jueves, 8 de julio de 2010

Bienes naturales y modelo productivo: El NEA de pie contra las megas represas

Alicia Rivas Zelaya - Ever Benítez (ACTA)

Cada vez que las temperaturas se elevan o descienden considerablemente, o que se habla de abaratar costos para la producción industrial, se discute la escasez de reservas de petróleo y gas, se encuentran los presidentes de Brasil, la Argentina y Paraguay, casi con seguridad aparece en la agenda la necesidad de diversificar las fuentes de producción energética.

Entonces, se pone en discusión o se realizan “importantes” anuncios, sobre la inminencia de la construcción de mega represas hidroeléctricas. Seinstala en la agenda de los medios el proyecto Garabí, Rocandor, Santa María o Ayuí o se insiste con el de Corpus Cristhi.

La energía hidroeléctrica es presentada como una de las formas de producción energética de menor impacto ambiental, muchos lo denominan “energía limpia”, otros la anticipan como una verdadera alternativa para ir mudando nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

Los promotores de la misma también suelen hacer hincapié en los beneficios económicos que trae para las regiones donde se emplazan: empleo, energía barata para la radicación de industrias, control de inundaciones, riego, infraestructura, en definitiva desarrollo.

En la provincia de Misiones la presencia de este modelo de generación tiene en Yacyretá su ejemplo más contundente. Con sus casi 50 mil afectados directos y los cientos de miles indirectos, sus promesas de desarrollo incumplidos, la reaparición de enfermedades asociadas a su presencia y los miles de desplazados que aún hoy siguen reclamando resarcimiento prometido por la entidad, el discurso de energía barata y amigable con el ambiente choca contra una realidad que, a pesar de múltiples campañas publicitarias y de una abrumadora relación de la Empresa Binacional Yacyretá con los gobiernos locales y nacionales es una realidad incontrastable que dificulta que la publicidad fomentada por los gobiernos locales, nacionales y la propia empresa binacional se instale sin oposiciones.

“Se dice que la energía proveniente de las mega represas hidroeléctricas es más barata porque “es renovable”. Pero no se tiene en cuenta el incremento de los costos de mitigación ambiental y sanitaria con que deben afrontarse sus consecuencias sobre la población y el medio ambiente local”, se destaca en el documento elaborado por la Asamblea Popular No a Corpus, un espacio que se conformó en el 2008 para hacer valer el plebiscito vinculante que en 1996 le dijo no a la construcción de la mega represa de Corpus en cualquiera de sus emplazamientos.

“Nos oponemos a la construcción de esta represa cualquiera sea su lugar de emplazamiento en el río Paraná, ratificando la voluntad popular de profundo rechazo (89 % de los electores) expresada en el plebiscito obligatorio y vinculante del 14 de abril de 1996”, se lee en el texto que fue entregado a los poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial el 14 de marzo del 2008 en momentos en que los gobiernos de Paraguay y Argentina anunciaban la intención de avanzar en la construcción de la obra.

En Misiones las asambleas y los espacios que se conforman para resistir estos anuncios tienen años de historia, aparecen con mucha fuerza, desaparecen y vuelven a resignificarse cada vez que se anuncia la “inminente construcción de las obras” Durante el 2009 los vecinos comenzaron a organizarse para oponerse a otro proyecto: la mega represa de Garabí, un emprendimiento proyectado sobre el río Uruguay en la provincia de Corrientes pero cuya mayor área de afectación sería el territorio de Misiones.

“Si la represa de Garabí se hace, Azara desaparece de la provincia de Misiones, nosotros no fuimos tenidos en cuenta desde la Nación como argentinos, podemos aceptar que falta energía, no necesariamente tenemos que sacrificar Misiones, en el sur hay posibilidades de hacer represas sin que la afectación sea grande. Misiones es una provincia ubicada en una zona subtropical y está desaconsejado este tipo de obras para esta región”, apuntó María Alves una trabajadora del Estado que desde Puerto Azara, una pequeña población ubicada en el Municipio de Azara, comenzó a reclamar información y a convocar a ciudadanos y organizaciones de toda la región para exigir la participación de las poblaciones locales en el proceso de toma de decisión para la construcción de este tipo de infraestructura.

