viernes, 15 de octubre de 2010

Argentina, Tucumán: Procesan al dirigente gremial Miguel Angel Brito por el supuesto delito de estafa contra el Estado nacional

PRIMERA FUENTE

El ex presidente de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera, es para el juez federal subrogante Daniel Bejas, presunto responsable por haberse apropiado indebidamente de recursos de esa institución para provecho propio, en claro perjuicio de los miles de trabajadores de la actividad. Además, el magistrado resolvió aplicarle un embargo preventivo de un millón de pesos y si bien seguirá en libertad, sería sometido a un juicio oral y público. Su abogado defensor, Agustín Ferrari, apeló la resolución ante la Cámara Federal de Apelaciones.

Satisfacción y alivio son las primeras sensaciones que experimentó el dirigente de los trabajadores del ingenio Bella Vista, José "Pita" Leguizamón, uno de los querellantes, al conocer la decisión del juez federal subrogante, Daniel Bejas, de dictar el procesamiento sin prisión preventiva contra el ex presidente de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA), Miguel Angel Brito. Este fue el resultado de una investigación judicial que se inició en febrero de 2007, a partir de la denuncia de Leguizamón y del abogado Saúl Ibañez, al presumir que Brito se había apoderado en forma ilegal de los recursos que esa obra social había cobrado del Estado nacional, producto de un juicio contra la Compañía Azucarera Las Palmas SAICA.

Las denuncias fueron corroboradas por el magistrado, que contó durante todo el proceso con la estrecha colaboración del Fiscal N°1, Emilio Ferrer, a partir de las pericias contables de Gendarmería Nacional y los informes brindados por distintas entidades financieras y bancarias. Así es que estableció el desvio de fondos, por varios millones de pesos de las cuentas oficiales de la OSPIA a depósitos bancarios a nombre de Brito y de uno de sus hijos. Las maniobras financieras pergeñadas por el ex secretario general de la CGT, durante el gobierno democrático de Antonio Bussi, ocasionaron severos perjuicios financieros y administrativos a la obra social que aglutina a más de 15 mil trabajadores de la actividad azucarera. Institución que actualmente está intervenida por la Superintendencia de Servicios Sociales de la Nación y soporta serias dificultades financieras, cuando tiene créditos a su favor por más de 50 millones de pesos, producto del juicio que la Federación de Empleados de la Industria Azucarera-OSPIA ganó al Estado Nacional, por el cierre de la Compañía Azucarera Las Palmas SAICA (que funcionaba en la provincia del Chaco), durante la dictadura militar.

La resolución firmada por el juez Bejas, el 5 de octubre pasado, fue contundente al precisar que "tales elementos y hechos resultan suficientes para tener a Miguel Angel Brito, como presunto autor penalmente responsable de los delitos previstos y penados por los artículos 174 inciso 5° y artículo 173 inciso 7° en función del artículo 172, todos del Código Penal, por lo que en conformidad al artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde disponer su procesamiento". Esto implica delitos cometidos contra la administración pública nacional.

Casi inmediatamente, el abogado defensor de Brito, Agustín Ferrari, el mismo que también representa a la familia del gobernador Alperovich, efectúo una serie de planteos. Primero contra la querella, Leguizamón e Ibañez, aduciendo que carecían de legitimización. Lo cual fue rechazado por el juez Bejas. Y luego, como era de esperar, apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones, en un evidente intento por hacer caer la causa contra el actual tesorero de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA).

Misión nada sencilla tiene en sus manos el abogado Ferrari, teniendo en cuenta los elementos de pruebas reunidos por el fiscal Ferrer y que fueron considerados por el juez Bejas para sustentar el fallo contra Miguel Brito.

Vale considerar entonces, parte del escrito firmado por Bejas, con fecha del 5 de octubre pasado, donde señala que: "de los elementos probatorios colectados en autos y...la conducta desplegada por Miguel Angel Brito, quien en su carácter de presidente de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera, habría percibido fondos en forma indebida, en virtud del pago que la entidad recibió en el marco del juicio caratulado FEIA-OSPIA vs.Compañía Azucarera Las Palmas SAICA (hoy Estado Nacional) sobre cobro, que tramitara por ante el Juzgado Federal de Chaco, en el cual el Estado Nacional mediente expediente administrativo tramitado por ante el Ministerio de Economía de la Nación pagó a la obra social OSPIA, en carácter de deuda consolidada al 30 de abril de 2000 en títulos y en pesos, montos que correspondían a los conceptos de aportes de seguridad social, contribución del personal y bono moderador, con más intereses, períodos de noviembre y octubre, aguinaldo, vacaciones y SAC adeudados por la ex Compañía A
zucarera Las Palmas SAICA, cuyos activos fueron transferidos al Estado Nacional y, en lugar de ingresar ambas sumas a la cuenta oficial de la OSPIA, conforme lo prescribe el artículo 23 de la ley 23.660 y el artículo 19 del Estatuto social, fueron presuntamente y en forma indebida remitidas a las cuentas particulares del senor Miguel Angel Brito..."

