miércoles, 17 de noviembre de 2010

Consejo de Seguridad: el desierto también resta crédito

Víctor Carriba (PL)

Justo después de una nueva cadena de reclamos por una reforma del Consejo de Seguridad, ese restringido órgano laceró una vez más su propia credibilidad con su actuación frente a la crisis en el Sahara Occidental.

Los pasados jueves y viernes la Asamblea General volvió a escuchar las insistentes demandas de numerosos países a favor de concretar la dilatada y necesaria transformación del cuerpo de 15 miembros, cinco de ellos permanentes y con el privilegio del veto.

Y cuatro días más tarde, las presiones de algunas de las más importantes potencias instaladas en el Consejo impidieron avanzar ayer en el esclarecimiento de los hechos de violencia protagonizados por Marruecos en el Sahara Occidental.

El 8 de noviembre fuerzas de Rabat atacaron el campamento saharaui de Gdeim Izik, levantado por civiles que protestaban contra la situación existente en la región y el dominio de Marruecos frente a los reclamos de autodeterminación del Sahara Occidental.

En la operación murieron alrededor de 35 pobladores, según cifras del Frente Polisario, organización que en 1976 proclamó la República Árabe Democrática Saharaui y que lucha por la autodeterminación de ese territorio frente a la ocupación marroquí.

Tras una semana de silencio sobre el tema en la ONU y a solicitud de México, el Consejo de Seguridad convocó una sesión para tratar la crisis, en medio de una ola internacional de condenas a Rabat y de la máxima atención de la opinión pública internacional.

La reunión, celebrada ayer, escuchó informes del subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Atul Kharé, y del enviado especial de la organización para el Sahara Occidental, Christopher Ross.

Sin embargo, solo emitió una declaración que se limitó a deplorar la violencia registrada en Gdeim Izik, sin mencionar a los responsables, y a expresar las condolencias a los familiares de las víctimas.

Una conclusión que ignoró el respaldo de un buen número de miembros del órgano al pedido del Polisario para enviar una misión de la ONU a investigar sobre lo sucedido en el campamento asaltado por Marruecos. En ese sentido, el embajador de Uganda en la ONU, Ruhakana Rugunda, cuyo país ocupa un asiento en el Consejo, dijo al terminar la sesión que Marruecos debe permitir el acceso de organismos independientes al Sahara Occidental para constatar la realidad de lo sucedido.

Al hablar también en representación de la Unión Africana, el diplomático subrayó la necesidad de establecer un monitoreo de los derechos humanos en ese territorio ocupado por fuerzas marroquíes desde hace 35 años.

El problema en el Sahara Occidental solo avanzará hacia una solución cuando el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional presten atención especial al asunto y lo asuman con seriedad, declaró.

El mundo quiere saber lo que sucedió en Gdeim Izik, dijo el embajador ugandés al reiterar el respaldo de su país y del continente africano al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Por su parte, el representante del Polisario ante la ONU, Ahmed Bujari, llamó la atención sobre el hecho de que el Consejo deploró la violencia registrada en el campamento saharaui y sin embargo no autorizó una investigación.

Reveló que desde octubre pasado el Polisario advirtió a ese órgano que Marruecos preparaba una tragedia y se preguntó por qué se pueden enviar misiones de investigación a Líbano o a Bosnia y no al Sahara Occidental.

Asimismo, consideró que la Misión de la ONU en ese territorio (Minurso) depende del Consejo de Seguridad y no ha podido cumplir su encomienda "por culpa de Marruecos que le tiene atadas las manos".

Para Bujari, el resultado de la sesión no es suficiente y constituye un nuevo golpe a la credibilidad de un órgano cada vez más cuestionado por la abrumadora mayoría de los 192 Estados miembros de la organización mundial.

Por eso crece el clamor a favor de un Consejo de Seguridad que tenga verdaderamente en cuenta las opiniones de todos los países antes de adoptar decisiones y que garantice un acceso real a los Estados que no integran ese reducido cuerpo.

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