“La base de esta movida se arma en Azara, los primeros que salen a pedir información son sus pobladores. Ahora bien, dentro de la organización de los Ciudadanos Autoconvocados activan referentes locales que son afiliados a ATE, ONGs como CEMUPRO de Posadas, Autoconvocados de Posadas, agrupaciones de San Javier, Panambí, espacios como Energía Sin Represas de Apóstoles”, remarcó Sandra Nicosia, integrante de los Autoconvocados de la ciudad capital, una de las referentes también de lo que fue la Asamblea Popular NO a Corpus.

Todos los proyectos hidroeléctricos tienen años de estar siendo discutidos por los gobiernos. Pero la información disponible para la ciudadanía y para los municipios siempre fue escasa. En el 2004 intendentes de la zona de afectación de Garabí conformaron el espacio Garabí Siglo XXI para poder aunar criterios sobre las condiciones que debiera reunir el proyecto o bien el resarcimiento que debían garantizarles para cada una de las comunas. Durante varios años los intendentes se sumaron al coro de funcionarios entusiasmados con la iniciativa a pesar de reconocer que no tenían información suficiente del proyecto. A medida que fue tomando estado público la resistencia de los vecinos de esas zonas, y de la incertidumbre en relación de los territorios de afectación, los funcionarios debieron ir también bajando su nivel de exposición en defensa de ese proyecto.

¿Por qué no es no?

En 1996 los ciudadanos de Misiones fueron convocados a una consulta popular sobre la construcción de la mega represa de Corpus Cristhi, uno de los emprendimientos programados sobre el río Paraná. El 89 por ciento le dijo No a ese proyecto. El plebiscito vinculante, convertido en ley provincial Nº 3.294, significó un gran triunfo de las organizaciones sociales, gremiales y políticas que durante años remarcaron las consecuencias negativas para la provincia del modelo Yacyreta de generación energética.

El ejemplo de Yacyretá es fundamental para argumentar el rechazo masivo de ese entonces y de ahora. “Los principales impactos que han generado estas construcciones tienen que ver con los graves problemas de desarraigo de las familias. La cercanía del río les permitía desarrollar actividades como la pesca, lavandería, olería, etc. Al ser desplazados no sólo perdieron sus orígenes sino también sus trabajos siendo llevados a ocupar grandes bolsones de pobreza, pasando a depender de la ayuda social que originaron entre esta población graves problemas de salud, fundamentalmente con estados agudos de depresión, algunos de los cuales tuvieron finales muy trágicos”, contó Eduardo Luján, integrante del CEMUPRO, Centro de Estudios Municipales y Provinciales de Misiones.

El otro gran argumento que los misioneros tienen para oponerse a nuevas mega represas son los impactos a la salud que se han podido relevar desde el llenado del embalse de Yacyretá y que prevén será mucho más grave de insistirse con nuevos emprendimientos.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU), en el informe “Enfermedades Parasitarias, Desarrollo Hídrico”, (1994), plantea que no se debe construir represas hidroeléctricas en zonas tropicales y subtropicales, Misiones se encuentra en el subtrópico, por considerarlas “zonas de alto riesgo, tanto ambiental como sanitario”. Y porque, entre otros derechos, también se encuentra amenazado el derecho a la vida, debido al incremento de las condiciones favorables para la propagación de las enfermedades ya endémicas en estas zonas”, remarca el documento de la Asamblea No a Corpus.

Juan Yahdjian, médico miembro del Movimiento Social Misiones y del Foro de Pensamiento y Construcción, insiste en la necesidad de dimensionar las afecciones a la salud y al medio ambiente que acarrean estas mega obras. Para él la reaparición de enfermedades como el Dengue, el Paludismo o Malaria, Fiebre Amarilla, Fiebre Tifoidea, Esquistosomiasis, Leishmaniasis, Parásitos, Alergias, Enfermedades de la Piel, de Ojos, tienen que ver con el estancamiento de las aguas que genera el represamiento del río y agrega que “en Misiones la cosa se agrava por la cantidad de químicos, agrotóxicoso venenos que se usan cada día más. Es el caso de los monocultivos, de las reforestaciones, donde el uso de los herbicidas, hormiguicidas, pesticidas y otras cidas, que quiere decir muerte”.

