viernes, 15 de octubre de 2010

La grave inseguridad laboral que existe en Chile y especialmente en los yacimientos mineros

Gonzalo E. Cáceres (especial para ARGENPRESS.info)

El rescate de los 33 mineros liberados desde el fondo de la mina San José, en el desierto chileno, al norte del país, ha desatado una gran alegría en todo el mundo, pero desgraciadamente la emoción del momento ha dejado de lado una triste realidad: la grave inseguridad laboral que existe en Chile y especialmente en los yacimientos mineros.

Chile vive de la minería ya que esta actividad entrega al país enormes ingresos, especialmente el cobre y con una producción de cinco millones y medio de toneladas al año, es el principal productor de cobre del mundo. También exporta oro, plata, hierro, litio y otros minerales que se extraen de unas 4.000 minas chilenas, ubicadas especialmente en el norte de la nación sudamericana.

Las grandes compañías mineras, como la estatal Corporación del Cobre (Codelco), pueden mantener sistemas de seguridad y operan con equipos modernos, pero las pequeñas o medianas empresas, como San José, no cuentan con instalaciones adecuadas y los niveles de seguridad son mínimos.

En ese tipo de minas y en lo que va de año, según el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), 35 trabajadores han fallecido por accidentes en las minas chilenas, la mayoría de ellos en pequeñas y medianas empresas y en los últimos diez años, perdieron la vida en accidentes 403 mineros.

En total, más de 50 empresas de la mediana y pequeña han tenido que suspender sus operaciones por la falta de seguridad en sus instalaciones, también la mina San José, que inició actividades en 1889, oro y cobre. Antes del derrumbe, el pasado 5 de agosto, había registrado también accidentes fatales, razón por la cual fue clausurada en 2007 por una explosión de roca que causó la muerte de un trabajador. Otro minero murió un año antes y también se registraron otros accidentes sin consecuencias de muerte.

Curiosamente la mina fue reabierta, en mayo de 2008, durante el gobierno de la Concertación por la Democracia, cuando el organismo del Estado a cargo de verificar la seguridad en las minas autorizó la reapertura por que a su juicio, la empresa afirmó que contaba con "todos los papeles en regla".

El último accidente en San José fue el de los 33 obreros y el derrumbe que bloqueó accesos y salidas del yacimiento, ubicado en las cercanías de Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago. En este caso los hombres quedaron enterrados porque el ducto que debía ser una vía de escape no contaba con escaleras.

Según los cálculos más optimistas, el rescate de los mineros atrapados tendrá un costo superior a los 10 millones de dólares, pero no se sabe quien asumirá los gastos y aunque se espera que la Minera San Esteban responda, lo más seguro es que los tenga que asumir el Estado, es decir todos los chilenos.

El gobierno de Sebastián Piñera, presionado por los acontecimientos, se ha apresurado en declarar que realizará una reforma legal para garantizar la seguridad de los mineros, pero no se sabe cómo se financiarán las reformas. Tampoco está claro si la ley favorecerá a otros sectores ya que según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, en el país fallecen 4 trabajadores por accidentes de trabajo a la semana. El año 2009 hubo 227 casos fatales y más de 900 lesionados.

La situación en Chile no es muy diferente a la que se aprecia en el resto de América Latina y el mundo si nos atenemos a las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales que se cobran anualmente una media de 6.000 vidas diarias.

En América Latina varios miles de personas mueren anualmente como consecuencia de su trabajo en ocupaciones tales como la agricultura, la explotación forestal, la construcción, la minería, la industria química y la pesca.

Una conferencia de expertos reunidos por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2000 indicó que la falta de conciencia y escasa observancia de la legislación sobre Seguridad y salud en el trabajo en América Latina exponía a un 80 por ciento de la mano de obra en la región a accidentes de trabajo.

Para el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), Víctor Báez Mosqueira, la situación llega a extremos que un accidente laboral mortal tiene lugar cada dos minutos en América Latina. La mayoría de los casos son víctimas causadas por la “negligencia patronal”, denunció

Según cifras citadas por OIT, en la actualidad "ocurren 36 accidentes de trabajo por minuto y aproximadamente 300 trabajadores mueren cada día como resultado de los mismos". Así se calcula que en América Latina se producen cerca de cincuenta millones de accidentes del trabajo anuales, de los cuales 90.000 tienen resultado mortal y unos 148.000 fallecimientos están relacionados con enfermedades y accidentes de trabajo.

Por cierto que los accidentes afectan a los más débiles: la población infantil y mujeres, sobre todo en la pequeña minería y la minería artesanal. La OIT estima que la cifra de niñas y niños entre 5 y 14 años trabajando es de 17,5 millones, de los cuales 22.000 mueren anualmente en accidentes laborales.

