Guillermo Navarro Jiménez
Si esto fuese así, y como el propio doctor Larreátegui reconoce que la revocatoria del mandato consta ya en la Constitución de 1998(2), habrían sido los partidos de la derecha que dominaron la constituyente que elaboró la Constitución de 1998, bajo la presidencia del doctor Osvaldo Hurtado Larrea prestante militante de la Democracia Cristiana, los que, en una suerte de suicidio político, hubiesen dado inicio a la demolición de la democracia representativa que les es tan cara
La verdad histórica señala que la introducción de la revocatoria del mandato no obedeció a la “obsesión por demoler la democracia representativa”. Por el contrario, respondió a la necesidad imperiosa de buscar nuevas forma para fortalecerla ante la contradicción generada entre la legitimidad electoral y la pérdida de legitimidad durante el ejercicio del poder. Problema que reconoce el concepto gobernabilidad, que dice que si bien es el proceso electoral el que formalmente legitima a un gobierno, a sus acciones y decisiones, la legitimidad real depende de la eficacia y eficiencia que demuestra el equipo gobernante durante el ejercicio del poder(3). Por ello, posteriormente al planteamiento del Banco Mundial, la gobernabilidad fue definida como la capacidad de los gobernantes libremente elegidos para actuar eficazmente en procura del bienestar del conjunto de gobernados, definición que determina que los elementos de la gobernabilidad serán la legitimidad y la eficacia, el primero de los cuales, responde, en un primer momento, a lo formal, al hecho de ser elegido en un proceso electoral, en tanto que el segundo, es producto del ejercicio de gobernar, esto es de ejercer el poder en todos los ámbito y con todas las implicaciones que de ello se deriva. Elementos a los cuales, las tesis sobre gobernabilidad agregan el respeto a la legalidad, a la separación de las funciones del Estado. Elementos que forman parte del repertorio de la democracia representativa, que pretenden coadyuvar a su permanencia y fortalecimiento y, de ninguna manera, a su demolición.
Si la revocatoria del mandato obedece a la perspectiva antes mencionada, lo que preocupa a la oposición seguramente obedece a que la Constituyente de Montecristi redujo los porcentajes necesarios para revocar un mandato, decisión que robustece la democracia directa. Efectivamente, la Constitución del 2008 dispuso en su artículo 105: “La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral”, a diferencia del 30 por ciento que demandaba la Constitución de 1998 en su artículo 110.
En términos concretos y en los actuales momentos, lo que preocupa a la oposición es su incapacidad para alcanzar los disminuidos porcentajes demandados para solicitar la revocatoria del mandato del Presidente de la República, a pesar de la campaña que todos los grandes medios de comunicación social desarrollan para tratar, inútilmente, de apuntalar a Carlos Vera, a quien solo un narcicismo exacerbado por la retroalimentación mediática, le impide reconocer que a la legitimidad electoral, al Presidente Correa le acompaña la legitimidad que deviene de actos de gobierno que todos reconocen: una política social orientada a beneficiar a los estratos más pobres de nuestra sociedad, por siempre desatendidos, como incluso se ven obligados a reconocer los opositores sensatos, incluidos los grandes medios de comunicación social. Puesto que lo contrario sería desconocer programas como el Manuela Espejo, el Joaquín Gallegos Lara. Sería no entender que la saturación de hospitales y centros educativos obedece a la gratuidad real de eso servicios.
A lo anterior a la oposición preocupa ese resquebrajamiento de sus filas que permite avizorar la inclusión de breves notas en todos los medios de comunicación social, incluidos los grandes instrumentos de la política mediática de la oposición, sobre los innegables avances que se constata en el desarrollo de la infraestructura vial, como podemos comprobar todos quienes recorremos el país por tierra, como corresponde a todo caminante impenitente. Como no preocuparse, cuando la población desde Cuenca a Loja, del Carmen a Pedernales, de la Unión a Quininde, por señalar algunos, reconoce que los chaquiñanes, empedrados, baches y polvo quedaron lejos.
Como la oposición no va a preocuparse cuando se percata que la función social va por buen camino para convertirse en realidad concreta, luego del largo sueño al que ellos sometieron desde 1929(4). Preocupación que anuncia la guerra avisada y avanzada por la oposición, y todos los grandes medios, ante el sólo anuncio del tratamiento de la Ley de Tierras.
Como la oposición no puede dejar de preocuparse cuando observa que formas de propiedad social han sido incluidos en leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República. Formas que la mayoría de ecuatorianos las reconoce como avances históricos innegables.
Ante esa realidad, sólo los ilusos, militantes de una revocatoria ilusoria, no se percatan que su ruta está trazada por la sola fuerza de una política mediática que incentiva narcicismos extremos, que desprovee de espejos sociales que reflejen la realidad que todos reconocen. Sólo ellos persisten en un empeño desde ya fallido, por la fuerza de decisiones que todos reconocemos.
Notas:
1) Véase Larreátegui, Carlos: “Montecristi y sus novatadas”, diario El Comercio, Quito, Ecuador, 01/09/2010.
2) Véase Constitución de 1998, artículos 109,110, 111, 112 y 113.
3) En el pensamiento contemporáneo, las discusiones sobre gobernabilidad fueron introducidas hacia fines del siglo pasado por el Banco Mundial, cuando hizo extensivo el uso de la noción de Governance en su informe de 1989 “Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth” (1989). En informes posteriores, sobre todo desde 1992 con “Governance and Development”, el Banco empezó a divulgar sistemática y globalmente, sus definiciones operacionales.
4) Véase Constitución de 1929, artículo 151, numeral 14.Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.