Por otro modelo energético

Los mega emprendimientos como las hidroeléctricas deben entenderse dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana –IIRSA- ideado por los gobiernos latinoamericanos para desarrollar infraestructura, en toda la región, que facilite y abarate la extracción de los recursos naturales. Este es un camino para vaciar Latinoamérica, tal como lo denuncian organizaciones sociales, gremiales y políticas que reclaman un Modelo Productivo que permita el desarrollo sostenible e inclusivo de las poblaciones locales.

Las preguntas de energía para qué, para quién y a qué costo resuenan entre los pobladores afectados y aquellos cuya situación también prevé se modificaran sustancialmente con estas mega obras. Ninguna de estas poblaciones se opone a discutir alternativas de generación de energías limpias, pero si se oponen a seguir entregando el territorio, afectando la salud, el medio ambiento para sostener un modelo productivo que no genera trabajo, expulsa a poblaciones enteras de sus entornos y reinstala enfermedades que ya estaban en erradicadas o en vías de erradicación. Ríos libres para pueblos libres

Al igual que en el 2004, el 18 de junio de este año se presentó en sociedad el proyecto de “Ríos libres”, inspirado en una similar sancionada y en vigencia en Entre Ríos. La iniciativa que recupera y resignifica el ya presentado en la Legislatura provincial con el nombre Ley “Defensa y Libertad de los Ríos de Misiones” (Expediente Nº D-24 183/04), presentado en su momento por la “Red de Asociaciones Ecologistas de Misiones”, en agosto de 2004. Desde ese entonces hasta la actualidad la iniciativa no fue tratada en las comisiones por lo que perdió estado parlamentario.

El proyecto actual indica: “Declárase a la Provincia de Misiones, República Argentina, libre de nuevas obras de represas sobre los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, de conformidad con los derechos, deberes y facultades dispuestos en los Artículos: 1º, 5º, 41 y 124º de la Constitución Nacional, y Leyes de la provinciales Nº 1040, Nº 2876, Nº 3079, Nº 3231, Nº 3337 y Nº 3631. y mo señala que “la promulgación de esta ley deja sin efecto toda negociación, acuerdo, preacuerdo provincial, nacional y/o internacional existente referido a la construcción de nuevas represas en la zona específicamente descripta en el artículo 1° de la presente ley y que no posean a la fecha de sanción de la misma, la taxativa aprobación formalizada conforme a la Constitución y la legislación vigente de las autoridades provinciales y de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por mayoría absoluta de votos de la totalidad de sus integrantes”.

Suena el clarín

Con el Proyecto Hidráulico-Productivo Ayuí Grande, se pretende realizar una mega represa sobre el arroyo del mismo nombre ubicado en el corazón de Corrientes. El Ayuí Grande es el mayor afluente del río Miriñay y nace nada más y nada menos que en los esteros del Iberá, en el departamento de Mercedes.

El emprendimiento es una iniciativa privada del consorcio agroindustrial conformado por las empresas Pilagá S.A., Tupantuva S.A. y Copra S.A. a la que adhiere también ADECOAGRO. Estas dos últimas regenteadas por los financistas José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y el magnate húngaro George Soros. Entre todos, suman aproximadamente unas 76.500 hectáreas de campo que rodean la cuenca del arroyo, unas 243.800 hectáreas (2438 km2).

El proyecto pretende inundar unas 7.898 hectáreas de bosques nativos, para regar el arrozal más grande de Suramérica. En total, unas 18000 hectáreas de este grano, producido mayoritariamente con el fin de exportarlo. También se pretende el cultivo de otros cereales como Maíz, Soja y Trigo, hasta llegar, según lo planeado, a regar unas 28.000 hectáreas.

Según el ingeniero agrónomo Jorge Adámoli director del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, formulado en 2005, “en total se detectaron 43 impactos negativos, de los cuales 23 se encuentran en el medio biótico, 15 en el abiótico, y cinco en el antrópico. El impacto negativo más alto es el de la fuerte afectación de llanuras y pastizales, porque se considera que una gran proporción de esta unidad será transformada.

Otros tres ambientes fueron considerados con riesgos muy altos de pérdida o eliminación. Los bosques hidrófilos, los bañados de lomada y los bosques de árboles nativos o terrestres” dice el documento oficial. Dentro de los impactos más trascendentales también se cuenta la eliminación y degradación de hábitat para la fauna. En las futuras áreas agrícolas no hay posibilidad de disminuir o de amortiguar este impacto” se asegura, “el cultivo implica la sustitución de la vegetación original”.