Tanto el fiscal Ferrer como el juez Bejas, sostienen la acusación contra el ex presidente de la OSPIA, de acuerdo a los informes financieros obtenidos de distintas entidades bancarias y financieras. Allí advierten una serie de maniobras, que nacen del dinero efectivamente depositado en las cuentas oficiales de la obra social que pasaron a ser dispuestas en cuentas particulares de Brito en el Banco Francés, en Fescina y Compañía Sociedad de Bolsa SA.por un millón y medio de pesos; en el Banco de Valores SA. y una cuenta del Banco Nación a nombre de Miguel Angel Brito, con depósitos por casi 500 mil dólares y transferencias por más de un millón de pesos, siempre a nombre de Brito y desde el año 2000.

Con el dinero que el inescrupuloso representante de los trabajodores de la industria azucarera habría recibido de la Nación, obtuvo incalculable réditos financieros, a partir de la compra y venta de títulos, depósitos en pesos y en dólares, los que luego aparecieron a su nombre en el Banco Francés sucursal Tucumán. Todo esto está documentado en la causa y verificado por los expertos de la Gendarmería Nacional.

La investigación también advierte que los valores (unos 500 mil dólares) que estaban en la cuenta de la OSPIA, en mayo de 2000 y con la autorización del propio Brito, fueron transferido a su cuenta del Banco de la Nación Argentina, "sin que exista en la OSPIA documentación que acredite o justifique el hecho de transferencia de fondos de la cuenta de la obra social a la del señor Brito", destacó una auditoría jurídica.

Pero además, quedó demostrado que "producto del juicio contra la Compañía Azucarera Las Palmas, la OSPIA recibió un depósito en fecha del 4 de marzo de 2003 por casi un millón trescientos mil pesos en el Banco Nación de Chaco, correspondiente al saldo de deuda no consolidada. Surge también, que el 27 de mayo de 2003, el juzgado entregó a Miguel Angel Brito, un cheque por más de un millón de pesos el fue depositado en su cuenta personal en el Banco Francés. Dinero que fue dispuesto en diferentes transacciones por el dirigente y uno de sus hijos, por unos 600 mil pesos y 300 mil pesos en plazos fijos a nombre de cada uno. Los que generaron intereses a favor de Brito y de su hijo, de acuerdo al siguiente detalle: en el año 2003 por más de 91 mil pesos; en 2004 por unos 7 mil pesos y en el año 2005 por un mil novecientos ocho pesos.

El grado de responsabilidad en los supuestos delitos cometidos por Brito, quedaron plasmado según la investigación, al encontrarse otras transacciones a su nombre en cuentas abiertas en el Banco de la Nación Argentina de "montos considerables". En fecha del 10 de mayo de 2000, ingresó una transferencia de casi 500 mil pesos proveniente del Banco de Valores SA. y otra de 499 mil pesos.

Como si todo esto resultará insuficiente para incriminar a Brito, la Justicia Federal halló inversiones en concepto de fondos comunes de inversión y concluyó que el segundo de los montos cobrados por la OSPIA provenientes del juicio contra la Compañía Las Palmas SAICA, por algo más de un millón y medio de pesos, no figuran en los libros contables de la obra social en los años 2003 como así tampoco en los años siguientes.

Finalmente, Bejas concedió el benefició de la libertad a la espera del juicio oral y público, atento a la naturaleza del delito imputado, y de que no surgen elementos que hagan presumir que Brito intentará fugarse, eludir o entorpecer la investigación, estando siempre a disposición de la justicia. Asimismo, estableció trabar embargos en los bienes de imputado hasta cubrir la suma de un millón de pesos, a los fines de responder por eventuales costas procesales y/o responsabilidades civiles que pudieran surgir con motivo del proceso judicial.

Consultado por primerafuente, Leguizamón, uno de los sostiene la demanda contra Brito, expresó su satisfacción por el resultado que arrojó el trabajo efectuado por el juez Bejas y el fiscal Ferrer. Sin embargo, enfatizó que "la alegría será completa cuando vea a Brito tras las rejas. Porque le hizo mucho daño a la organización y se enriqueció con el cuero de los obreros a quienes debía representar y proteger. Este proceso debe terminar con Brito en la cárcel y con todos sus cómplices perfectamente identificados, porque en esto hay muchos otros implicados, tanto dirigentes de la FEIA como importantes profesionales contables del medio".

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