jueves, 16 de septiembre de 2010

Una débil estructura

Horacio Meguira (ACTA)

Desde hace un tiempo, el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la Secretaria de Trabajo, Noemí Rial, publican en distintos medios un balance de su función. Defienden la estructura ocupacional y, dentro de ella, el aumento del empleo registrado, la negociación colectiva y el salario. La referencia del análisis siempre es el 2001/03.

Se intenta transmitir “los avances” de las relaciones laborales. Recurren al discurso de “vaso medio lleno”, para finalizar con la frase “queda mucho por hacer”.

Durante mucho tiempo la objetividad partió de los datos del INDEC, pero hoy no tenemos una base de cálculo creíble y los datos que manejamos no coinciden con los oficiales.

En materia de empleo, el argumento del Ministro (Diario Perfil 15/08) es que se recuperaron los puestos de trabajo luego de la crisis mundial y que salimos indemnes. Recurre al “vamos por más” y señala que “la crisis está superada...así se expresa en una generación de empleo inédita y un piso de protección social como nunca antes tuvo nuestro país”. “Podemos llegar al 5 o 6 % de desempleo antes de finales de 2011. Están dadas las condiciones para llegar al pleno empleo”, afirma la vice-ministra a Página/12.

Según nuestras fuentes (datos sobre estructura ocupacional y salarial -los extremos del INDEC y la SIJP-, y otros propios del Observatorio De Derecho Social de la CTA), sobre una población económicamente activa (PEA) de 16,5 M (millones), los ocupados son 15,2 M y desocupados 1,3 M. Los trabajadores registrados en el sector privado son 5,8 M, más 2 M de trabajadores registrados en el sector público (el SIJP informa 1,3 M, pero no están incorporados los trabajadores del sector público de las provincias más grandes). En consecuencia, existen unos 8 M de trabajadores registrados. Por otra parte, la suma de asalariados no registrados (4,5 M) y cuentapropistas (2M) ronda los 6,5 M. Finalmente, si agregamos los 1,3 M de desocupados, llegamos a 7,8 M de trabajadores fuera del sistema. Unos 600.000 son empleadores, con lo que completan los 16,5 M de la PEA.

Estos datos distan mucho del optimismo de los funcionarios. El 34,8% de la PEA se encuentra no registrada y el 16,5 % es cuenta-propista, de los que la gran mayoría son falsos cuenta-propistas (el que trabaja como “monotributista”, figura como temporario y trabaja 8 hs diarias; el trabajador “contratado” de las administraciones públicas; gran parte de terciarizados del sector privado). Es decir, el 51,3% de la PEA no tiene derechos plenos: previsión social, estabilidad, obra social.

No estamos próximos al concepto de “pleno empleo” entendido como categoría de ocupación y distribución, y menos que estamos frente a una fuerte estructura ocupacional.

Afirma Rial: “...la negociación colectiva implica la recomposición de los salarios, recuperación del empleo... sin el proceso de crecimiento desde 2003 no es posible tener la cantidad de negociaciones colectivas salariales que hay hoy, no se puede tener paritarias sin que haya mejoras salariales”. Pero, si nos limitamos al sector privado, y asumimos una cobertura del 80%, la cantidad de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva ronda los 4,7 M. A ello habría que sumarle 90.000 de trabajadores del sector público nacional convencionados. Lo que resulta en 5.890.000 trabajadores (36% de la PEA) encuadrado dentro de un Convenio Colectivo de Trabajo. Ello, independientemente de su eficacia, ya que es frecuente su elusión. Pero, afirma la Secretaria que si viene un gobierno que tenga tendencia a la negociación por empresa pueden atomizar, debilitar la negociación colectiva como ocurrió en los ‘90.

En cuanto a la estructura de dicha negociación colectiva, durante el primer trimestre del 2010, el Ministerio homologó 532 negociaciones, el 86% celebradas en 2009, o antes. Del total, el 91% corresponden a acuerdos y el 9% a convenios colectivos. Además, el 78% corresponden a negociaciones de empresa y el 22% a negociaciones por actividad.

En el período 2003-2007 la variable, casi excluyente, de negociación, fueron las condiciones salariales, sin que se avanzara en la revisión de la mayor parte de las normas pactadas en los 90. Esto se explica por el hecho de que se renovó poco menos del 19% de los convenios homologados en la ronda 1991-1999.

En cuanto a las unidades de negociación apreciamos una amplia mayoría de unidades de empresa, aún cuando en el universo personal hay un aumento de trabajadores comprendidos en convenio de actividad.

Respecto a los sujetos vemos que hubo una gran concentración en las cúpulas del sujeto sindical. Según un informe del Observatorio de la CTA, “La mayor parte de los convenios siguen siendo negociados por las federaciones y los sindicatos nacionales, con escasa participación de los niveles inferiores de las organizaciones. Incluso, pese a una reforma legislativa expresa ... (leyes 25.250 y 25.877) ... sólo el 43,7% de las negociaciones de este nivel ha considerado a dichos representantes...”.

En cuanto al estado actual de la estructura salarial, y lo negociado colectivamente: “Al 4º trimestre de 2009, el 50% de los ocupados percibían, de su ocupación principal, un ingreso inferior a $ 1.600. Es decir, casi la mitad estaba por debajo del monto del SMVM. El promedio de horas trabajadas para este grupo es de 36 semanales, casi una jornada completa. O sea, la precariedad de ingresos no se explica por la existencia de poco trabajo, sino de uno muy precario”. En otros términos, aumentó el numero de trabajadores que aún teniendo empleo permanece bajo el umbral de la línea de pobreza.

De acuerdo a la escala de ingresos de la población ocupada (ocupación principal) al primer trimestre de 2010 (INDEC -EPH), el 40% de los ocupados perciben menos de $ 1.500 mensuale, el 50% entre $ 1.500 y $ 4.000 mensuales y el 10% restante entre $ 4.000 y $ 100.000.

El promedio general de remuneraciones netas de los trabajadores del sector privado: $ 2.854. (promedio de registrados al primer trimestre 2010, SIJP).

“Si sólo consideramos los salarios de los trabajadores registrados, los números tampoco son muy alentadores. El promedio de los salarios normales y habituales (sin considerar los rubros estacionales, como SAC y vacaciones, y previo a la deducción de las cargas sociales) es de $ 3.260. Si tomamos la mediana (indicador que divide en dos a una población), entonces podemos afirmar que el 50% de los trabajadores registrados cobra menos de $ 2.482”.

Nuestras conclusiones distan mucho del mundo “pintado” por las autoridades. La relación existente entre el crecimiento económico, empleo y salario son asimétricas. Podrían haber sido mejores si la intervención del poder político no se hubiese limitado a retoques gradualistas subordinados al seguimiento de la economía. La estructura laboral no es igual a los 90, pero no se puede hablar de recomposición o fortaleza, por el contrario es débil. Después de tanto tiempo de gestión, lo es, por decisión política del Gobierno.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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