“Una parte de esto se podría reducir aplicando Plan de Gestión Ambiental que está previsto en el proyecto” explica el profesional, pero en realidad, al disminuir la descarga de agua del arroyo que generará la represa “no se podrán disminuir o aminorar estos impactos negativos con medidas del Plan” sostiene. ¿Que alternativa presentan los empresarios?, “compensación económica”. Lástima que la naturaleza no entienda de billetes.

Estamos en el campo

“El Proyecto Ayuí tiene que salir, lo dije en el sector arrocero, necesitamos inversiones, necesitamos que Corrientes pueda vender alimentos al mundo” pedía el gobernador correntino Ricardo Colombi en abril de este año. Lo hacía nada más y nada menos que ante el propio Aranda en un remate ganadero en su ciudad natal, por casualidad, Mercedes. Se olvidaba quizás, de los altos índices de desnutrición infantil que tiene la provincia así como los de pobreza que lo ubican dentro de las primeras a nivel nacional.

Por otra parte, Gustavo Adolfo Flores, médico veterinario, profesor en la Escuela Agrotécnica Eulogio Cruz Cabral de Mercedes, comparte la visión del Ejecutivo porque “conocemos el proyecto Ayuí porque lo formularon profesionales que han egresado de nuestra escuela. Además, la agricultura es una actividad que nos ataña como formadores de futuros técnicos y es una fuente laboral para nuestros alumnos. Genera mucha mano de obra. En ganadería, cada mil hectáreas, se ocupa un peón, mientras que en agricultura, 60”, argumenta.

Flores admite también que “el proyecto, se lanzó en nuestra escuela, ya hace rato, y desde entonces cambiamos el perfil del egresado. Antes solo se daba una formación ganadera. Es que “los mejores resultados económicos están en la parte agrícola” sostiene, aunque admite que “es indiscutible la exportación, pero nos favorece el empleo.

Además, opina que “el arroyo Ayuí, en épocas de sequía no tiene caudal, y en tiempos lluviosos pasa sobre la ruta. Entonces, ¿porque no retener ‘cierta cantidad’ para el uso de una actividad productiva? Por más que sean manos privadas hay que aprovechar este recurso”, apuesta el profesional mercedeño.

"Esto es como Botnia”

La Fundación Reserva del Iberá es una organización mercedeña, sin fines de lucro creada por técnicos y personas interesadas en la protección de patrimonios naturales como los Esteros del Iberá, el arroyo Ayuí y otros territorios de Corrientes en peligro. Horacio Cardozo, su coordinador, explica sus conocimientos técnicos y su postura. “El problema es la escala en la que está pensado este proyecto. Las 8000 hectáreas de lago que quieren crear represando el Ayuí, frente a las 5000 hectáreas que ocupa la emblemática laguna Iberá dan una perspectiva de la inmensidad que representa esta obra. Además realizarla significa apropiarse de un recurso público, pasando a formar parte de las empresas, es decir se privatiza” denuncia.

Sostiene que “hay alternativas de producción que podrían evitar semejante cambio en el medio ambiente, por ejemplo, que las empresas realicen represas más pequeñas. Pero no tienen la mínima voluntad de reformular el proyecto. Lo que pasa es que se trata de realizar la menor inversión y aprovechar la mayor renta posible”, argumenta.

“El daño no es sólo ambiental” aclara, “Es decir, toman agua de buena calidad y devuelven al arroyo agua cargada de agroquímicos… esa actitud es la que perjudicara a otros propietarios agropecuarios que también usan el arroyo para sus establecimientos que están en las riberas. Lo más grave es que, de aprobarse, estarán sentando un precedente negativo que puede dar pié a realizar otros proyectos de similares características en toda la región, incluso en el país.

Bandidos rurales

La situación para Fundación Iberá y para Horacio es alarmante, “De alguna manera esto es como Botnia” aseguran. “Aquí se le seduce a la gente diciéndoles que se le va a dar mano de obra y trabajo generalizado. A partir de ese discurso mucha gente en la zona está a favor por los intereses económicos que acarrea y la necesidad de los campesinos y de los trabajadores. Pero lo que no dicen es la mayor parte de la mano de obra se utilizará en la fase de construcción del dique, quedando solo después lo indispensable.

