miércoles, 10 de noviembre de 2010

Ecuador: Imposturas intelectuales e inconsecuencias políticas

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

A propósito del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (en adelante Código), desde varios sectores se insiste en planteamientos que no tienen asidero conceptual alguno, sin embargo de lo cual se los esgrime como teóricamente impolutos. Se los reviste de imposibles económicos y de supuesta rancia constitucionalidad. Se invoca a la revolución ciudadana, cuando no son más que imposturas, conocidas estratagemas para oponerse al proceso transformador en marcha. Veamos las razones que nos asisten para tales aseveraciones.

El señor Bruno Leone, reconocido representante de las cámaras de la producción -con el claro apoyo de todas las grandes empresas de comunicación, tanto de la prensa escrita como de la radio y televisión-, proclama y difunde a raudales que no es posible que se relacione los salarios con las utilidades, puesto que éstos son sólo una parte de los costos, en tanto las utilidades obedecen a los resultados de la actividad global de la empresa. Aseveración que contiene solo una parte de la verdad: los salarios constituyen una fracción de los costos. La impostura intelectual se descubre cuando se reconoce que los salarios si están íntimamente ligados a las utilidades, puesto que son determinantes de la tasa de ganancia. Tan es así que los empresarios luchan por elevar su tasa de ganancia mediante la contención o reducción de los salarios, como lo anuncia, por ejemplo, el pedido de los empresarios para que se eleve el número de preceptores de 1.6 a 2.

De lo que se trata entonces, no es de una crítica a una relación que califican como inexistente, sino al burdo interés de los empresarios por ocultar la relación salarios-tasa de ganancia, en el objetivo de mantener o incrementar su tasa de ganancia, gracias a la depresión de los salarios y los beneficios que les otorga el Código, con total desprecio a la solidaridad social que hoy el gobierno nacional pretende fortalecer.

Los empresarios igualmente afirman que el pago de la remuneración mínima -que no el salario digno como lo propone el proyecto del Código, sobre lo cual volveremos más adelante-, afectaría sustantivamente a las utilidades hasta casi desvanecerlas. En este caso, la impostura intelectual se constata cuando se recuerda que los salarios, como lo reconocen los propios empresarios, son sólo una fracción de los costos totales, no más allá del 16 por ciento en términos promedios a nivel nacional, por lo que el impacto no alcanzará los niveles catastróficos pregonados. El incremento sólo reducirá la tasa de ganancia, la cual si es puede demostrarse como excesiva en el contexto nacional.

Desde las filas de quienes están obligados a defender el proceso transformador, anuncian como la gran solución para debilitar la enorme brecha social entre empresarios y trabajadores, la transferencia de acciones, con lo que dicen se logrará “democratizar el capital”. La impostura intelectual y política radica en que contrariamente al paraíso prometido -como lo demuestra la historia de los casi doscientos años que han transcurrido desde que esa propuesta fue difundida y aplicada-, el resultado es exactamente el contrario que el proclamado. La transferencia de acciones sólo ha servido para fortalecer la centralización del capital, instrumento de especial importancia para acelerar la acumulación y la concentración del capital, con lo que la brecha social se amplía y no se reduce como lo sugieren quienes defienden denodadamente esta tesis.

La impostura, por cierto no radica solamente en pretender que el desarrollo del “capitalismo popular”, del “accionariado obrero”, como también se conoce a la “democratización del capital”, permite acortar la brecha social y económica. Adquiere caracteres mayores, cuando plantea, como explícitamente se dispone en el Código, que la transferencia de acciones también debería “cultivarse” en las empresas públicas, sin reconocer que esta política es propia de la “larga noche neoliberal” a la que dicen combatir, puesto que ésta política fue aplicada, a partir de los años ochenta, precisamente para privatizar las empresas públicas. Esto es, para desmantelar la economía pública, como parte de los esfuerzos desplegados por el neoliberalismo para debilitar el rol del Estado. Basta recordar la práctica de esa política por la señora Tatcher en Inglaterra, o la aplicada en Moldavia, Estonia, República Checa, Eslovaquia, en la Argentina de Menem, en la Bolivia de Sánchez de Lozada, para confirmar nuestro aserto. A lo expuesto sólo cabe recordar que tales prácticas, en el caso de Argentina, sumieron en la pobreza a amplios estratos de la población, hasta que Nestor Kirchner revertió la política privatizadora aupada con la transferencia de acciones de las empresas públicas, hoy convertida en novísima panacea en el Ecuador, por obra de esta impostura intelectual e inconsecuencia política.

Las imposturas intelectuales de quienes defienden a rajatabla el Código, no acaban con las antes enunciadas. Destaca otra que se sustenta en el desprecio a una de las reglas elementales de toda lengua: a todo significante le corresponde un significado, por lo que y en consecuencia, los significantes no pueden utilizarse indistintamente como si sus significados no importasen. Su uso debe atenerse estrictamente a los contenidos que les diferencian o matizan. No pueden convertirse en equivalentes salvo en el caso de los sinónimos. Por ello, el uso del concepto salario, en lugar del concepto remuneración no procede. No se diga el mal uso de salario digno, como sinónimo de remuneración como lo pretende el Código, puesto que el primero es uno de los componentes de la remuneración, como se infiere del primer acápite del articulo 328 de la Constitución de la República, cuando, en forma explícita diferencia entre uno y otro, al disponer: “La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia”. Disposición que a más de diferenciar, en forma expresa, entre remuneración y salario, incluye un elemento diferenciador entre salario mínimo y salario digno, puesto que al segundo lo califica como aquel que es por lo menos igual al salario mínimo, toda vez que por salario mínimo, como lo sabe cualquier iniciado en teoría económica, es aquel que permite cubrir la demanda de bienes y servicios necesarios para la subsistencia y reproducción de los trabajadores y sus familias. La transgresión conceptual, no cesa con los equívocos antes mencionados. La impostura intelectual transita por sus fueros cuando en reemplazo de remuneración mínima, se hace uso del concepto salario digno. Ante ello, sólo cabe señalar que el uso indistinto de significados es práctica de quien truca realidades, de quien considera que es innovar, casi aportar a la ciencia el arrogarse la potestad para “conceptualizar” de manera distinta lo ya consagrado por la teoría económica, en franca impostura intelectual que tiene por objetivo acomodar las nuevas normativas a favor de los intereses que navegan en contracorriente del objetivo de la Revolución Ciudadana: el construir una sociedad más justa y solidaria.

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