miércoles, 17 de noviembre de 2010

Otra empresa minera demanda a El Salvador

COLATINO

Las demandas interpuestas por las empresas extranjeras en tribunales internacionales de corte neoliberal plantean la necesidad de revertir o renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos y las demás potencias mundiales.

Al parecer, los países en vías de desarrollo y las economías emergentes del mundo quedan en una posición susceptible, cuando los tratados los amarran a jurisdicciones y tribunales corporativos de los organismos financieros internacionales.

En el caso particular de El Salvador, dos empresas han demandado al Estado por más de 170 millones de dólares, basándose en violaciones a los tratados de libre comercio.

Pacific Rim, empresa canadiense dedicada a la minería metálica, fue la primera en interponer una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), por haberse cancelado los permisos de explotación del subsuelo salvadoreño en el departamento de Cabañas.

La segunda empresa demandante es Commerce Group, radicada en los Estados Unidos. A esta se le revocó el permiso de explotación en San Sebastián, departamento de La Unión, por lo que consideran violentados sus derechos y exigen 100 millones de dólares de indemnización, además de la restitución del permiso.

El gobierno salvadoreño concedió desde los años 1960 varios permisos de explotación de forma intermitente a Commerce, para sacar oro de la mina, según la documentación del caso.

Luego El Salvador modificó sus leyes mineras en 1995 y en 2001. Según esta última reforma, las compañías debían cumplir con unos permisos medioambientales más estrictos.

En agosto de 2003, la compañía anunció que había obtenido un nuevo permiso de explotación pero en noviembre de ese año, el gobierno salvadoreño acusó a la empresa de no haber llevado a cabo todas las auditorías medioambientales necesarias.

La licencia de Commerce Group fue clausurada por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) cuando se confirmó que sus operaciones contaminaron el río San Sebastián con cianuro, mercurio, drenajes ácidos y metales pesados. La contaminación alcanzó otros afluentes, el aire y el suelo en el norte de La Unión.

La empresa estadounidense siguió el mismo procedimiento que inició la Pacific Rim hace meses ante el CIADI, que es el tribunal corporativo del Banco Mundial y es el que decide sobre la validez de los reclamos de las mineras amparadas en las disposiciones del TLC, firmado entre Centroamérica y los Estados Unidos.

Para Luis López, representante legal de la Mesa Frente a la Minería de El Salvador, este tipo de arbitrajes o juicios en los tribunales que se interpusieron son ilegales.

“La primera parte de ilegalidad de este tipo de demandas radica en que estos arbitrajes no contemplan todos los aspectos de la legalidad; el principal aspecto olvidado en este punto es el respeto al medioambiente”, explicó López.

La posición de la Mesa Frente a la Minería es que el CIADI debe ser rechazado como tribunal competente para resolver este tipo de diferencias, que no son estrictamente comerciales por involucrar aspectos sociales como la salud pública y el medioambiente.

“Estamos frente a un tribunal que decide aperturar cualquier tipo de demanda frente a cualquier Estado que se oponga por intereses ambientales o económicos a los intereses de las empresas mineras”, concluyó el abogado.

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