jueves, 15 de julio de 2010

Ningún país de América Latina escapa a escalada de embarazo adolescente

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Los gobiernos de América Latina deben asumir un papel más activo en la atención de problemáticas como el aumento del embarazo adolescente y la fecundidad no deseada, que afectan sobre todo a las mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes, principales obstáculos que afrontan para acceder a empleos de calidad que les permitan superar la pobreza.


Así lo señaló a Cimacnoticias Sonia Montaño, oficial de la División de Asuntos de Género, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien participa en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en Brasil.

De acuerdo con la especialista de la Cepal, en la región “no hay ningún país que haya escapado al aumento del embarazo adolescente”, lo cual tiene que ver con la insuficiente dotación de anticonceptivos y de acceso a los servicios de salud para prevenir embarazos no deseados.

En este ámbito, sigue presente el tema de la desigualdad porque son las mujeres más pobres, indígenas o afrodescendientes, las que tienen más hijas e hijos de los que quieren tener, o pueden mantener, por lo que les es imposible “brindarles condiciones adecuadas para salir de la pobreza”.

La fecundidad no deseada, común en embarazos adolescentes, “es sin lugar a dudas uno de los obstáculos por los que las mujeres no pueden acceder a empleos adecuados”, afirmó Sonia Montaño.

Ello se debe a que el cuidado infantil recae sobre todo en las mujeres de la región, por lo que se ven obligadas a ocuparse en jornadas parciales, con salarios más bajos y sin protección social.

Este es uno de los temas de la XI Conferencia, en la que “se buscarán las maneras de cómo los gobiernos pueden financiar políticas que resuelvan el tema del cuidado infantil, de enfermos y de personas de la tercera edad, como una responsabilidad social que en México y América Latina, recae en el trabajo gratuito de las mujeres”.

Explicó que “la razón por la que muchas mujeres no ingresan a los sectores más productivos y más dinámicos de la economía es porque tienen que buscar una combinación que les permita atender a los hijos, tener un empleo cerca, horarios flexibles, para conciliar trabajo y familia, si las mujeres contaran con servicios en este sentido, ellas podrían ir a empleos más estables, porque tendrían la seguridad de que sus hijas e hijos están cuidados”.

A 11 años de la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la conciliación trabajo-familia sigue entre los pendientes que los gobiernos de la región deben atender, con la ventaja de que se logró el reconocimiento social y económico de esta actividad.

Pendientes en igualdad de género

De acuerdo con Sonia Montaño, el primero de los pendientes en Latinoamérica y el Caribe es el derecho al trabajo, ya que en los países de más avance, el 60 por ciento de las mujeres están en el mercado laboral, “mientras que los hombres ya han llegado a su tope.

La inserción de las mujeres al trabajo es positiva para su desarrollo y autonomía personal, “tener ingresos propios les da a las mujeres una mayor capacidad de decidir y de poder negociar, en mejores condiciones, el destino de los ingresos familiares”, explicó.

Las desigualdades también se dan entre las mujeres, éstas son determinadas por el nivel de ingresos de las latinoamericanas y su origen étnico.

“Todavía hay brechas muy grandes entre las mujeres, ya que pobres e indígenas en la mayoría de nuestros países, no han recibido de manera equitativa los beneficios del desarrollo”, lamentó la experta.

En las mujeres más desfavorecidas, recae en mayor medida, el trabajo gratuito en el hogar, el cuidado infantil y la fecundidad no deseada. Ellas son afectadas en mayor medida por el desempleo, por la pobreza, por problemas de salud y educación deficiente.

La desigualdad entre mujeres, es una tendencia uniforme en los países de la región, que se observa especialmente en Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, donde hay una población indígena importante, y en Brasil, en el caso de las afrodescendientes.

Ante el panorama regional, Sonia Montaño refirió que el papel de los Estados de la región debe ser más activo “en políticas de empleo para romper la segmentación laboral, mediante acciones especificas, como incentivos que sean fiscales, materiales, económicos para que las mujeres accedan a empleos mejor remunerados, desvinculados al cuidado”.

En segundo lugar, dijo, los gobiernos deben impulsar acciones para que las latinoamericanas y caribeñas puedan ingresar al ámbito laboral en empleos más productivos, con protección social, lo que implicaría que los Estados se alleguen los recursos suficientes financiar el cuidado infantil, el cuidado de enfermos y de ancianos.

“Si bien, el gasto social ha aumentado en salud y educación en América Latina, el gasto social aún no incluye las tareas del cuidado y están en manos de las familias, cuando debiera ser responsabilidad de los Estados”, indicó.

Al respecto, concluyó la especialista, “los Estados deben atender esta necesidad, desde una perspectiva de derechos, no como programas asistenciales, sino como parte de los derechos que tienen mujeres y hombres trabajadores a una protección social de corto y largo plazo”.

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