martes, 7 de septiembre de 2010

México: Falta voluntad política para aplicar presupuesto para mujeres

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el presupuesto etiquetado destinado para la aplicación de leyes y programas a favor de las mexicanas, ascendió a más de 26 mil millones de pesos (mdp), sin embargo hasta ahora las acciones realizadas por el Estado mexicano para su aplicación han sido inoperantes.

Para Elsa Conde, ex diputada federal por el Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS), si bien en términos de cantidades se avanzó del 2007 a la fecha, es decir se cuentan con recursos adicionales de más de 7 mil mdp todavía hay grandes retos en materia de etiquetación y aplicación del recurso.

Información de la Cámara de Diputados señala que en 2007, se etiquetaron 200 mdp; para 2008, la cifra aumentó a 7 mil 500 mdp; para 2009, 8 mil 981 mdp, y para el ejercicio 2010 el Presupuesto Etiquetado asciende a más de 10 mil mdp.

Los recursos para los programas para las mujeres empezaron a ser etiquetados hace tres años, y a pesar de que año con año se han ido incrementando, no representan ni el 0.4 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Para vigilar la aplicación del Presupuesto Etiquetado (PE), Elsa Conde, precisó que el Ejecutivo está obligado a entregar, Informes Trimestrales de la Situación de las Finanzas Públicas, que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con información de todas las dependencias y en el que se da cuenta del seguimiento y la aplicación de los recursos, sin embargo estos requieren de un análisis que no se ha realizado.

Consideró que a pesar de que éstos se han entregado no son revisados, “deberían de ser de lectura obligada para el propio Ejecutivo, de cómo están aplicando su secretarías o no el recurso, y si es verdaderamente efectiva la estrategia, afirmó la ex diputada federal.

A la fecha no hay un seguimiento final que dé cuenta de las acciones realizadas por el gobierno Federal con el PE, ante ello el pasado 18 de agosto las diputadas de la Comisión de Equidad y Género (CEyG), propusieron crear un anexo específico en la Cuenta Pública para identificar los resultados finales que han tenido las acciones que se etiqueten en materia de igualdad de género.

En un análisis realizado de los Informes Trimestrales, entregados por el Ejecutivo, sobre los recursos asignados para reducir y eliminar la violencia contra las mujeres en el país la ex diputada federal por Convergencia, y ex secretaria de la CEyG, Martha Tagle Martínez, señaló que para atender la violencia de género, se etiquetaron en el PEF de 2008, mil 163.7 mdp; para 2009, 8. 981 mdp y para 2010, 259.7 mdp.

El documento detalla que si bien hay recursos asignados para instancias e instituciones para combatir este flagelo, las acciones realizadas por el Estado mexicano han sido hasta ahora ineficaces y poco transparente la distribución de los mismos.

En 2008, a la Secretaria de Gobernación (SG) se le asignaron 40.0 mdp, para crear el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género; el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, entre otras acciones incluidas en la Ley General, sin embargo, los recursos no fueron ejercidos, y hasta el momento no existe ninguno de los mecanismos señalados.

Otra dependencia con recursos asignados es la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en 2008 se le asignaron 166.3 mdp para investigar asesinatos y desapariciones de mujeres; para 2009, las asignaciones ya no se hicieron en la misma proporción. La dependencia reportó que para su operación sólo eran necesarios 80.0 mdp.

No obstante, Martha Tagle, denunció que en el seguimiento presupuestal, se observó que parte de los recursos “fueron transferidos a otras unidades responsables” de la misma PGR, para “atender cuestiones” que se vinculaban con la operación de la Fiscalía Especial.

En lo que se refiere a la salud de las mexicanas, reiteradamente organizaciones de la sociedad civil (OSC), han denunciado que el gobierno de Felipe Calderón, ha implementado “trampas”, otorgando altos presupuestos a los Programas Oportunidades y Seguro Popular, los cuales incluye en el PE, a pesar de que no tiene perspectiva de género

Cada año se ha integrado el Programa de Desarrollo Oportunidades dentro del Anexo 10 (PE); de acuerdo con un análisis titulado “El Presupuesto etiquetado para mujeres”, realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar esto es totalmente equívoco, pues aunque ese programa puede tener consecuencias y/o efectos vinculados con el avance de las mujeres, “carece de enfoque de género”.

En consecuencia, su inclusión en el Anexo 10 provoca un efecto tramposo en el presupuesto etiquetado. Por ejemplo, para 2010 el monto total del gasto para las mujeres es de 55 mil 480.2 millones de pesos; no obstante, 46 mil 146.5 mdp corresponden a Oportunidades, por lo que realmente se destinarán a las mujeres 9 mil 333.7 mdp.

Elsa Conde subrayó la importancia de que la Comisión de Equidad y Género, y el Instituto Nacional de las Mujeres, llamen a cuentas de porqué en tal programa, se están aplicando o no, los recursos que tenemos, “en suma, podemos decir que tenemos los instrumentos, pero falta mucho”.

“Negociar” para los derechos de las mujeres

A pesar de que el PE, aumentó significativamente en los últimos cuatro años, este tiene que pasar por un proceso de “negociación” con oficiales mayores y/o Secretarios de Estado, en el que muchas veces predomina la falta de voluntad política.

Es lamentable, dijo Tagle Martínez a Cimacnoticias, que año con año el presupuesto de género, siga pasando por un proceso de negociación, que dependa muchas veces de la capacidad política de las diputadas.

“Si vamos invertirle o no a combatir el cáncer, si vamos a meterle dinero para combatir la violencia contra las mujeres, etcétera temas realmente preocupantes, que no tendrían que estarse negociando”.

En lo que se refiere a la ejecución de los recursos etiquetados, afirmó que ha sido muy desigual por parte de las dependencias, ya que parte del proceso implicaba un trabajo muy cercano con la Comisión de Equidad y Género, mismo que ya no se está dando.

Es decir, “las legisladoras además de etiquetar recursos nos reuníamos con funcionarios de cada una de las dependencias públicas para checar que el recurso estuviera operando donde tendría que operar y bajar donde tenía que bajar”.

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