso; el otro invisible, pero trágicamente verdadero. El acto de visibilización -incomprensible para las personas heterosexuales-conlleva desarmar las defensas y exponerse, a pecho descubierto, al odio y la agresión. Ser invisible proporciona una falsa sensación de seguridad. Hacerse visible implica arriesgarse a lo que sea.

Solo en pocos y muy calificados casos la visibilización es posible. Pero justo por ello, para la minoría sexualmente diversa -acaso un 10 a 15% de la población- lo que se plantea es una lucha imposible. Sin duda, susurrar encerrados en el clóset no es precisamente una buena estrategia de pelea. Ello también determina la debilidad de nuestros liderazgos, carentes de arraigo popular. Que quede claro que no critico a dirigentes a quienes, como personas, aprecio y respeto profundamente. Pero ocurre que, hasta en el mejor de los casos, es tarea improbable liderar un colectivo paralizado por el terror.

Sin duda alguna, los grupos promotores de este referendo tienen todo esto muy claro.

El referendo será entonces un acto ominoso donde la mayoría aplastará y humillará a una minoría totalmente desarmada. Implicaría, simbólicamente, un acto de exterminio de una minoría a la que, con toda elocuencia, se le habrá dicho: ustedes –seres humanoides, monstruos informes- no tiene sitio en este país. Será, en fin, un triunfo del odio y la intolerancia, un acto que corromperá y denigrará la democracia.

Y, al cabo, esto se habrá consumado sin que el progresismo nacional haya tenido ni la capacidad ni la voluntad de hacer nada. Bien sé que entre manos hay un millón de asuntos muy importantes.

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