Caso aparte es la legislatura de Corrientes que terminó por aprobar el proyecto de reordenamiento territorial de la Ley de Bosques que mandara el Ejecutivo. Allí se marca como Zona Verde al Espinal (territorio en cuestión). Para ellos, legalmente no existe en la región ningún sector de bosque protegido. “Verde” habilita el desmonte. Esto implica aceptar la posibilidad cualquier actividad productiva sin tener en cuenta el riesgo ambiental como la erosión que sufrirán estos suelos quedando sin cobertura protectora, como dicen los expertos.

“El principal error fue haber planteado este debate con espíritu únicamente productivo” dice Horacio. “Esto pareció más bien, discutir sobre algo que molestaba. No estamos planteando nada fuera de lugar, zona de ribera es Rojo en todas partes. Lo dicen el INTA, el Instituto de Botánica de Corrientes, la UNNE, etcétera. Los bosques deberían ser parte de una política Estado, protegidos independientemente del los gobiernos de turno”, reclama con justa razón la Fundación.

Cardozo asegura que “de por sí solo el proyecto no podría concretarse porque infringe muchas leyes. Lo llamativo es como durante todos estos años, los gobiernos de turno colaboran para que salga. Pero justamente, lo que está protegiendo al Ayuí es la ilegalidad de esta obra. Actualmente es solo un proyecto, pero estamos preparados para presentarnos ante la justicia ni bien pongan una sola pala sobre el arroyo” sentencia. Mientras tanto, siguen realizando campañas de concientización. “Tenemos un blog que es www.ennombredelayui.blogspots.com con la campaña, SALVEMOS EL AYUÍ.

Pero las empresas pautan en muchos medios de comunicación y ayudan financieramente a algunas instituciones que confunden a la gente”, explica. “Cuesta también porque estamos protegiendo algo a futuro y en general estamos acostumbrados a “añorar lo perdido. Nos falta enamorarnos más de nuestro paisaje, sentirlo nuestro. Hay que dejar de ver al Ayuí como algo de todos pero a la vez, de nadie.De todas formas nuestras fuerzas están intactas. Lo seguiremos defendiendo. Usaremos nuestras leyes y haremos valer nuestros derechos” afirma.

Y finalmente, Horacio sentencia “exigimos modelos productivos menos agresivos con el medio ambiente es dar un mensaje de no todo es a cualquier precio, es mostrar al mundo que podemos producir de manera responsable con el medio ambiente, es una oportunidad de alguna manera, para mostrarnos al mundo como un país realmente serio”.

Todas las manos, todas

Vienen por lo más hermoso que nos queda: el agua, la tierra y los recursos naturales…Es necesario conservar el agua como patrimonio para la vida, no puede ser utilizada ni contaminada por la ambición sin límites de los mercaderes de la naturaleza, vemos con preocupación la necesidad de plantear esta problemática que nos duele por el avance sobre los Esteros del Iberá y sobre los Bosques Nativos” señala con fuerza el primer edicto de la Asamblea Ambiental Correntina.

Este nuevo órgano vio la luz a fines de abril de este año para contrarrestar este tipo de avasallamientos de parte de los empresarios y el gobierno sobre nuestros recursos naturales. Está integrado por referentes del arte y la cultura donde resaltan algunas figuras como Antonio Tarragó Ros, Julián Cini, Pocho Roch, Mario Bofil y un centenar de personas involucradas y comprometidas con la lucha.

Así también se pronunció la CTA Corrientes con su documento aprobado en el Congreso Provincial 2010, marcando “la defensa de la Madre Tierra, rechazando la construcción de las represas en la región y muy expresamente, la de Garabí…toda instalación de pasteras con su consecuente intencionalidad de ampliar la nefasta política del monocultivo forestal; y exigir el cumplimiento de la ley nacional de bosques respecto a definir en el Ayuí Zona Roja respetando sus bosques en galería”, lo que fue reivindicado en el Encuentro-Seminario de Comunidades Rurales del Norte Argentino, realizado en el Taraguí.

Y un coro de voces que no calla, grita hoy desde Corrientes, “siento al caminar, toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal…”.

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