jueves, 8 de julio de 2010

Proclama por un nuevo Puerto Rico

Carlos Rivera Lugo (CLARIDAD, especial para ARGENPRESS.info)

El pueblo de Puerto Rico es testigo en estos momentos de un parto singular: el de la democracia participativa. Que nadie se llame a engaño: en el desenlace exitoso de este parto radica inescapablemente las posibilidades reales incluso de la soberanía. En ese sentido, son en última instancia dos las criaturas que forcejean por nacer. Están íntimamente trabadas y como tales son inseparables.

Es por ello que no basta pregonar la soberanía sin la incorporación real del pueblo en las decisiones políticas. Soberano es quien decide. De eso trata concretamente la autodeterminación.

Bajo la vieja noción de la soberanía, ésta tan sólo está representada formalmente por el pueblo. Sin embargo, en la realidad de los hechos, esa soberanía históricamente ha estado coja pues el pueblo está ausente de ella. Las elites económicas y políticas hegemónicas se han encargado de monopolizar las decisiones fundamentales de la sociedad, en exclusión del pueblo de carne y hueso, razón y sentimiento.

Un ejemplo de lo anterior lo tuvimos en días pasados cuando el Colegio de Abogados de Puerto Rico convocó al pueblo a una reunión urgente en su sede en San Juan al día siguiente de la brutal represión sufrida el pasado miércoles por estudiantes y profesores, entre otros, que habían ido al Capitolio para presentarle a la Asamblea Legislativa una Proclama por “una democracia verdadera”, originada en Mayagüez. Sin embargo, al llegar los convocados, sobre todo los estudiantes y profesores, para su sorpresa y decepción se toparon con el hecho que ya todas las decisiones habían sido tomadas por un comité designado por el Presidente de la entidad convocante.

Así las cosas, dándose cuenta que la democracia participativa y deliberativa no anidaba en dicha “asamblea”, los estudiantes universitarios salieron a las afueras de la sede del Colegio de Abogados para constituirse en una verdadera asamblea con la participación de todos y todas, al igual que lo hicieron continuamente durante su proceso huelgario. Le dieron así la espalda a aquellos que siguen conformándose con las meras formalidades del desgastado discurso jurídico-político de la Modernidad.

Me decía con razón el compañero profesor de Derecho Daniel Nina: “Creo que estamos viviendo un nuevo país, donde lo viejo y lo nuevo no se están comprendiendo”. Efectivamente, lo viejo, representado por una forma elitista de hacer política, y lo nuevo, personificado por una sociedad que crecientemente no se siente representada por dichas elites -sean de derecha, centro o de izquierda- y, consiguientemente, afirman su derecho soberano a decidir por sí misma. La autodeterminación popular y no la sobredeterminación elitista es el eje estratégico del nuevo proyecto de país encarnado en las luchas estudiantiles.

Lo grande de la nueva situación es que sus protagonistas, los estudiantes universitarios, no se han conformado con la mera protesta frente a las acciones represivas del gobierno colonial de turno. Van más allá de la protesta hacia la contestación frontal, firme y valiente al desorden colonial. Y además de demostrarlo con una heroicidad francamente admirable, también nos lo testimonian con la Proclama que llevaron para leer en la sede de la Asamblea Legislativa en San Juan, la cual fue recibida a macanazos. De ésta muy poco se ha hablado, porque tal vez muy poco aún se ha entendido sobre lo que está ocurriendo. La Proclama constituye una impugnación radical a las actuaciones opresivas de las actuales autoridades coloniales y una propuesta concreta para la construcción de un nuevo Puerto Rico.

En primer lugar, comienza la Proclama explicando que el motivo de la movilización estudiantil es para “retomar la Legislatura” por entender que ésta, con sus acciones, le ha declarado la guerra al pueblo puertorriqueño. Atestiguan sus signatarios que “acudimos de forma pacífica ante el Hemiciclo del Senado amparándonos en nuestro derecho a ser escuchados y considerados ya que somos parte de una sociedad que aspira a la democracia verdadera. Nuestros derechos irrenunciables a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y el hacer valer que se cumpla con los requerimientos y las necesidades de una sociedad verdaderamente democrática fundamentan la acción pacífica con la que asistimos a este espacio. Entendemos que la violación a cualquiera de esos derechos fundamentales, esas garantías mínimas o esas necesidades básicas son una declaración de guerra contra nuestro pueblo y nuestra sociedad”.

