viernes, 1 de octubre de 2010

Asignacion Universal por Hijo. Deterioro del Poder Adquisitivo y Falta de Universalidad. Límites en el combate a la pobreza

Claudio Lozano

Recientemente el INDEC publicó la última información sobre la situación de pobreza e indigencia, al primer semestre del presente año, que reviste especial importancia al tratarse de la primera medición oficial luego de los primeros meses de implementación de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH).

Según el organismo, el 12% de la población no consigue cubrir la Canasta Básica Total (CBT) siendo que aquellos que no logran superar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) representan el 3,1% de la población. Estos números implican suponer que en lo que va del año la pobreza descendió un 9% permitiendo que 458.542 dejen de ser pobres. Para el caso de la indigencia, la tasa desciende en un 12% superando la situación de hambre 154.578 personas.

Sin embargo, la manipulación de las estadísticas públicas desde el año 2007 nos obliga a revisar estas cifras sobre todo en el marco del actual proceso inflacionario que hace morigerar el potencial efecto que supone la AUH. Así, en base a una estimación alternativa que incorpora una pauta de inflación más real para el período 2007-2010 e incorporando actualizaciones en la metodología de medición –actualizar las canastas en base al consumo promedio que surge de la ENGHE 96-97- indica que previo a la puesta en marcha de la AUH el cuadro de pobreza resultaba más preocupante que la versión oficial.

Al año 2008 la tasa de pobreza era del 33,8%, lo cual equivalía a que 13.414.179 personas no alcanzaban a cubrir la CBT, mientras que la indigencia era del 14,9% involucrando a 5.918.738 personas. Si bien la AUH tiene como objeto extender el pago de las asignaciones familiares por hijo a los menores de 18 años excluidos del sistema formal, la medida en cuestión ha quedado a mitad de camino ya que tanto su diseño como su implementación continúa dejando fuera del derecho a un ingreso a la niñez a millones de chicos, a la vez que se efectúa un importante recorte de los planes sociales generando que el efecto neto de la inversión social del Estado sea aún menor . Por lo tanto, el impacto en el flagelo social que implica la pobreza se ve limitado con respecto al efecto de una verdadera universalización de las asignaciones por hijo. De este modo, la reducción en la tasa de pobreza fue del 5,2%, pasando del 33,8% al 32%, en lugar de pasar al 29,2% producto de una caída del 13,6% que hubiera implicado la efectiva universalización. En otras palabras, casi 700.000 personas dejaron de ser pobres en vez de los 1,8 millones que podrían haberlo hecho.

Para el caso de la indigencia, lejos de un 51% de reducción de la tasa que se estima hubiera provocado la universalización, la misma cayó en un 19,3%. En términos poblacionales, esta caída implica que 1,1 millones de personas salieron de una situación de hambre, a diferencia de los 3 millones que hubieran podido salir de la misma (ver Cuadro Nº 1).


Por otra parte, el impacto en el cuadro social no sólo se ve diluido por las limitaciones propias del diseño de la medida, sino que se agrava en el actual contexto inflacionario que ha tenido una especial aceleración en el rubro más sensible para el sector de bajos ingresos, Alimentos y Bebidas. Ante la imposibilidad de recurrir a las estadísticas oficiales, damos cuenta de ello a través de una medición alternativa realizada por la consultora Buenos Aires City, a cargo de Graciela Bevacqua, quien estuviera a cargo del IPC en el INDEC anterior a la intervención. De esta manera, en el período comprendido entre el primer mes de implementación de la medida (Noviembre de 2009) y Septiembre de 2010, los precios de los alimentos aumentaron en un 35,2%, mientras que el monto de la AUH se mantuvo constante (en $180) hasta Agosto de 2010, aplicándose un aumento de sólo el 22,2% (llevando el monto de la asignación a $220) a regir recién a partir de Septiembre. Como consecuencia, a pesar del aumento mencionado, la asignación ha sufrido una pérdida del poder de compra del orden del 9,6%.

En este marco, la ausencia de un coeficiente de actualización en la reglamentación de la medida, lleva a que se implementen este tipo de aumentos caracterizados por su arbitrariedad e insuficiencia. Por esta razón es que en lugar de que el monto de la asignación familiar alcance un valor de $243,3 acorde con el crecimiento de precios del rubro con mayor incidencia para la población objetivo de programa, el mismo continúe por debajo del poder de compra inicial (ver Cuadro Nº 2).


La pérdida del poder adquisitivo que predominó durante todo el período desde que se puso en marcha la medida, impactó de lleno en el deterioro de la calidad de vida de los receptores de la asignación. Sólo en el mes de Septiembre con el incremento del 22,2% sobre el monto de la AUH, es cuando logra amortiguarse el aumento de los precios, pero en los diez meses anteriores el monto de la AUH se mantuvo constante. Por lo tanto, ante la ausencia de un índice de actualización el comportamiento reinante es su contracara, la desactualización automática. De este modo, los meses posteriores al mes en que se elevó el monto se vislumbran como un nuevo retroceso del piso de ingresos alcanzado. Es decir que hay que tener en cuenta que la última información disponible que permite evaluar el impacto en pobreza (Septiembre 2010) y que mostraremos en el cuadro que sigue, coincide con el mejor escenario observado desde que se implementó la medida, ya que incorpora los efectos del único incremento otorgado hasta el momento.

De este modo, a Septiembre de 2010 la tasa de pobreza es del 32,1%, producto de una caída en la tasa del 5,1% con respecto al momento anterior a la implementación de la AUH, que implicó que 679 mil personas superen la situación de pobreza, mientras que la tasa de indigencia cayó un 17,5%, pasando del 14,9% al 12,3% generando que un millón de personas salieran de la indigencia como consecuencia de la medida.

Si comparamos con el impacto inicial de la medida, vemos que a pesar del aumento en el valor nominal de la asignación, la insuficiencia del mismo en relación con el deterioro que implicó la evolución de los precios hace que 14 mil personas que habían salido de la pobreza vuelvan a estar en esta situación, mientras que para el caso de los indigentes, esta cifra asciende a 110 mil (ver Cuadro Nº 3).


En consecuencia, la particular lectura del oficialismo sobre la situación social vigente trae consecuencias no deseadas para los diagnósticos que deben realizarse sobre la política pública desarrollada. En este caso puntual, el programa AUH, si bien supone un impacto favorable en las condiciones de vida del estrato más empobrecido de la población, de ninguna manera logra revertir el cuadro de empobrecimiento general: la pobreza por ingresos continúa afectando a más del 30% de la población mientras que la expresión más cruel de la misma, el hambre, continúa padeciéndola más del 12%. Muy lejos, por lo tanto, del escenario ficticio que plantea el INDEC en sus cifras, el pronóstico de una medida que se proclama como universal va retrocediendo en su función social debido a la peligrosa combinación de estar inmersa en un contexto inflacionario y de no garantizar una verdadera universalización.

Equipo de trabajo: Tomás Raffo, Ana Rameri, Mora Straschnoy, Agustina Haimovich

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