miércoles, 3 de noviembre de 2010

Justicia y Esperanza a la memoria de desaparecidos y asesinados

Gloria Silvia Orellana (COLATINO)

Cunegunda Peña, o “Niña Cune”, como la conocen en las organizaciones de derechos humanos, no faltó a la conmemoración del “Día de Difuntos”. Las rosas y veladoras en su mano, aluden su paciencia por conocer dónde se encuentran los restos de cuatro, de sus cinco hijos, que marcó su vida para siempre.

“Estamos esperando que dignifiquen la memoria de nuestros familiares, esperamos que nos pidan perdón, por esa atrocidad”, sostiene, mientras abraza contra su pecho la fotografía de su hijo Manuel, desaparecido cuando tenía 21 años de edad, el 3 de junio de 1980. Fue capturado por un retén de la Policía de Hacienda.

“Mi hijo (Manuel Martínez Peña), era Secretario de la UTP, iba para la UCA (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas) a una reunión, cuando lo bajaron de la Ruta 27, se quedó en un retén de la Policía de Hacienda y soldados, fue la última vez que lo vieron a él”, recordó.

Para esta madre octogenaria la indiferencia de las autoridades legislativas y fiscales en la investigación de más de 30 mil personas desaparecidas y 194 casos de masacres en los años ochenta, se convierte en una “deuda moral pendiente”, del Estado salvadoreño.

“Nos niegan y niegan la justicia, nos han dicho mentirosos porque no podemos probar las desapariciones de nuestros familiares, nos marginan, pero tenemos la esperanza que haya justicia para ellos y nosotros”, argumentó.

Su memoria aún se encarga de llevarla a malos recuerdos y experiencias agonizantes, como su captura y desaparición que logró superar de “milagro”, como le llama a esa prueba de violencia.

“Un grupo de hombres entró en nuestra vivienda, cuando me ataron y vendaron los ojos, me tiraron en la cama de un pick up, y me llevaron a un lugar oscuro, nunca supe dónde estuve sólo escuchaba gritos y llantos, después pasé tres años en cárcel de mujeres, fueron tiempos terribles, no podemos olvidarlo algo así”, aludió.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, la Comisión de la Verdad estableció en su documento la investigación y reparación de las víctimas del conflicto armado de las partes involucradas, en el marco del conflicto armado de los años ochenta, que no ha sido cumplida.

Aunado al “aplazamiento de justicia” en el país, Ana Julia Escalante, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), expresó su temor por el cambio generacional de las víctimas, que podría terminar consolidando un “olvido” provocado por la impunidad que se ha generado alrededor del hecho.

“Nos preocupa grandemente esto, es peligroso, aunque este daño es transgeneracional, se sabe que un daño de una índole como la desaparición, tortura y asesinato, queda en la familia y puede llegar hasta la tercera progenie, o sea, hijos o nietos de estas personas que mantienen secuelas psicológicas de lo vivido por sus familiares, lamentablemente las mismas condiciones de impunidad que vivimos, ha hecho que el tema se vaya diluyendo”, acotó.

La razón de este fenómeno, agregó Escalante, se debe a diversas razones como no tener conocimiento directo de los hechos, o debido a que las nuevas generaciones se encuentran viviendo su propia época de caos “ahora su contexto es la violencia”, comentó.

“El fortalecimiento de la memoria histórica de forma institucionalizada, y dentro de las aulas de clase, dentro de las universidades, para que se convierta en una herramienta de educación del pasado de nuestro país, para que esa historia quede en el colectivo y no solo las víctimas”, sugirió.

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