Ante el continuo desprecio que demuestra la Legislatura hacia los reclamos legítimos del pueblo, los estudiantes universitarios afirman que “asistiremos con nuestros cuerpos como principal resistencia civil para reclamar lo que por derecho nos corresponde”, ya que entienden que “la base de toda sociedad democrática es que la voluntad del pueblo sea la autoridad del pueblo, que sea la autoridad del poder público”. Y puntualizan que, consiguientemente, “ustedes como legislador@s, jueces y gobernador del pueblo puertorriqueño tienen la obligación de cumplir con la voluntad del pueblo”. Dicha voluntad, aclaran, no es algo que se manifiesta cada cuatro años, sino que ésta se expresa cotidianamente.

Precisamente, es esta permanencia e inalienabilidad de la voluntad soberana del pueblo la que le permite enunciar el siguiente catálogo de aspiraciones y reivindicaciones:

• la justicia ambiental, sobre todo la preservación de zonas de alto valor ecológico;

• el “desarrollo saludable y eficiente de nuestras costas” y la “preservación y pleno uso y disfrute de las playas”;

• “una agricultura que nos garantice tener seguridad alimentaria”;

• “una verdadera justicia social” y “una mayor y mejor distribución de las riquezas”;

• el “bienestar total” y una “alta calidad de vida”, la cual incluye que “cada persona tenga un trabajo” y “que dicho trabajo se convierta en un derecho ciudadano” y que “garantice una paga satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”, según lo requiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

• “una sociedad que no sea discriminatoria” y que “se valoren a las personas por quienes son, sus virtudes y sus experiencias de vida y no por sus ideales políticos o por sus preferencias sexuales”;

• “el derecho a la educación en todos sus niveles y que ésta esté al servicio de los intereses del pueblo puertorriqueño”, lo que incluye que “la educación universitaria pública sea accesible para las personas de todas las clases sociales y en especial de la clase trabajadora”, y que “se desvincule la educación de los partidos de turno”;

• “una sociedad que no sea machista ni patriarcal” y donde “no se tolere la violencia hacia las mujeres”;

• la libertad de de información y que “se garantice el libre acceso a la información pública a la ciudadanía y la prensa”;

• la justa valoración del servicio público y el control de su calidad;

• que valorice al colectivo y que “a las comunidades se les dé el apoyo necesario para que se puedan desarrollar plenamente, autogestionarse y empoderarse en la toma de sus decisiones como colectivo”;

• “una nueva y mejor sociedad”, lo que incluye que a toda persona se le garantice la salud y el bienestar y en especial la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”;

• que se valore sobre todo al ser humano “por encima de cualquier consideración monetaria”, lo que incluye que “las artes, la educación, la cultura, la tecnología y las ciencias sean igualmente valoradas y que dicha valoración trascienda el valor monetario”.

Concluye la Proclama reclamando a las autoridades gubernamentales la garantía de las aspiraciones y principios antes enunciados, y seguidamente se advierte: “En caso de que no se cumpla con la defensa de nuestra sociedad democrática, actuaremos de forma activa denunciando, resistiendo y combatiendo de todas las formas posibles toda ley, imposición, iniciativa o abuso de poder que implique una violación a los reclamos de nuestro sistema democrático”.

En fin, entienden justamente los estudiantes universitarios que la legalidad no es aquella que dictan unilateral y tiránicamente las autoridades gubernamentales para imponérsela a la fuerza a la ciudadanía. La legalidad en todo caso es aquella que se da a sí misma el pueblo. En ello radica la verdadera democracia y además el auténtico sentido de la soberanía.
Carlos Rivera Lugo es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño “Claridad”.

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