martes, 7 de septiembre de 2010

El Comité de la Fiscalía de Rusia lleva a juicio a 14.500 acusados de corrupción en 18 meses

RIA NOVOSTI

El Comité de Investigación de la Fiscalía de Rusia (SKP, por sus siglas en ruso) presentó cargos contra 14.500 personas acusadas de corrupción de un total de más de 24.500 sumarios abiertos en un año y medio, informó el organismo en un comunicado.

"Desde que se creó, la lucha contra la corrupción ha sido uno de los objetivos prioritarios del SKP. La intensificación de las actividades en este sentido ha permitido lograr ciertos resultados positivos aumentando la eficacia a la hora de detectar y combatir delitos relacionados con la corrupción", señala el documento.

Así, según los datos del organismo, sólo en 18 meses (2009 y el primer semestre de 2010) se estudiaron 75.800 denuncias por presuntos casos de corrupción que derivaron en 24.500 sumarios.

"Actualmente, ha concluido el sumario de 13.900 casos penales, o el 42% del total, de los que 12.900 casos contra 14.500 acusados han sido transferidos a los tribunales", precisó el comunicado del SKP.

En declaraciones al diario Rossiyskaya Gazeta, el jefe del SKP, Alexandr Bastrikin, citó uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos meses, con el teniente de alcalde de Moscú, Alexandr Riabinin como el principal acusado.

Según reveló Bastrikin, el pasado 23 de marzo Riabinin fue imputado por el SKP delito de cohecho y prevaricación. No obstante, seis días después la Fiscalía de Moscú anuló el auto de imputación por insuficiencia probatoria.

Una nueva investigación permitió reabrir el caso de Riabinin, pero el propio sospechoso aprovechó este tiempo para huir de la Justicia y esconderse en un país extranjero, lamentó el responsable del SKP.

El Comité de Investigación de la Fiscalía rusa se constituyó hace exactamente tres años por una disposición del presidente ruso que transfería las competencias para la investigación criminal de la fiscalía al nuevo organismo.

El SKP investiga delitos graves y casos en los que los imputados o las víctimas son menores de edad, funcionarios públicos o agentes de las fuerzas de seguridad.

En los tres años que lleva funcionando, el organismo ha estudiado más de tres millones de denuncias, ha investigado más de 336.000 casos penales y ha trasladado a los tribunales a 289.000 de ellos contra un total de más 324.000 personas.

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