La situación podría ser todavía más dramática si tenemos en cuenta que las economías informales representan más del 50% de las economías latinoamericanas y, claro no existen cifras que demuestren que sucede con los informales. Tampoco hay estadísticas oficiales al respecto.

Por otro lado, la nueva realidad económica de América Latina y las necesidades de recursos básicos por parte de los países desarrollados ha acelerado el drama de los trabajadores mineros. Esto por que las naciones latinoamericanas están todas empeñadas en vender minerales ahora y más que nunca. Por lo mismo, la minería es la base de las crecientes cifras de alta productividad de las economías latinoamericana y más todavía después que China se ha convertido en el principal comprador de productos mineros.

Pero con el aumento de la producción minera, sobre todo las pequeñas y medianas, ha crecido la inseguridad de los trabajadores y la extracción se da sin un adecuado respeto del medio ambiente. Desde luego, con incentivos de los Estados para garantizar a inversores extranjeros flexibilización laboral, ambiental y tributaria en desmedro de los derechos de los trabajadores, los ecosistemas, las comunidades aledañas y el patrimonio de los países.

El obispo de Copiapó, monseñor Gaspar Quintana la sabe muy bien y hace lo que puede, desde la perspectiva de la Iglesia, para evitar los extremos, como evitar que el hombre pueda depredar los recursos naturales indiscriminadamente.

El obispo critica no solo las dramáticas condiciones medioambientales resultado de una practica casi indiscriminada de explotación, también se ha puesto del lado de los pueblos del Valle del Huasco que se oponen al megaproyecto” Pascua Lama” en contra del cual se manifiestan también monjas, sacerdotes y comunidades cristianas de Atacama y otras regiones.

Se trata del primer proyecto minero binacional (Chile/Argentina) que se propone extraer reservas comprobadas de 18 millones de onzas de oro, 731 millones de onzas de plata y 662 millones de libras de cobre, con una inversión estimada en alrededor de 2.400 millones de dólares.

El proyecto lo encabeza la transnacional canadiense “Barrick Gold Corporation”. Los medioambientalitas advierten del desastre que significa esta actividad, a tajo abierto y a cuatro mil metros de altura, en una zona andina con glaciares milenarios y donde nacen los ríos que bajan a valles con poco agua y densamente poblados. También el obispo de Copiapó rechaza el proyecto.

En un comunicado entregado por 13 importantes organizaciones ambientalistas, chilenas y argentinas, afirman además que el proyecto chileno-argentino encabezado por “Barrick Gold Corporation” usará compuestos químicos peligrosos como cianuro y ácido sulfúrico y que generará desechos tóxicos, ácidos, metales pesados, libera el abundante arsénico encapsulado en la cordillera y contamina la tierra, las aguas, el aire, los acuíferos, bofedales y ríos.

Algo que, señalan, la empresa canadiense no está en condiciones de impedir como tampoco los accidentes, filtraciones, vertidos u otro tipo de contingencias propias de las actividades mineras. Son asuntos importantes que hoy deberían tenerse presente. Pero desgraciadamente la alegría del momento no permite ver más allá de lo que nos muestra la televisión, dominada por la figura del presidente chileno Sebastian Piñera, cuyas empresas tampoco son un modelo de respeto a los derechos de los trabajadores.

Las escenas de hoy en Chile hacen recordar la situación vivida, el año 1964, también en el norte chileno, cuando siete mineros quedaron enterrados en la mina “Flor de Té” de la localidad de Andacollo. Teniendo en cuenta la falta de recursos de entonces, a escala, fue algo similar al accidente de San José.

El esfuerzo de técnicos y la vitalidad de los trabajadores permitieron vencer a la muerte. Los siete mineros fueron rescatados con vida y, como ahora, fueron héroes nacionales como los de Copiapó. También les prometió de todo, también jubilaciones eternas, automóviles, vacaciones, etc. Al final, las promesas se las llevó el viento del desierto que mezclado con arena tapa todo. Los mineros fueron olvidados y también las promesas. Ellos siguieron su difícil vida y las minas continúan su peligrosa actividad. Algo ha cambiado, el pueblito de Andacollo se ha transformado totalmente. Ubicado poco más allá del Valle del Elqui, donde nació y trabajó la primera mujer Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.

Todavía mineros, cada vez más jóvenes, entran a las distintas faenas mineras en el fondo de la tierra, solo que con el tiempo el peligro es cada vez mayor y pero es menos grave que en la superficie. Andacollo, se ha convertido en un vergonzoso desastre medioambiental al que nadie le pone o podrá ponerle atajo.

Gonzalo e. Cáceres es periodista.

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