miércoles, 29 de septiembre de 2010

Argentina. Juicio de la Unidad 9 de La Plata: Duro alegato de la CTA

ACTA

El abogado Marcelo Ponce Núñez, que representa a la CTA como querellante en el juicio, formuló un duro alegato solicitando cadena perpetua para los máximos responsables de ese centro clandestino de detención, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un plan genocida.

Ante un auditorio colmado en la ex AMIA en La Plata, donde se desarrollan las audiencias del Tribunal desde abril, Ponce Núñez enumeró la vasta legislación nacional e internacional vigente, no sólo en la actualidad sino al momento de cometerse los hechos, remarcando que el gobierno fue usurpado por la Junta Militar y sus cómplices civiles “con el fin de cometer un genocidio en la República Argentina, para establecer la aniquilación de un grupo sobre el otro”.

También destacó el proceso de histórico y social de lucha que permitió la realización de éste y otros juicios en el país, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y la “cantidad de prueba abrumadora, testimonial, pericial y documental”, de que los acusados eran culpables de cometerlos.

El letrado dedicó buena parte de su exposición a desmantelar los principales argumentos de la defensa, basados en que agentes no habrían tenido otra opción que obedecer las órdenes del poder militar de entonces: “La única obligación, al existir una orden que constituye un crimen, es desobedecerla”, sentenció citando abundante doctrina jurídica e incluso castrense. Pero además, luego de un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas durante el proceso, dio por probado que “no había sumisión sino mancomunión y connivencia total y absoluta entre el jefe Abel Dupuy, sus agentes y las autoridades militares”.

Se refirió a las constancias escritas de los “traslados” que derivaron en los asesinatos de Angel Georgiadis, Dardo Cabo, Rufino Pirles y Horacio Rapaport, entre otros los presos, remarcando que estas no existieron cuando sabían “que sólo era para torturarlos, y volvían”, y sólo constan en los casos donde los penitenciarios sabían que le detenido no volvería. “En cuanto las firmaron, las manos de Dupuy y sus adláteres empezaban a mancharse con sangre”.

Repasó todas las declaraciones dadas por los ex detenidos (como el secretario general de ATE y la CTA bonaerense, Hugo “Cachorro” Godoy, el dirigente judicial Rafael Moreno Kiernan, el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el ex canciller Jorge Taiana, los periodistas Eduardo Anguita y Alberto Elizalde, entre muchos otros), tanto en relación a las torturas y vejámenes como a los actos de resistencia y heroísmo, incluyendo la frase lanzada por Angel Georgiadis durante un acto improvisado en el mismo penal: “compañeros, cada uno de ustedes vale por diez de estas mierdas”, y los numeroso testimonios de que eso habría sido su sentencia.

Se detuvo especialmente en los “chanchos”, como se denominaba a las celdas de castigo, donde mataron a golpes a Carlos Pinto con probada complicidad del personal médico presente también en el banquillo, donde los dejaban hasta semanas sin más agua que la de la letrina. Recordó que durante la inspección ocular realizada en el marco del juicio, presente él mismo junto a uno de los jueces y el acusado Raúl "El Nazi" Rebaynera, éste último les había explicado que “el agua se puso después porque una fiscal molesta de Dolores había puesto un amparo”.

De la inspección ocular y las autopsias, afirmó Ponce Núñez, también quedó probado que “es impensable” la versión de “suicidios” por ahorcamiento esgrimidas por los acusados en otros dos casos, donde el único ventiluz estaba situado a una altura inaccesible para los detenidos.

“Hoy podemos tener este juicio porque muchos de los que están y los que no están pusieron todo para que esto sucediera”, concluyó el abogado de la CTA.

"Con la CTA, venimos por la vida"

El abogado Oscar Rodríguez, también representante de la querella CTA-APDH realizó por su parte una amplia descripción de las figuras penales involucradas para calificar a los acusados: homicidios, torturas, tormentos y tentativas de homicidios fueron algunas, enmarcadas en el plan de genocidio descripto anteriormente.

En base a los elementos reunidos, las penas solicitadas fueron las siguientes:

Abel Dupuy: prisión perpetua, con accesorias legales y costas, e inhabilitación

Isabelino Vega: prisión perpetua, con accesorias legales y costas, e inhabilitación

Víctor Ríos: prisión perpetua, con accesorias legales y costas, e inhabilitación

Raúl “Nazi” Rebaynera: prisión perpetua, con accesorias legales y costas, e inhabilitación

Elvio Cosso: 25 años

Ramón Manchado Fernández: 25 años

Jorge Luis Peratta: 22 añoss

Valentín Romero: 19 años

Catalino Morel: 18 años

Segundo Andrés Basualdo: 16 años

Héctor “Oso” Acuña: 15 años

También se pidieron, para los médicos cómplices:

Carlos Domingo Jurio: 18 años

Enrique Leandro Corsi: 18 años

Luis Domingo Favole: 18 años

Rodríguez consideró como agravantes de la pena "la utilización del aparato estatal para consumar el plan de represión" y la "indefensión de las víctimas" junto a la "extensión del daño causado".

En cuanto a los médicos, valoró su "formación profesional" como herramienta para discernir entre el bien y el mal, el quebrantamiento del “juramento hipocrático" y el hecho de contribuir "a la naturalización de las torturas en las cárceles, prácticas que se mantienen hasta la actualidad (sic)".

"No hemos venido aquí ni por revancha, ni por odios, sino por valores”, concluyó Rodríguez. “En representación de la CTA, venimos por la vida. Y lo hacemos en representación de los trabajadores, que fueron quienes más sufrieron la represión de la dictadura. Por ellos estamos aquí: venimos a buscar Justicia".

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