viernes, 1 de octubre de 2010

Nuevas competencias y conclusiones finales (Parte III - Final)

Soledad Sede (INFOSUR)

Tercera y última parte del informe elaborado por la Comisión de Minería sobre la situación actual de la Ley de Glaciares. Conclusiones finales.

Tercera y última parte del informe sobre la Ley de Glaciares, elaborado por la Comisión de Minería. Distribución de Competencias en materia Ambiental: La regulación de los Presupuestos Mínimos es de Jurisdicción Nacional.

Las provincias han delegado a la Nación la determinación de los presupuestos mínimos para la protección del ambiente. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando afirmó que: “…corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las normas necesarias para complementarlas ya que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada…” Voto de los doctores Lorenzetti, Fayth y Petracchi in re “Villivar Silvana versus provincia de Chubut y otros” 17/04/2007. En efecto, el artículo 41 de la Constitución nacional determina que “…corresponde a La Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales…” Existe una clara distribución de competencias Nación - provincias que provee un andamiaje institucional básico sobre el cual deben sancionarse e interpretarse las leyes de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental son una facultad del congreso nacional, facultad que delegaron las provincias a través del artículo 41 de la Constitución. El fin de ese tipo de leyes es equiparar la protección del ambiente en todo el país, las provincias siempre pueden complementarlas y hacerlas más estrictas pero NUNCA pueden establecer regulaciones menos protectoras. Dado que las leyes nacionales de ese tipo son el piso de protección. Las leyes provinciales que se dictaron hasta ahora son más laxas que la propuesta nacional, y nacen de un acuerdo entre los Gobernadores Provinciales mineros. Estas leyes provinciales solo mantendrán su vigencia en cuanto sean más protectoras o no se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional; en caso de que así no fuere, prevalecerá esta última. En suma, las provincias no pueden disponer exclusiva y discrecionalmente de sus recursos. Es importante aclarar en este punto, que muchos glaciares son interprovinciales, con lo cual, se pone de manifiesto la necesidad de una ley nacional de presupuestos mínimos.

En conclusión

Posteriormente a la sanción de la Ley de Protección de los Glaciares y el Área Periglacial en el Congreso de la Nación Argentina, y al veto de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, podemos afirmar que se articularon diferentes estrategias para, de alguna manera, evitar y retrasar la insistencia del Congreso Nacional con una ley similar. Por un lado, las reunión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el CEO de la Barrick Gold marcó el impulso de una estrategia para que las provincias Cordilleranas (también llamadas “mineras” porque es donde se desarrollan y proyectan el grueso de los proyectos mineros del país) dictaran sus propias leyes de protección de glaciares, garantizando el emplazamiento de actividades extractivas en la zona periglacial, y corriendo el eje de control del plano nacional al local. Consecuentemente, mientras avanzaba en el Congreso de la Nación una nueva ley protectora de Glaciares, que incluso mejoraba el Proyecto de la Diputada MC Marta Maffei, las estrategias del lobby minero rendían sus frutos semana a semana con una nueva ley local para las estratégicas provincias cordilleranas de: Salta, San Juan, La Rioja, y Jujuy. En este punto cabe aclarar que la provincia de Santa Cruz, fue pionera dictando su propia ley en abril de este año. Todas las leyes provinciales fueron impulsadas por los poderes ejecutivos de las respectivas provincias, y sancionadas, promulgadas y publicadas en tiempo récord. Todas ellas regulan exactamente el mismo tema que el proyecto que hoy se debate en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, y están orientadas a permitir, asegurar y perpetuar el saqueo y avance minero. Sin duda la ley nacional tendrá preeminencia constitucional, pero ante la contradicción legal habrá que judicializar los reclamos otorgándoles nuevos plazos a las mineras, nuevos costos a la comunidad y nuevas oportunidades para que los Jueces dilapiden tiempo y esfuerzo de quienes se oponen a este modelo extractivo. Es también una Ley que llegará ya con dos años de demora que abonaron la conciencia popular pero también favorecieron la continuidad del saqueo y descontrol en que opera la minería a cielo abierto. Las provincias mineras, cobijándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional -que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias-, pretenden convertir a estas normas locales en un obstáculo jurídico para la aplicación en las provincias de la futura ley nacional intentando subvertir el marco legal imperante. Sin embargo, no pueden disponer exclusiva y discrecionalmente de sus recursos naturales, porque es justamente nuestra Carta Magna quien ha limitado lo absoluto de este dominio provincial.

Soledad Sede es Asesora Comisión de Minería.

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