jueves, 16 de septiembre de 2010

Más de 2.000 chinos inician acciones legales contra empresa japonesa que los esclavizó durante la Segunda Guerra Mundial

XINHUA

Una oficina de abogados firmó hoy jueves en la oriental provincia de Shandong una petición para abrir un juicio contra la firma japonesa Mitsubishi Materials Corp. en representación de 2.706 ciudadanos chinos que fueron obligados a trabajar para ella durante la Segunda Guerra Mundial, y quienes exigen que la compañía se disculpe y les pague una compensación.

La petición contra Mitsubishi Corporation (Qingdao) Ltd. y Yantai Mitsubishi Cement Co. será enviado por los abogados al Tribunal Popular Supremo de Shandong.

De acuerdo con las denuncias, los trabajadores, todos los cuales son ya mayores de 80 años, exigen que las citadas empresas se disculpen y compensen a cada trabajador con 100.000 yuanes (14.730 dólares).

Se trata del primer juicio presentado por trabajadores chinos en el país contra compañías japonesas, y del más reciente relacionado con los casos de labor forzada durante el conflicto. Procesos similares abiertos en Japón a lo largo de las dos últimas décadas han fallado.

Unos 40.000 chinos, una cuarta parte de ellos originarios de Shandong, fueron obligados a trabajar en Japón durante la Segunda Guerra. De ese total, unos 7.000 murieron mientras laboraban para las mencionadas empresas, dijo Fu Qiang, abogado de los trabajadores y director de la Oficina de Abogados Pengfei de Shandong.

Mitsubishi Materials Corp. forzó a más de 2.700 ciudadanos chinos a trabajar en nueve minas, aseguró Fu, y agregó que la firma licenció otros dos yacimientos a igual número de compañías del vecino país que también esclavizaron trabajadores chinos.

La mayoría de los obreros forzados que utilizó Mitsubishi Materials eran de Weifang, Jinan y Zibo (Shandong), precisó el abogado.

Diferentes tribunales japoneses han rechazado todas las solicitudes de compensación presentadas por ciudadanos chinos en 15 casos presentados desde 1990 con respecto a personas que fueron obligadas a laborar para empresas niponas, alegando que el comunicado conjunto Japón-China de 1972 estipula la renuncia a los derechos individuales de los nacionales chinos para pedir reparaciones relacionadas con la guerra.

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